Algo más que el reconocimiento por su producción de dulces de membrillo comparten los departamentos de Andalgalá y Jáchal, ubicados en las provincias de Catamarca y San Juan, respectivamente. Más allá de los 370 kilómetros —en línea recta— que separan sus cabeceras departamentales, los unen sus paisajes de montañas, su flora aguerrida y poblaciones que rondan los 20.000 habitantes.
También tienen en común sus experiencias directas con la megaminería metalífera en sus territorios y asambleas socioambientales nacidas para resistir a sus efectos, que estos pueblos viven y padecen en carne propia.
Tienen también en común el avance de dos proyectos de megaminería que ponen en peligro la vida de Andalgalá y Jáchal, según denuncian las comunidades afectadas. Se trata de los proyectos MARA y Josemaría, respectivamente, que buscan extraer cobre y otros minerales de los cerros, donde nacen los ríos y se preserva el agua de los glaciares que alimentan las poblaciones y la biodiversidad de los territorios.
Cobre para la “transición”
Mientras el foco está puesto en el litio, convertido “en vedette” de la llamada “transición energética”, el cobre ocupa un papel protagónico aunque silenciado. Según un informe oficial de la Secretaría de Minería de la Nación —que toma los datos proporcionados por la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés)— la energía solar fotovoltaica requerirá “casi triplicar la demanda de cobre”, la energía eólica unas 600 kilotoneladas al año y la expansión de las redes de energía eléctrica unas 150 toneladas anuales, en un escenario previsto para las próximas dos décadas.
Sin embargo, la fabricación de vehículos eléctricos y baterías son las más ávidas de metales y minerales, y representa cerca de la mitad del crecimiento de la demanda, según datos del mismo informe. Así, la industria automotriz precisa aumentar la demanda de estos elementos casi 30 veces más en las próximas dos décadas, en comparación con 2020. Tan solo la demanda de cobre aumentaría un 32%, como mínimo, según las previsiones. Es que un automóvil eléctrico duplica (y más) la cantidad de cobre que necesita para su fabricación, en contraste con uno a combustión interna: 53 kilos de cobre, el primero; 22 kilos, el segundo.
Detrás de escena
La industria minera y sus gobiernos aliados han convertido, en los últimos años, las preocupaciones y protestas de las comunidades en eslóganes. Así surgieron frases como “minería sustentable”, “sostenible” o “responsable”. En la misma línea, comenzaron a mencionar a la megaminería como la gran aliada de la transición energética, la descarbonización y el traspaso a energías limpias. De esta forma, intentan maquillar de verde a esta industria extractiva que emite casi la misma cantidad de gases de efecto invernadero por tonelada de producción, cada año, y que entre 2018 y 2021 prácticamente duplicó la extracción de agua, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA).
Mientras el litio ocupa el centro de la escena, los proyectos para extraer cobre avanzan silenciosamente en distintos territorios del país. Según un informe producido y difundido en inglés por la Secretaría de Minería, Argentina no “produce” cobre actualmente, pero oferta más de 75 toneladas (este dato no condice, sin embargo, con los millones de toneladas en reserva que tendrían distintos yacimientos individualmente) diseminadas en San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, La Rioja, Neuquén y Chubut.
Los proyectos MARA y Josemaría planean extraer los metales a cielo abierto. Para Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, “la megaminería está vinculada a los condicionamientos que imponen los países del norte”.
Justamente, dos de los “depósitos principales” tienen los nombres de los proyectos corporativos MARA y Josemaría. En ambos casos, se planea extraer los metales mediante la modalidad conocida como “a cielo abierto”, una denominación que perdió la poesía cuando los pueblos conocieron de qué se trata: minería a gran escala, que consiste en generar un pozo de enormes dimensiones mediante el uso de toneladas de dinamita y la utilización de millones de litros de agua en el proceso.
Sergio Martínez, técnico superior en Gestión Ambiental y miembro de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, sostiene que “la megaminería está vinculada a los condicionamientos que imponen los países del norte desde el punto de vista geopolítico y cómo someten a países como la Argentina, y otros de Latinoamérica y África, de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI)” y agrega que la publicitada transición energética es la pantalla de “políticas de saqueo para cubrir las necesidades capitalistas, económicas, financieras y de lujo de los países del primer mundo”.
Los proyectos MARA y Josemaría
“Haciendo que el futuro cobre vida” y “Cobre catamarqueño para un mundo sustentable”. Son los eslóganes con que Josemaría y MARA intentan camuflar su imagen, en sintonía con los discursos verdes.
Rebautizado como MARA (por la fusión de las mineras Agua Rica y Alumbrera), el proyecto es propiedad, desde hace algunas semanas, de la empresa suiza Glencore, luego de pasar por manos de las canadienses Yamana Gold y Panamerican Silver, entre otras. Con una vida útil prevista de 28 años, el proyecto busca extraer cobre, oro, plata y molibdeno de un yacimiento ubicado a sólo 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá.
Según un informe oficial de la Secretaría de Minería, el proyecto se encuentra en etapa de factibilidad y la propia empresa indica que, mientras espera completar la exploración avanzada, “ya se obtuvieron los permisos administrativos y judiciales”. Todo esto pese a la vigencia de la ordenanza 029/16, que prohíbe toda actividad antrópica en la zona del yacimiento.
Ambos proyectos son destacados en un informe oficial, ya que se estima que poseen 5,3 millones de toneladas de cobre en reservas, en el caso de MARA; y 4,6 millones de toneladas, en el caso de Josemaría.
En San Juan, Josemaría es el nombre del proyecto que, durante 19 años, buscará extraer cobre, oro y plata de un yacimiento ubicado a 4.230 metros de altura, en el extremo noroeste de la provincia. Detrás de Deprominsa, nombre visible de la empresa operadora, se encuentra la canadiense Lundin Mining Corp. Según un informe oficial de septiembre de 2022, este proyecto se encuentra en etapa de construcción y se espera que entre “en producción” este año. Sin embargo, la página oficial del proyecto señala que éste se encuentra, actualmente, “en etapa de pre-construcción, en proceso de re-evaluación de diversas componentes del proyecto, su cronograma de construcción y costos”.
Ambos proyectos son destacados en un informe oficial, ya que se estima que poseen 5,3 millones de toneladas de cobre en reservas, en el caso de MARA; y 4,6 millones de toneladas, en el caso de Josemaría. Ambos proyectos mineros son impulsados por los gobiernos provinciales, a cargo de Sergio Uñac (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). Y en total complicidad del Poder Judicial que incumplen la legislación ambiental.
Los informes oficiales y empresariales abundan en números (inversiones, ganancias, reservas). Tantos que marean. Pero nada dicen de los costos para la biodiversidad ni las comunidades, las irregularidades que denuncian las asambleas socioambientales ni de la falta de licencia social.
En la cuna de los ríos
“Decimos que el proyecto MARA pone en riesgo el agua de Andalgalá porque el proyecto está ubicado sobre una de las subcuencas del río Andalgalá, que es el río Minas”, explica Martínez. En igual sentido se expresa Aldo Banchig, doctor en Ciencias Geológicas y montañista, quien afirma que el yacimiento se encuentra en un terreno montañoso que constituye un acuífero fracturado y que, debido a que el agua ejerce una presión hidroestática, la empresa necesita drenarla para evitar deslizamientos y derrumbes.
Además, la explotación se extendería (desde los 3.300 metros de altura que tiene el terreno actualmente) hasta una cota aproximada a 2.750 metros sobre el nivel del mar, que es casi la misma que posee el río Minas en su confluencia con el río Candado, también afluente del río Andalgalá. Estos aspectos, explica Banchig, “redundan lógicamente en un cambio irreversible de la topografía de la quebrada del río Minas y, por supuesto, la eliminación de este curso de agua”.
Aldo Banchig, doctor en Ciencias Geológicas y montañista, afirma que el yacimiento se encuentra en un terreno montañoso que constituye un acuífero fracturado y que, debido a que el agua ejerce una presión hidroestática, la empresa necesita drenarla para evitar deslizamientos y derrumbes
Esta pérdida no sólo afectará la calidad del río Andalgalá, sino también su cantidad, ya que representa una disposición de 60 litros de agua por segundo, apenas diez litros menos que el caudal del río Choya, que alimenta a una población de unos 600 habitantes y sustenta su producción agrícola y ganadera.
Justamente este río, que en lengua originaria significa Aguas Claras, es también afectado por el proyecto, porque, en su cuenca, la empresa pretende acopiar el mineral que vaya descartando. Aunque se denomina mineral estéril, Banchig explica que “es estéril a fines económicos, pero sí tiene minerales”, lo cual ocasionaría drenajes ácidos.
Hay un cuarto río afectado, que alimenta a otra comunidad con la que comparte nombre: El Potrero. Por este distrito circula el camino más directo al yacimiento que, en su trayecto, cruza el curso de agua seis veces. Esto implica que varias veces al día, siete días a la semana, durante unos 30 años, el río sería afectado por el paso de vehículos de gran porte, con el consiguiente enturbiamiento del agua, explica Banchig. Esto sin contar posibles derrames de explosivos, combustible y químicos, entre otros. Entonces, un río que es proveedor de agua y atractivo turístico, dejaría de serlo.
El agua en jaque
Un análisis minucioso del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto, realizado por la Asamblea Jáchal No Se Toca, revela que Josemaría consumiría 3.056 litros de agua por segundo, obtenida mediante perforaciones y pequeños cauces naturales. Es el mismo líquido vital que nutre al río Jáchal, según sostiene Saúl Zeballos, miembro de la Asamblea. “Esa agua subterránea allá, a 4.000 metros de altura, es agua superficial acá” y agrega que, de ponerse en marcha el proyecto, “va afectar la parte del caudal superficial como también la parte del caudal subterráneo del río Jáchal, que abastece a las poblaciones rurales” y es utilizada para la producción agrícola y ganadera.
Esta actividad ya está siendo afectada por la mina Veladero, no sólo en su calidad (análisis evidencian un alto contenido de metales, entre ellos mercurio) sino en la cantidad. Pese a que el canon del agua aumentó alrededor de 360 por ciento desde el año pasado, a los regantes “nos cortan, en el año, 130, 126 días, el agua de riego”, afirma Liliana Olivares, psicopedagoga y productora rural.
“La cuenca del río Jáchal está trayendo, en forma superficial, 4.000 litros de agua por segundo. El proyecto Josemaría va a ocupar 3.000 litros de agua por segundo”, precisa Zeballos. El resultado queda en blanco, pero la ecuación es sencilla. “Con este dato, nosotros estamos en condiciones de decir que Josemaría va a secar Jáchal”.
También el Instituto Nacional del Agua y subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas (INA-CRAS) señala que el caudal de las cuencas de los ríos Pirca de los Bueyes hasta el río Macho Muerto, que utilizará la empresa, evidencia un consumo de agua que excede su recuperación natural y que la explotación del acuífero reportada por la empresa “no es sustentable e hidrogeológicamente se clasifica como minería del agua”. La cita fue tomada del Informe Final Único (IFU) presentado por la propia empresa.
Actualmente, San Juan atraviesa su peor sequía desde los últimos cien años. En estos días, y “aún sin comenzar el proyecto megaminero Josemaría, el dique Cuesta del Viento ha bajado su cota a un tercio de su capacidad total”, afirma Zeballos.
Las zonas involucradas ya experimentan problemas hídricos evidentes que se profundizarían con la megaminería
Pero mientras el agua es cada vez más escasa, nuevos proyectos megamineros avanzan con sus descomunales necesidades hídricas que se suman a las minas que ya se están explotando. “No se está pensando en una sola mina por vez, se está pensando en superponer el consumo de agua tanto para Veladero, Josemaría, Filo del Sol, que tiene una magnitud muy similar”, alarma Zeballos.
Este dato no pasó desapercibido para algunas de las instituciones que revisaron el proyecto pero, sin embargo, recomendaron autorizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Aunque el Informe de Impacto Ambiental está plagado de observaciones, la propia empresa se jacta de haber obtenido su aprobación “por la autoridad minera en abril de 2022”.
Glaciares abandonados
Argentina tiene una ley que con su letra protege los glaciares y ambientes periglaciares, pero que el Estado desampara con sus acciones y omisiones. De hecho, ambos proyectos mineros avanzan en zonas donde la existencia de estas formaciones ha sido constatada.
Son diversos los organismos oficiales —como el Servicio Geológico Minero (Segemar), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) y el propio Ministerio de Ambiente de Nación— que dieron cuenta de los glaciares que se encuentran en la zona de afectación del proyecto MARA y del ambiente periglacial en que se originaría el open pit (el gigantesco pozo en la montaña). También Banchig constató la existencia de glaciares de escombros que están activos. Varios de ellos, inclusive, fueron dañados por la empresa, que realizó una huella minera sobre éstos, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, según denuncia el geólogo.
En el caso de Josemaría, el Informe Final Único (IFU) indica que “el Inventario Nacional de Glaciares (ING) identificó once glaciares de escombros en el área de estudio”. Entre estos, se cuenta el glaciar de escombro GE110 —incorporado al ING en noviembre de 2022— y que “está en el borde del open pit, que es el gran agujero que va a generar la mina, lo corta por la mitad y con eso le corta la recarga” afirma Zeballos y, como si hiciera falta aclararlo, agrega: “Con eso está matando al glaciar GE110”.
La cuenta para el sur
Entre tanta propaganda verde, los gobiernos subastan territorios y ocultan los costos que los pueblos deberán pagar. Y el agua es el precio más alto.
Además de ser esencial para la vida, “el agua es un factor de poder político”, afirma Martínez y explica que “quien tiene la administración del agua tiene la posibilidad de administrar los distintos recursos para el desarrollo”.
Banchig habla del río Andalgalá, pero podría ser cualquier río, cuando dice que “es nuestro cordón umbilical, nuestra arteria de vida”. Sin esas arterias, los pueblos no pueden sobrevivir.
El río “es nuestro cordón umbilical, nuestra arteria de vida”.
Por eso, en contraposición, las comunidades asocian ambos proyectos con otras metáforas. En Jáchal dicen que Josemaría le pone “fecha de vencimiento” al pueblo; en Andalgalá afirman que MARA es una “carta de defunción”.
Pero Andalgalá y Jáchal son pueblos en lucha y ni costos ajenos ni pronósticos funestos están dispuestos a aceptar.
