La Catalina es un distrito municipal de República Dominicana en el que habitan un poco más de 3.400 personas. Hace apenas 10 años, el anuncio de una gran obra, que se suponía terminaría de una vez y para siempre con la histórica crisis eléctrica del país, dio paso a que, de ser un lugar prácticamente desconocido, se convirtiera en el enclave que alberga la central termoeléctrica más grande del país, y que produce hasta un 30% de su demanda de energía (752 megavatios brutos). Se trata de Punta Catalina, la central termoeléctrica para la que activistas del medio ambiente piden una “jubilación anticipada” por los riesgos medioambientales y de salud que representa.
Para ambientalistas como Luis Carvajal, Punta Catalina es un claro retroceso: “El carbón es una tecnología en obsolescencia. Estamos obligados a mirar a una matriz energética que esté lo menos asociada a combustibles fósiles, pero mientras estemos pensando en plantas de carbón, todos los discursos alrededor de la preocupación del país por el cambio climático son bulto”, dice, utilizando el coloquialismo dominicano equivalente a fingir.
La República Dominicana es signataria del Acuerdo de París (2015), cuyo objetivo es limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por este motivo, cada país signatario debe cumplir con una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC); la nación caribeña se comprometió a disminuir en un 27% los GEI para el 2030, con respecto al BAU (Business as usual).
El funcionamiento de una central termoeléctrica como la de Punta Catalina consiste en la quema de carbón pulverizado en una caldera con el fin de calentar agua. El vapor resultante, sometido a una presión muy alta, hace girar una gran turbina, convirtiendo de esta manera la energía calorífica en energía mecánica. Finalmente, un alternador transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
De acuerdo con el informe más reciente de Global Energy Monitor existen más de 2.600 plantas de carbón activas en el mundo.
Otras termoeléctricas utilizan como combustible petróleo, gas natural o fuel. También existen las termoeléctricas nucleares, que producen la energía térmica mediante reacciones de fisión.
Impactos de las centrales térmicas
Las centrales termoeléctricas juegan un papel importante en la producción de energía, pero también emiten contaminantes que afectan el medio ambiente y la salud humana a gran escala.
Se sabe que, de todas las fuentes de energía, el carbón es la más contaminante.
Además de dióxido de carbono (CO2), las termoeléctricas de carbón emiten un cóctel de elementos nocivos como material particulado (MP), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y metales pesados como el mercurio.
Estudios científicos relacionan los efectos contaminantes del carbón con enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cerebrovasculares y enfermedades crónicas respiratorias.
Además, la quema de combustibles fósiles como el carbón ha gatillado el actual cambio climático, fenómeno que trae consigo una serie de consecuencias desfavorables para el planeta, partiendo por el aumento en frecuencia e intensidad de eventos extremos como las sequías e inundaciones, así como la pérdida de la biodiversidad, entre otros.
Los efectos en las comunidades y los ecosistemas circundantes no serían inmediatos, y este es precisamente su mayor peligro.
En el caso de Punta Catalina, los efectos en las comunidades y los ecosistemas circundantes no serían inmediatos, y este es precisamente su mayor peligro, afirma Carvajal.
“Los factores de baja intensidad son más eficientes para generar cambios a largo plazo que factores eventuales de alta intensidad”, declara, refiriéndose a las emisiones continuas de gases, el polvillo residual del depósito de las cenizas y calderas, y el calentamiento de las aguas del litoral costero de Catalina, que se utilizan para enfriar las turbinas de la central.
Semejante a la metáfora de la rana en una olla de agua que hierve de forma progresiva, la modificación de la biota y los daños a la salud ocurrirían lentamente y podrían ser irreversibles, advierte.
Además, la inmisión, es decir, la concentración de contaminantes en un lugar y por un período de tiempo concreto, es una variable aún más importante que las emisiones en sí mismas, reflexiona.
Recuerda que, para colmo, la planta comenzó los estudios ambientales (2014) cuando ya tenía millones invertidos en su construcción: “El Ministerio de Medio Ambiente estaba prácticamente obligado a validarlo porque de frenarlo estaría en contra de una de las políticas fundamentales del gobierno en su momento”.
Corrupción y contaminación
Corría el año 2017, cuando el presidente de turno en República Dominicana, Danilo Medina, afirmaba en un acto político que la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC) en la provincia Peravia, sería el “entierro definitivo de los apagones del país” y la oportunidad de los dominicanos de acceder a un “precio razonable”, por la energía eléctrica.
Ninguna de estas promesas se ha cumplido: la energía sigue siendo cara para el grueso de la población y los apagones aún son frecuentes en las barriadas menos favorecidas.
El 13 de diciembre de 2013 Medina dio el primer palazo para la construcción de la central, licitación que ganó el consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella, y que pronto sería denunciada como fraudulenta.
Más tarde, en 2019, el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) reveló que la mega obra del presidente Medina también fue parte del entramado de corrupción de la brasileña Odebrecht, al descubrir 62 pagos secretos por un total de 39 millones de dólares, que se presumen fueron los sobornos entregados por la empresa. El pago adicional de unos 395 millones de dólares más del costo inicial para su instalación, sugieren que fue un instrumento al servicio de la campaña reeleccionista del presidente Medina.
Ninguna de las promesas se ha cumplido: la energía sigue siendo cara y los apagones aún son frecuentes en las barriadas menos favorecidas.
Además, el arrendamiento de los terrenos donde se construyó la central, bajo un contrato de enfiteusis que benefició a la familia más poderosa del país, los Vicini, despertó las alarmas de diversos sectores de la población.
A la sombra de estos y otros escándalos, Punta Catalina es inaugurada el 29 de julio de 2020, por encima de los reclamos colectivos que la denominaban “cuerpo del delito”.
Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC), ha sido uno de sus más asiduos críticos. Se le puede observar en el extremo derecho de una foto tomada el 3 de agosto de 2021 junto al nuevo presidente de la República, Luis Abinader, y el fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que se encuentra en el otro extremo. El presidente los había convocado para escuchar los reclamos de la provincia y ordenó realizar un estudio sobre la contaminación de Punta Catalina.
Sin embargo, con el pasar de los días y tras presentar los términos de referencia que se usarían para la investigación, todo parecía indicar que el gobierno retiraba su apoyo al estudio. El precio a pagar por Punta Catalina había sido muy alto, y la crisis eléctrica podría costarle al nuevo mandatario una derrota en las próximas elecciones, reflexiona De León.
Fue así como el CNLCC, junto a la Coalición por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), prosiguieron con el estudio por cuenta propia, con el acompañamiento de 5 organizaciones internacionales, entre ellas, la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW).
Desperfectos agravarían contaminación de Punta Catalina
El “Informe final: Estudio sobre la contaminación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, CTPC” fue el resultado de meses de trabajo de los miembros de la comunidad y las organizaciones mencionadas previamente. El documento recomienda el cierre de la central de forma gradual en un plazo de 18 meses, y reemplazar los megavatios que genera con energías renovables.
El estudio afirma que tanto la calidad del aire, el suelo y el litoral costero marino han sido afectados por las operaciones de la central; y que por tanto, la salud de las comunidades más cercanas a la planta (Catalina, Nizao, Pizarrete, Paya, Carretón y Baní), así como las actividades agrícolas, se ven amenazadas de forma directa, no solo por la contaminación propia de las operaciones cotidianas de las termoeléctricas, sino también por el mal manejo de las cenizas que, según estimaciones, ronda las 400 mil toneladas al año.
De acuerdo con el citado estudio, las cenizas de la CTPC, convertida hoy en Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) por un decreto presidencial, contienen metales pesados como boro, bario, talio, molibdeno, arsénico, selenio, litio, plomo, rubidio, estroncio y calcio, que se acumulan en una gigantesca montaña de unos 8 pisos, a cielo abierto, a menos de 500 metros del río Catalina y el arroyo Pastor o Naranjo.
El batey San José, una pequeña comunidad que subsiste gracias al cultivo de la caña en las tierras de los Vicini, está próximo a la gran montaña de ceniza, parte de ella cubierta por una geomembrana y capa vegetal que se colocó a mediados del 2022. La primera unidad de Punta Catalina entró en funcionamiento en septiembre de 2019.
El informe advierte que la montaña de cenizas puede contaminar el suelo, y las aguas superficiales y subterráneas, como consecuencia del lixiviado, y por estar colocadas sobre un suelo cuyo manto freático es alto, el acuífero de Valdesia, uno de los recursos hidrográficos más importantes del país. También al ser arrastradas por el viento y con ayuda de los fenómenos atmosféricos usuales de la región como huracanes y tormentas.
No obstante, la central afirmó en un comunicado que la firma consultora italiana RINA, encargada de hacer las auditorías medioambientales, avala “que la metodología que se aplica actualmente para la disposición de las cenizas está acorde con los estándares de las tecnologías y mejores prácticas a nivel global”.
Por su parte, Carvajal opina que debería existir un acuerdo “para que las cenizas retornen al mismo país que nos lo vendió”, a través del esquema conocido como responsabilidad extendida del productor (REP).
Pero las cenizas no son la única preocupación de los activistas en contra de los efectos de Punta Catalina. De León sostiene que los Sistemas de Control de Calidad del Aire (AQCS), filtros en forma de telares húmedos que atrapan micropartículas cuando los gases ascienden, y que se complementa con el sistema FGD (desulfurizador de gases) para neutralizar el sulfuro utilizando cal, fue afectado por la utilización de carbón proveniente de Estados Unidos, muy rico en cloro, el cual corroyó los telares. “Destruyeron el filtro, usando un carbón que no era el especificado”, sostiene.
Afirma, además, que durante un periodo determinado se suprimió el uso de cal, cuando los cementeros alegaron que con las cenizas “no se podía hacer nada” por el alto contenido de esta sustancia. Esto provocó humaredas, entre febrero y abril, causadas por emisiones que “no tuvieron ningún control”, por lo que alertaron a la población.
“Celso Marranzini dice que ya restauraron los filtros, ojalá sea así”, dice De león refiriéndose al vicepresidente ejecutivo de Punta Catalina.
De León afirma que la vida marina es nula o escasa, debido a los desechos arrojados al mar de un puerto mal construido que hubo que demoler, y que sepultó los corales.
El vocero del CNLCC añade: “La auditoría técnica (Sargeant and Lundy), estableció que la cinta transportadora que lleva el carbón descargado de los barcos hasta la planta nunca sirvió porque los rodillos no eran los que correspondían y, además, dice que en vez de construir dos cintas construyeron una sola, así que es una violación a lo especificado en los términos de referencia de la construcción”. Y señala que “más del 50 % de las soldaduras de la central están mal hechas, sobre todo de las calderas y las tuberías. La mayor parte de las piezas auxiliares no son las especificadas”.
Al respecto, Marranzini asegura que la central cumple con todos los parámetros medioambientales, como requisito de los bancos europeos que financiaron la obra. “Cuando hay una soldadura mal hecha simplemente hay que detener la planta y rehacer la soldadura. Esas cosas se han ido resolviendo. Hablar de que esa situación contamine, no, eso solo daña la eficiencia de la planta”, comenta el vicepresidente ejecutivo de Punta Catalina. “Acabamos de dar un mantenimiento de largo plazo a Punta Catalina 2, para (el cual) contratamos 200 temporeros por 45 días”.
“Somos los más afectados, ¿dónde están los beneficios de Punta Catalina?”
“Punta Catalina, como todo desarrollo humano tiene un impacto en el medio ambiente, lo que hay que ver es cómo se remedia. Tenemos que velar que nada afecte la salud de nuestros empleados ni de las áreas circundantes”, concede Marranzini, que sitúa la vida útil de la central en unos 40 años.
Afirma que actualmente la empresa está apoyando la construcción de un asilo de adultos mayores y que tiene un acuerdo con la ONG Hábitat para la Humanidad para la construcción de viviendas, que comprende un desembolso de 10 millones de pesos dominicanos.
“Si nosotros somos los más perjudicados, debemos ser los más favorecidos”.
No obstante, la inconformidad de los residentes de la zona respecto a la política de responsabilidad social de la empresa y las expectativas frustradas son generalizadas.
Manuel, por ejemplo, un adulto mayor de 83 años que no ha conocido otro lugar que Catalina, se queja de que los jóvenes necesitan un play para practicar béisbol y las familias un nuevo cementerio para enterrar a sus muertos, pero que la compañía ignora estas carencias. En cambio, otro residente, afirma que gracias a la central los apagones ya no existen, aunque la energía siga siendo costosa.
“Si nosotros somos los más perjudicados, debemos ser los más favorecidos”, expresa un residente de Santana, Andrés Arias, que en medio de la calle con un gran cartel, intenta recaudar fondos para las más de 180 personas mayores de su fundación que padecen diversas enfermedades y cuyos hijos no tienen suficientes recursos ni empleo.
“De Punta Catalina no hemos recibido nada. Nosotros pensábamos que la luz la íbamos a recibir gratis y al día de hoy estoy pagando 3 mil pesos de luz al mes” (equivalente a unos $53 dólares), comenta Onel, motoconchista del municipio de Carretón, mientras está sentado en una parada construida con hojas de zinc y una lona llena de agujeros. A sus espaldas hay una pizarra con información de los últimos fallecimientos del municipio: el Mural Informativo del Socorro Mutuo de Carretón, mediante el cual los comunitarios se ayudan económicamente cuando ocurre un deceso.
“Al principio aquí la gente se negaba a la construcción de esa planta, pero donde hay fuerzas mayores, ¿qué se puede hacer contra eso?”, dice el presidente de una junta de vecinos de la zona. Reconoce que el suministro de energía cambió para mejor, pero también afirma que la factura sube sin que los usuarios reciban explicación alguna. Trabajó como varillero durante la construcción de la planta en jornadas de 12 horas por un año. Ha intentado volver, pero sin éxito.
“Yo trabajé en las mismas cenizas y te hacen unas ronchas en la piel”, testimonia un hombre desde el batey San José, aunque las marcas han desaparecido ya. A pesar de que se benefició con un empleo temporal allí, está seguro de que lo mejor es cerrar la planta: “Está haciendo daño (las cenizas), los frutos ya no se están dando igual”, dice señalando la tierra. “Se quedan pasmados, nunca se había visto eso”, asegura.
Ingrid Paulino, de la Sociedad Ecológica de Nizao y que colaboró con el informe sobre Punta Catalina, observa un número creciente de infartos y de jóvenes con problemas cardíacos, que cree están relacionados con ella.
Un profesional de la salud del Hospital Municipal de Nizao ve también un aumento de las enfermedades respiratorias. La ocurrencia de la pandemia por COVID-19, explica, dificulta tener plena certeza de si Punta Catalina es la responsable. Sin embargo, afirma que han ocurrido casos de cáncer de estómago en personas que han trabajado en la planta, y muertes por leucemia en el municipio de Santana, que anteriormente eran sucesos extraños.
“Hubo dos fallecimientos por leucemia en el mes de junio. Unas leucemias muy aparatosas, fulminantes”, expresa el profesional. Considera que es necesario equipar debidamente el laboratorio del hospital, para hacer la determinación de plomo y otros metales, que puedan arrojar luz sobre la incidencia de Punta Catalina en la salud.
“La comunidad está consciente de que Punta Catalina enferma y mata, pero saben que el gobierno ha decidido convertir a la provincia en una zona de sacrificio. Todos los ayuntamientos emitieron resoluciones pidiendo la conversión a gas de la planta” cuando aún era viable, se lamenta.
El informe del CNLCC proyectó unas 596 muertes prematuras en el país en 30 años de vida útil de la planta, en un escenario consistente con las emisiones declaradas de la empresa.
“La comunidad está consciente de que Punta Catalina enferma y mata, pero saben que el gobierno ha decidido convertir a la provincia en una zona de sacrificio”.
De León está convencido de que existe la posibilidad de instalar en el país plantas solares, energía eólica y almacenamiento en baterías que serían cubiertas por bonos verdes vendidos en el mercado de carbono de Estado Unidos. Estima que se podrían obtener 7,770 millones de dólares por las 97.12 millones de toneladas de CO2 que Punta Catalina dejaría de emitir, entre el 2028 y el 2040, a 80 dólares la tonelada.
“¿Usted sabe cuánto espacio hace falta para poner todas esas energías renovables? Nosotros hicimos el cálculo, simplemente por curiosidad, y hace falta una isla y media”, contesta Marranzini al respecto.
“Si sacamos Punta Catalina, usted sabe lo que va a pasar. Desgraciadamente, el gobierno pasado no le dio importancia a las energías renovables, este sí, incluso hemos tenido días donde la generación de energías renovables es mayor que la de Punta Catalina, pero eso no significa que la podemos sacar, eso significa que vamos creciendo. La oferta y demanda andan muy cerca, hay que tener mucho cuidado, porque entonces tendríamos apagones por falta de energía, que no lo hemos tenido en el último año”, argumenta el vocero de la empresa.
“La energía renovable no es estable”, insiste Marranzini. “Tiene que ser una transición gradual, aquí nadie quiere que le suban un centavo a la energía. Tenemos que aterrizar, los que vivimos con la realidad y los que sueñan. Estoy de acuerdo con lo que dice Enrique [de León], el problema es el plazo y cómo. Lo que tenemos que ver es lo que le ha devuelto Punta Catalina al país, porque le ha pagado este año $105 millones de dólares a Hacienda y a la Dirección de Impuestos Internos $1,396 millones de pesos, todo eso va a beneficio de la población”.
Asegura que gracias a que se genera un 100% de la demanda de energía, el uso de plantas de emergencias en los hogares y negocios ha disminuido, y con ello la contaminación que producían.
“Baní”, el nombre del poblado más conocido de Peravia significa “abundancia de agua” en lenguaje taíno, lo que explica su floreciente agricultura, a pesar de su clima de bosque seco. Son famosas su Feria del Mango y los increíbles atardeceres que ofrece Punta Salinas a las decenas de turistas que lo visitan cada fin de semana, y que se toman fotografías junto a las montañas de sal que se extraen de su costa.
“¿Acaso los banilejos tienen que morir para que el país tenga energía?”, es una reflexión que queda en el aire, para quien desee apropiarse de ella.
