Petróleo en el río Napo
Era costumbre de los niños Tapuy tomar un baño y pescar palometas y bocachicos en el río Napo. A las 4:00 o 5:00 a. m. del 7 de abril del 2020, todavía estaba oscuro y caminaron unos 15 metros hasta la orilla. Los niños no advirtieron el peligro, se zambulleron en las aguas a jugar y lavar los trastes. Pescaron la comida del día. Al poco tiempo, sintieron que el olor a gasolina se hacía más fuerte. “¿De dónde viene?”, se preguntaban. Les provocó mareo y dolor de cabeza. Asustados, corrieron a casa a pedir ayuda a su mamá.
A las 6:00 a. m., René Tapuy regresó de su jornada de cacería con las manos vacías. Abrió la puerta y encontró a sus hijos, Peter Luis de 12, Lilia Inés de 10 y Mailí de 9 años, bañados en petróleo. Sus lágrimas resbalaban sobre la cara grasienta y hedionda a combustible.
Elsa Yumbo, madre de los niños, sostenía en brazos a su pequeña Kim de 3 años y los miraba impotente. René Tapuy empezó a tallar el cuerpo de los niños con estropajo y jabón sin lograr quitar los residuos. La piel se irritó y empezaron a brotar las ampollas. Desesperado, René, un kichwa naporuna habitante del río, estaba seguro que sus hijos morirían ahí mismo. Cuando el sol iluminó el agua y el bosque, la tragedia se hizo evidente. El río Napo estaba contaminado por petróleo y ya no fluía vida sino muerte.
En agosto, el calor de la Amazonía varía entre los 21 y 28 grados centígrados. La humedad es permanente. Tras doce horas desde Quito, 350 kilómetros vía terrestre y otras ocho horas de reportería, recorrimos tres comunidades en la provincia de Orellana y llegamos a Puerto de Palos en Limoncocha, provincia de Sucumbíos. Ahí nos espera René Tapuy y su familia para compartir su historia como sobrevivientes al derrame de 15.800 barriles de petróleo del 7 de abril de 2020. Pero no es el primero ni el único derrame que afecta a esta comunidad. En la memoria persiste el fantasma de Texaco y, más recientemente, el derrame de 6.300 barriles de petróleo el 28 de enero de 2022.
Personas del río
La familia Tapuy quiso buscar atención médica, pero apenas se había declarado emergencia sanitaria por Covid-19, y el estado de excepción restringía la movilidad desde marzo de 2020. Deben pagar entre $25 a 40 dólares por el transporte que los lleve hasta el hospital Francisco de Orellana. Y ese es un dinero que René no tiene.
En recorrido que puede tomar dos horas desde su comunidad, Puerto de Palos, ubicada a unos “tres kilómetros adentro desde Limoncocha”, y a unos 70 kilómetros de la ciudad del Coca, provincia de Orellana. Por eso, con pastillas de paracetamol y plantas medicinales que tenían al alcance, René y Elsa intentaron salvar a sus hijos. Llamaron al número de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ese 7 de abril de 2020 para pedir ayuda, pero nadie vino.
—¿De qué se alimentó su familia el día del derrame?
—Ese día comimos siete pescados que mis hijos trajeron también llenos de petróleo. No teníamos qué más comer –recuerda con dolor. La expresión de sus ojos cambia hasta perderse en el horizonte. Frunce las comisuras de sus labios como pujando. –No puedo olvidar –retoma el relato–. Queda escrito en mi mente y mi corazón. Mis padres son sobrevivientes a los derrames de Texaco. Por eso, cuando mi mamá vio a los niños, dijo: “Eso no es ninguna enfermedad. Estos son efectos de la contaminación por bañarse en el río contaminado”. Ella también nos curó cuando de niños nos enfermamos por el agua contaminada.
—¿Cuánto tiempo bajó la mancha de crudo por el río?
—El crudo bajó casi dos semanas. La orilla del río, las ramas, se quedaron manchadas. Estaba bien crecido el río. Era época invernal –hace memoria– entonces el crudo que bajó durante dos semanas se quedó bajo tierra. A los dos días volvía a crecer el río, y la misma corriente iba limpiando la superficie y llevándose el crudo. No fuimos alertados, no fuimos informados.
Con la familia Tapuy recorremos un tramo del río Napo en el que transcurre su vida cotidiana. Los niños preparan el bote a motor, quitan el exceso de agua y se embarcan. Mamá Elsa, mantiene el gesto en la cara, una mueca entre de ira y dolor al mismo tiempo. Sólo alcanza a pedir: “Quiero agua para mis hijos. Quiero darles de comer”.
Ahora Peter Luis de 15, Lilia Inés de 13, Mailí de 12 y Kim de 6 años crecen con poca comida y agua contaminada. Son parte de la estadística. En 2020, Unicef reportó que en Ecuador 1 de cada 4 niños y niñas menores de cinco años sufren de desnutrición crónica infantil, siendo y la falta de acceso a agua segura es una de las principales causas.
La Unicef ha pedido al Gobierno ecuatoriano atender las múltiples causas de un problema que afecta principalmente a niños y niñas en la ruralidad y de comunidades indígenas: “Si un niño consume agua contaminada puede provocar diarrea o parasitosis. Estas enfermedades impiden absorber los nutrientes. Si la diarrea se presenta de forma reiterada en los primeros dos años de vida, un niño tiende a desarrollar desnutrición crónica o retraso en talla.”.
En los próximos días, la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador y Acción Ecológica harán públicos los resultados de su segundo informe de seguimiento del derrame de petróleo del 7 de abril del 2020. Se prevé la confirmación de rastros de metales pesados en el agua y, en especial, la evaluación psicosocial del impacto del derrame en niños y niñas de 11 comunidades.
Con dibujos, test y mapas comunitarios se procedió a la evaluación. Felipe Bonilla, psicólogo miembro del equipo, comenta su preocupación por la pérdida del río, uno de los espacios de socialización más importantes para la comunidad: “Quitarle un río a los niños es como quitarles la escuela. Ahí es donde aprendes a cazar, donde aprendes a nadar, ahí aprendes a jugar con las ramas de los árboles y con todo”.
Sobrevivientes a más de 30 años de derrames
La abuela Lidia Andi de 71 años, madre de René Tapuy nació en Limoncocha, provincia de Sucumbíos. Ella y su esposo José Tapuy son sobrevivientes a los derrames de Texaco, compañía petrolera que operó en Ecuador entre 1964 y 1990. En el 2001, Chevron compró Texaco y por tanto, debería asumir los daños, la remediación y el pago de indemnizaciones.
Texaco abrió pozos y piscinas de forma antitécnica y clandestina, sin ningún tipo de recubrimiento o material que impidiera la filtración del crudo, denuncia la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH). Las acciones de Texaco/Chevron fueron “deliberadas e intencionales” pues pretendían ahorrar dinero. El daño fue más grande que el causado por el accidente en el Golfo de México en el 2010.
Con fotografías aéreas e inspecciones realizadas por el Instituto Geográfico Militar, se identificaron unas mil piscinas donde Chevron vertió 15,8 mil millones de residuos de petróleo y 28,5 millones de galones de petróleo bruto en los ríos y cauces, muchas de ellas en Sucumbíos, Ecuador. Chevron contrató a una empresa remediadora para ejecutar un Plan de Acción en 1995. Pagó 40 millones de dólares para cavar zanjas, cubrir residuos tóxicos con tierra, césped o cultivos.
—¿Qué recuerda de los derrames de Texaco?
—El derrame tuvo como un metro de alto. Los residuos de petróleo se arremolinaban en unas guabas. Mi papá recogió harto de ese petróleo en unos tanques. Pensaba que podría usar esto como brea. Mi papi murió con cáncer. Hasta los niños y los pájaros murieron. Todavía tomamos esa agua contaminada. No tenemos agua de pozo.
—Con el derrame de 2022, ¿qué siente?
—Nosotros sabemos, estamos conscientes de que tomamos agua contaminada, comemos pescados enfermos. Tenemos dolor de cabeza, dolor de barriga. ¡Cómo pasan mis nietos! Hasta ahora estamos sufriendo.
—El Gobierno dice que todo está remediado, que todo está limpio. ¿Qué le responde usted al Gobierno?
—No. Este brazo del Napo todavía está contaminado. No está remediado nada. Todavía está enterrado el petróleo dentro de la arena. Mis chanchos murieron. Mis plantas y sembríos ya no crecen. Ahora ya no puedo trabajar junto al río. René señala los lugares en la orilla de la playa donde vio acumularse crudo y todavía hay vestigios de combustibles.
Aunque Petroecuador y OCP entregó tanques de agua en febrero del 2021 a comunidades ubicadas en Orellana y Sucumbíos como: Itaya, Pompeya, Paratuyaku, Sacha Urcu; y a asociaciones como Puerto de Palos, San Camilo, San Luis, Rómulo Pelileo y Sumak Allpa, para los kichwas, el río es la gran serpiente boa, fuente de vida y puerta al mundo místico que no puede sustituirse con agua embotellada en un entorno donde tampoco cuentan con agua potable. Son 75 familias damnificadas en Puerto de Palos.
Desde 1993, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) continúa con la búsqueda de justicia para las víctimas. En el expediente del caso Chevron se señala que Texaco “intentó convencerlos de que las aguas contaminadas los volverían más fuertes porque eran ricas en vitaminas y minerales”.
El 28 de septiembre venció el plazo para que Ecuador apelara en la Corte Suprema Holandesa, el Laudo Arbitral emitido en 2018 y que responsabiliza a este país por una supuesta sentencia fraudulenta que obligaba a pagar a Chevron 9.500 millones de dólares. De ejecutarse el Laudo, el pago arbitral en contra de Ecuador se hará con fondos públicos. “Los pueblos indígenas y campesinos quedarían sin acceso a la justicia frente a los crímenes corporativos’‘, advierte Pablo Fajardo, abogado y representante de UDAPT.
En el segundo derrame ocurrido en enero de 2022, la compañía OCP que administra el Oleoducto de Crudos Pesados pidió a René Tapuy, quien también es presidente de la comunidad de Puerto de Palos, que firme una carta aceptando la remediación del río en su sector. Conserva una copia que le entregaron socializando el “Plan Emergente en el sector de Piedra Fina elaborado por Entrix Latin America en abril del 2022”, y sobre el cual, exigieron confidencialidad prohibiendo uso, venta, copia o reproducción total.
René Tapuy se negó a firmar porque el río sigue enfermo y sus hijos también. Condicionar la firma de cartas de aceptación es una práctica común de las operadoras de pozos petroleros como OCP. Negocian directamente con los dirigentes de las comunidades afectadas el canje de “daños ambientales” por indemnizaciones, obras, donativos, y hasta puestos de trabajo. Todos estos rubros son derechos que el Estado ecuatoriano debería cubrir y no dejar en manos de terceros.
363 kilómetros en 189 puntos para tres remediadoras
Petroecuador definió que el derrame del 7 de abril de 2020 es un “evento de fuerza mayor” producto de la erosión del río Coca. Fue el hundimiento de tierra que provocó la ruptura de tres tuberías que transportan crudo y combustibles: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) a la altura del Kilómetro 94+700, el Poliducto Shushufindi-Quito en el PK 144+900 y el Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) 93+469, ubicado en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos, en el sector de El Reventador, Cascada San Rafael, Cantón El Chaco.
Por su parte, la operadora OCP estableció 350 kilómetros de afectación hasta la frontera con el Perú, por lo cual “la Autoridad de la Marina llamó a la unidad de negocios de Lamor en Perú para una alerta binacional en caso de que el incidente ambiental cruzara la frontera”. Se sabe que la primera remediadora en intervenir en la emergencia fue Lamor Company a través de su compañía Corena: el 21 de mayo, Corena asumió la remediación de 118 kilómetros en los ríos Napo y Coca para lo cual empleó a 260 personas.
En agosto de 2020, Petroecuador anunció 189 puntos de remediación que subieron a 229 en las riberas del Napo y Coca. En redes sociales, Petroecuador informó entre julio y agosto de 2020, las tareas de remediación ambiental se dividieron en tres zonas para cubrir 363 kilómetros en que debían atender tres empresas privadas: Arcoil, 70 kilómetros desde el sitio de la rotura a Puerto Madero; Corena-A Lamor Group Company, 117 kilómetros hasta puerto Providencia; y Pecs-Ambiente, 176 kilómetros hasta Ballesteros.
En mayo del 2020, la compañía Lamor que trabajó 118 kilómetros con 260 personas, utilizando varios equipos de respuesta a derrames de petróleo y que había colocado “más de 1.500 metros de barreras SFB en el río Coca, en más de 20 puntos de limpieza”.
El 05 de junio de 2021, Pecs-Ambiente hizo público que participó en “la limpieza y remediación de 200 kilómetros de las zonas afectadas y que el hidrocarburo se desplazó hasta el río Napo en un tramo de 385 kilómetros a través de las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos” afectando a cuatro áreas protegidas de los parques nacionales Cayambe-Coca, Sumaco-Napo-Galeras, Yasuní y la reserva ecológica Limoncocha.
La pérdida de bosques puede afectar negativamente a las reservas de agua dulce según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), y es igual de preocupante que la contaminación del agua, claves para enfrentar los retos del cambio climático y evitar futuras crisis por hambre o desnutrición.
En su comparecencia en la Asamblea Nacional del Ecuador en enero de 2022, sesión 759, Ítalo Cedeño, entonces gerente de Petroecuador, reiteraba que se había logrado “el 100% de remediación en tiempo récord”. Finalizó explicando que “la solución definitiva la trabajamos todos los días, porque si algo ocurrió en el pasado, va a ocurrir en el futuro” refiriéndose a la ruptura de tuberías que transportan petróleo y la pérdida de ingresos por producción petrolera calculada en $ 57’734.312 de dólares al 9 de diciembre de 2021.
Plan Emergente y acciones tardías
El 7 de abril del 2020 a las 17:33, se suspendió el bombeo a través del SOTE y OCP “para no tener pérdida de petróleo”, declaró en entrevista Ismael Quintana Garzón, exfuncionario del área ambiental de OCP-Ecuador. Apenas seis días después, la operadora OCP remitió el “Plan Emergente” según consta en el Oficio Nro. MAE SCA-2020-0450-O del 11 de abril del 2020 y el Ministerio de Ambiente lo aprobó un mes más tarde.
Las acciones que las autoridades priorizaron en ese Plan Emergente fueron para reparar las tuberías y construir variantes, recuperar petróleo derramado y tratamiento; toma de muestras para calidad de agua y sedimentos, así como levantamiento de componentes bióticos y abióticos afectados desde la comunidad Fronteras del Ecuador hasta El Coca. Sin embargo, ese Plan Emergente, no contaba con detalles sobre acciones de limpieza y remediación como muestra el reporte diario del 14 de abril de la operadora OCP.
El 12 de abril del 2020, fue el Centro Turístico Napo Wild Life (NWL) que alertó y no las autoridades sobre la presencia de crudo en la laguna de Añangu, en el Parque Nacional Yasuní, donde las labores de remediación fueron asignadas a Pecs Ambiente, el 25 de junio del 2020, según informó Petroecuador. Es decir, 12 semanas después de ocurrido el derrame del 7 de abril El Ministerio de Ambiente y la Capitanía del puerto de Orellana sobrevolaron en helicóptero y realizaron inspecciones en lancha sobre el río Coca y conocían de la probable afectación de 25 kilómetros a la franja norte del Parque Nacional Yasuní, Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO en 1989.
El 14 de abril, la operadora OCP determinó que 33 comunidades fueron afectadas: El Edén, Pañacocha, San Roque, San Roque Colonos, Sani Isla, Añangu, El Pilche, Nueva Providencia, Fuerte Providencia, Indillama, Itaya, Pompeya Sur, Pompeya Norte, San Francisco, Parutu Yaku, El Descanso, Taracoa, Huamayacu, San Carlos, Amarum Mesa, Martinica, Fronteras del Ecuador, Nuevo Rocafuerte, Bello Horizonte, Alto Florencia, Boca Tiputini, Tiputini, San Carlos, Puerto Quinche, Huririma, San Vicente, Ocaya, Sinchichica. En el informe de rendición de cuentas del 2020, el Ministerio de Ambiente detalló que en 430 kilómetros y 150 tramos, el derrame afectó a 100 comunidades en la provincia del Napo.
Con técnicas de minería de datos, se revisaron los informes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) sobre el proceso de erosión del río Coca encontrándose que Petroecuador y la operadora OCP entregaron kits de alimentos desde el 14 de abril hasta el 17 de junio del 2020, es decir, solo durante las ocho primeras semanas de la emergencia. Para la entrega de kits se clasifica a la población en afectados directos y afectados indirectos. Petroecuador reporta que “no han sido encontrados signos clínicos de enfermedades producidas por la exposición al evento (derrame de enero de 2022), por tal motivo las [1696] personas afectadas se trasladan a personas afectadas indirectamente”.
Se entregaron 1’063.192 litros de agua segura a las comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Coca y Napo, 12.924 kits de alimentos a 79 comunidades y se dio atención médica a 4.933 personas por “malestares gastrointestinales y afecciones cutáneas”, que recibieron medicamentos de manera gratuita. “El acceso al agua es un derecho humano, quien atente en su contra comente un delito”, advierte el Ministerio de Ambiente. Atentar contra este derecho tiene como sanción la privación de libertad de 1 a 3 años, de acuerdo al artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal.
René asegura que el personal de Petroecuador apareció una semana después del derrame del 7 de abril, y luego cada 15 días. Entregaron un galón de agua para cinco personas, 5 libras de arroz, 2 libras de azúcar, 2 fundas de fideo, 2 latas de atún y avena, y calcula que eso, como máximo, cuesta 15 dólares. Fueron tres remesas o en tres ocasiones.
La población “afectada indirectamente” por el proceso de erosión del río Coca oscila entre 20.615 y 26.804, cantidad de población que coincide con el reportado por la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador en varios comunicados de prensa por el derrame de petróleo del 7 de abril. No obstante, su atención se hace por el proceso de erosión regresiva del río Coca.
Esa cifra se triplica con el reporte de la Alianza de Derechos Humanos en Ecuador que viene exigiendo la atención a 105 comunidades afectadas; perdieron su río, el acceso a agua y alimentos. El pronunciamiento público de comunidades y organizaciones de Derechos Humanos pidió a la Corte Constitucional declarar urgentemente la responsabilidad del Estado en el 2021.
Manchas de petróleo en San Pablo, Domingo Playa y Toyuca
El río Napo es el místico y ancestral afluente del pueblo kichwa naporuna. “Los ríos les dan nombre a nuestras comunidades”, me explicó en abril del 2021, Verónica Grefa, presidenta de la comunidad de Toyuca. “Si el río está enfermo, nosotros también enfermamos”, dijo con preocupación Verónica temiendo la desaparición de su pueblo.
Caminamos por las playas y junto a Verónica, constatamos la devastación y pérdida de 35 hectáreas de playa luego de un año del derrame. Toyuca, pertenece a la parroquia San Sebastián del Coca en la provincia de Orellana. Es una de las 23 comunidades donde se acumuló petróleo en abril del 2020, según registros de Petroecuador y del Ministerio de Medio Ambiente y que se documentó en la Inspección de las comunidades San José, San Pablo y Toyuca por la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador publicado en noviembre del 2021.
De vuelta en Toyuca, en agosto del 2022 busqué a Bertina Grefa y su familia, los afectados que, en abril del 2021, encontré lavando ropa en el río Coca y entrevisté. Ya no están. Son los damnificados del derrame de petróleo, son los desplazados por la erosión regresiva del Coca pero también de la contaminación, el hambre y el desempleo. No hay agua.
En Toyuca, habitaban 58 familias en un territorio comunal donde se impone la presencia del Bloque 18 (petrolero) operado por Petroecuador. En agosto del 2022, solo quedan algunas casas. La madre y la abuela de Luis Simbaña viven ahí. Luis cuenta que el Ministerio de Ambiente dejó acero para la construcción de un muro de contención que hasta hoy, no se utiliza. Luis considera que el Gobierno pudo haber salvado las viviendas si hubiera tomado acciones hace un año. La abuela y el tío abandonaron sus casas junto al río.
Para la elaboración de este reportaje, recorrimos otras dos comunidades en el lapso de seis horas. Nos acompañó Xavier Solís, abogado de la Fundación Alejandro Labaka, y uno de los 12 abogados representantes de los afectados por el derrame del 7 de abril del 2020 que solicitaron la acción de protección.
Con la guía de los comuneros, nos adentramos en las playas de San Pablo. Atravesamos el bosque de la comunidad antes de que llueva y el río crezca. Cruzamos pequeños brazos de río sobre troncos de árboles. El fotógrafo, Josué Araujo, resbala y cae en el líquido maloliente y naranja en el que se ha convertido el río. Las ramas secas de los árboles caen al piso como flechas impulsadas por el viento. Cuando llegamos al estero Manduro, en la comunidad Domingo Playa, la escena es triste y sobrecogedora: el agua no para de correr pero está podrida, tiene un color naranja, láminas blancas se transportan junto a natas y espuma marrón.
Ahí nos detenemos para conversar con Edwin Sucumbíos, presidente de la comuna Domingo Playa:
—¿Este río ha muerto?
—Sí –responde mirando al agua como si mirara un cadáver. Hace una sola petición–. Nosotros lo que queremos es agua, que alguien nos ayude.
—¿Cuándo llegó el personal de Petroecuador o una remediadora?
—El personal de OCP llegó a los ocho días del derrame.
—¿Está remediado el estero Manduro?
—No, el estero Manduro está totalmente contaminado.
—Cuando hicieron los trabajos de remediación ¿Qué le echaron al río?
—Trajeron unos químicos que asentaban el crudo en el fondo del río. Este es el problema de nosotros. No tenemos un río. No podemos tomar agua.
Empleos de remediación
En junio del 2020, Petroecuador y la operadora OCP señalaron que invirtieron 3,8 millones de dólares en remediación y que el avance general era casi del 54%. En las actividades de remediación ambiental intervinieron 1.191 personas, de las que 1.015 provienen de las comunidades (85,2%). En abril del 2021, la cifra de inversión para trabajos de remediación y compensación social fue de 35 millones de dólares más.
Pecs, Corena y Arcoil contrataron a comuneros que habitan los poblados de los ríos contaminados. Conversé con tres comuneros de Domingo Playa fueron contratados por Arcoil para conocer las condiciones laborales de las tareas de limpieza y remediación. Patricio Grefo de 51 años; Henry Jumbo de 28 años y Jonathan Sucumbíos de 27 años relatan que recibieron uniformes (pescadores impermeables que cubren hasta la cintura) y les pagaron el salario básico de 425 dólares por 22 días de trabajo, cuando el precio de la canasta básica es de 735 dólares, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
La tabla de tarifas para el sector privado estipula un máximo de 1.129,39 dólares por servicios, pero el pago fue el mínimo a pesar de los riesgos laborales que implican las tareas de remediación. Trabajaron hasta 12 horas continuas en el calor húmedo del bosque amazónico, dijeron en entrevista tres comuneros kichwas en la Asociación Domingo Playa, parroquia Nuevo Paraíso, provincia de Orellana.
Sus tareas consistían en disolver detergentes en los ríos enfermos, químicos dispersantes, desengrasantes y floculantes como el Sulfato de Aluminio. Para usar los químicos, debían tener cuidado, así les advirtió el instructor, porque “causaban salpullido o con el tiempo podían infectar sus cuerpos. Debían usar mascarilla y manipulación de los líquidos” mientras vertían los químicos en el agua o el suelo. “Cuando echaban ese químico, morían los peces. Al ver morir los peces, yo me preguntaba: ¿cómo seremos nosotros”, recuerda Jonathan Sucumbíos. “¿Podemos contaminarnos y morir también?”, concluyó preocupado.
Les ordenaron cortar yutsos o chíparos, arbustos que tienen abundantes raíces y logran contener la tierra. Esto provoca el desmoronamiento de las orillas. El marketing del “greenwashing” promociona la recuperación de suelos y vegetación con el uso de tecnología de vanguardia en plantas.
Con la ayuda de una bomba de presión, lavaban las piedras, la arena y empujaban el crudo desde la orilla al caudal del río. Otros cavaron zanjas. “Hasta las 04:00 p. m. llegaban los almuerzos y nos tocaba soportar todo el día con esa hambre. Nos daban agua en funda (bolsa de plástico)”, relata Henry Jumbo. Las operadoras prometieron a los trabajadores que cavarían un pozo para proveer de agua limpia a su gente y no les cumplieron.
Al terminar el contrato en febrero del 2022, les retiraron los uniformes y regresaron descalzos a su comunidad. No tienen tierras donde sembrar sus alimentos ni río. En abril del 2020, OCP aseguró que generó 320 empleos locales en remediación ambiental.
En septiembre del 2020, solo seis meses después, Petroecuador y OCP anunciaron la culminación de los trabajos de remediación y procedieron a convocar a las comunidades para informar que ya no existía presencia de contaminación química de hidrocarburos en los ríos y que la única contaminación se debía a coliformes fecales.
Caso de fuerza mayor
En el expediente probatorio sobre el caso, consta el informe de Deformación Global por Flexión de Quanta Inline Devices explica que, en una inspección de mapeo inercial llevada a cabo en octubre del 2019 en la infraestructura del OCP, identificaron 60 áreas como posibles curvaturas que presentan deformación total, y por tanto, representaban una amenaza latente. El informe se publicó en mayo, un mes después del derrame del 7 de abril del 2020.
¿Es el proceso de erosión un fenómeno natural o el resultado de varias agresiones —por derrames, descarga de sólidos y químicos de remediación— contra el río?
Daniela Rosero, PhD. en Ecohidrología e investigadora en el instituto Biósfera de la Universidad San Francisco de Quito, considera que el proceso de erosión es, en parte, un fenómeno natural pero también el resultado de derrames de petróleo, el uso de químicos y detergentes de remediación, el desecho de sólidos, el impacto de obras como la construcción de carreteras y la hidroeléctrica, así como la actividad humana. La experta alerta sobre la falta de indicadores en el sistema de monitoreo y de formulación adecuada de políticas públicas.
En su defensa, Petroecuador y la operadora OCP alegan que el derrame es un evento de fuerza mayor. Sin embargo, precisan que se suscitó el 8 de abril de 2020 en el KP 93+469, es decir, un día después de la denuncia de los comuneros, como consta en el Oficio N° OCP-1269-2020 de OCP Ecuador del 16 de octubre de 2020. El artículo 30 del Código Civil señala: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto al que no es posible resistir”.
Las organizaciones indígenas presentaron Amicus Curiae ante el Consejo de la Judicatura de la provincia de Orellana para exigir justicia en la Acción de Protección por el derrame de petróleo de abril de 2020. Aseguran que se sabía que la zona es de alto riesgo, que existía la erosión acelerada y que el colapsó la cascada de San Rafael ocurrido el 2 de febrero fue la advertencia de una catástrofe que pudo prevenirse.
El trazado de variantes de SOTE y OCP a partir del 8 de abril del 2020 empezó a operar en mayo de 2020, un mes después del derrame, sin proceso público de revisión de estudios de impacto socioambiental, y sin la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho las poblaciones afectadas. La operación del OCP presentó conflictos en su construcción entre el 2000 y el 2003, tal como investigó Patricia Widener en el 2011.
En tres ocasiones, el Ministerio de Energía declaró la fuerza mayor en el sector petrolero por efectos de la erosión en el río Coca: la primera entre el 9 de abril al 10 de mayo de 2020; la segunda entre el 4 al 8 de julio de 2020; la tercera el 12 de diciembre de 2021. Los pozos petroleros del sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) fueron apagados progresivamente. Según Petroecuador, entre enero y octubre de 2021 el SOTE transportó 319.442 barriles de crudo diarios, mientras que el OCP transportó 163.221 barriles de petróleo por día. La declaratoria fue para “salvaguardar al país de posibles reclamos de los compradores en el mercado internacional”.
El Ministerio de Ambiente debe realizar el seguimiento de pasivos ambientales generados por operadoras como la compañía OCP y Petroecuador, mediante “auditorías ambientales y sus respectivos Términos de Referencia, inspecciones técnicas y atención a denuncias”, explica este Ministerio ante una solicitud de información interpuesta el 9 de agosto.
Pasivos ambientales e indemnizaciones
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 señala dos indicadores sobre pasivos ambientales: Primero, porcentaje de fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la autoridad ambiental; segundo, avance en el proceso de eliminación y remediación de piscinas, fosas y derrames. En el caso del derrame del 7 de abril del 2020, no se ha hecho público el número exacto de pasivos ambientales remediados que podrían superar entre 189 a 229 en las riberas del Napo y Coca, según reportes de prensa.
El 4 de junio de 2020, OCP ECUADOR S.A. y la EP PETROECUADOR suscribieron el “Acuerdo de Aplicación del Convenio Específico de Apoyo Mutuo” que estableció que los gastos relacionados con la mitigación, remediación ambiental y las compensaciones e indemnizaciones sociales y su fiscalización derivados del evento de fuerza mayor, “se distribuirán entre ellas en proporción a los volúmenes de hidrocarburos que hayan sido derramados y en consecuencia, hayan ocasionado los efectos socio ambientales”.
La operadora OCP contrató a la consultora Entrix para levantar información en campo y generar informes para los procesos de indemnización.
Con oficio N° OCP-1269-2020, Petroecuador remitió al Gobierno Autónomo del Municipio de Francisco de Orellana, el costo estimado de indemnización en $ 874,177.92 de dólares “rubro obtenido del cálculo del lucro cesante, calculado del volumen de agua que se dejó de captar en 146 días por el costo referencial del metro cúbico de agua, conforme metodología del acuerdo interministerial 001”.
Con base en datos del memorando No. 00056-TRA-2020 de 30 de mayo de 2020 de la Gerencia de Transporte de Petroecuador, y el informe técnico del 3 de junio de 2020 de la operadora OCP, se determinó que los volúmenes finales de “producto derramado” asciende a 15.778, 59 barriles de petróleo como se resumen a continuación:
Sistema de Transporte | Producto | Volumen Final derramado (En barriles) | Porcentaje |
Poliducto Shushufindi-Quito | Gasolina Base | 762,43 | 51,73% |
SOTE | Crudo Oriente | 7.400,10 | 48,27% |
OCP en el KP 93 | Crudo Oriente | 7.616,06 | |
Total volumen final de producto derramado por EP Petroecuador y OCP | 15.778,59 | 100% | |
La validación de balances volumétricos se hace por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.
Se desconoce a detalle cuántos barriles de petróleo fueron recuperados del derrame del 7 de abril de 2020, en la fase de contingencia y cuántos barriles fueron procesados para limpieza y remediación a pesar de las solicitudes de información hechas al Ministerio de Ambiente. Petroecuador informó que hasta junio de 2020, recolectó 166,3 toneladas de vegetación contaminada, 11,7 toneladas de material absorbente en las orillas de los ríos Coca y Napo, y 33,4 toneladas de suelo contaminado para ser tratado con gestor calificado.
En el 2021, el Instituto Nacional de Biodiversidad reportó el aumento al 60% de las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera y biodiversidad. Aseguró también que existe una base de datos que registra los derrames entre 2017-2018 y que permitiría conocer los avances hasta 2021. Por otro lado, señala que con el acuerdo entre la autoridad ambiental y las operadoras se podría alcanzar el 56,38% de remediación de pasivos ambientales.
En la Constitución del Ecuador, el artículo 397 señala que, en caso de daños ambientales, “el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.” Asimismo, se deben garantizar los derechos colectivos de las comunidades indígenas reconocidos en el artículo 57.
“El petróleo es bueno”
Un año después, se han acumulado múltiples solicitudes de información sin respuesta o con respuestas poco precisas, que no cumplían con los 10 a 15 días de plazo que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ni se emitían a través del sistema de gestión documental Quipux o con firma de responsabilidad.
El 1 de agosto del 2022, durante esta investigación periodística, solicitamos asesoría a la oficina de Monitoreo y Transparencia Activa de la Defensoría del Pueblo para que fuesen respondidas las peticiones de información interpuesta ante el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Agencia de Hidrocarburos y Petroecuador. Al cierre de este reportaje, la Defensoría del Pueblo avocó conocimiento de la solicitud y, el 19 de agosto, dispuso que la Delegación de Pichincha patrocinara las solicitudes.
El 1 de agosto, Petroecuador me convocó a una reunión con Francisco Hugo, subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa pública. Hugo me recibió en las oficinas de Petroecuador en la zona financiera de Quito, con el respaldo de un expediente físico que resume las peticiones. Asistí en compañía de la abogada Vivian Idrovo, representante de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador.
Hugo aclaró de inicio que en el 2020 solo se dio un derrame y desestimó lo que considera rumores. El 18 de junio y el 22 de junio del 2020, se habrían producido nuevos derrames, según denunció la Alianza. “Fueron rastros, huellas del derrame del 7 de abril”, justificó Hugo.
Cuando se le cuestionó la falta de respuesta a las solicitudes de información para conocer datos sobre convenios de compensación social, contratos de remediadores ambientales y su promoción en las redes sociales de Petroecuador, Francisco Hugo respondió: “No está en nuestra competencia”.
—¿Pudieron drenar las tuberías o suspender el bombeo para evitar contingencias como la del 7 de abril del 2020?
— Sí. Tenemos las medidas necesarias para contener un derrame y a nuestro personal capacitado. Nosotros no tenemos contratadas empresas remediadoras. Tenemos un departamento de restauración ambiental. Tenemos recursos propios (equipo, material y personal) para atender estos derrames. Logramos que el derrame del 7 de abril se contuviera. No hay que satanizar. El petróleo es bueno, de ahí se obtiene la úrea, la ropa que lleva puesta y el celular que usa.
—¿Cómo calculan la cifra de 15.800 o 16.000 bdp?
—Entramos a balance de masa. Contamos con estaciones de bombeo y reducción donde hay contadores de flujo que permiten contabilizar el producto y conocer cuál es la cantidad que está transportándose o cuál es la cantidad que no llegó. Si empieza a haber un nivel de pérdida ya es una alerta. También se puede alertar con el personal que patrulla el derecho de vida. Del derrame del 7 de abril del 2020, la pérdida para Petroecuador fue de 9236 bdp, es decir, del SOTE.
—Ustedes dijeron que no podrían prevenir el derrame. Y cuando ocurre el derrame del 7 de abril del 2020 y la erosión sigue avanzando, Petroecuador cerró el bombeo. También lo hicieron para construir siete variantes del OCP. ¿Por qué no lo hicieron antes del derrame del 7 de abril? Los informes técnicos advertían de la posible contingencia en las tuberías con la implosión de la cascada San Rafael el 2 de febrero.
—Buena pregunta. Yo me la he hecho más de una vez. ¿Por qué no se hizo una variante antes? Cada variante costó en promedio 50 millones de dólares. En este momento, Petroecuador está trabajando en la construcción de una variante definitiva al otro lado del río.
Para el 2022, el Ministerio del Ambiente determinó solventar 123 fuentes de contaminación dentro del proyecto Fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera, como consta en el Plan Nacional de la Calidad 2022 del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Estas 123 fuentes deben ser remediadas por el operador estatal responsable y avaladas por la Autoridad Ambiental y del Recurso Hídrico Nacional. Pero es otra pregunta sin respuesta a una batería de 30 preguntas planteadas en las solicitudes de información.
El litigio de la sociedad civil
El 29 de abril de 2020, Petroamazonas EP participó de la séptima edición de los Premios Latinoamérica Verde. Ese mismo día, ante la Corte Constitucional de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayusa, la Fundación Alianza Ceibo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Corporación Acción Ecología, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, la Fundación Alejandra Labaka, SURKUNA, la Unión de afectados y afectadas por las operaciones de Texaco (UDAPT), y el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos presentaron una acción de protección con solicitud de medidas cautelares en contra de la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General del Estado y la Compañía de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) ECUADOR S.A.
Tras un dilatado proceso legal, la justicia constitucional negó en dos instancias la acción de protección y medidas cautelares por considerar que el derrame del 7 de abril del 2020 se produjo por “fuerza mayor” y que, ante el evento, las empresas y las instituciones del Estado “actuaron”.
La parte accionante advirtió que el derrame pudo ser previsto, tanto por la operadora OCP como por las instituciones públicas, ya que fueron advertidas del fenómeno de erosión regresiva. La parte accionante también señaló que, entre otras acciones, la empresa debió haber modificado un tramo del paso de las tuberías, colocar válvulas de drenaje, o realizar estudios e investigaciones que habrían evitado o, al menos, minimizado el derrame.
Petroecuador insiste en que el derrame del 7 de abril de 2020 se trató de un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Bajo este argumento, las empresas y el Estado justifican los múltiples y recurrentes derrames. “Se niegan a reparar y prevenir los daños a las comunidades y a la naturaleza”, denuncia la Alianza de Derechos Humanos.
El 25 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a la veeduría para vigilar las acciones para mitigar la erosión del río Coca. No hay mayor iniciativa para cuidar de las afectaciones y los afectados por los derrames de petróleo.
Los defensores que auspician a las comunidades amazónicas afectadas denuncian hostigamiento y amedrentamiento. El propio juez Oña interpuso una denuncia contra cinco abogados de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador y contra Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE.
Guillermo Lasso anunció la duplicación de la extracción petrolera y la intensificación de la frontera hidrocarburífera y minera. Este fue uno de los detonantes que mantuvo a Ecuador sumido en 18 días de paro nacional, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones del movimiento indígena. Las demandas continúan tratándose en las mesas de diálogo entre gobierno y movimiento indígena.
“Justicia que tarda no es justicia”, reclama Verónica Potes, una de las abogadas que representa el caso a nombre de los colectivos y organizaciones sociales y derechos humanos, que están “escandalizados por la absoluta inacción del Estado ecuatoriano”. Estos han interpuesto un recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador y un recurso de revisión. Después de un año, “estamos esperando que los tramiten, que reciban el trámite debido”, señala Potes.
En los próximos días, la Alianza hará público un tercer informe de impacto del derrame del 7 de abril del 2020. En este se destacan la presencia de restos de metales pesados en las comunidades afectadas y las afectaciones del proceso de erosión regresiva. En el recorrido de septiembre del 2020, se encontró níquel, plomo y vanadio, mientras que en el recorrido de noviembre del 2021, se encontró únicamente vanadio. El derrame del 7 de abril del 2020 todavía tiene a damnificados de la mayor catástrofe ambiental que se haya documentado y litigado en las cortes nacionales.
* El presente reportaje se realizó con el apoyo de DW Akademie, la Cooperación alemana-GIZ y UDLA, bajo el programa DesenreDatos, edición 2022 en Ecuador.
