Por Francisco Parra y Esteban Tavera.
«Es mi primera conferencia multilateral no frustrante». La frase de Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente de Colombia, al cierre del plenario del miércoles, sintetiza el espíritu de lo ocurrido en Santa Marta durante cinco días. No hubo texto negociado por unanimidad, no hubo compromisos cuantificados de financiamiento, no hubo nuevas adhesiones formales al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Lo que sí hubo fue un acuerdo sobre el trabajo concreto que viene en adelante, todo mediado por la voluntad.
La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, convocada por Colombia y Países Bajos entre el 24 y el 29 de abril, reunió a 57 países y más de 2.600 organizaciones registradas. Su producto formal —firmado el 30 de abril por ambos países líderes del encuentro— es, según sus propios términos, «una representación factual de lo que los distintos participantes pusieron sobre la mesa», y que será complementada por un informe completo antes de las reuniones intersesionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Bonn, en junio de este año.
Ese documento oficial identifica cinco resultados concretos. Dos son institucionales: la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), copresidido por Carlos Nobre y Johan Rockström, y el anuncio de la segunda conferencia, que en 2027 tendrá como coanfitriones a Tuvalu e Irlanda, con sede principal en el Pacífico. Los otros tres son los workstreams —grupos de trabajo temáticos— que estructurarán el proceso hasta entonces.
Los tres grupos de trabajo corresponden también a los tres pilares sobre los cuales se sostuvo la conferencia, por lo que cada uno también recibió propuestas y comentarios a partir de los distintos sectores reunidos en Santa Marta.
Hojas de ruta para abordar los puntos ciegos de las NDC
El primer grupo de trabajo aborda lo que Vélez llamó «el punto ciego más importante» del sistema climático actual: las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) –los compromisos climáticos de los países en el marco del Acuerdo de París– miden emisiones dentro de las fronteras, pero no contabilizan las emisiones exportadas a través de los combustibles fósiles que un país produce y vende al exterior, ni tampoco se hacen cargo de la transformación productiva que supone abordar una transición energética.
«Queremos ser claros y honestos sobre cómo transicionar de la producción también», afirmó la ministra.
Este grupo de trabajo conectará a los países con el SPGET y con la NDC Partnership para desarrollar hojas de ruta específicas de salida de fósiles —por combustible, por sector productor y consumidor, adaptadas a las circunstancias nacionales— que se articulen con las NDC existentes sin reemplazarlas. Otro informe científico presentado en marco del proceso, el Santa Marta Action Repertoire (SMART), elaborado por 24 investigadores de diez instituciones, es el insumo técnico de partida: sus primeras dos recomendaciones son precisamente desarrollar estos planes integrales de transición y proteger los medios de vida de trabajadores mediante la reconversión laboral anticipada.
Otro trabajo académico presentado durante la Conferencia fue uno liderado por la Universidad de Leeds, que establece una posible hoja de ruta para que la propia Colombia transicione fuera de los fósiles, a través de políticas que permitan reducir el 90% de emisiones para 2050, según los niveles de 2015.
Desde la sociedad civil, 809 organizaciones que participaron en el proceso de consulta de las ONG convergieron en la misma demanda: las hojas de ruta deben incluir «calendarios legislados de eliminación progresiva con fechas de cierre claras y metas de descarbonización absoluta», junto con una moratoria a nuevas licencias de exploración, especialmente en ecosistemas sensibles como la Amazonía y el Gran Caribe.
Los sindicatos agregaron una condición que consideran innegociable: que esas hojas de ruta sean construidas con participación sindical vinculante, no consultiva, y que incluyan planes de reconversión laboral que puedan comenzar mientras las operaciones extractivas todavía están activas, «evitando pérdida de ingresos durante la transición».
Los pueblos indígenas, por su parte, cuestionaron que las hojas de ruta energéticas —incluidas las de energía renovable— puedan diseñarse sin titulación territorial previa y sin consentimiento previo, libre e informado con poder de veto. El documento de síntesis del sector Pueblos Indígenas advierte que «proyectos eólicos, solares o hidroeléctricos en territorios indígenas han reproducido los mismos patrones de imposición, desplazamiento y falta de beneficios locales que la extracción fósil». Su propuesta alternativa tiene nombre propio: soberanía energética comunitaria, sistemas de pequeña escala diseñados y gestionados por las comunidades para usos que ellas mismas definen.
Las tres trampas del sistema financiero
El segundo grupo de trabajo parte de un diagnóstico que la ministra colombiana enunció en la conferencia de prensa final: los países del Sur Global enfrentan simultáneamente una trampa fiscal (dependencia de ingresos fósiles para financiar servicios públicos), una trampa de deuda (sin espacio fiscal para invertir en la transición) y una trampa de subsidios (que mantienen a los fósiles artificialmente competitivos). Las tres se retroalimentan.
Abordar la dependencia macroeconómica de los fósiles y cómo se vincula con la arquitectura financiera internacional es el segundo grupo de trabajo, que será apoyado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), y trabajará en identificar mecanismos para desactivar cada una de estas trampas. El documento de síntesis de la Conferencia menciona como opciones concretas los canjes de deuda por acción climática, la expansión del financiamiento concesional no condicionado a deuda, la reforma de las calificadoras crediticias para que valoren inversiones anticipadas en transición, y la creación de plataformas de coordinación entre países exportadores e importadores de combustibles fósiles.
Los académicos del SMART identificaron el rol de los bancos centrales como una oportunidad subutilizada: sus mandatos de estabilidad de precios los habilitan a reducir el costo del financiamiento para energía limpia —lo que el documento llama protección contra la «fossilflation«, los peaks inflacionarios generados por la volatilidad geopolítica de los mercados fósiles. Un grupo académico sobre la banca central que participó en Santa Marta anunció que continuará trabajando en esa línea.
Las ONG señalaron un elemento estructural que los mecanismos de financiamiento suelen ignorar: la evasión fiscal de las empresas del sector fósil, que limita la capacidad de los Estados para financiar la transición con recursos propios. Y los sindicatos pusieron una condición: cualquier mecanismo de financiamiento climático debe incluir «cláusulas de transición justa con participación y monitoreo sindical», porque, de lo contrario, los recursos se dirigen a la descarbonización pero no garantizan equidad social.
Descarbonizar las balanzas comerciales
El objetivo del tercer grupo de trabajo es mapear cuánto del comercio internacional entre los países de la coalición está basado en combustibles fósiles, calcular la huella de carbono exportada de cada economía, y diseñar mecanismos de coordinación entre productores y consumidores que permitan reemplazar esos flujos comerciales sin destruir las economías que dependen de ellos.
Vélez lo describió así en la conferencia de prensa: «Queremos hacer un mapeo de balanzas comerciales en exportación y crear un mecanismo de matching que refleje la necesidad de dejar de exportar commodities fósiles y asegurar que con otros países podamos garantizar el cambio de la balanza comercial».
El concepto de fondo es el de un sistema de comercio libre de combustibles fósiles —un «fossil fuel-free trade system«— que alinee los incentivos económicos con los objetivos climáticos. No es una idea nueva en el debate académico, pero sería la primera vez que un proceso intergubernamental la convierte en un grupo de trabajo operativo.
El SMART recomienda implementar gravámenes armonizados a la oferta de combustibles fósiles para incentivar cambios en la demanda y financiar transiciones justas, y usar ajustes en frontera para productos intensivos en carbono para evitar la fuga de emisiones. También propone que los sistemas de clasificación de reservas (como el PRMS) sean convertidos en herramientas de transparencia que obliguen a divulgar pasivos de abandono, costos de desmantelamiento y trayectorias de declive.
Lo que viene y lo que quedó abierto
“Es plenamente realista que, en los próximos meses, otros países que no participaron en la conferencia se sumen a esta iniciativa, ya que los combustibles fósiles ya no son sostenibles desde el punto de vista financiero. Representan, de hecho, el camino más costoso”, dijo Evelyn Hartig, directora de la Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá, sobre las expectativas que abre esta conferencia hacia el futuro. Mientras tanto, desde ahora y hasta que se haga la segunda conferencia en Tuvalu, en 2027, estará funcionando un grupo de coordinación que deberá garantizar la continuidad del trabajo de todos los grupos. Este grupo coordinador estará bajo el liderazgo de Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia, Islas Marshall, Colombia, Países Bajos, Tuvalu e Irlanda, y contará con la asesoría del Grupo de Activación de la COP30.
Este grupo de países entregará un documento formal a Brasil como presidencia de COP30, país que se encuentra desarrollando una hoja de ruta global para la salida de fósiles, como lo anunció al cierre de la cita climática de Belém a fines del 2025.
La estructura de los grupos de trabajo, así como la conformación de cada uno, será definido antes de la segunda conferencia, a realizarse en la pequeña isla del Pacífico, Tuvalu. Los tres grupos de trabajo deberán rendir cuentas de su progreso ante la segunda conferencia.
Pese a los avances, Santa Marta no dejó ningún compromiso vinculante que mandate a los 57 países participantes a hacer la transición más allá de los fósiles. Si bien las líderes de Colombia y Países Bajos insistieron en que la cita no se trató de una negociación, este medio pudo confirmar que fueron precisamente los europeos quienes se opusieron a entregarle un carácter vinculante a los resultados de la cita.
En total fueron 56 países quienes participaron de la cita, de los originalmente 57 anunciados. La representante de Chile no pudo llegar por problemas de salud y el país no envió a nadie en su lugar. Aun así, la ausencia de Estados Unidos, China, India y Rusia del proceso limita estructuralmente su alcance sobre la oferta global.
