Para Dante Álvarez, ambientalista, transitar por la avenida Tollocan de Toluca, capital del Estado de México, es sumergirse en una mezcla de hedores industriales. “Algunos no son tan desagradables como el olor a cereal mojado de la Cervecería Cuauhtémoc. Pero en el centro llega a oler a croqueta de perro”, cuenta en entrevista sobre las fábricas que llenan el cielo de una nata grisácea.
En el valle de Toluca —hogar de Metepec, la ciudad más contaminada de Norteamérica— 16 mil personas han padecido de alguna enfermedad debido a la mala calidad del aire en lo que va del año, según datos oficiales recopilados para este reportaje. Los límites de contaminantes son tres veces los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El colectivo de Álvarez, Cometa, lleva dos años en una batalla legal contra las normas laxas fijadas por el gobierno estatal. “Pero no han hecho ninguna acción significativa para mitigar la contaminación y las emisiones, más allá de foros y eventos donde aplauden a los funcionarios”, comenta.
Según un estudio de 2019 las causas de este problema son el tráfico vehicular y las emisiones de los 31 corredores industriales que hay en la zona. Precisamente, el sector industrial no sólo es causante de este problema ambiental, también es responsable del 45% de todas las emisiones fósiles del Estado de México (Edomex). Así lo muestra el Inventario Estatal de Emisiones de gases de efecto invernadero 2020.
Por ello, desde abril de 2022 las empresas del Edomex deben pagar 43 pesos por cada tonelada de CO2 emitida, ya sea de forma directa o indirectamente por el consumo de electricidad, gracias al Impuesto por Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera.
Con esta iniciativa del gobernador priista Alfredo del Mazo (2017-2023) se esperaba fomentar la transición energética del sector industrial al “incentivar el uso de diferentes tecnologías que generen menores contaminantes […]” En consecuencia, el nivel de contaminación reportado en la entidad se verá reducido, reflejándose en la salud de los mexiquenses”, según se lee en la Iniciativa de Ley de Ingresos.
Asimismo, se tenía como meta recaudar 80 millones de pesos en 2022. Sin embargo, durante ese año sólo se recaudaron 59.8% de la meta establecida, encontró Climate Tracker vía transparencia.
Para julio de 2023, por este gravamen se han recaudado 142 millones de pesos, equivalentes a 8.3 millones de dólares.
Esta cantidad representa más de cinco veces los recursos invertidos en 2022 por el gobierno estatal para estudios y proyectos para enfrentar la crisis climática, tal como se puede evidenciar en la cuenta pública 2022 del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático. Pero, a la fecha, no es público el destino final de este dinero.
Fracaso y opacidad climática
Los 142 millones de pesos recaudados por el impuesto climático se deben invertir en “acciones para garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano”, dicta el Código Financiero de la Entidad. Sin embargo, el gobierno estatal no cuenta con ninguna prueba documental de que esto haya ocurrido, como reflejan las respuestas de la Secretaría de Finanzas y del Medio Ambiente, vía transparencia.
Climate Tracker solicitó a la esta entidad aclarar el destino final de los recursos. Pero ésta respondió que no encontró información al respecto.
“Todo el dinero recaudado por el impuesto a las Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera se va a la Caja General y es utilizado conforme la Ley de Egresos del Estado de México” fue la única explicación, sin dar más detalles.
Este medio también preguntó, vía transparencia, a la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), la Comisión Estatal de Parques Naturales (CEPANAF), el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IECC), la Comisión del Agua (CAEM), la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAEM) y a la Secretaría del Medio Ambiente (SAM) si recibieron y, en su caso, ejercieron recursos derivados del gravamen climático.
Casi todas estas dependencias aclararon que no recibieron ni usado tales recursos, exceptuando la SAM: “No está en nuestras atribuciones tener esa información”, fue su respuesta.
Para disponer del dinero recaudado se necesita firmar un convenio con la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas, afirmó que ningún convenio para tal fin. De modo que el destino de esos 142 millones de pesos, actualmente, es desconocido.
El misterio sobre el dinero recaudado no es el único caso de opacidad en la administración de Del Mazo. Su gobierno tampoco tiene, afirma en sus respuestas de transparencia, información sobre las emisiones fósiles de las empresas de la entidad, datos que permitirían evaluar si el gravamen logró disminuir o no las emisiones.
Al solicitar los datos la Secretaría del Medio Ambiente respondió que no estaba dentro de sus atribuciones tener esa información y sugirió hacer la solicitud al Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC). Este instituto refirió que la única información con la que cuenta son datos del inventario de 2020.
“No es información que llegue periódicamente al instituto, nosotros la teníamos que solicitar a la Secretaría”, explica sobre estas declaraciones Claudia Alanis Ramírez, investigadora de la UAEM y ex Jefa del Departamento de Políticas Públicas para el Cambio Climático del IECC hasta 2019.
Para Xóchitl Cruz, investigadora de la UNAM y especializada en inventarios de emisiones y política climática, la falta de información es un problema común en todas las entidades de México. Pero apunta que la administración de Del Mazo no sólo se destaca por su opacidad sino también por cumplir la Ley Estatal de Cambio Climático a destiempo.
De acuerdo con dicha ley, el gobierno estatal debe actualizar su Programa de Acción Climática (PEACC) —el cual rige los objetivos, metas y prioridades climáticas— al primer y cuarto año de cada sexenio. Sin embargo, esto no pasó con la administración de Del Mazo hasta su penúltimo año.
“Aunque la ley no dice cada cuanto se debe actualizar un inventario, para los planes del PEACC tendría que basarse en datos actualizados, incluyendo las emisiones”, explica.
Por su parte, Alanis Ramírez considera que no fue hasta esta administración que comenzó a aplicarse la LECC, aunque aún hay temas pendientes, principalmente financieros.
Desde 2013, en el Estado de México se debió implementar un Fondo Estatal de Cambio Climático para captar, administrar y destinar recursos que permitan financiar políticas públicas contra la crisis climática en la Entidad. Asimismo, se debería crear un un mercado voluntario de emisiones generadas por las empresas de competencia estatal y municipal, con el objetivo de reducir sus emisiones de forma medible, reportable y verificable.
Sin embargo, según un informe del IEECC, para 2021 no se crearon estos instrumentos. En el Programa estatal de acción ante el cambio climático de 2022 aún se analizaba la posibilidad de implementar el fondo climático.
“Se consideró que fuera Finanzas quien se encargara de eso, pero hasta donde sé aún no se implementa. Lo ideal es que el dinero recaudado se hubiera invertido en más proyectos. Siempre hay mucha demanda de los municipios; pero nuestra respuesta era: ‘No, no hay presupuesto ahora o se está gestionando’, los teníamos en una lista de espera, comenta al respecto Claudia Alanís, de la UAEM.
En 2022 el IEECC elaboró un diagnóstico que permita fomentar la transición energética en la entidad; pero, según el mismo informe, “debido a la falta de recurso monetario y personal especializado” se vio disminuida la precisión de los datos recabados ya que no pudieron hacer ninguna medición en campo.
Climate Tracker solicitó una entrevista al IEECC sobre estas omisiones; pero al cierre de edición de este reportaje no hubo respuesta.
El papel de las empresas
Cerca de tres mil empresas deben de pagar el impuesto climático, pero apenas 9.3% de ellas han realizado al menos un pago durante los 15 meses de implementación del gravamen, encontró Climate Tracker, vía transparencia.
El gobierno estatal insiste que el objetivo del impuesto es ambiental, no recaudatorio. Si todas las empresas hicieran el pago promedio que se ha hecho hasta el momento, podrían recaudarse en un año 46 mil millones de pesos.
En una conferencia de febrero de 2023, el presidente de la Comisión Jurídica de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), David García Antonio, afirmó que “se han concedido amparos a empresas grandes: cerveceras, refresqueras, empresas de textiles” para que no lo paguen y se les regrese lo ya pagado. Pero la Secretaría de Finanzas declaró no contar con información al respecto.
Una deuda pendiente en el Estado de México
En mayo de 2023, los medios The Observer y Forbidden Stories revelaron un desvío de más de 5,000 millones de pesos en el gobierno de Del Mazo, a través de contrataciones públicas de empresas fachadas. Una de las dependencias involucradas es la Secretaría de Finanzas, responsable del dinero recaudado por el impuesto climático.
El propio titular de esta secretaría, Jarque Lira, y el gobernador Del Mazo —cuando trabajaban juntos en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en 2013— estuvieron involucrados en el caso de la Estafa Maestra, una red de corrupción en el gobierno federal con el que se malversaron, al menos, 7 mil 670 millones de pesos bajo el mismos esquema, revelaron Animal Político y Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad.
Climate Tracker solicitó entrevista con Rodrigo Jarque Lira para saber en qué se gastó el dinero del impuesto climático. También se buscó al gobierno entrante de la morenista Delfina Gómez, quien ocupará el cargo el próximo 16 de septiembre. Pero al cierre de edición de este trabajo no hubo ninguna respuesta.
Así, tras casi un siglo gobernando el Estado de México, la última administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se va dejando el misterio climático de los 142 millones de pesos.
