En la COP30 se logró finalmente la aprobación de un nuevo Plan de Acción de Género, pero su adopción estuvo marcada por tensas negociaciones en las que algunos países intentaron recortar el alcance de la agenda de igualdad. Diversas delegaciones y organizaciones de mujeres denunciaron que, para destrabar el acuerdo, se aceptaron formulaciones más suaves y ambiguas, lo que en la práctica se tradujo en un debilitamiento del lenguaje de género frente a compromisos anteriores.
La ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, encargada por la presidencia de Brasil para facilitar, junto a su par de Suecia, las negociaciones para lograr la adopción del nuevo Plan de Acción de Género en la COP30, señaló en sus redes sociales que la aprobación del plan representa un avance. En su valoración, el hecho de que el plan haya sido finalmente aprobado, con 27 medidas concretas distribuidas en cinco áreas de trabajo, representa un progreso importante para que las políticas climáticas se diseñen, implementen y evalúen con “lentes de género”, es decir, reconociendo cómo la crisis climática puede afectar de manera más grave a mujeres, y corrigiendo esas brechas en la respuesta estatal.
“Las consecuencias del cambio climático son diferenciadas y especialmente para las mujeres, por lo tanto, hay que ponerse los lentes de la perspectiva de género para asegurar que las políticas que diseñemos e implementemos no aumente más la brecha histórica de diferencia entre hombres y mujeres”, enfatizó la ministra chilena.
Rojas subrayó, además, un hito específico: por primera vez un documento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático nombra explícitamente a las mujeres defensoras ambientales. A su juicio, este reconocimiento abre la puerta para fortalecer medidas que garanticen que las defensoras puedan realizar su labor en condiciones de seguridad, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú (tratado que prevé la protección de las personas defensoras del medio ambiente) y con la urgencia de proteger a quienes, desde los territorios, enfrentan amenazas y violencias por defender el ambiente y el clima.
La batalla por la palabra “género” en la COP30
Durante las negociaciones del nuevo Plan de Género, un grupo de países intentó frenar o recortar el alcance de la agenda de igualdad al cuestionar el uso mismo del término “género” y buscar limitarlo a la noción de “sexo biológico”. En este bloque destacaron Paraguay y Argentina, que encabezaron el intento de introducir notas al pie para redefinir el concepto en clave binaria, así como gobiernos conservadores y religiosos como el Vaticano, Irán, Rusia, Indonesia, Malasia, Arabia Saudita y Egipto, que presionaron para debilitar las referencias a género y a personas LGBTIQ+.
Frente a ellos, la Unión Europea, Canadá, México, Panamá y otros países defendieron un lenguaje más amplio e inclusivo y se opusieron a las enmiendas restrictivas.
El medio independiente Consenso reportó que, durante una de las sesiones de negociación del plan de género en la COP30, la representante de la Cancillería paraguaya, María Teresa Ayala, pidió en solitario incluir una nota al pie para aclarar que, según la posición de su país, el término “género” debía entenderse únicamente como “masculino y femenino”. Este gesto, descrito por el artículo como una maniobra aislada incluso frente a delegaciones ultraconservadoras, se enmarca en la estrategia del gobierno paraguayo de impulsar una agenda “antigénero” en los espacios multilaterales.
Para Montse Enciso, del Climate Action Network América Latina (CANLA), las negociaciones en materia de género retrocedieron “abismalmente” al reabrir un debate que se creía superado hace más de una década.
“Sustituir la perspectiva de género por la noción de ‘sexo biológico’, en la práctica borra los contextos sociales, culturales y políticos que explican las desigualdades y vulnerabilidades que viven las mujeres y diversidades en la crisis climática”, advierte Ensiso.
Victoria a medias
El nuevo Plan de Acción de Género de Belém, adoptado en la COP30, se presenta como una victoria a medias: mantiene viva la agenda de género en la arquitectura climática, pero recorta parte de su filo político al suavizar el lenguaje sobre derechos, interseccionalidad y diversidades, así lo advierten las organizaciones de mujeres consultadas por Climate Tracker. Señalan, además, que, sin corregir esos vacíos, el plan corre el riesgo de quedarse en “buenas intenciones” mientras las brechas de género, exacerbadas por la crisis climática, siguen abiertas en los territorios.
El Plan de Acción de Género se plantea como continuidad del Programa de Trabajo de Lima, fortalecido, pero con un tono más “tibio”: se mantienen áreas como capacidades, datos, participación, coherencia y medios de implementación, aunque con verbos menos exigentes y menos referencias explícitas a justicia de género y derechos humanos. Organizaciones feministas señalan que cuestiones claves como el nexo género–financiamiento, género–pérdidas y daños y protección de defensoras aparecen sin la fuerza normativa ni los mecanismos claros que habían demandado.
Enciso considera que el plan resultante es “tibio” y general, centrado en talleres y generación de información, pero sin respuestas de fondo que estén a la altura de una emergencia que sigue dejando a las mujeres fuera de los espacios de decisión. La activista reconoce como avances parciales la inclusión de elementos como la relación entre comunidades y naturaleza, menciones “tímidas” a niñas, pueblos indígenas y mujeres afrodescendientes, y el énfasis en la necesidad de educación, pero advierte que el texto se queda muy por debajo de agendas anticoloniales, ecofeministas y antirracistas que ya se discuten en la sociedad civil.
Por su parte, Xiomara Acevedo, directora de Barranquilla+20, que además estuvo dándole seguimiento a las negociaciones, cuestiona que la Convención siga anclada en una visión binaria de género, dejando fuera en la práctica a personas trans, no binarias y otras diversidades, pese a que fueron parte central de las demandas de la sociedad civil en Belém. También alerta por el tratamiento limitado a mujeres afrodescendientes, que en el texto del plan solo tienen una mención en el preámbulo y una actividad específica, un reconocimiento mínimo para países como Brasil y Colombia, donde las poblaciones afro y quilombolas son actoras clave en la defensa del territorio.
Sin mecanismos claros de financiación
La Red de Mujeres por la Justicia Climática, articulada desde Barranquilla+20, reconoce avances como el mantenimiento de los llamados relevant issues (cuestiones relevantes), la incorporación de la adaptación basada en ecosistemas y el reconocimiento del rol histórico de las mujeres afrodescendientes en la defensa de los territorios.
Sin embargo, advierte que el texto aún carece de mecanismos claros de financiamiento directo para mujeres y organizaciones comunitarias, trata de forma superficial la protección de cuerpos-territorios y las violencias que enfrentan niñas, adolescentes y defensoras, y no incorpora con suficiente fuerza prioridades clave como autonomía económica, acceso a financiamiento justo y participación efectiva en la gobernanza climática, por lo que exige un plan con compromisos verificables y una hoja de ruta realmente transformadora para las mujeres y diversidades de Abya Yala.
Acevedo advierte que, bajo la categoría de “temas relevantes”, queda abierto quién decide qué merece prioridad, lo que facilita que gobiernos conservadores minimicen justamente los asuntos que las mujeres en territorio viven como emergencia cotidiana.
Representación y accesibilidad: la política a puertas cerradas
Desde la red CANLA, Enciso subraya que el problema no es solo lo que dice el plan, sino quiénes han podido influir en él. Denuncia la falta de representación suficiente de mujeres indígenas, afrodescendientes, niñas y juventudes en las salas de negociación, así como barreras de idioma y accesibilidad –traducción limitada, poca interpretación en lenguas no hegemónicas, sesiones a puerta cerrada y cambios constantes de agenda– que dejan a muchas defensoras fuera de la conversación. En su lectura, esta arquitectura opaca contradice la idea de una agenda de género pensada para las futuras generaciones, que no han tenido espacio real para decidir sobre el texto que les afectará.
En este contexto, sostiene que la ofensiva de la derecha internacional, con liderazgos como el de Javier Milei, explica parte del retroceso en el lenguaje de género, y reclama que la perspectiva de género sea realmente transversal a todas las decisiones climáticas, incluido el financiamiento, y no quede encerrada en un apartado con verbos “vagos” y sin cifras claras.
Pese a las críticas, las organizaciones de mujeres reconocen que la simple supervivencia del plan, frente a intentos de sustituir “género” por “sexo biológico” y de eliminar referencias acordadas sobre “edad y género”, constituye una victoria mínima en un contexto de fuerte ofensiva anti-derechos.
Para redes regionales de justicia climática feminista, el desafío ahora será usar este nuevo Plan de Acción de Género como piso y no como techo: presionar para que otras decisiones –sobre financiamiento, transición justa, adaptación y pérdidas y daños– integren de forma transversal el enfoque de género, y reforzar desde los territorios la interseccionalidad y las diversidades que el texto dejó débiles o fuera.
