En su Hoja de Ruta Energética 2050 y Plan Nacional 2010-2022, Honduras se ha fijado el objetivo de alcanzar una participación del 80% de energía renovable en la generación eléctrica total del país para 2038, pero enfrenta desafíos.
El ranking de generación eléctrica renovable, de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE 2022), coloca a Honduras en el séptimo y último lugar de países que tienen una participación renovable eléctrica en Centroamérica.
Costa Rica se basa en una matriz eléctrica renovable del 100%, El Salvador y Panamá de 84%, Belice de 76%, Nicaragua de 74%, Guatemala de 71%. En Honduras, 65% de la generación eléctrica es renovable. Cabe destacar, sin embargo, que gran parte de la energía renovable de los países mencionados proviene de hidroeléctricas. En Honduras también es así, y el país sigue retrasado en renovables en general, y aún más en renovables no convencionales.
La matriz energética de Honduras está compuesta por un 33% de fuel oil (derivado del petróleo), un 18% de energía hidroeléctrica de embalse y un 16% de hidroeléctrica de tipo run-of-river (ROR). Además, el 9% proviene de energía solar, el 7% de eólica, el 7% de coque, el 3% de bagazo, el 3% de geotermia, el 2% de diésel y el 2% de biomasa.
Con respecto a energías renovables no convencionales (ERNC) Honduras tiene actualmente un aporte de 549 MW (15.05%) en plantas solares y 238 MW (6.91%) en eólicas.
De hecho, actualmente existen más de 50 plantas hidroeléctricas, pero solo 17 plantas solares y tres eólicas.
El gobierno hondureño se propone aumentar de aquí a 2030 la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética, las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles.
Sin embargo, en los últimos años, la proporción de generación renovable en su matriz energética ha disminuido de un 62% en 2021, a 60% en 2022, y 52% en 2023.
En su Plan Indicativo de Expansión de la Generación 2022-2031 se específica que el gobierno hondureño no espera tener más plantas eólicas o solares para los próximos años.
“Este gobierno no ha dado muestras de una estrategia bien pensada para ir avanzando en una ruta con una meta que cada tantos años incremente la proporción de generación renovable”, opina Ángel Baide, consultor independiente y expresidente de la Comisión Nacional de Energía.
Honduras tiene una mala imagen internacional debido al alto endeudamiento que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que hizo que pagara menos a generadores privados, acumulando año tras año deudas con las compañías.
Al sector energético Honduras le debe 12,000 millones de lempiras (300 mil millones de dólares), de acuerdo con los datos de la la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER).
La administración de Erick Tejada, ministro de Energía, está basada en una reforma energética que incluye la renegociación de contratos con generadores de energía para ahorrarle gastos al Estado en costos.
Climate Tracker intentó contactar al ministro Erick Tejada, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.
Marco jurídico débil e infraestructura insuficiente
Aunque Honduras tiene una serie de políticas y acciones para impulsar las energías renovables como el decreto 70-2007 que da incentivos a ese sector, existe una falta de certeza jurídica para los nuevos generadores de energía, debido a las frecuentes modificaciones en los contratos de energía y la posibilidad de nacionalización de activos si los generadores se niegan a bajar las tarifas.
Por ejemplo, en 2022 se aprobó la “Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano de naturaleza económica y social”. A pesar de ser una forma de proteger el acceso al servicio, esta decisión es vista como una amenaza para los generadores, puesto que, básicamente establece que si no se adaptan a bajos precios el Estado puede comprar las empresas a un “justiprecio”.
Baide explica que otro problema radica en la eliminación de incentivos para los generadores.
“Los incentivos fiscales continúan para las renovables, pero son necesarios los incentivos económicos también”, señaló. Baide considera algunas incongruencias en las políticas energéticas en Honduras pues a la generación térmica sí se les dan estos incentivos.
“Por años de años aquí los combustibles usados para generar electricidad están exentos de impuestos. Entonces, ¿cómo puede el gobierno decir ‘Yo tengo una política de promover la generación renovable’ cuando estoy dando incentivos a la generación térmica, que son la competencia?”, cuestionó.
Además, las ambiciones nacionales de energía renovable y desarrollo sostenible en Honduras se enfrentan a importantes limitaciones de infraestructura. Por ejemplo, se necesitan inversiones significativas para mejorar la calidad de los servicios de energía y agua, incluyendo mejoras en la cobertura y la conectividad.
El país cuenta con una infraestructura que necesita mejoras para generar, almacenar y transportar energía renovable y muchas veces dependen de otras potencias que brinden tecnologías como China, Japón y otras potencias líderes en estas áreas.
El estudio del BID La Red del Futuro apunta a que para llegar al menos a 70% de una matriz eléctrica renovable en 2030 serán necesarios al menos 30 mil millones de dólares por año en inversiones.
Mala imagen internacional
La salida del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución internacional que forma parte del grupo Banco Mundial, puede dificultar que los inversores resuelvan sus disputas con el gobierno, lo que podría disuadir la inversión.
Esta decisión se produjo luego de una disputa entre el gobierno hondureño y una empresa estadounidense llamada Honduras Próspera, que reclamaba una indemnización de 10.700 millones de dólares después de que el gobierno aboliera el programa ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico).
El gobierno de Honduras criticó la actuación del CIADI por presuntamente no considerar las leyes hondureñas y debilitar la soberanía del país. Al salir del CIADI, Honduras buscaba resguardar su soberanía y eludir demandas costosas que podrían dañar su economía.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), respondió a esta acción – mediante un comunicado – calificándola como un golpe al desarrollo y un cierre en la cara a la inversión extranjera.
