Edgar Ricardo es un joven de 19 años de edad que vive a 10 minutos de un pozo petrolero en la comunidad del Paso del Correo. Ha visto cómo los habitantes que residen a tan solo 5 minutos de estas perforaciones están siendo afectados por los malos olores, la escasez de agua y los problemas a la salud. Él agradece a Dios que en su pueblo todavía tengan acceso a agua potable, sin embargo, reconoce que existe un riesgo y que podrían quedarse sin ese líquido porque los pozos están contaminando las zonas cercanas al río Tecolutla, del cual también depende su comunidad.
El municipio de Papantla está ubicado al norte del estado de Veracruz. Los ríos Cazones y Tecolutla son parte de la identidad de sus habitantes, al igual que el cultivo de vainilla, la cual es nativa de la región. De hecho, Veracruz es el principal productor con un 70% de producción a nivel nacional. Además, posee abundante fauna y flora y también es rico en hidrocarburos, por eso es una de las principales zonas donde se extrae y explora gas y petróleo.
Los hidrocarburos forman parte de combustibles fósiles como el petróleo y gas natural, los cuales a nivel mundial son responsables de desencadenar la crisis climática. El 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero de México corresponden al dióxido de carbono (CO2) y, del total de ellas, el 64 % viene del consumo de combustibles fósiles.
Frente a todos los antecedentes, varios países – incluido México – adoptaron el Acuerdo de París en la COP 21, realizada en 2015, comprometiéndose a mantener la temperatura por debajo de los 2°C y a hacer el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5 °C. De esa forma, estas naciones deben generar estrategias para transitar desde las energías convencionales (carbón, gas, petróleo, entre otros) a las no convencionales (eólico, solar, geotermia, energía marina) en su matriz energética.
La maestra en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Graciela Rivera Camacho, comenta que para que eso sea una realidad en México se necesita de apoyos internacionales, del gobierno local o privados para impulsar la investigación y poder integrar las energías no convencionales a la red eléctrica nacional.
De esa forma se puede avanzar con paso firme en la transición energética, aunque muchos reiteran la importancia de considerar la justicia socioambiental. Así lo asegura la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), Yoatzin Popoca Hernández: “Creo en la posibilidad de que se pueda hacer una transición energética justa, pero para poder alcanzar justicia social tenemos que escuchar a las personas. Tenemos que tomar en cuenta absolutamente a todos los sectores de la población qué necesitan ser tomadas y tomados en cuenta en estos procesos”, señala.
Sin embargo, en algunos lugares se sigue fomentando más el uso de técnicas y fuentes de energía que generan elevados impactos en las comunidades locales, tal como ocurre en el municipio de Papantla. Allí se extrae gas de lutitas a través de una técnica llamada fracturación hidráulica o fracking, que permite obtener el gas y el petróleo que están atrapados en poros de rocas poco permeables que se encuentran en yacimientos de lutitas bituminosas, mejor conocidos como yacimientos no convencionales.
Estas formaciones de lutitas se encuentran en profundidades de entre uno y cinco kilómetros, por eso es necesario un tratamiento más complejo, a diferencia de los yacimientos convencionales, ya que en estos el hidrocarburo fluye de manera natural a los pozos.
Además, para el fracking se necesitan entre nueve y 29 millones de litros de agua, de acuerdo al libro “Agrietando el futuro. La amenaza de la fractura hidráulica”. La encargada de la cadena productiva de hidrocarburos es la empresa estatal Petróleos Mexicanos, la cual es la novena empresa a nivel mundial en producción de emisiones desde 1965, según un estudio realizado por el Climate Accountability Institute por Richard Heede.
Mientras tanto, en las zonas rurales viven cerca de 2.500 personas, de las cuales solo el 44, 37% cuenta con abastecimiento de agua potable, es decir, más de la mitad de los pobladores del estado de Veracruz no tiene acceso a este elemento en sus hogares, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua (CCA). No obstante, se siguen destinando grandes cantidades de agua a estos proyectos.
Papantla, entre las zonas más afectadas
El fracking podría estar afectando a 118 municipios en siete estados de México: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Coahuila. No obstante, sería muy difícil saber con certeza cuántos pozos activos hay en México ya que, según ha denunciado la Alianza Mexicana contra el Fracking, se ha hecho fractura hidráulica en yacimientos convencionales y la información que presenta el gobierno sería contradictoria e incompleta.
Basándonos en la solicitud de información con número de folio 1857500000714, gestionada por CartoCrítica, hay 924 pozos perforados desde 2003 en México, pero hay que considerar que está técnica se comenzó a realizar desde el 26 de enero de 1996 en el país. Aun así, de las 924 perforaciones, 349 están en Veracruz y 172 en el municipio de Papantla que cuenta con 73 comunidades.
En esta región se desarrolló la cultura totonaca, la misma que en tiempos prehispánicos construyó el Tajín, que significa “ciudad del trueno”, un lugar inscrito como Bien Cultural en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1992. Por ello la región de Papantla es reconocida como Totonacapan – zona en la que se desarrolló la civilización totonaca – , siendo incorporada también al programa Pueblos Mágicos en el año 2012 por su gran diversidad cultural y natural.
Edgar Ricardo, quien es campesino, mecánico y promotor de la Tosepantomín (Cooperativa de ahorro y crédito), señala que “nosotros los jóvenes nos enfrentaremos a las consecuencias del cambio climático. Además, se vienen tiempos en los que se va a poner más dura la situación. Si es que no se para ahorita se va a poner más grave en un futuro”.
Los impactos ambientales que han denunciado los mismos habitantes corresponden a la contaminación del aire, los constantes incendios provocados por los derrames petroleros, la contaminación de los mantos acuíferos, así como la pérdida de biodiversidad y paisajes naturales. También se han registrado impactos en la salud, donde serían las mujeres las más afectadas por las altas cantidades de sustancias químicas tóxicas que se utilizan en las perforaciones.
Algunos de los químicos que usan, como el bisfenol A, son disruptores endocrinos (contaminantes ambientales que modifican el comportamiento de las hormonas). En efecto, la exposición a estas sustancias se relaciona con el cáncer de mama. También los efectos del fracking se asocian a problemas en la salud mental, inmunidad y en el sistema cardiovascular.
Por otro lado, las mujeres están propensas a tener partos prematuros; los bebés nacen con bajo peso (al estar expuestos al arsénico) y podría generar anomalías congénitas.
Otro ejemplo claro de los impactos ambientales de la fractura hidráulica fue los sucedido el 4 de junio de 2022 en Papantla, donde un ducto de Pemex explotó y provocó un incendio que duró cuatro días.
Sin embargo, ese no ha sido el único caso porque La Vanguardia Veracruz registró en 2017 el caso de un ejidatario (una persona que tiene una tierra comunal, es decir, que la comparte con más personas) de la localidad El Remolino, en la que su parcela fue afectada por un derrame de miles de litros de petróleo. El campesino denunció lo sucedido, por lo que Pemex se llevó la tierra inservible y le prometió llevarle suelo fértil, cosa que hasta la fecha sigue sin cumplir.
De acuerdo con el Centro de Coordinación y Apoyo de Emergencias (CCAE) de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 176 reportes de derrames y fugas entre 2018 y 2021. De ellos, 156 fueron derrames y 20 fugas. El estado de Tabasco y Veracruz han sido los más afectados, pues se llevan el 63% de las devastaciones. Los suelos, los ríos y los mares son los principales dañados porque se esparcen sustancias como crudo, aceite y gasolina. Además, encontraron que la mayoría de los incidentes estuvieron a cargo de Pemex Exploración y Producción con 112; seguida de Pemex Logística (PLOG) con 27; y Pemex Transformación Industrial (TRI) con 37.
Para conocer a fondo los impactos ambientales, mediante una solicitud de información con el folio 330023022000399, se le pidió a Pemex Exploración y Producción (PEP) las evaluaciones de los últimos diez años, sin embargo, no hemos recibido respuesta al cierre de esta edición.
Y aunque estos impactos ambientales sean evidentes, los pueblos ejidales, campesinos o indígenas (según el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 57.921 pobladores indígenas en Papantla) no pueden oponerse a la instalación de estos proyectos y solo podrían negociar los términos en los que se llevaría a cabo.
Yoatzin explica que las empresas se respalda en el capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos, qué se llama Uso y Ocupación superficial, en el Artículo 100 que dice: “Si estás en tierras o territorios indígenas o comunidades equiparables o en territorios ejidales, tú como empresa tienes que ir a negociar con las personas”, indica la abogada.
A todo esto se suma un escenario mundial complejo: la crisis climática. Este fenómeno no solo viene con afectaciones al ambiente y a la salud, sino con una serie de impactos socioeconómicos como la pérdida de las prácticas culturales y de sus medios de subsistencia porque, como se cuestiona el joven Edgard, “nosotros como campesinos vivimos de esos terrenos, si no tenemos agua y un terreno fértil, ¿qué vamos a producir? ¿Dónde vamos a agarrar para vivir?”.
El Gobierno mexicano apuesta a estos proyectos
Aunque la técnica ha sido prohibida en algunos países como Francia, Bulgaria y España, siendo mundialmente rechazada, en México se sigue realizando. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en 2019 que en territorio mexicano no habrá fracking y que su compromiso número 75 que hizo al inicio de su administración, de “no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, está “cumplido”. Esto de acuerdo a la página oficial de Presidencia.
El compromiso está muy lejos de ser verdad, pues en 2021 el presupuesto que se asignaría para fracking en México en 2022 estaría en aumento, según información recabada por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Se estima la asignación de 15 mil 212.6 millones de pesos al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, el cual contempla la extracción de hidrocarburos con el uso de la fractura hidráulica.
En esa línea, también solicitamos la entrevista a Pemex para conocer la situación actual de la explotación de pozos con la técnica de fracking, sin obtener respuesta, como se precisó previamente.
Asimismo, en el Congreso Méxicano del Petróleo (CMP) 2022, Ángel Cid, director de la división Exploración y Producción de Pemex anunció que se explorarán pozos para extraer gas en el norte de Veracruz en la plataforma de Tuxpan y en las cercanías de Ixachi.
Las fracturas de la actual Reforma Energética
Edgar lamenta que esos megaproyectos hayan llegado sin el permiso o la autorización de las comunidades porque es “como quitarle el patrimonio a la gente, prácticamente, porque si le quitan la tierra a un señor, a una señora ¿qué le van a dejar a sus hijos? Esos hijos somos mi generación”.
La abogada Yoatzin explica que, debido a la Reforma Energética de 2013, si una empresa quiere realizar un proyecto para perforar pozos de yacimientos no convencionales, tiene que hacer un contrato a través de las rondas de licitaciones, una evaluación de impacto ambiental, la presenta ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se sube a una gaceta en Internet con acceso al público. Sin embargo, pocas personas saben de la existencia de dicha documentación.
A partir de la publicación de la mencionada gaceta, un ciudadano tiene 10 días hábiles para solicitar una consulta pública ante el ASEA, la cual se encuentra en la capital de México, lo que implicaría cuatro horas de viaje desde Papantla. La solicitud se debe hacer presencialmente, lo cual constituye un reto para las comunidades más alejadas.
Una vez que se logra abrir una consulta pública, los solicitantes tienen que hacer comentarios sobre la manifestación de impacto ambiental, pero ese documento solo se puede consultar en físico y se cuenta con un plazo de 20 días para realizar comentarios al respecto. Ante todo este procedimiento, la abogada Yoatzin señala que “yo pensaría que es muy poco común que llegue a las comunidades” la información previa, libre y adecuada del proyecto, además de la complejidad al leer el documento.
Como explica la ingeniera Graciela, de partida, el contenido es enrevesado y hay muchas consideraciones a la hora de evaluar la totalidad del proyecto, partiendo por el área en la que se instalará “porque no es solo hacer un pozo y ya”, se tiene que medir el impacto de las construcciones, del transporte, cómo afectará la ruta, observar si el área ya estaba afectada o no, si se quitara la cobertura vegetal, entre otros detalles.
Esto hace visible la urgencia de cambiar la actual Reforma Energética, la cual modificó varios artículos de la Constitución Mexicana en la que indican que el petróleo sigue siendo de la nación, pero empresas privadas y públicas, internacionales o nacionales podrán hacer exploraciones.
En este sentido, Yoatzin señala que “la reforma energética del 2013, para mí y para otros autores, fue la legitimación del despojo. Se habla de soberanía nacional, de que los hidrocarburos siguen siendo de la nación”, un discurso que “han mantenido desde la expropiación, hace 80 años, de que el petróleo es igual a nacionalismo, a unidad. Además, el petróleo es símbolo de modernidad, abundancia, desarrollo y evolución”.
Defender el territorio para vivir
Así como Edgar, hay muchos jóvenes que están interesados en defender su territorio e impedir que la contaminación tenga un impacto mayor en sus comunidades. En mayo de 2016 se reunieron 80 juventudes de diferentes zonas con la finalidad de adquirir conocimientos y herramientas teóricas y prácticas de lo que es el fracking. Al finalizar el campamento, las juventudes se pronunciaron a favor de la vida y a la protección de la memoria y el legado de sus abuelos.
Desde 2009, abuelos, abuelas, madres y padres han tomado acciones contra los proyectos, como el bloqueo de los accesos a las instalaciones de distintos pozos petroleros para exigir el pago de los daños a sus cultivos y la introducción de sistemas de agua potable a los hogares, promesas que la empresa Pemex les había hecho en 2008. Siguiendo la ruta de su lucha, en 2015 miembros de 50 organizaciones sociales, reunidos en el ejido Emiliano Zapata, construyeron la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON) como pronunciación en contra de la fractura hidráulica.
Después de dos años de pandemia, el pasado mes de mayo en la comunidad de El Remolino, se realizó el taller “Cuidado y defensa del territorio: Fracking en Papantla”, con el objetivo de reconocer la situación actual de esta técnica en el territorio, además de identificar los lugares y acciones para la resistencia comunitaria. En este encuentro asistieron aproximadamente 50 personas de distintos puntos del municipio de Papantla.
En ese taller acordaron comenzar un proceso de juicio de amparo, el cual es el último recurso que se utiliza cuando no se pudo apelar a una consulta previa, libre e informada, porque de acuerdo con Yoatzin “no hay manera jurídicamente válida para combatir estos proyectos (…) No hay más desde el punto de vista nacional y se tiene que ir a juicio de amparo”.
Pero antes de eso, aseguran, hay otros instrumentos que podrían ayudar, como el Acuerdo Escazú, tratado que busca fomentar el acceso a la información, la participación pública y la justicia socioambiental en América Latina y el Caribe. La misma región que ha sido calificada como la más peligrosa para defender el medioambiente.
“Por eso el Acuerdo Escazú es tan importante, porque tendría que elevar los estándares de derecho a la información, tendría que hacer una transparencia activa, no de solo publicarlo en la gaceta”, indica la abogada, quien al mismo tiempo lamenta que el tratado no se está implementando realmente, pese a que tiene un año de ratificación en México.
Aunque a los habitantes les queda un camino largo que recorrer, al enfrentarse a las múltiples violaciones de derechos humanos en su territorio, hay un sentimiento de lucha al organizarse para ejercer sus derechos, pese a todas las dificultades que han experimentado.
Así lo refleja el señor José Antonio Santiago Osorio, de la comunidad del Paso del Correo, quien participó en el taller para manifestarse en contra del fracking y velar por los preciados mantos acuíferos. “No estamos de acuerdo en eso y estamos defendiendo el territorio”, sentenció.
