En 2024, la aldea Macanché, al norte de Guatemala, experimentó olas de calor extremas que afectaron las cosechas de hortalizas para el consumo y de plantaciones productivas como el ramón (Brosimum alicastrum). “La falta de lluvia también nos enfermó a las gallinas. Yo, de tener 50, solo me quedé con dos”, contó Yesenia Alveño, presidenta de la Asociación Muralla de León (AMUL), una cooperativa de mujeres que se dedican al cultivo y proceso de la semilla del árbol del ramón.
Las olas de calor que impactaron en los meses de mayo y junio de 2024, provocaron que los árboles de ramón no dieran frutos como se esperaba. Además, según reconoció Alveño, desde 2018 la siembra y cultivo se hizo difícil debido a la variabilidad climática que viven anualmente. “No solo es el ramón”, prosiguió, “también la milpa, el frijol y el macal sufren por la falta de lluvia”.
Y eso se notó también este año. A mediados de abril, la comunidad se preparaba con entusiasmo para recibir un grupo de 40 turistas mexicanos que llegaría para conocer el valor cultural y alimenticio de la semilla. “Las cosechas han estado flojas y esta visita nos venía muy bien para nuestros ingresos”.
Lo que nadie esperaba era el golpe del clima. Aunque abril suele ser cálido y seco —con máximas de hasta 37 °C y un promedio de apenas 34 mm de lluvia—, este año el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) registró un evento inusual: un frente frío proveniente del norte.
“¿Un frente frío en abril? Nos botó el techo donde tenemos el horno para procesar las semillas. También tumbó árboles. Y lo peor es que no sabíamos que venía”, lamentó Alveño.
Pese a que en 2010, Guatemala fue considerado como el segundo país más afectado por el cambio climático según el Índice de Riesgo Climático Global, no fue sino hasta la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) que se publicó el informe de “Pérdidas y Daños por Efectos del Cambio Climático”.
Este se hizo con el fin de convertirse “en un punto de partida para que el Estado disponga de elementos cualitativos y cuantitativos para tomar decisiones estratégicas sobre la ruta a seguir para establecer las medidas necesarias de adaptación y con ello reducir el efecto negativo recurrente en los esfuerzos por atender y alcanzar las prioridades y metas nacionales de desarrollo”.
Lo más difícil, según cuenta, es que para la gente de Macanché, la única alerta temprana que tienen es una frase repetida con resignación: “Hoy sí está fuerte el calor”. Además, en caso de pérdidas provocadas por eventos meteorológicos extremos, no saben a quién acudir.
El inusual frente frío de abril le causó pérdidas de hasta Q12 mil (unos 1.500 dólares) a AMUL. Por la pérdida de cultivos y animales de granja generada por las olas de calor, Alveño contó que recibieron la visita de personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA).
“Vinieron, nos pidieron datos, nos hicieron firmar un convenio de apoyo económico por Q3 mil (unos 390 dólares), pero hasta la fecha no hemos vuelto a saber de ellos”.
Lo vivido por Alveño y su comunidad no es un caso aislado, sino parte de una tendencia nacional que lleva décadas acumulando costos.
¿Quién paga las cuentas?
En la década de 1940, Guatemala comenzó a contabilizar las pérdidas y daños que el país sufrió debido al impacto de eventos meteorológicos extremos. Entonces, la factura ascendió a $147 millones. Para el período 2010-2019, el monto ascendió a los $1,320.1 millones, lo que denota un aumento en la cantidad de eventos y la falta de preparación de parte de las autoridades nacionales para reducir estos impactos.
Pero ¿qué es exactamente y a qué se refiere el concepto “pérdidas y daños”? De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, las pérdidas y daños se refieren a los efectos negativos del cambio climático que se producen a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación. Hay que recordar que la mitigación aborda las causas del cambio climático, mientras que la adaptación aborda sus impactos.
El documento elaborado por SEGEPLAN reconoce que los cambios en el comportamiento del clima tendrán un impacto directo en la población y las actividades productivas agrícolas. Entre sus recomendaciones destaca el fortalecimiento de las capacidades “técnicas y de generación de conocimientos e información sobre el cambio climático en las instituciones públicas, de acuerdo a sus funciones y competencias”.
El país cuenta con una Ley de Cambio Climático desde 2013. Ese año también se creó el Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC). Este surgió con la finalidad de ser el máximo ente de decisión y coordinación de acciones necesarias para la mitigación y adaptación climáticas.
Desde entonces, MAGA, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otras oficinas estatales cuentan con presupuesto asignado para actividades relacionadas con el cambio climático. En 2024, el MAGA asignó 684 mil ($88 mil) a su Unidad de Cambio Climático, aunque en el desglose solo se detalla que ese dinero fue utilizado para “Servicios de asesoría para la incorporación del enfoque de Cambio Climático”.
En el MARN, la cosa no es del todo diferente. El presupuesto para cambio climático ha crecido 270% en el período 2016-2024. De acuerdo a los documentos recibidos solicitados mediante información pública, durante ese período el 80% se va en salarios y gastos administrativos y no está claro qué acciones climáticas concretas se financian.
“En cuanto a la contabilidad de pérdidas y daños, a nivel de ministerio, no se ha hecho anteriormente”, dijo Andrea Fión, directora de Cambio Climático del MARN.
El CNCC está organizado para validar todos los planes y estrategias gubernamentales que surjan a partir de los informes y evidencias científicas sobre los impactos del cambio climático. En 2022, se presentó el informe de “Agua y Saneamiento 2020-2023” que reconoció, entre otras cosas, que cerca de 7.5 millones de personas no cuentan con un servicio adecuado de agua, lo que los hace más vulnerables a enfermedades vectoriales, como el dengue.
Esta reestructuración se anunció como un avance en la gestión del CNCC al inicio de la nueva administración gubernamental. También se mencionó el apoyo financiero de $790 millones para “invertir en actividades relacionadas con las pérdidas y daños por cambio climático”, durante la presidencia pro tempore de Guatemala en la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), pero ni entonces, ni ahora, nadie en el país supo acerca de cuánto de ese dinero sería asignado al país y cómo se implementaría.
Fión aclaró que los $790 millones negociados en bloque por AILAC en 2023, aún no están operativizados y que todavía falta por crear un mecanismo para saber cómo se va a acceder y ejecutar el fondo. Esto, sin embargo, sigue siendo invisible e inaccesible para comunidades como Macanché.
El país de la vulnerabilidad eterna
Hablar de vulnerabilidad es hablar de Guatemala. En los últimos 12 meses, registró la variable más alta (1.1°C) de América en lo que respecta a la anomalía de temperatura media. Esto provocó que en el territorio nacional se experimentaran 122 días de calor extremo, incluyendo jornadas que llevaron el termómetro a más de 40°C en el norte de Petén.
La seguridad alimentaria, social y financiera del país son el rostro de esa vulnerabilidad, ya que más del 80% del PIB guatemalteco se genera en zonas expuestas a eventos climáticos extremos. La lista de amenazas es extensa: deslizamientos, sequías, inundaciones, incendios forestales, ciclones tropicales, heladas, olas de calor, así como extremos de lluvia y frentes fríos. A estos eventos, también hay que sumarle la posibilidad de terremotos y erupciones volcánicas.
Para hacer frente a estos impactos, se estima que el país debería de invertir cerca de $8 mil millones (5.3%) de su PIB para compensar las pérdidas provocadas por el cambio climático y otros eventos naturales en los últimos años.
Pero no es solo una cuestión de dinero.
Como bien define la UNEP, las pérdidas y daños van más allá de la mitigación y la adaptación. Sin embargo, la ley guatemalteca de cambio climático se creó a partir de la mitigación. Las pérdidas y daños se abordan “desde nuestra planificación de adaptación y desde la parte de riesgos”, aseguró Fión.
Entonces queda la duda. Ante eventos como los experimentados en Macanché en abril, y las pérdidas sufridas por gente como Alveño ¿qué acciones lidera el CNCC?
“Desde 2021 (el CNCC) ya declaró a Guatemala como un país altamente vulnerable. Esto lo que hace es que nos suma a los esfuerzos de cómo aumentar la resiliencia”, respondió Fión. Agregó que las decisiones importantes sobre cambio climático se discuten en el seno del consejo y que las acciones son lideradas por las unidades técnicas de sus miembros.
Alveño por su parte respondió: “A nosotros (los eventos climáticos) sí nos han afectado. Tenemos que adaptarnos porque como mujeres tenemos que salir adelante. Algunas vendemos jabón, otras champú y comida”, dijo.
La esperanza en forma de COP
Macanché está dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, la más grande de Guatemala. Todos los habitantes de la comunidad son defensores del bosque y guardan una relación íntima con él. A pesar de ser guardianes de esta región que representa el 33% de la cobertura forestal del país, ante las crisis, no tienen acceso a planes de contingencia.
Ramiro Batzin, quien dirige la Asociación Sotz’il y es miembro de la Mesa Indígena de Cambio Climático en Guatemala, considera que el Artículo 6 – el de los mercados de carbono – del Acuerdo de París podría ser una plataforma para visibilizar los derechos de los pueblos originarios. “¿Dónde están la mayoría de bosques? En territorios indígenas y si están en territorios indígenas, entonces esos mercados deben de atender los derechos de los pueblos”, señaló.
Añadió que el otro tema a abordar en la COP30 de Brasil, son los sistemas agrícolas indígenas, ya que hasta la fecha, es un tema que no se ha profundizado en estos encuentros.
En marzo de 2025, el gobierno guatemalteco publicó su Primer Informe Bienal de Transparencia. En él se resalta el papel que tendrá el Sistema Nacional de Información del Cambio Climático (SNICC), creado en 2023, para gestionar toda la información relacionada con el cambio climático.
Desde el CNCC, Fión admitió que se realiza una revisión al Plan Nacional para analizar el estado de las metas por cumplir. Así mismo, en 2022 se publicó el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático, un documento creado para fortalecer los procesos nacionales de planificación para la adaptación, basados en datos estadísticos, fortalezas y debilidades en cada región del país.
Estos avances, que se suman a los esfuerzos regionales, como el CEPREDENAC, denotan un interés de parte del estado guatemalteco por abordar los temas climáticos y su impacto en el territorio. Sin embargo, aún quedan pasos por dar para atender a las comunidades que se ven sin protocolos de compensación en caso de pérdidas y daños por eventos climáticos extremos.
“Hace diez años, soñaba con tener mi granja de gallinas y poder vivir de ello. Pero vino la peste y las perdí todas. Hace cinco años, salía con mi pareja a sembrar maíz pero, por la falta de lluvias, después de dos cosechas, no cultivamos ni una sola mazorca. Tristemente, ahora ya no se puede tener esos sueños”, expresó.
Desde el informe de Pérdidas y Daños del gobierno guatemalteco, se manifiesta que la cantidad de dinero que el país ha perdido desde mediados del siglo pasado hasta la fecha suponen la pérdida de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población.
Ante este panorama incierto surge la pregunta ¿cuánto más puede resistir una población que ya no se permite soñar?
