Argentina es el catorceavo país con mayores emisiones acumuladas históricamente. Así lo determinó un reciente análisis de Carbon Brief que abarca desde 1850 a 2021. En este período la nación arrojó 32,3 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
Un porcentaje de ese total proviene de la quema de combustibles fósiles, pero tal vez no sorprendentemente, la mayor proporción en realidad se origina en los cambios en el uso de la tierra y la deforestación.
Al firmar el Acuerdo de París, Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siguiendo dos objetivos: primero la Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés) y segundo, la estrategia a largo plazo para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, conocida como LTS.
Aun así, Argentina es un país complejo, atravesado por una grave crisis socioeconómica, donde no hay lugar para la política climática, y mucho menos, fondos para realizar los cambios necesarios en infraestructura para la mitigación y adaptación.
Estas circunstancias se encuentran en un claro contraste con el hecho que Argentina tiene mucho por perder si no se controla el calentamiento global. En su segunda NDC se identificó como “particularmente vulnerable” a los efectos del cambio climático, y puntualizó riesgos en cada una de sus regiones. Por ejemplo, gran parte del país está expuesto a la sequía y la desertificación; en contraste a las zonas costeras bajas, que están amenazadas por la subida del nivel del mar y la salinización de los acuíferos.
Para la Dra. Matilde Rusticucci, científica climática e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), las principales problemáticas se resumen en dos: el aumento de olas de calor, como también de las precipitaciones extremas seguidas de importantes sequías que “afectarán la producción agrícola y los caudales de los ríos”.
Ante este contexto desfavorable, Argentina quiere poner en la mesa de negociación dos grandes temas: la adaptación y los mecanismos de financiamiento. Porque, aun siendo que está entre los 20 mayores contaminantes históricos, se considera acreedor climático, ya que sus emisiones actuales representan el 0,95 % respecto del total a nivel global desde 1990.
Sus objetivos no son aislados, sino que estarán alineados con el anfitrión de esta COP27 – Egipto – que, junto al resto de los países del Sur Global, tiene la expectativa que esta conferencia sea el evento donde los compromisos climáticos se traduzcan finalmente en medidas concretas.
Las acciones del presente y las promesas a futuro se entremezclan en esta nueva COP, volviendo las decisiones que Argentina tome en este momento, cruciales para su política climática y para la vida de sus ciudadanos. ¿Qué rumbo elegirá el país?
El presente: acciones contradictorias
La actualización de la segunda NDC sostiene que la República Argentina no excederá la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en el año 2030, aplicable a todos los sectores de la economía.
Esta aclaración es sumamente relevante, más si se observan cuáles son las ramas más contaminantes dentro del sistema económico del país. Dos grandes sectores reúnen el 90 por ciento de los gases de efecto invernadero: energía (53%) y agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (37%), según el Tercer Informe Bienal de Actualización.
La pregunta que surge es si la NDC es ambiciosa considerando el rol que cumple Argentina en las emisiones acumuladas históricamente. Sobre esta pregunta existen dos miradas:
Según argumenta el Gobierno nacional argentino, sí, ya que la meta “equivale a una disminución total del 19% de los GEI hacia 2030, en comparación con el máximo histórico alcanzado en el año 2007” de 441.438 gigagramos de CO2 equivalente (GgCO2e).
Sin embargo, organizaciones internacionales no están tan de acuerdo con esta postura. Según explicó Jazmín Rocco Predassi, coordinadora de Política Climática de FARN, existen distintas metodologías para medir la proporción justa o fair-share, es decir, lo que le correspondería a los distintos países en términos de reducción de sus gases de efecto invernadero. Al comparar estos cálculos, la NDC “no está en línea con el 1.5 del Acuerdo de París”.
Además, Rocco Predassi buscó poner en perspectiva el dato sobre proporción de GEI y expresó: “Que en este momento tengamos menos del 1% de las emisiones mundiales es cierto, pero eso no quita que estamos entre los 30 países que más emiten en el mundo. Lo que significa que tenemos más de 150 países que emiten menos”.
Siguiendo el sistema de fair-share, Climate Action Tracker calificó la segunda NDC de Argentina como “muy insuficiente”. “Esta nueva meta representa un incremento de las emisiones del 35% sobre los niveles de 1990 y una disminución del 2% menos sobre los de 2010”, aseguran desde el consorcio independiente de científicos, quienes miden las acciones climáticas de los gobiernos y las contrastan con el objetivo del Acuerdo de París.
Rocco Predassi puso, además, otra discusión sobre la mesa: la falta de coherencia entre las políticas del Gobierno Nacional con sus propios compromisos climáticos.
“Argentina tiene elementos contradictorios en sus políticas (…) En los últimos tiempos hemos visto cómo hay una exacerbación de la voluntad política de seguir extrayendo recursos fósiles en tierra y en el mar”.
“Argentina tiene elementos contradictorios en sus políticas. Por un lado, plantea que va a ser ambicioso, ‘voy a tener una meta a 2030 y voy a elaborar este plan que corresponde supuestamente con el mayor esfuerzo que el país puede hacer’. Y a la vez, toma otras medidas contrarias a lo que una política climática ambiciosa debería ser”, afirmó la licenciada en Ciencias Ambientales, quien indicó que la contradicción se advierte claramente en la explotación de hidrocarburos.
“En los últimos tiempos hemos visto cómo hay una exacerbación de la voluntad política de seguir extrayendo recursos fósiles en tierra y en el mar”.
Se refiere a tres grandes decisiones: la primera es continuar apoyando el fracking en Vaca Muerta, uno de los mayores pozos gasíferos y petroleros del mundo. La segunda versa sobre la adjudicación del gasoducto Néstor Kirchner que conectaría a Neuquén (es decir, Vaca Muerta) con Buenos Aires. Y la tercera es la controvertida resolución del Ministerio de Ambiente nacional que aprobó un 30 de diciembre la exploración sísmica en el Mar Argentino.
El tira y afloja entre la política climática y estos grupos de poder volvió a aparecer cuando el Gobierno nacional quiso anunciar su estrategia a largo plazo para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 (LTS). En 2020, Argentina hizo la promesa que presentaría el año siguiente su LTS en la COP 26 de Glasgow. Cosa que, nunca sucedió. A septiembre de 2022, el documento todavía no vio la luz.
La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, sostuvo que “no se terminaron de alcanzar los consensos” entre las distintas áreas de gobierno. Pero lo que la funcionaria nombró como “desacuerdos”, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) las denominó como presiones del sector agropecuario y energético que hicieron caer la presentación.
En entrevista con Climate Tracker, Nicolini afirmó que se sigue trabajando para anunciar la LTS, pero que el enfoque este año estará puertas adentro, con un compromiso climático que surge de una ley nacional: el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Esta es la política climática argentina a día de hoy, pero ¿qué es lo que se viene? ¿Qué podemos esperar en el corto plazo?
El futuro: Argentina en la COP27
El Pacto de Glasgow de 2021 cerró reclamando acción climática más ambiciosa de parte de los países e instó que en la COP 27 -que sucederá en Sharm El-Sheikh, Egipto- se renueven las contribuciones nacionales.
En una reciente entrevista con Red/Acción, Nicolini aclaró que Argentina no informará actualizaciones a su NDC en la próxima COP. Hay dos motivos para esto: primero, el hecho de que el país ya está al día con sus obligaciones internacionales. Y segundo, porque su cartera está enfocada en otro lado: presentar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Según explicó Rocco Predassi, este plan no deviene de un acuerdo multilateral, sino de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Aun así, está conectado con la NDC.
“Hay una conexión entre el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la NDC. Porque la NDC es una meta con lineamientos generales, pero no plantea medidas de cómo va a llegar ahí. El plan va a ser un documento más desagregado, con objetivos que determinen cómo van a estar encaminados todos los sectores a cumplir los compromisos a 2030”, afirmó la especialista de FARN.
La estrategia funcionaría así como un paso a paso para que Argentina no solo cumpla con sus obligaciones internacionales, sino que se transforme completamente en una sociedad resiliente a la crisis climática.
Nicolini adelantó a Climate Tracker las seis líneas estratégicas en las que está trabajando el Ministerio de Ambiente: la movilidad sostenible, los sistemas alimentarios y bosques, la conservación de la biodiversidad, la transición productiva -es decir, la diversificación de la producción y el consumo, incluyendo la economía circular-, los territorios sostenibles y la “madre de todas las batallas”, la transición energética.
Pero estos no son los únicos puntos relevantes del plan. Según precisó la titular de la Secretaría de Cambio Climático, es fundamental que se incorporen posibles líneas de acción cuantificables, donde se describa su costo.
“Hay que ponerle valor a todo eso. Tenemos que saber cuánto nos va a costar cumplir con nuestra NDC, pero también cuánto nos va a costar no cumplir. Hoy, el precio a pagar se multiplica con los eventos climáticos extremos. Nos estamos dando cuenta del nivel de pérdidas y daños que podríamos tener por efecto del cambio climático”, sostuvo Nicolini.
Desde el Ministerio de Ambiente esperan llegar a la COP27 con el documento consensuado entre todos los miembros del gabinete nacional; e irá con muchas expectativas a esta nueva cumbre del clima. Pero, por sobre todo, con sus objetivos alineados con los del anfitrión.
A pedido de Egipto, los temas centrales de la conferencia serán los mecanismos de financiamiento; como también la agricultura y adaptación climática. En otras palabras, la principal discusión será cómo traducir las palabras del Acuerdo de París -y los compromisos nacionales- en acciones concretas.
Como muchos otros países, Argentina tendrá la mira en la primera temática, es decir, en que se llegue a consensos sobre la entrega de fondos climáticos. Fondos que necesitará para poder cumplir con su NDC y para volver realidad los planes de mitigación y adaptación.
El desafío será doble: no solo seguir exigiendo los 100.000 millones de dólares que los países desarrollados aún adeudan a los países en vías de desarrollo, sino también actualizar los montos que ya no alcanzan.
“Lo que se está tratando de negociar es una nueva meta cuantificada de financiamiento. El objetivo original se está quedando corto, y ya se está hablando de trillions o billones de dólares”, dijo Rocco Predassi.
“Tenemos esta deuda climática global con otros países, y acceder a los fondos tendría un impacto importante para la vida de la gente”, manifestó por su parte Nicolini, quien explicó que su agenda se centrará en propiciar estos debates, como también impulsar la adaptación.
“Otra cuestión importantísima es la adaptación, que históricamente estuvo relegada en comparación con la mitigación. Si bien acompañamos a esta última, también reclamamos que la primera tenga el mismo nivel de interés y de compromisos en relación a los recursos. En países como los de América Latina, por cuestiones de mayor vulnerabilidad y de desigualdad, se necesita poder avanzar y llegar a esos niveles de cumplimiento en términos de adaptación”, indicó la funcionaria nacional.
Para Nicolini este enfoque es clave para Argentina y sus ciudadanos, ya que deja entrever la posibilidad de mejorar la infraestructura del país ante un clima cambiante. “Eso impactaría en la calidad de vida de los argentinos”, resumió la secretaria.
Conectar presente con futuro
Pasar de las palabras a la acción, y de las acciones a los cambios reales, no será fácil para Argentina.
Nicolini espera que justamente el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación se convierta en la hoja de ruta para la política climática nacional. “Queremos que sea la columna vertebral que nos permita pensar en un desarrollo de país para los próximos 20, 30, 40 años”, expresó Nicolini.
Puertas adentro, organizaciones como FARN critican la actual falta de organización gubernamental.
“Acá el gran problema, en mi opinión, es que pareciera que no tenemos un norte bien planificado”, sostuvo Rocco Predassi, quien continuó: “Necesitamos estrategias a largo plazo, porque estas van a marcar el objetivo, como también las acciones que tenés que tomar a corto y mediano plazo para llegar a él. Si no tenemos un esquema de hacia dónde queremos ir, menos podemos coordinar los pasos concretos”.
La especialista de FARN consideró que, al no tener el Gobierno un plan armado, se están tomando medidas individuales “que no están enmarcadas con la meta hacia dónde queremos ir”.
En contraste con este punto, Nicolini opina que existe un cambio de paradigma sobre cómo concebimos la política climática, y que esta será “el modelo de desarrollo de país que queremos para los próximos años”.
“Creo que hay un cambio de mentalidad en todos los niveles de gobierno, en donde cualquier política pública no puede escapar a las cuestiones ambientales y climáticas. Ya no es una cuestión más para ser políticamente correcto, sino que es un elemento para que las medidas públicas sean transformadoras”, dijo la secretaria argentina de Cambio Climático.
Para Nicolini, la política climática llegó para quedarse, ya no es una meta de gobierno sino una estrategia de Estado.
Como siempre, promesas hay muchas. Ahora, ¿qué sucederá en la COP27? ¿Realmente veremos compromisos sustanciales que tengan en cuenta las circunstancias ambientales, socioeconómicas y políticas del país?
El futuro es incierto. Pero, aun así, Sharm El-Sheikh será una nueva oportunidad para que Argentina y el resto del mundo incremente la ambición y pacte acciones significativas para resolver la crisis climática.
