Entre el 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2022 se registraron 630 derrames de petróleo en territorio nacional. En promedio, ocurren 22,5 derrames al mes, 5,6 derrames cada semana, según informó el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El 97% de los derrames ocurrieron en manos de empresas del Estado ecuatoriano. 125 derrames de Nivel 3 constituyen emergencias ambientales, verdaderas catástrofes, donde las Operadoras deben responder e indemnizar por los daños al medio ambiente, salud, falta de acceso al agua y hasta ofensas a los derechos humanos de la población. ¿Se registran los contratos de remediación en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) y el portal de Datos Abiertos de Contratación Pública del Ecuador (OCDS)? Si no se registran ¿encubren un lucrativo negocio de remediación ambiental?
En respuesta a una solicitud de información, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) detalló: “el 80.16% corresponde a derrames que ocurren dentro de las instalaciones operativas, mismas que cuentan con impermeabilización, o en el derecho de vía, mientras que el 19.84% restante corresponde a derrames nivel 3, siendo estos los que tienen afectación a componentes ambientales y/o a sociales”.
Según el MAATE, las empresas públicas son responsables del 97% del total de 630 derrames ocurridos entre enero de 2020 y abril de 2022, a saber: 393 derrames de Petroecuador (62,4%) y 218 de Petroamazonas (34,6%). En base a estos datos, un promedio de 22,5 derrames ocurren al mes en Ecuador, es decir, 5,6 derrames por semana.
El dato duplica la cifra de 10 derrames por mes ocurridos en la última década, que en promedio calcula 2,5 derrames por cada semana como se dio a conocer en la prensa local. Más preocupante, el reporte de MAATE muestra que a medida que las tuberías cumplen más años de vida útil transportando petróleo y sus derivados, mayor es la frecuencia de derrames y el volumen aumenta, explicó Alexandra Almeida, activista en Acción Ecológica y especialista en el tema.
En 2010, la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) se transformó en Empresa Pública con autonomía administrativa, operativa y patrimonio propio para “garantizar una mayor participación estatal en la gestión de este recurso”. Desde 2013, Petroamazonas realiza la fase de exploración y producción y Petroecuador está a cargo de las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.
El transporte de crudo producido en la Región Amazónica se realiza mediante oleoductos mientras que el combustible va por poliductos como el de Shushufindi-Quito que sólo en 2021 presentó 10 derrames Nivel 3, y el poliducto Esmeraldas-Santo Domingo seis derrames Nivel 3 entre enero 2020 y abril de 2022.
Otros derrames de crudo devastadores ocurrieron en 2009 y 2013 con el vertimiento de 14.000 bdp y 11.480 bdp respectivamente en la misma zona del “evento de fuerza mayor” -expresión que usa OCP para referirse al derrame del 7 de abril de 2020- afectando a los ríos Coca y Napo. El derrame e incendio en la Refinería Esmeraldas de 16.000 bdp en 1998 provocó un incendio en la Refinería que dejó 10 fallecidos.
Si no existen las condiciones óptimas para la operación eficiente del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) ¿cómo pretende el gobierno del presidente Guillermo Lasso alcanzar la producción diaria de un millón de bdp? El reciente Paro Nacional que duró 18 días en Ecuador logró la derogatoria del Decreto 95 para expansión de la frontera petrolera, sin embargo, la política extractivista de Lasso es clara y se mantiene.
El OCP es operado por la Compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. Mide 465 km y transporta el crudo desde Lago Agrio en la amazonía ecuatoriana hasta Esmeraldas en la costa con base en un contrato firmado en 2001, a 20 años desde el inicio de su operación en 2003. El contrato establece que la empresa y la infraestructura del OCP pasará de forma gratuita al Estado en noviembre del 2023. Tomando en cuenta la serie de rupturas que afectan el estado del OCP y la intención de construir nuevas variantes, ¿en qué situación se hará este traspaso de OCP al Estado ecuatoriano?
¿Qué pasa cuando las empresas públicas son las de mayor responsabilidad en los derrames? El gasto operativo recae sobre las empresas públicas. En la práctica, Petroecuador y Petroamazonas asumen el papel de una gran cuadrilla especializada en hacer el “trabajo sucio” y limpiar los desastres ambientales que se presentan en el sistema hidrocarburífero, aunque este sea responsabilidad de otras Operadoras.
Las Operadoras extranjeras con presencia en Ecuador son: Andes Petroleum y PetroOriental, creadas con capital de China National Petroleum Corporation y China Petrochemical Corporation; Pacifpetrol (parte de Petrogas Service Group Corp.), Orion Energy, ENAP SIPEC sucursal de la petrolera estatal chilena Enap; Repsol de origen español.
El artículo 396 de la Constitución del Ecuador establece “la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”, mientras el artículo 397 señala que en caso de daños ambientales, “el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas”. Cabe la sanción al Operador de la actividad que produjera el daño, multas que son ínfimas en comparación al daño ambiental.
Emergencias ambientales, acceso y transparencia de la información
Del total de 630 derrames registrados por el MAATE, 125 son considerados emergencias ambientales conforme al artículo 76 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) de 2020. El 98,40% de los derrames Nivel 3, son responsabilidad de Petroecuador y Petroamazonas. Antes de 2020, sólo se registraban derrames superiores a cinco barriles de petróleo.
Existen tres niveles de emergencia ambiental o remediación de áreas afectadas por derrames: el Nivel 1 dentro de una área operativa y el Nivel 2 dentro del derecho de vía (DDV) de ductos principales o secundarios para transporte de hidrocarburos o dentro de las instalaciones del operador, se consideran “no genera impactos ambientales”. En el Nivel 3, el Operador debe presentar un plan emergente, un informe de compensación o indemnización y el informe de acciones de remediación por la afectación a las plantas, animales y personas.
Dos derrames por la ruptura de Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP) destacan por volumen y destrucción: el 7 de abril de 2020 con 15.800 bdp derramados en los ríos Coca y Napo y el 28 de enero de 2022 con 6.300 bdp afectaron 2,1 hectáreas del Parque Nacional Cayambe-Coca. Ambos localizados entre Napo y Sucumbíos y calificados como “emergencias ambientales” de Nivel 3 y de gran impacto en la salud de los pueblos originarios y los ecosistemas de la Amazonía ecuatoriana.
Sin embargo, estos dos derrames representan menos del 2% en el reporte del MAATE. Enumerar derrames sin el dato correspondiente al volumen o la georeferenciación, incide en la minimización de la problemática, y entorpece el acceso a la información a la que tienen derecho las comunidades afectadas por los desastres ambientales.
El reporte del MAAATE tampoco muestra la corresponsabilidad de los socios de OCP entre los que figuran las empresas chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco y la norteamericana Occidental Petroleum. Por el contrario, las cifras de derrames recaen sobre la administración estatal del sector hidrocarburífero.
¿Cuánto cuesta remediar la contaminación continua del río Coca? ¿Cuánto tiempo toma que el suelo, aire y agua se recuperen? ¿Cuántas vidas mata un derrame petrolero? No hay respuestas oficiales.
Para la publicación de este reportaje se consultó a Petroecuador y al Ministerio de Energía y Minas en reiteradas ocasiones. Se niegan a responder las solicitudes de información, a atender llamadas y mensajes. No registran las consultas en los sistemas de atención ciudadana o en los informes que rinden a la Defensoría del Pueblo. En el certificado No. 1729667984 de presentación del informe anual de cumplimiento de de la LOTAIP con fecha 04 de marzo de 2022, no consta la petición de información que se hizo para publicar el reportaje sobre contratos de responsabilidad social con pueblos originarios en la Amazonía ecuatoriana.
La correcta aplicación de la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia a la Información (LOTAIP), el Acuerdo de Escazú así como el Plan de Gobierno Abierto 2020-2022, harían toda la diferencia en casos de derrames de petróleo. Las autoridades ambientales y responsables de la administración estatal hidrocarburífera están en la obligación de rendir cuentas y responder las consultas ciudadanas a través de las cuales, la sociedad civil fortalece el sistema de derecho y garantías.
15.800 barriles de petróleo derramados en un solo día
Antes de que salga el sol, los niños se lanzaron a los ríos Napo y Coca a bañarse, a jugar. Cuando salieron, tenían adherida a la piel el crudo que solo pudo quitarse restregando diésel con un estropajo. Y a veces, crudo y piel se desprendieron. El olor nauseabundo del combustible invadía la madrugada hasta filtrarse en los hogares de comunidades kichwas y shuar.
El 7 de abril de 2020, la ruptura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y Poliducto Shushufindi-Quito ocasionó el derrame de 15.800 bdp en los ríos Napo y Coca, el equivalente aproximado a una piscina olímpica. Esta catástrofe ambiental se dio al inicio de la pandemia y en plena declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19 cuando la gente más necesitaba asegurar su acceso al agua.
En esos días, una caminata en las riberas del Coca o Napo podía verificar el estallido viscoso y oscuro cubriendo a las plantas, a los animales arrastrándose en asfixia y una nube de vapor elevándose sobre una mancha larga y aceitosa. Petróleo y combustibles se esparcieron en los caudales de los ríos sagrados, lugar de encuentro y pesca, fuente de agua para 27 mil personas, entre colonos e indígenas de 109 comunidades kichwas y shuar en Napo y Sucumbíos.
Aunque por ley, las operadoras están obligadas a informar y las autoridades deben alertar, fue la misma población la que debió denunciar. Los niños tuvieron contacto con el agua, animales y suelos contaminados. Lo mismo ocurrió con el derrame del 28 de enero de 2022, cuando se derramaron 6.300 bdp en San Rafael, cerca del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe-Coca, las primeras alertas y denuncias públicas provinieron de comerciantes hoteleros de la zona y no de las entidades ambientales.
Este es el testimonio de Carlos Jipa de 39 años, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE). Los pueblos amazónicos afectados empezaron una larga lucha por el derecho básico al agua, protección de la naturaleza, entre otros que reconoce la Constitución del Ecuador. Carlos Jipa llamó al COE cantonal, a la Gobernación, a la Prefectura. El médico del cantón se negó a atenderlos, recuerda con dolor.
-¿No tienes miedo de enfermarte Bertina?
— Gaby Ruiz (@GabyRuizMx) January 31, 2022
-Sí pero no tengo de otra.
-Para tomar agua y cocinar ¿de dónde sacas agua?
-De la lluvia.
-¿Quieres que esto cambie?
-Sí
-Envíale un mensaje al gobierno
-Le pido que me de un río.@DDHH_Alianza #SOSAmazonia @EPPETROECUADOR@OCPEcuador pic.twitter.com/B0Aror5EnJ
El 29 de abril de ese mismo año, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos, presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano y la empresa privada OCP por la presunta vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano y a la información.
Después de cinco meses, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña negó la acción de protección y medidas cautelares, por considerar que “la sola afirmación” de violación a sus derechos no es suficiente. Inredh considera que el juez Oña descalifica la demanda de los perjudicados como meras “insatisfacciones”.
Remediación: ¿una política para la prevención de emergencias o de negocios opacos?
Los casos de emergencia ambiental podrían tener un giro si los informes de gestión de Petroecuador reflejaran el ejercicio de los recursos para la contratación de empresas remediadoras y obras de limpieza o contención del derrame. En sus redes sociales, la Gobernación de Napo anuncia obras de “electrificación, agua potable, alcantarillado, y remediación ambiental para cuidar las riberas del río Napo”.
Por su parte, Petroecuador comunicó en su cuenta de twitter que en las obras de remediación trabaja personal de Restauración Ambiental del campo El Salado (Napo) y las cuadrillas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 30 funcionarios de Petroecuador y delegados de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR). El personal suma 1.191 personas aproximadamente, 1.015 de ellas (85,2%) pertenecen a las comunidades. También revela la participación de OCP Ecuador, en el entendido de que es la Operadora responsable.
En mayo de 2020, Petroecuador comparece a audiencia por Acción de Protección, en la provincia de Orellana donde informa de la contratación de tres empresas remediadoras: Arcoil, Corena y PecsAmbiente, por EP PETROECUADOR y OCP Ecuador para efectuar los trabajos de remediación, trabajan en 220 puntos de recuperación ambiental, en 25 de ellos se realizan labores de desbroce y recolección de material contaminado.
Este es el dato disparador de la búsqueda de información en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) y Datos Abiertos de Contratación Pública del Ecuador (OCDS), bajo el supuesto de que la contratación de servicios de remediación, compras de indumentaria, materiales y equipo debe constar en documentación pública y dejar una huella para su seguimiento y auditoría.
No existen informes o documentos oficiales publicados en las webs gubernamentales con las cuales se puedan verificar las acciones de “contención y remediación”, denuncia la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador: “únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias.” El desastre ambiental del 7 de abril de 2020 estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020, y fue la advertencia de los riesgos de erosión del río Coca.
En enero de 2022, Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, compareció en la Asamblea Nacional del Ecuador. Admitió sobre derrames de combustibles y contaminación: “Esto es recurrente. Cualquier momento tenemos otro problema” confirma la sospecha de los ambientalistas y comunidades denunciantes. En el derrame del 2020: “Los ductos estaban llenos y la contaminación llegó a los ríos (Coca y Napo)” explicó dejando claro que las autoridades conocían y debían prevenir esta catástrofe ambiental.
De forma tajante, Cedeño impuso como política institucional que “el derrame de petróleo se mide en barriles de petróleo no en pérdidas de vidas”, anteponiendo el valor de las pérdidas monetarias por sobre la extinción de los ríos, los pueblos originarios y el bosque Amazónico. “Se logró el 100% de remediación en tiempo récord” cerró su alocución sin mayor oposición en el Pleno de la Asamblea.
Se hace necesario insistir en que ni el Ministerio de Energía y Minas o la gerencia de Petroecuador ha respondido a las solicitudes de información para este reportaje proporcionando el detalle del volumen de barriles de petróleo, crudo pesado o sustancias químicas derramadas entre enero de 2020 y abril de 2022. La falta de transparencia va en perjuicio de la transparencia y fortalecimiento de la democracia, poniendo al alcance de los ciudadanos la información que deben usar para exigir justicia en los tribunales del Ecuador ante el impacto de estos crímenes ambientales.
El MAATE en respuesta a la solicitud de información aclara que el Ministerio de Energía y Minas, a través de su Agencia de Control, verifican los volúmenes de producción diaria, en el caso de pérdidas, valida los volúmenes faltantes con derrames reportados a la Autoridad Ambiental, considerando factores de corrección relacionados a temperatura, caudal, velocidad, viscosidad grado API, entre otros aspectos. Los referidos reportes deben ser adjuntados con las firmas de responsabilidad correspondientes para su validación respectiva y son la base de cálculo para obtener la cifra de cantidad de vertimiento.
¿Son públicos los datos de contratos de remediación en SOCE y OCDS?
Cuando ocurrió el derrame del 7 de abril de 2020, el Ministerio de Medio Ambiente y Petroecuador anunciaron en sus redes sociales la participación de empresas remediadoras en las labores de limpieza: Corena, Arcoil y Pecs.
Para la elaboración del presente reportaje, se revisó el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) y el portal de Datos Abiertos de Contratación Pública del Ecuador (OCDS) en búsqueda de los contratos de remediación de derrames petroleros ocurridos entre enero 2020 y abril 2022. El OCDS es una herramienta de consulta que permite acceder en tiempo real y de manera gratuita a la data de la contratación pública de emergencia.
No se encontraron contratos administrados por Petroecuador para servicios de remediación a nombre de las empresas remediadoras Arcoil, Corena o PECS en el portal de Datos Abiertos de Contratación Pública del Ecuador (OCDS). Se rastrearon 10 procesos de “contrataciones abiertas” para el mismo periodo de investigación, donde la “Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR” figura como entidad compradora o contratante.
La revisión también determinó el incumplimiento de estándares para consolidar datos públicos como que estén disponibles en formato libre, que sea susceptible de ser procesado y accesible a través de herramientas de tecnología y comunicación. El panorama que OCDS presenta es la apertura de información “a medias”. Se cargan procesos con con el título, descripción, ID, tipo de contratación, pero sin datos relevantes como Código CPC, provincia, proveedor, presupuesto o plazo de ejecución. En algunos casos, los procesos aparecen aún en ejecución aunque el plazo haya vencido.
De esos 10 procesos, hay dos de compras de materiales: el primero donde figura la “Corporación para los recursos naturales – Corena S.A” como la beneficiaria de la subasta inversa electrónica de “mangueras y accesorios para uso general” por un monto de $134.000,00; y el segundo, Arcoil Cia. Ltda. para la compra de “material de contingencia, insumos para uso en control de derrames de producto” por $32.594,26.
Uno de esos 10 procesos, registra como proveedor “Menéndez Arauz Marisol Alexandra” que registra en el SRI como actividad principal de su RUC el servicio de copia de documentos, impresión y otros servicios de oficina. Llama la atención que Menéndez sea la proveedora de “materiales para remediación ambiental” por un monto de $29.198,00. En el análisis del proceso se detalla que la contratación se hizo mediante subasta inversa “equipos de control ambiental, descontaminación, remediación; repuestos y accesorios”.
La subasta inversa electrónica se utiliza para adquirir bienes y servicios normalizados a partir de $6.779,95 para obtener el precio más bajo en el mercado. En este tipo de procedimientos se abre una puja que puede durar entre 15 a 60 minutos el mismo día. En el presupuesto ejecutado, el detalle de los procesos realizados bajo el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica no está disponible en razón del artículo 265 de la Codificación que indica que “el presupuesto referencial no será visible”, aunque por desconocimiento y cumplimiento de la normativa en Compras Públicas vigente, se encontró el detalle de esta información en algunos procesos de contratación.
En el SOCE se procedió a realizar la búsqueda de contratos hechos por Petroecuador en Régimen Especial, procedimientos especiales, procesos de contratación y Planes de Compras de entidades Contratantes (PAC).
Cabe señalar, que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé a la contratación por emergencia como un mecanismo para agilizar las adquisiciones de las entidades contratantes y asegurar su aprovisionamiento en tiempos mínimos.
Por Régimen Especial se encontró que Petroecuador realizó 131 procesos bajo esta modalidad por un valor de $82’765.567,17 para contratar servicios de mantenimiento y repuestos en donde el detalle de la descripción del proceso, no queda claro si se destinaron para labores de remediación.
Con procesos declarados desiertos y cancelados, la revisión del Plan Anual de Contratación de Petroecuador programado para 2020, 2021 y 2022, evidenció que el PAC se encuentra ejecutado por debajo del 50% de su programación, ¿se debe a un ejercicio ineficiente de recursos? ¿Ha sido auditado por los entes de control estatal? Recientemente, el nuevo ministro de Finanzas, Pablo Arosemena comentó que solo el 39% del presupuesto de salud y el 37 % para educación han sido ejecutados entre enero y julio de 2022. ¿Se trata de una estricta política de austeridad y reducción del gasto público?
Plan Anual de Contratación (PAC) de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador. Enero 2020 a abril 2022.
Año | Presupuesto programado en PAC $ | Número de procesos planificados | Ejecución del presupuesto $ | Número de procesos ejecutados | Porcentaje de Ejecución % |
2020 | $1.176’272.911,36 | 749 | $274’779.741,17 | 729 | 23,36 |
2021 | $856’194.400,72 | 925 | $343’830.500,42 | 705 | 40,16 |
2022 | $486’765.214,98 | 2400 | $31’864.934,25 | 92 | 6,55 |
Fuente: Con datos del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE). Nota aclaratoria para el número de procesos planificados en 2022, donde se planificaron 2400 procesos, y en el primer cuatrimestre sólo se ejecutaron 464, lo que equivale al 6,55 %.
La información consultada en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) lleva a concluir que las labores de limpieza, mantenimiento y remediación se realizan con recursos propios del Estado ecuatoriano, y que a la fecha, no existen procesos de contratación abiertos incumpliendo los objetivos del Plan de Gobierno Abierto 2020-2022, buenas prácticas de Open Government, Open Data y Open Contracting a las que aspira siendo parte de la Alianza para Gobierno Abierto .
Remediación, “un acto de fe”
Cuando se hace memoria, la comparecencia de Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, en el Pleno de la Asamblea en enero de 2022 asegurando que “Se logró el 100% de remediación en tiempo récord”, las imágenes devastadoras de los niños y niñas indígenas enfermos se imponen en los reportes periodísticos hechos en territorio amazónico. Las voces de sus dirigentes y mujeres exigiendo justicia y reparación persisten a pesar de todos los intentos por acallarlos.
Su descontento se hizo agenda de trabajo en el Paro Nacional convocado por el movimiento indígena y liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) este pasado junio de 2022. Lograron la derogatoria del Decreto 95 relacionado a la política de hidrocarburos y la reformatoria del Decreto 151 de extracción minera. El reclamo recurrente de las comunidades a la consulta libre e informada es un lado de la moneda, el otro, es precisamente las afectaciones al medio ambiente y a la salud de las comunidades.
Un futuro incierto le depara a la Amazonía, según el Panel Científico por la Amazonía (PCA) dio a conocer el resultado de una evaluación integral y holística del estado de la cuenca de la región y concluyó que de continuar las prácticas de deforestación, contaminación de sus ríos y suelo, lo más probable es que el bosque Amazónico se convierta en una gran sabana hacia 2030: “Si la deforestación total supera entre 20 y 25% de la superficie forestal, el proceso de conversión de la selva tropical en una sabana podría volverse irreversible, dado también por el marco del calentamiento global y el aumento de la vulnerabilidad al fuego”.
Los procesos de contratación constituyen un novedoso y contundente recurso para dar seguimiento a la toma de decisiones o falta de acciones de las entidades gubernamentales responsables frente a los derrames. En diferentes administraciones se toma en cuenta que las causas de los derrames pueden ser desgaste de la vida útil, negligencia, accidentes, catástrofes naturales y hasta sabotajes. Por ello la necesidad de dar seguimiento y auditar el ejercicio de los recursos públicos y las responsabilidades de compañías como OCP y socios extranjeros en el cumplimiento de planes de emergencia, indemnización y responsabilidad social.
La evaluación de la información recolectada para la presente investigación concluye en señalar las prácticas institucionales por parte del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, en especial de Petroecuador. En los informes anuales de rendición de cuentas la referencia a los procesos de remediación de pasivos ambientales es escueta y tiende a minimizar las demandas de los afectados. Conforme lo estipula el Código Orgánico del Ambiente se define al pasivo ambiental como aquel daño generado por una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado.
Al cierre de este reportaje, las peticiones son las mismas: provisión de agua potable y alimentos suficientes a todos los miembros de las comunidades afectadas por derrames, devolver los ríos Napo y Coca a las comunidades que sostienen un lazo cultural y de supervivencia con ellos. Luis Salazar, presidente de Gobierno Autónomo de El Chaco, en la provincia de Napo, confrontó la posición de Petroecuador revelando que la contaminación que se generó por el derrame del 7 de abril se extendió hasta casi llegar al Perú, y el impacto transnacional aún no se aborda. “Mi gente, donde consumía agua, puro petróleo. Llevé a funcionarios de OCP Ecuador para que lo vieran” manifestó indignado en la sesión de la Asamblea que pidió la comparecencia de las autoridades.
Luis Salazar, presidente de GAD El Chaco/Napo, increpa a @EPPETROECUADOR: La contaminación que se generó por el derrame del #7abr se extendió y casi llega al Perú. Mi gente, donde consumía agua, puro petróleo. Llevé a funcionarios de @OCPEcuador.@DDHH_Alianza @coicaorg @NapoAma pic.twitter.com/zJc4BG43Fd
— Gaby Ruiz (@GabyRuizMx) January 29, 2022
Parte de la red de actores gubernamentales que tienen información relevante para esclarecer el impacto de los derrames y procesos de remediación son el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Riesgos, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado que realiza auditorías, la Corte Constitucional del Ecuador y la Defensoría del Pueblo.
La Autoridad Ambiental Nacional realiza el seguimiento de los pasivos ambientales generados por los sujetos de control de las actividades productivas, mediante mecanismos de control como: auditorías ambientales y sus respectivos Términos de Referencia, inspecciones técnicas y atención a denuncias, en cumplimiento a lo establecido en los principios constitucionales y la normativa ambiental vigente. Entre sus herramientas de Datos Abiertos, se encuentra el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) que tiene desactualizada la información de ambiente en específico, el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y Sostenibilidad (SNIA).
Las prácticas de Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas faltan a la normativa vigente que ampara a los ciudadanos y periodistas para conocer los datos oficiales sobre hechos que afectan la supervivencia de comunidades e individuos, sin atender como es su responsabilidad, el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.
El gobierno de Lasso debe implementar el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2022, a través del Acuerdo de Escazú y la implementación del Estándar EITI para mejorar la transparencia financiera en las industrias extractivas en Ecuador (petróleo, gas y minería). Ahora mismo, el catálogo de Datos Abiertos Gubernamental alojado en el Sistema Nacional de Información posee escasos grupos de datos para lograr el despegue de un Gobierno Abierto como tal. Cabe destacar que el MAATE publicó 10 conjuntos de datos desde 2021 sobre áreas conservadas, autorizaciones de recursos hídricos, cuentas de huella, entre otros.
Petroecuador destaca como un logro el desarrollo de programas de Remediación de los pasivos ambientales y el desarrollo de programas de Responsabilidad Social en las Instalaciones y Áreas de Influencia de la empresa y como reto la remediación de pasivos ambientales en las instalaciones y áreas de influencia. Sin embargo, la auditoría social de su gestión demuestra una falta de alineación a los objetivos del Plan de Gobierno Abierto, donde son los ciudadanos y los mecanismos de participación los que fortalecen a las instituciones en democracia.
