Los principales debates en la COP16 siguen girando en torno a la movilización de recursos financieros para proteger la biodiversidad del planeta. De hecho, en el segmento de alto nivel del martes 29 de octubre, varios presidentes y ministros de Estados parte manifestaron la necesidad de que las cantidades de recursos financieros aumenten, sean de más fácil acceso para pueblos indígenas y comunidades locales, y se distribuyan de manera justa y equitativa.
En ese contexto, la participación del sector privado se considera indispensable para alcanzar la Meta 19 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, que busca movilizar 200 mil millones de dólares anuales de aquí a 2030 a través de mecanismos de financiamiento novedosos como los créditos de biodiversidad.
Estos créditos son un certificado que representa una unidad, medible y basada en la evidencia, de un impacto positivo en la biodiversidad en un período de tiempo determinado. Los certificados pueden ser vendidos para financiar acciones de conservación y restauración a empresas privadas que quieran compensar los efectos negativos de sus actividades en los ecosistemas. Su canje constituye un mercado que hoy mueve cerca de dos millones de dólares a nivel mundial, pero que podría alcanzar los 2 mil millones de dólares para 2030 y 69 mil millones de dólares para 2050, de acuerdo con proyecciones del Foro Económico Mundial.
“Yo creo que hay que ir despacio y verlo con mucho cuidado, porque definitivamente, al igual que con el [mercado de] carbono, esos instrumentos deben tener una gobernanza fuerte y tampoco se pueden ver como la panacea del financiamiento”, nos respondió la Ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, al final de un evento del Día de las Finanzas y Biodiversidad de la COP16, el pasado 28 de octubre.
De hecho, aunque este no es un ítem en la agenda de las negociaciones multilaterales que se realizan en Cali hasta el próximo 1 de noviembre, los créditos de biodiversidad aparecen frecuentemente en las conferencias de prensa y los eventos paralelos sobre movilización de recursos financieros. Y mientras algunas voces defienden con entusiasmo sus virtudes y abogan por su expansión a nivel global, otras piden avanzar con cautela.
El desafío de medir la biodiversidad
La idea de crear mecanismos financieros para compensar la pérdida de biodiversidad se está trabajando desde la década de 1990. Sin embargo, el rápido desarrollo de los mercados de créditos de biodiversidad se viene dando desde hace unos cinco años, como respuesta al fracaso en el alcance de las Metas de Aichi, predecesoras del Marco Mundial Kunming Montreal.
Su acogida en el mundo empresarial se explica en gran medida por la creencia de que estos créditos son una manera de reconocer y cuantificar el valor de la naturaleza, y de que son un mecanismo efectivo para alcanzar una economía sostenible, con un impacto neto positivo en los ecosistemas.
En Colombia, la empresa Terrasos comenzó a comercializar créditos de biodiversidad en 2019 para el cumplimiento de obligaciones ambientales de las empresas, y desde hace dos años lo hace para el mercado voluntario. Mariana Sarmiento Aparicio, directora y fundadora de Terrasos, nos explicó que cada uno de sus créditos equivale a un área de diez metros cuadrados por un período de treinta años, “que representa un resultado ambiental que ya está cumplido, asegurado y validado”. Desde octubre de este año, cualquier persona puede comprar estos créditos a través de su plataforma web.
“Para nosotros, los créditos de biodiversidad son un mecanismo en donde todos podemos devolverle de alguna manera a la naturaleza lo que nos ha dado, pero también es una forma de que las empresas que dependen de los ecosistemas para sus cadenas de valor puedan asegurar esos servicios ambientales, como la polinización, la regulación hídrica, el material genético, que son fundamentales para sostener la productividad de los territorios de los países”, agregó Sarmiento Aparicio.
Desde otro lugar, Sebastián Ortiz, director del área de soluciones sostenibles de Campo Capital, aclaró que “podemos tener varias similitudes con el mercado del carbono, pero la ventaja de los créditos de biodiversidad es que se enfocan netamente en el componente biótico y su implementación es mucho más integral, porque se concentra en los servicios ecosistémicos, la fauna y la flora”. Su empresa tiene actualmente dos proyectos de créditos de biodiversidad en fase de estructuración en Colombia y otro más en Tanzania.
Uno de los grandes desafíos de los créditos de biodiversidad es la metodología para trazar la línea base y para medir el impacto de las acciones financiadas en los ecosistemas. Según nos contó Ortiz, su empresa utiliza un estándar desarrollado por Savimbo –una organización que reúne a científicos de varios países e indígenas de la Amazonía colombiana– que cuantifica las ganancias netas en biodiversidad a partir del avistamiento de una especie indicador por hectárea. Este indicador tiene un máximo de 12 créditos de biodiversidad por hectárea al año, que corresponde con un promedio de un avistamiento al mes.
Otro de los grandes desafíos es cómo evitar la doble contabilidad, otra de las discusiones álgidas en la COP16. Lo que se quiere evitar es que se implemente un proyecto de biodiversidad y otro de carbono en la misma área. Según nos explicó Ortiz, como parte del proceso de validación y verificación, un panel de expertos recibe la documentación del proyecto para verificar que no haya ningún otro en el área que lleve financiamiento de este mismo ni de otro mecanismo. Para ello existen herramientas como la plataforma RENARE, del Ministerio de Ambiente, y los mapas de la Agencia Nacional de Tierras.
Regular la “mano invisible” del mercado
“En cinco años vamos a hablar de un mercado gigante, sin embargo, en este momento le falta un poco de regulación y asociatividad, es decir, el gobierno piensa una cosa, los privados piensan otras cosas, los estándares y metodologías ya están avanzando; falta generar un mercado integral, que aún está en construcción”, opinó Ortiz de Campo Capital.
“Antes de hablar de mercado, deberíamos estar pensando en cómo generar una industria de la restauración y de la conservación de nuestros ecosistemas”, dijo Sarmiento Aparicio, de Terrasos. Para ella, es muy importante que los gobiernos estén involucrados en la discusión de los créditos de biodiversidad y moldeen su desarrollo para garantizar que estos nuevos recursos faciliten el cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Biodiversidad y del Marco Mundial Kunming Montreal.
“Parte de la duda es que no todo el mundo que está hablando de créditos de biodiversidad está conectado con el propósito del largo plazo y de alta integridad. Mientras esa conversación madura, los bancos de hábitat son una herramienta muy sólida en la norma, pero hay que seguir invirtiendo en su fortalecimiento, porque hoy vemos el riesgo de que se pueda debilitar”, agregó Sarmiento Aparicio.
Los bancos de hábitat son las áreas de conservación y restauración de la biodiversidad sobre las cuales se pueden generar créditos de biodiversidad. En Colombia, esta figura está reglamentada por la Resolución 1051 del 2017 y actualmente el Ministerio de Ambiente se prepara para emitir una nueva norma para su aplicación.
“Cuando un crédito de biodiversidad está atado a un banco de hábitat en Colombia, tiene unas condiciones de integridad, pues este banco está registrado, le ha tocado demostrar que está alineado con la política pública y con los esquemas de relacionamiento. Y en la medida en que está registrado, permite dirigir recursos de las compensaciones obligatorias. La apuesta es que haya muchos más bancos de hábitat”, agregó Sarmiento Aparicio.
Sobre esta necesidad de garantizar la visión a largo plazo coincide Sandra Sarmiento Neira, directora de Terra Global Capital, una empresa que actualmente está estructurando un proyecto piloto para venta de créditos de biodiversidad en el Pacífico colombiano. “El inversionista está interesado en que su negocio sea próspero en el tiempo, lo único es que debe estar de acuerdo al comportamiento de la naturaleza, porque el árbol no tiene el afán que tiene el inversionista”, afirmó durante un evento en la Zona Verde de la COP16. “La biodiversidad requiere que hagamos una pausa, porque estamos demasiado acelerados, queremos correr tan rápido como el ritmo de las inversiones. Y resulta que la naturaleza está completamente ajena a este afán que tenemos”, manifestó.
Por su parte, Felipe García, gerente del Centro de Economía y Finanzas de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, consideró que “no se pueden apostar ‘todos los huevos’ a un solo instrumento”. En su opinión, los créditos de biodiversidad son un instrumento financiero más, donde Colombia podría tener muchas oportunidades, pero también señala que hasta el momento son complejos de implementar.
“Es importante involucrar al sector privado con un portafolio amplio de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y recuperación de los bosques a través del mercado. Un ejemplo concreto son los productos no maderables del bosque y su conexión con la generación de ingredientes naturales. Ciertos sectores de empresas como alimentos, bebidas, cosmética, química verde, salud, bienestar, etc., pueden incorporar en sus cadenas de valor este tipo de productos”, agrega García.
Garantizar los derechos de las comunidades
Según expresó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en una entrevista pocas semanas antes de la COP16, una de las principales preocupaciones de su cartera frente a los créditos de biodiversidad es que estos “no pueden terminar siendo una extracción, una explotación por parte privados de unos activos, que son de la nación y que son también de las comunidades”.
La ministra se refiere a las numerosas denuncias que se han hecho, en Colombia y el resto del mundo, sobre las irregularidades en el funcionamiento del mercado de bonos de carbono y la vulneración de los derechos de las comunidades en los territorios donde se ejecutan las iniciativas REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal), que se financian en gran medida a través de estos bonos.
La Sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Ambiente crear un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos REDD+ en territorios indígenas, que incluya una estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación de los proyectos, así como formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en estos proyectos.
En esta misma línea, a finales de agosto pasado el ministerio presentó al Congreso una propuesta para regular el mercado del carbono, orientada a fortalecer la gobernanza y permitirle al Estado intervenir en algunos puntos críticos de la cadena de emisión y canje de estos bonos.
Esta es una preocupación que comparte un amplio sector de la sociedad civil. Linda González, coordinadora del área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva, alertó que los créditos de biodiversidad son una “falsa solución basada en la naturaleza”, que estaría repitiendo la historia del mercado del carbono. Según González, éste es un mecanismo que desde su creación, en 1997, no ha demostrado ser una medida efectiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que, por el contrario, les ha permitido a las empresas continuar y expandir sus actividades nocivas para el medio ambiente.
Censat hace parte de una coalición de más de 40 redes y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, que se han movilizado durante la COP16 para denunciar que los mecanismos de compensación, como los créditos de biodiversidad, se apoyan en la idea de que es necesario conservar el 30% de las áreas terrestres y marinas de la Tierra (Meta 3 del Marco Mundial Kunming Montreal) mientras se justifica la destrucción del 70% restante. En su lugar, piden la adopción de medidas concretas para abandonar los combustibles fósiles como la única vía para salir de la crisis de la biodiversidad.
