Santiago Papasquiaro, México – Hace 30 años, los bonos de carbono surgieron como una herramienta climática pensada para proteger los bosques, remediar zonas dañadas y combatir la contaminación.
Por eso, el ejido Pueblo Nuevo, en el norteño estado de Durango, decidió en 2022 la incursión en ese mecanismo, visto por muchas comunidades en México como un esquema para obtener financiamiento ante la escasez de fondos.
Pero esa decisión desató en 2023 un debate intenso dentro del ejido, un sistema de tierras públicas destinadas al uso común en México.
Aunque la asamblea comunitaria, integrada por 1.503 miembros, había aprobado el proyecto y el contrato con la firma desarrolladora el 5 de marzo de ese año, otra reunión del 22 de noviembre de 2023 acaloró la temperatura del salón que albergó la junta, y cuya agenda consistió en el aval al contrato para vender los créditos, según consta en documentos del expediente revisados por Climate Tracker.
El ejidatario Francisco Guevara dijo no estar de acuerdo con el contrato firmado, al considerar que se aprobó a mano alzada “así nada más”, sin analizarlo detenidamente, ni con el porcentaje que se debe entregar y la exclusividad de la empresa, por lo que solicitó su revisión y anulación.
Su colega Alonso Sánchez coincidió con este punto de vista, al declarar que “se deben de mejorar las condiciones” y formuló también la renegociación, que los ejidatarios Ascención Silva y Cruz Sifuentes también sugirieron.
Las dudas de los dueños de la tierra eran fundamentadas, pues ya conocían casos de otros ejidos en la zona que “están batallando con la venta”, pues “el mercado estaba paralizado”, y sabían los porcentajes que pagaban por el financiamiento de los proyectos, como muestran los documentos.
El trato aprobado con la consultora mexicana Ala-bool y la alemana Forliance para el proyecto Xico2e consiste en que este dueto retiene 30% de la comercialización de los títulos y el ejido 70%, mientras que cada parte aporta 5% para proyectos productivos en el ejido, el segundo más grande de México, con 237,947 hectáreas y de las cuales 49,932 están bajo explotación forestal.
Para ello, las desarrolladoras aportaron 1.14 millones de dólares (84% del total) y el ejido, 296.638 (16%), descontados de la venta de los certificados. Las firmas pagaron 11 dólares por bono.
Felipe Coria, quien presidió el comisariado ejidal de Pueblo Nuevo (la máxima autoridad en el territorio) de 2020 y 2023 e impulsó el proyecto, lo defiende.
El recorte de apoyos gubernamentales para iniciativas de créditos “hizo que buscáramos los proyectos. Hay predios que no tenemos la capacidad de hacerlo. Los bonos vinieron a ser una alternativa diferente para tener ingresos, para planeación, conservación, aprovechamiento y restauración del bosque. Las ventas que hemos tenido han sido más arriba, desde 16, algunos en 19. Hay otros ejidos que han vendido más barato que nosotros”, relata.
En 2022, el grupo emitió 281,780 títulos y uno de cuyos compradores más importantes fue el banco estadounidense Wells Fargo.
Una práctica común consiste en la alianza entre el promotor del proyecto y un financista que pone el dinero para los jornales en el campo, la medición y otras tareas, con cargo a los ingresos futuros por la venta de los créditos. Por lo tanto, la comunidad debe vender una porción de esos certificados a sus contrapartes, quienes revenden los bonos a una cotización más alta y que representa más ganancia.
Además, implica una condicionante para los propietarios forestales, ya que tienen que firmar otro contrato por la venta de los bonos. Si éste no se aprueba, no hay créditos y el ejido queda endeudado con el desarrollador.
México experimenta un boom de proyectos de bonos, impulsado por la enorme extensión boscosa del país, la tradición de manejo forestal comunitario, la falta de regulaciones del mercado voluntario y el deseo de las empresas por compensar (offset, en inglés) la contaminación que no reducen.
Pero este imán ha redundado en tratos onerosos, contratos confidenciales y emisión de bonos de dudosa calidad, como lo ha constatado Climate Tracker.
Paraíso compensador
México tiene 34.85 millones de hectáreas de bosques, habitadas por casi 12 millones de personas y propiedad de unos 17,000 ejidos y comunidades forestales, según cifras de la gubernamental Comisión Nacional Forestal (Conafor). Al mismo tiempo, el país sufre la deforestación y la degradación de la tierra.
Por mucho, el estandarizador privado Climate Action Reserve (CAR), afincado en Los Ángeles (California), tiene inscritos 264 proyectos mexicanos , de los cuales 258 son forestales.
Además, la también estadounidense Verra tiene registrados 34 bajo su Estándar de Carbono Verificado (VCS, en inglés), de los cuales cinco son forestales.
A falta de regulaciones nacionales e internacionales del mercado voluntario, los lineamientos diseñados por empresas privadas se han impuesto y han devenido en irregularidades, constatadas en informes académicos y reportajes periodísticos.
Dentro del mercado voluntario de bonos, las llamadas estandarizadoras, mayormente situadas en naciones desarrolladas, tienen la función de validar la metodología usada para el diseño de las iniciativas y las mediciones de reducciones.
Por el CO2 equivalente atrapado y almacenado, los dueños forestales pueden emitir certificados para su venta en mercados nacionales e internacionales a corporaciones y particulares que quieren reducir sus emisiones contaminantes.
Empresas e individuos pueden comprar estos bonos en lo que se conoce como el mercado voluntario de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero: cada certificado representa la eliminación de una tonelada métrica de carbono de la atmósfera. Cada compensación debe ser verificable, permanente y adicional en su captura de CO2.
La adicionalidad significa el paso extra en la mitigación que el sistema de créditos aporta a lo que hubiera ocurrido sin cada proyecto.
Una fuente involucrada en el mercado de bonos enumera violaciones legales a plazos máximos de los contratos, falta de transparencia, procesos aprobatorios insuficientes y cobros elevados.
“Que se presente ante la asamblea (ejidal) no es suficiente. Los tiempos que un ejido se toma para la decisión final no son muy claros. Hay un vacío sobre cómo generar ese proceso y por eso cada uno lo hace como mejor convenga. Los ejidos no saben quién hace qué o a quién le cae la responsabilidad, pues hay una cadena con demasiados actores”, explica a Climate Tracker.
Las estandarizadoras enfrentan críticas por su baja contribución a la reducción de la contaminación, complicidad en blanqueo ecológico (greenwashing, en inglés) de las empresas y tolerancia a la violación de derechos socioambientales.
Dos estudios de 2023 concluyeron que hay proyectos que reciben fondos para bosques que no necesitan protección, sobreestiman su impacto climático y cuestionan el lapso de permanencia de 100 años de las iniciativas, cuando el CO2 dura miles de años en la atmósfera.
El último varapalo provino el 30 de julio de la no gubernamental Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia, una plataforma basada en Londres y que ha diseñado el mayor estándar de reducción de emisiones de empresas, cuando reveló que los créditos de carbono son ineficaces para disminuir la contaminación y que pueden representar un riesgo para las empresas. Ningún desarrollador mexicano ni CAR enviaron comentarios a la iniciativa para la elaboración del informe, mientras que Verra entregó una encuesta sobre el uso de los bonos en las metas climáticas empresariales.
La Iniciativa de Calidad de Créditos de Carbono, de las internacionales y no gubernamentales Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, Fondo Mundial para la Naturaleza e Instituto Oeko, concluyó que los bonos emitidos en México bajo el VCS presentan varios problemas.
Entre ellos: una probabilidad muy baja de cumplir con los requisitos de calidad en la disminución de emisiones, la permanencia a largo plazo de esos recortes y el abordaje de efectos socioambientales.
Debido al recorte de subvenciones de Conafor, los dueños de los bosques han recurrido a estos proyectos para financiar sus actividades, lo que ha provocado escozor del gobierno, aunque éste mismo los colocó en esa situación.
Árboles caros
Una espesa capa de ramas, oxígeno y animales cubre el territorio, salpicado por pequeños lunares urbanos. En el horizonte se casan el cielo y la montaña, en una línea bicolor. A metros del suelo hay otro habitante invisible y silencioso: el CO2.
Bosques como el del ejido Tutuaca, en el municipio de Temosachic del norteño estado de Chihuahua, almacenan este gas, producido por las actividades humanas y responsable del recalentamiento planetario, con graves efectos para los ecosistemas y la humanidad.
El ejido, constituido por 74 integrantes, decidió en 2021 la emisión de bonos por la contaminación secuestrada para obtener fondos que sostuvieran sus tareas de cuidado forestal en sus 25,770 hectáreas de propiedad, en una región donde los ejidos son extensos.
Así, representantes de la firma mexicana Bret Consultores visitaron el sitio para proponerles el proyecto, cuyos costos superaban los 322,000 dólares, a cubrir por la consultora y respaldados por la venta de los créditos durante al menos tres años.
En una asamblea comunitaria del 9 de octubre de 2021, los ejidatarios aprobaron el trato, consistente en la venta de 50% de los títulos obtenidos a Bret a un precio fijo de 10 dólares, 25% transferido a propiedad de la consultora y el porcentaje restante, comercializado por el ejido a precio de mercado.
César Márquez, presidente del comisariado de Tutuaca, justificó el trato, a cambio de beneficios como ingreso y empleo.
“Tuvimos que entrar, aunque (el contrato) quizá quedó alto. Es un beneficio que no esperábamos, es adicional para el trabajo del bosque y la gente, hay creación de empleos y cuidado del bosque. No nos cae mal. A los bosques no se les había dado esa importancia y que hubiera dinero en eso”, explicó desde Tutuaca a Climate Tracker.
En 2022, Tutuaca entregó 126,435 bonos y de los cuales la estadounidense Boeing fue una de las compradoras más importantes.
Aunque Amy Kessler, directora de América Latina de CAR, y la Asociación de Desarrolladores de Proyectos de Captura de Carbono en Ecosistemas Forestales de México, que reúne a siete consultoras y a un ejido, reconocen el impacto de los escándalos sobre el mercado, defienden su situación actual.
Los proyectos de CO2 en México son reconocidos “por ser de alta calidad, generar beneficios climáticos reales, e impactos ambientales y sociales”, según Kessler.
Aunque existe desconfianza, perjuicio sobre precios y colocación de los créditos, así como falta de transparencia y de proyectos de calidad, “se han tomado solo los malos ejemplos que representan un porcentaje muy pequeño de todo el mercado voluntario, y que no reflejan las prácticas de la mayoría de los desarrolladores de proyectos a nivel internacional”, según la asociación.
El vínculo empresarial con los ejidos también encierra un problema derivado del Protocolo Forestal de México de CAR, cuya primera versión data de 2013 y la última, de 2022, pues define el porcentaje de bonos que el ejido recibe según la duración del contrato firmado. Como la ley agraria prohíbe un lapso mayor a 30 años, los propietarios forestales solo reciben 30%.
Allí también radica una contradicción, pues los territorios deben comprometerse a una permanencia de 100 años con el proyecto, pues el secuestro de CO2 es a largo plazo. Por ello, CAR firma vínculos entre 30 y 100 años. Adicionalmente, los contratos son confidenciales, como establece el protocolo de 2022.
El Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM), instituido en 2021 para establecer lineamientos globales, estipula una permanencia mínima de 40 años.
En un intento por enfrentar las quejas, la asociación de desarrolladores creó un buzón de quejas y sugerencias, así como un código de ética, que no es público.
Complicaciones
Hay también problemas de otro tipo. En el sureño estado de Oaxaca, Pueblos Mancomunados (PM), un grupo de ocho comunidades de tres municipios, vendió en 2021 bonos sin tener un programa de manejo forestal, resultado percibido como ventajoso por ejidos que sí poseen tal programa.
El expediente del proyecto, consultado por Climate Tracker, incluye una carta compromiso del 5 de abril de 2021 que cita “la intención de un tiempo no muy lejano de dar el inicio de trámite del programa de manejo forestal”.
En tanto, el reporte de verificación de las mediciones de CO2 almacenado, que abarca el periodo de abril de 2020 al mismo mes de 2021, menciona también la presentación de esa carta como documentación y que “CAR señaló puede servir como evidencia”.
Kessler, de CAR, argumenta que la versión del protocolo aplicada en ese momento permitía esa variedad. A raíz de la queja de varios actores del mercado, la estandarizadora impuso el requisito del programa.
PM, que no respondió a la consulta de Climate Tracker, posee una superficie de 24,932 hectáreas, de las cuales la emisión de bonos cubrió un área de 6,347, y que desembocó en la entrega de 32,378 créditos y cuyo desarrollador fue Yaax Carbono. Wells Fargo fue uno de los compradores masivos.
Amexcarbono declara que “son los estándares los encargados de revisar que los desarrolladores cumplan con los criterios y metodologías que integran sus protocolos, así como del cumplimiento de leyes, normas y reglamentos vigentes en materia forestal”.
En junio de 2022, PM firmó otro contrato con CAR, pero no puede emitir certificados por la falta del programa forestal.
Para poder tener mayores ingresos por la venta de créditos, el ejido Centauro del Norte (CDN), situado en el sudoriental estado de Campeche, firmó en 2023 un contrato por 100 años con el desarrollador privado Toroto.
Así, el ejido recibirá 67.5% de la venta de los créditos durante los primeros cinco años y 75% a partir del sexto, mientras que la consultora cobrará 32.5% durante el primer quinquenio y 25% desde el año seis, a un precio mínimo de 12.50 dólares por bono, según el contrato. La inversión inicial osciló entre 84,000 y 169,000 dólares.
En 2022, CDN emitió 74.953 certificados y entre cuyos compradores figura el banco estadounidense Morgan Stanley Group.
Ahora los ejidos se enfrentan a una reducción de las estimaciones de carbono, luego de que CAR ajustara en diciembre las mediciones, enviando ondas sísmicas a los territorios. La corrección publicada conlleva la conclusión de que habría habido exageración en los cálculos iniciales.
Dos ejidos tenían preparada la emisión de bonos, pero la retrasaron por la nueva postura de CAR. Se estima que la verificación tome un año. Las mediciones deben incluir ahora los datos del Inventario Nacional Forestal de Conafor.
Acorde con Coria, de Pueblo Nuevo, esperaban una mayor cantidad de bonos. “Creemos que tenemos un mayor depósito de carbono que el autorizado y CAR trata de dar mayor confiabilidad a los compradores”, asegura.
Desde Tutuaca, Márquez ignora la causa del ajuste. “Para la segunda emisión, hay un ajuste a la baja, son 113,000 bonos, pero van a disminuir”, explica el ejidatario, cuyo territorio enfrenta otras dificultades, pues Bret les debe el segundo pago por la venta de certificados.
Los desarrolladores defienden la metodología de CAR. “Fue complicada la clarificación con los ejidos. Cuando (los compradores) adquieran una tonelada, es que de verdad es una tonelada. Es menos grave que vender toneladas inexistentes. Ha habido dolores y va a seguir habiendo. Como no teníamos seguridad plena de que la emisión era lo que se producía, prefirieron bajar la cantidad, para que el mercado esté seguro. Lo que nos va a mantener vivos es la demanda y si no le damos lo que nos pide, nos morimos”, comenta Amexcarbono.
El mercado tiene otra jaqueca, en la forma de calificadoras de los proyectos, fundadas para revisar si las iniciativas cumplen con la promesa.
La calificadora BeZero Carbon, basada en Londres, ha revisado 443 proyectos de offsets, entre ellos Xico2 y a la que le otorgó una calificación BB, en la que AAA corresponde a la más alta probabilidad de alcanzar la captura de una tonelada de CO2 y D, la más baja.
BB representa una probabilidad moderadamente baja de alcance de una tonelada de CO2 removida por cada crédito emitido y refleja riesgos notables de adicionalidad, pues las actividades del proyecto son mayoritariamente la continuación de sus prácticas usuales de manejo forestal. Identifica también riesgo de exceso de créditos debido al cálculo de una línea-base potencialmente no conservadora.
Para Coria, las evaluadoras no abordan la arista social de los proyectos, como el empleo o servicios para la población de los ejidos.
“Esperamos que en el año cinco (del proyecto) vamos a hacer una evaluación para demostrar la recuperación del arbolado y captura de CO2. En el nuevo programa forestal queremos incluir algunos aspectos sobre eso”, adelanta.
Reacción culposa
Ante las quejas de las comunidades, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) diseñó en febrero último un borrador de los lineamientos del mercado voluntario de carbono, consultado por Climate Tracker, y que plantea la creación del Registro Nacional de proyectos que reunirá datos sobre el tipo de iniciativa, bonos emitidos, el precio pactado por certificado y el resultado de la disminución de CO2.
Asimismo, estipula directrices para el fomento de buenas prácticas en la transferencia de la titularidad de las emisiones y consultas previas al diseño del proyecto, libre de injerencias y con información completa sobre la iniciativa, cuando se trate de pueblos indígenas y comunidades locales.
Ante el reglamento, la asociación de desarrolladores envió en febrero una carta a Semarnat, a la que Climate Tracker tuvo acceso, y en la que expresa preocupación respecto a la sobrecarga administrativa para la autoridad, riesgos de seguridad por falta de protección de datos, falta de detalles y costos de la consulta a pueblos indígenas, la fijación de costos promedio de producción de resultados de mitigación y limitaciones en la venta de los certificados.
La fuente anónima del mercado de carbono cuestiona que, si no es el gobierno, quién más va a regular. “El reglamento le va a dar más certidumbre y garantías a las comunidades. Los ejidos se quedan con los problemas. Las condiciones son muy desiguales. Estamos vendiendo servicios ambientales, no ganado”, asegura.
Mientras, los ejidos consultados y CAR respaldan la normativa, cuya publicación oficial y aplicación quedaría para el nuevo gobierno que asumirá el 1 de octubre.
“Apoyamos a la Semarnat en su iniciativa y esfuerzo para fortalecer el mercado voluntario de carbono y esperamos seguir colaborando con la secretaría para apoyar esta misión compartida”, expresa Kessler.
Por su parte, el ejidatario Márquez apoya la regulación, “para que haya mejores condiciones para las comunidades”.
