Corría la década de 1970 en Estados Unidos cuando emergió por primera vez el concepto de transición justa, época en que los sindicatos norteamericanos acuñaron el término para describir un sistema de apoyo para los trabajadores desempleados que estaban siendo afectados por las nuevas reglamentaciones sobre protección ambiental. Posteriormente, en los decenios de 1990 y los 2000, el concepto se universaliza y adquiere nuevas definiciones a través de las negociaciones climáticas internacionales y del trabajo efectuado por organizaciones ambientalistas.
Partiendo de la base de que para mitigar los efectos del cambio climático es indispensable una transición energética, que consiste en pasar de un consumo de energía basado en combustibles fósiles hacia fuentes renovables es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la transición justa busca “ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.
Pero ¿quiénes son los responsables e intervinientes para lograr una transición justa? Son los gobiernos en todos los niveles -nacionales, regionales y locales-, las empresas y las organizaciones sindicales. Todos son agentes de cambio en la transición justa.
Así es como en la actualidad su avance como política pública a nivel global es comprobable. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al 31 de octubre de 2022, los principios para una transición justa se reflejan en el 38% de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son los compromisos climáticos de los países, y en el 56% de las estrategias a largo plazo, así como en un número creciente de iniciativas mundiales de relevancia.
Es vital señalar que una transición justa no solo contribuye a impulsar la acción climática, sino que es fundamental para cumplir con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, los relacionados con la energía asequible y limpia, el trabajo decente, el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y la producción y consumo responsables.
En Chile, sin embargo, el camino hacia una industrialización verde y los avances de una transición justa presentan grandes retos, particularmente en el ámbito laboral y sindical. La Central Única de Trabajadores (CUT), la multisindical más representativa del país, con más de 70 años de historia, ha debido renovar su trabajo interno en la actualidad para enfrentar las nuevas dinámicas y desafíos que afectan al mundo sindical en el camino hacia la descarbonización que nos impone la crisis climática. Es por ello que en 2022 la CUT creó en su orgánica la Secretaría de Medio Ambiente y Transición Justa, un espacio proveniente de su área de formación y medio ambiente.
El dirigente que asumió la responsabilidad de liderar ese espacio es Alejandro Ochoa, quien desde el 2014 también se ha desempeñado como secretario de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Contratistas de ENAP Quintero-Concón (Fetracon). “La mirada del mundo del trabajo es pesimista. No se confía en una transición justa, la reconversión ha dado resultado en trabajadores directos, no así en subcontratados y menos en los indirectos. Por ejemplo, las empresas no asumen responsabilidades en la salud de los trabajadores subcontratados, por lo que su reconversión es difícil, y esto ha llevado a aumentar la informalidad en otros mercados. Es decir, hay migración laboral y esto causa mano de obra barata”, explica para Climate Tracker.
Es más, en el documento ‘¿Transición Justa en Chile?’, la CUT demanda el “diseño e implementación de planes de transición justa dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de los países de la región con diálogo social, trabajo decente y respeto de los derechos fundamentales del trabajo y de los derechos de las comunidades en sus territorios”.
Transición y descarbonización en Chile
Chile cuenta desde el año 2019 con un plan de descarbonización para el retiro y/o reconversión de centrales a carbón, producto de un acuerdo entre el entonces gobierno de Sebastián Piñera y las empresas generadoras eléctricas Aes Gener, Colbún, Enel y Engie, el cual contemplaba en una primera etapa el cierre de ocho centrales termoeléctricas al 2024. En consecuencia, en abril de 2020 el país actualizó su NDC, como parte de su compromiso con el Acuerdo de París en el que se comprometió a mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, a descarbonizar su matriz energética, cerrando gradualmente estas unidades térmicas.
En tanto, desde agosto de 2022, el país estableció una Agenda de Energía 2022-2026, que en su eje “Educación y Capacitación” aborda el enfoque para capacitar y certificar a técnicos y profesionales en los sectores de la electricidad, combustibles, energías renovables e, incluso, en hidrógeno verde, “con focalización en mujeres, pueblos originarios y personas relacionadas al cierre de centrales generadoras a carbón”, señala el documento del Ministerio de Energía. El fin -según la publicación- consiste en articular los requerimientos de la industria con la academia y servicios públicos en empleo y formación.
Asimismo -a partir del 2022- comenzó a operar el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa (CITSEJ) con foco en las denominadas “zonas de sacrificio”, el cual lidera la cartera de Medio Ambiente y es integrado por los ministerios del Trabajo, Economía, Energía, Salud y Desarrollo Social, y que busca avanzar en justicia socioambiental, trabajo decente y restauración ecológica.
“El comité ha servido como espacio de coordinación coyuntural para enfrentar episodios de transición y para monitorear el avance de las medidas del [Programa para la Recuperación Ambiental y Social] implementadas en las ex zonas de sacrificio, hoy en transición. También se encuentra desarrollando una Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que se publicará a finales de 2024. Ésta puede ser una oportunidad para el desarrollo de un marco de políticas más integral para la transición justa, que sea ampliamente valorado por los trabajadores, que siga las recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2023 (de la OIT) y se mantenga en el tiempo como herencia del gobierno del presidente Boric, en tanto es un eje transversal del programa de gobierno”, detallan a Climate Tracker desde el Ministerio del Trabajo.
Actualmente, el gobierno también implementa una Agenda inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética, consistente en acciones políticas, legislativas, reglamentarias y planes para la transición energética acelerada para ejecutar en el periodo 2023-2024, y que hoy cuenta con normativas aprobadas, como la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, y proyectos de ley en trámite legislativo, como el de Impulso a Energías Renovables en la Matriz Energética y el de Transición Energética. La agenda, además, incluye un Plan de Descarbonización con miras a la construcción de una hoja de ruta 2023-2030.
No obstante, en línea con la percepción sobre el proceso de transición justa expresada por la CUT, el Sindicato del Biobío de la termoeléctrica Enel-Bocamina II, también señala una postura crítica, en especial respecto al acuerdo inicial con las empresas eléctricas en 2019, en voz de su director Claudio Leiva. “Primero, por la forma en que se diseñó el cronograma de descarbonización, que fue a partir de la voluntariedad de las empresas. Fueron las propias empresas, y no el Estado, las que definieron qué centrales y cuándo sacarlas del sistema; sin ninguna norma que definiera con criterio técnico y medioambiental el proceso. Segundo, ni el Estado ni las empresas formalizaron la manera en que se debía atender el proceso de salida y/o reubicación de los trabajadores -propios y externos- de las plantas que se cerrarían, dejando en manos de los privados todas las iniciativas, sin asumir ninguna responsabilidad estatal en la materia”, criticó.
El dirigente sindical de la termoeléctrica ubicada en Coronel, desconectada en 2022 y aún con personal en labores, agrega que, independiente de los gobiernos de turno, “en la práctica siguen sin atenderse los mismos temas”, aunque aclara que en la administración de Sebastián Piñera no fueron recibidos ni escuchados, lo que sí ocurrió en el mandato del presidente Gabriel Boric. “El actual gobierno tuvo un buen inicio, con el ministro de Energía, Claudio Huepe, ya que fuimos recibidos todos los sindicatos y recogieron de primera mano las necesidades de los trabajadores afectos a la descarbonización. Por el contrario del actual ministro Diego Pardow”.
Cabe señalar sobre el actual trabajo en las llamadas ´zonas de sacrificio´, en 2023 el gobierno presentó el Plan de Transición Socioecológica Justa de Tocopilla, el primero de su tipo para una zona saturada. Éste fue construido con la academia, sociedad civil y empresas, arrojando una batería de acciones y medidas a corto, mediano y largo plazo, en el área medioambiental, sanitaria, educacional, reconversión productiva y reinserción laboral.
Precariedad y capacitación
El 2021 marcó un punto de inflexión a nivel mundial por ser el año en que el total de empleos generados por el sector de energías limpias superó definitivamente a los relacionados a los combustibles fósiles. En los hechos, los 31,1 millones de trabajos dependientes de las industrias contaminantes fueron sobrepasados por los 31,9 millones de empleos de las energías limpias. En 2023 las diferencias crecieron, sumando 36,2 millones de trabajos derivados de las energías renovables versus los 32,1 millones del sector de combustibles fósiles, según el informe Empleo Energético Mundial 2023 de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).
Con todo, la escasez de mano de obra calificada ya está afectando al sector energético. Según el mencionado informe de la IEA, el 36% de los empleos del sector corresponden a ocupaciones de alta calificación, en comparación con el 27% en la economía en general. Es así como las tasas de vacantes en industrias relacionadas con la energía han aumentado durante años, especialmente en áreas como construcción, manufactura y servicios públicos.
“En un escenario ideal uno esperaría que las empresas eléctricas, a medida que transitan hacia la descarbonización, generen nuevas inversiones en sectores verdes, y con ello, entreguen oportunidades a los trabajadores afectados por los cierres. No obstante, existe un desfase de tiempos entre ambos procesos, que dificulta esta reconversión en la empresa. De la misma manera, los trabajadores contratistas pueden quedar en una posición desfavorable -y así lo hemos visto-, por lo que se requieren medidas adicionales”, sostiene el Ministerio del Trabajo.
En tanto, desde el Sindicato de Enel-Bocamina II son claros en su evaluación del proceso: “En términos de los trabajadores propios, no podría calificarse que las ofertas de salidas o reubicación tuvieron un acento hacia la transición energética o los empleos verdes. Aún cuando se ofrecieron oportunidades dentro de la propia empresa o en otras del Grupo Enel, estas ofertas no fueron pensando en la reconversión laboral hacia lo verde. Además, las condiciones para estas reubicaciones no fueron en línea con lo que los sindicatos y los propios trabajadores esperaban”.
En la misma línea, el economista e investigador de la Fundación SOL, Gonzalo Durán, critica las políticas del sector empresarial: “Van en la lógica de arriba hacia abajo. Se imponen los lineamientos de aumentar la tasa de ganancia y aprovechar este capitalismo verde para ello. La capacitación y reconversión debe ser con los sindicatos”. Ante lo cual explica que “los sindicatos, al tener -en una abrumadora mayoría- bajo poder asociativo, no cuentan con recursos y redes para enfrentar el desafío de la transición energética y apuntalar puntos de vista críticos. La transición justa es algo que en ciertos espacios sindicales se critica, no porque los trabajadores no quieran participar, sino porque es funcional a los objetivos del capital. Se necesita más poder asociativo que permita activar redes internacionales y globalizar este debate, que está muy cruzado por las lógicas de explotación entre los países industrializados y las periferias, donde está Chile”.
Por su parte, desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) manifiestan que se requiere de “un enfoque cuidadoso” con los trabajadores en reconversión laboral. En cuanto a sus políticas internas, Ana Lía Rojas, su directora ejecutiva, afirma que han “implementado programas de capacitación y formación para mejorar competencias de los trabajadores del sector energético”, entre los que destaca la Capacitación del Mercado Eléctrico que realizan este año, en su décima versión, con el fin de “preparar la fuerza laboral para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la transición energética”.
Una encuesta de la IEA a más de 160 empresas energéticas a nivel global reveló que los empleos de instalación y reparación fueron donde los sondeados tuvieron más dificultades para contratar. Esto, debido a que la cantidad de trabajadores que cursan estudios o certificaciones del sector no se condice con el ritmo de la alta demanda. Además, el informe de la agencia señala que la mitad de los trabajadores del área de combustibles fósiles que tienen riesgo de despido en esta década tienen las habilidades que demanda el sector de energías limpias. De hecho, muchos de ellos podrían cambiar de funciones con unas cuatro semanas de formación específica adicional.
La escasez de trabajadores calificados también ha sido corroborada en Chile por el Ministerio del Trabajo: “Lo que sí se ha evidenciado, aunque sin datos concluyentes, es que en la instalación de industrias como la de paneles fotovoltaicos en el norte del país, las empresas tuvieron que recurrir a fuerza de trabajo extranjera ante la falta de personas locales con las competencias requeridas”.
“Por cada megavatio de energías renovables que se instala en Chile, se necesitan 40 técnicos calificados durante la construcción y 12 en mantenimiento y operación. Nuestra institución juega un papel crucial en cerrar esta brecha, proporcionando la formación necesaria para cubrir esta demanda. Nuestras carreras están diseñadas para enfrentar los desafíos de la transición energética y la industrialización verde. La carrera de Técnico en Energías Renovables y Eficiencia Energética es un pilar fundamental en este esfuerzo, los estudiantes se forman en tecnologías solares y eólicas, así como en sistemas de eficiencia energética, capacitándose para diseñar, implementar y gestionar soluciones que promuevan una matriz energética limpia y sostenible”, comenta Paola Cerda, rectora del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente (IDMA).
La rectora del IDMA también destaca las carreras técnicas de Agricultura Ecológica, Construcción y Paisajismo Sustentable como contribuyentes en la mitigación del cambio climático y la eficiencia hídrica. Asimismo, señala que la reconversión laboral es una “prioridad estratégica” para la institución. “Entendemos que el cierre de las plantas a carbón impacta directamente a miles de trabajadores y sus familias y es fundamental asegurar la formación de agentes de cambio que pueda integrarse exitosamente en la nueva economía verde. Nuestros programas educativos están diseñados para facilitar esta transición, ofreciendo formación y re-skilling en áreas clave como las energías renovables, la eficiencia energética y la gestión ambiental”.
Lineamientos sindicales y trabajo con el Gobierno
La CUT definió siete puntos para la reconversión laboral, los que, en términos generales, apuntan a la promoción del diálogo tripartito; el desarrollo de programas de formación y capacitación; la defensa de la protección social; la inclusión de grupos vulnerables; la participación; las alianzas estratégicas con la sociedad civil; y la promoción de una cultura de adaptabilidad e innovación.
“Tenemos planificado tratar los temas de transición justa y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Consejo Superior Laboral para tener una discusión tripartita con empresarios y gobierno. Además, de pensar en realizar un trabajo con el gremio de las generadoras eléctricas”, adelanta Ochoa.
En tanto, desde el Ministerio del Trabajo, afirman que las capacitaciones realizadas para trabajadores afectados por el cierre de empresas es uno de sus compromisos en la Estrategia de Transición Justa desde 2021, la cual han “mantenido y fortalecido en este gobierno”. Además, indican, “hay que considerar que solo entre 2023 y 2024, y de manera extrapresupuestaria, el ministerio -a través de SENCE- ha puesto más de $20 mil millones en los Consejos Regionales de Capacitación para que definan cursos de capacitación con una mirada local y tripartita”.
Asimismo, destacan el fortalecimiento del Seguro de Desempleo para los trabajadores que reciben el Seguro de Cesantía Solidario, y añaden que dispondrán de “hasta $50 mil millones al año para la reconversión de cesantes, lo que corresponde al 2% del Fondo de Cesantía Solidario. Estamos escalando progresivamente y proyectamos utilizar más de 6 mil millones para 2025.”
“Estamos priorizando los recursos de SENCE y levantado a través de ChileValora más de 30 perfiles ocupacionales en Energías Renovables No Convencionales, tales como coordinador/a de operaciones de mantenimiento en central termosolar, instalador/a de sistemas solares fotovoltaicos y mantenedor/a en planta de hidrógeno, entre otros”, detalla el ministerio.
También, subrayan que “la CUT es parte del directorio de ChileValora, por lo que ha sido protagonista del proceso e incentivado el poblamiento del catálogo, aportando a la transición justa”, destacando su participación en otros espacios en pos de la industrialización verde, como la Comisión Asesora de Prospección Laboral y el Consejo Nacional de Capacitación.
Deudas y desafíos para la industrialización
“Incertidumbre. No tenemos certeza de qué sucederá con nosotros”. Así resume el director del Sindicato regional de Enel-Bocamina II la actualidad de los sólo cinco trabajadores que aún laboran en la termoeléctrica, desconectada del sistema eléctrico en septiembre de 2022.
Cabe señalar que, según el plan de retiro de centrales a carbón, al día de hoy, se han desconectado ocho unidades; al 2025, siete centrales estarán disponibles para ser retiradas y otras cinco para ser reconvertidas, mientras que las restantes ocho deben cesar operaciones o reconvertirse no más allá del 2040.
Sobre las medidas que debería tomar el gobierno, la CUT releva la importancia de continuar con el trabajo junto con el Ejecutivo, por ejemplo, para la creación de una agencia o Instituto de Transición Justa -según el modelo español-, “modernizar el Plan Laboral en un trabajo tripartito, fortalecer las fiscalizaciones, definir si la política de producción potenciará la industrialización verde y crear mecanismos que obtengan recursos para costear el proceso”, enumera Ochoa.
“El Estado debiera generar una Ley de Transición Energética Integral, que defina una calendarización de retiro de plantas termoeléctricas en general, no solo el carbón, atendiendo a criterios técnicos, que sea revisable cada cinco años para ajustar plazos, y que defina criterios para reubicar, reconvertir o compensar a los trabajadores”, indica el dirigente de Enel-Bocamina II.
En línea con la CUT, Leiva agrega la necesidad de un ente público permanente que garantice una transición justa. “El Estado debe integrar la planificación laboral, social e industrial en el desarrollo de sus políticas verdes, reinventando empleos en la economía del futuro. Debe generar programas de reconversión, con el modelo de Alemania y Austria; dotar a trabajadores de nuevas habilidades para el resto de su vida laboral”, y cita como ejemplos, la operación en plantas de aguas, de hidrógeno y amoníaco verde.
“Es fundamental la negociación colectiva por rama de actividad. Con sindicatos de 40 personas no es posible abordar de manera balanceada los desafíos que están sobre la mesa. La negociación ramal es un paso estratégico, permite que los trabajadores se organicen con otros grupos de la sociedad civil, como comunidades y ONG, formen coaliciones y puedan contestar decisiones patronales o del gobierno cuando es necesario. El gobierno debe impulsar esto, con convicción y no como un intento fallido antes de saber el resultado”, subraya Durán de la Fundación SOL.
El Ministerio del Trabajo ve el futuro con optimismo y apuesta por seguir con una ampliación de políticas públicas. “Esperamos que continúe el proceso y que se verdericen otros sectores. La Estrategia de Hidrógeno Verde es un ejemplo claro, su plan de acción busca que los proyectos de inversión cumplan con estándares que permitan beneficiar a los trabajadores locales. Para esto es necesario reconvertir y tener políticas de formación robustas, como las que hemos venido desarrollando con los Consejos Regionales de Capacitación, la modernización de ChileValora, el fortalecimiento del Seguro de Cesantía y la futura Política Nacional de Capacitación”.
