Dos oficiales de la policía de Río Negro, en la Patagonia argentina, tomaron de los brazos a Cecilia Salcedo mientras la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Dina Migani, ordenaba expulsar a la docente de la audiencia pública que acababa de comenzar. Era el jueves 17 de agosto de 2023 por la mañana, en el gimnasio Vuta Mahuida de una lluviosa Sierra Grande. Esta localidad rionegrina tiene más de 12.000 habitantes y se ubica a unos 30 kilómetros de la costa atlántica. Aquí, oponerse al oleoducto Vaca Muerta Sur tiene consecuencias.
El auditorio estaba colmado por unas 400 personas, la mayoría vecinos de Sierra Grande, pero también dirigentes políticos y personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la principal petrolera del país. Una multitud le gritaba a Salcedo, la abucheaba, le silbaba, aplaudía para tapar su reclamo. En el escenario se encontraban Migani; Alejandro Palmieri, vicegobernador de Río Negro; Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande; y Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de la petrolera.
Salcedo es integrante de las Asambleas del Curru Leufú y vecina de Las Grutas, localidad costera de Río Negro. Las oficiales de policía la retiraron por la fuerza, antes de que pudiera terminar de explicar su reclamo: afuera del gimnasio, bajo la lluvia torrencial, ciudadanos de su localidad y de la vecina Las Grutas que están inscriptos para exponer como oradores en la audiencia pública no podían ingresar. La policía se los impedía, alegando que el gimnasio había sobrepasado su capacidad. Sin embargo, había sillas vacías y una de las organizadoras en la entrada admitió ante elDiarioAR que había 15 lugares disponibles. Aun así, muchos asambleístas no ingresaron. Había una orden, aunque la policía no informó de quién.
La secuencia que tuvo a Salcedo como protagonista resume en un hecho concreto lo que se preparó durante más de un año, periodo durante el cual YPF realizó actividades de lobby en pos del oleoducto Vaca Muerta Sur, que incluyeron viajes, exposiciones, charlas, reuniones a puertas cerradas con legisladores para lograr barrer con la ley que impedía la construcción del oleoducto y su terminal portuaria en la zona elegida por la petrolera: el golfo San Matías. Las “charlas informativas” también se realizaron con vecinos de Sierra Grande para convencerlos de que apoyen el proyecto. Así lo confirmaron vecinos, legisladores y otras fuentes consultadas por elDiarioAR y Climate Tracker.
La secretaria Migani participó también en charlas en paralelo, de acuerdo a las publicaciones locales. Además, la Secretaría de Ambiente de Río Negro contrató a la empresa Vinco Consultora para que diera un curso de capacitación en oratoria a los vecinos de Sierra Grande que expondrían a favor del oleoducto, según admitió una de sus ejecutivas, Orieta Lillo Arenas, en una entrevista con este medio.
Roles confusos
Al inicio de la audiencia pública del 17 de agosto, Suyhay Quilapan, también docente, integrante de la Pastoral Social de Viedma —capital de Río Negro— y de Asambleas del Curru Leufus, había intentado acercarse a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático para advertirle que los oradores que venían a oponerse al oleoducto de YPF no podían ingresar. Fue en vano. Por eso, Salcedo reaccionó de una manera que nunca esperó. Interrumpió la presentación de la audiencia pública cuando escuchó una palabra que vino desde el escenario: “Democracia”. “Esto no es democracia”, dijo a viva voz. Fue cuando Migani tomó el micrófono y ordenó echar a la docente de la audiencia.
Después de que la policía sacó a Salcedo, Migani bajó del escenario y se acercó a las asambleístas en el hall, quienes le mostraron que la gente no solo no podía ingresar. Afuera, había llegado un grupo de hombres con carteles del sindicato de la construcción (Uocra), bombos y cantos con agresiones al pueblo originario mapuche y a los asambleístas que se manifestaban contra el oleoducto. Los manifestantes, ante la presencia del jefe de Gabinete de Sierra Grande, José María Clemant, impedían que los asambleístas se acercaran al gimnasio.
Migani se asomó para visualizar la escena, pero antes de que pudiera decir algo la escoltaron hasta el escenario. Los asambleístas que habían logrado ingresar decidieron retirarse ante la imposibilidad de todos los inscritos para exponer su posición y ante el temor de una escalada de violencia que ya se palpaba.
La audiencia pública fue organizada y convocada por la Secretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de las leyes ambientales y del control ambiental sobre la actividad petrolera en Río Negro. Duró unas 10 horas, durante las cuales no se manifestó una sola voz en contra del oleoducto Vaca Muerta Sur. El gobierno de Río Negro no convocó a ninguno de los científicos que alertan sobre los riesgos de esta obra. Solo invitó a quienes están a favor.
El ducto y su terminal portuaria son apoyados por los sindicatos locales —desde los médicos y los maestros hasta la construcción, pesqueros y petroleros— y también por sectores empresariales, como la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). Todos ellos se expresaron en la audiencia pública del 17 de agosto último.
A nivel político, el proyecto es motorizado tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, los principales partidos políticos. En todo el país es impulsado por el Ministerio de Economía que encabeza el también candidato presidencial Sergio Massa.
“Celebro que las audiencias públicas no sean vinculantes porque en las audiencias públicas que me ha tocado participar la mayoría de las personas son las que se anotan para exponer y para expresarse generalmente en contra del proyecto”, dijo Migani al cerrar la audiencia en Sierra Grande.
A pesar de sus reparos, Noale terminó votando a favor de modificar la ley por mandato de su bloque, dijo en la sesión.
“Eso no es lo que ha pasado hoy. Realmente estoy sorprendida porque todos los ciudadanos rionegrinos, los vecinos de Sierra Grande se han expresado a favor del proyecto”, dijo, cuando la interrumpieron los aplausos del auditorio. “Si las audiencias públicas fueran vinculantes, yo diría ‘está aprobado el Estudio de Impacto Ambiental’”, agregó Migani.
elDiarioAR y Climate Tracker enviaron a la funcionaria el lunes 18 de septiembre un cuestionario para conocer su versión y su posición sobre los hechos que se describen en este reportaje. Ante la falta de respuesta, un vocero de Migani respondió una semana más tarde que la secretaria estaba “con una agenda muy cargada”. Ese mismo día, se envió también un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió, porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció a la petrolera y a la funcionaria extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron. Tampoco respondió las consultas el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini.
Los riesgos
¿Por qué es cuestionado el oleoducto y su terminal marítima? Porque en el golfo San Matías, donde se realizará gran parte de la obra, el transporte de hidrocarburos estaba prohibido por ley en pos de la protección de esta área natural, que los científicos consultados para esta investigación —desde biólogos hasta oceanólogos— consideran invaluable.
Punta Colorada, adonde llegarán los buques petroleros a cargar el crudo que traerá el oleoducto desde la cuestionada Vaca Muerta (Neuquén), está rodeada de al menos cuatro áreas naturales protegidas por su alto valor en biodiversidad: Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad; el Parque Nacional Islote Lobos; la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros; y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.
“Esta biorregión (el Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico en un comunicado.
Alertaron también sobre las posibles consecuencias de esta infraestructura. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del foro.
Una de las funciones de Migani es analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del oleoducto y su terminal portuaria en Punta Colorada, ubicada a unos 30 kilómetros de Sierra Grande, una postergada localidad donde la mayoría de la población apoya el oleoducto ante la promesa de fuentes de trabajo y prosperidad económica.
Los estudios fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF, que expusieron sus resultados durante la audiencia y en torno a los cuales debían realizarse las exposiciones de los oradores en dicho encuentro. Francisco Pinilla —representante de ERM Consultora, una de las tres empresas contratadas por YPF para realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)— expuso en la audiencia del 17 de agosto: “No sabemos qué va a ocurrir, pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. Pinilla afirmó que los impactos ambientales del oleoducto y su terminal portuaria serían “entre bajos y moderados”.
Leandro Loguzzo, de YPF, aseguró al auditorio que las medidas de seguridad del oleoducto y su terminal portuaria —que contará con dos monoboyas desde las cuales los buques cargarán el crudo— garantizan que no hay posibilidad de derrames en el golfo San Matías. Sin embargo, ese sistema ya ha fallado, como en diciembre de 2007, cuando las playas y los pingüinos de Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, Chubut, amanecieron cubiertos de petróleo. De eso no se habló en la audiencia pública, a pesar de que se invitó a exponer al superintendente marítimo de la empresa Termap sobre las bondades del sistema y de su compañía, ya que la empresa tiene altas chances de operar las monoboyas en el golfo San Matías. Ésta también operaba la monoboya durante el desastre ambiental provocado por el derrame de 2007. El derrame fue objetivo de un juicio que terminó con todos los acusados absueltos, como informó el Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una de las organizaciones ambientalistas que sostienen que el avance de Vaca Muerta para exportar crudo no solo implica riesgos de derrames en una zona de naturaleza invaluable para Argentina, sino que va en sentido contrario a los compromisos asumidos por el país para mitigar la crisis climática actual, como la transición energética a la que se comprometió Argentina a nivel internacional.
“Hay que contemplar los riesgos potenciales a futuro, asociados a la industria petroquímica y sus derivados como, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, que contribuyen al cambio climático”, explicaron el biólogo Cristian De Haro y otros científicos en un trabajo realizado para el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
Capacitación selectiva
La capacitación en oratoria pagada por el gobierno de Río Negro se realizó únicamente en el lugar que apoya el proyecto de YPF y se obviaron localidades como Las Grutas y San Antonio Oeste, ciudades en las que las asambleas vecinales se oponen ante los riesgos ambientales y económicos que el oleoducto significa para el golfo San Matías. Muchos de sus habitantes se dedican al turismo y a la pesca artesanal y buscan proteger sus anchas y hermosas playas y aguas azules.
Ante la consulta, Orieta Lillo Arenas, cofundadora junto a Fabiana Alonso de Vinco Consultora, la empresa encargada de la actividad, admitió que no se hizo ningún esfuerzo por contactar a los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste para la capacitación.
“Se hizo una convocatoria a través de los canales formales de la Secretaría de Ambiente y medios del municipio de Sierra Grande, pero no teníamos el contacto de las asambleas de Las Grutas o San Antonio Oeste”, respondió Lillo Arenas.
Lillo Arenas afirmó que su empresa ha sido contratada en diferentes oportunidades por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para organizar audiencias públicas. Para la capacitación de los vecinos de Sierra Grande, sus fundadoras se trasladaron hasta el municipio a finales de julio y dieron un taller sobre oratoria. Ante la pregunta de cuáles fueron sus honorarios, la abogada dijo que no lo sabía.
Sobre las exposiciones de políticos, académicos, empresarios y vecinos que únicamente apoyaron el oleoducto, Lillo Arenas afirmó: “Debería haber estado el contrapunto, faltó esa parte. Les pedimos a los integrantes de las asambleas que se quedaran” luego del incidente y la expulsión de Salcedo. También admitió que durante el taller de capacitación comprobó que los vecinos de Sierra Grande tenían temores sobre los riesgos ambientales de un oleoducto y terminal portuaria en el golfo San Matías.
Los temores de los vecinos de San Matías no fueron mencionados en sus exposiciones en la audiencia. Estos apoyaron casi sin cuestionamientos el proyecto petrolero y dejaron en claro que su localidad ha sido postergada por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales tras el cierre de una mina de hierro de la que vivía la localidad. El oleoducto es para ellos la posibilidad de recuperar trabajo, evitar que los más jóvenes dejen el pueblo y reunir nuevamente a las familias divididas por la falta de empleo.
El oleoducto dará 700 puestos directos de mano de obra, según expuso Leandro Loguzzo, de YPF, en la audiencia pública. “Un porcentaje muy importante será de mano de obra menos especializada”, prometió a los habitantes de Sierra Grande, que esperan con ansias que el proyecto petrolero les traiga prosperidad económica, aunque sea transitoria. “Los vecinos han puesto demasiadas expectativas en el oleoducto”, concluyó Lillo Arenas.
Amedrentamiento
En Sierra Grande no hay margen para díscolos. En septiembre de 2022, docentes del Instituto de Formación Docente organizaron un debate sobre el oleoducto en el marco de un trabajo de investigación de los alumnos de las cátedras de Artes plásticas y Música y Ciencias naturales. Invitaron a exponer sus argumentos al presidente del Concejo Deliberante de Sierra Grande, Mauro Tamburrini, a favor del proyecto petrolero y hermano del intendente; a un profesor en química independiente, Gaspar Siguero; al guardaparques del Parque Nacional Islote Lobos, Leonardo Juber; y a Fabricio Di Giácomo y otros integrantes de las asambleas de Las Grutas y San Antonio Oeste, críticos al proyecto.
Las autoridades del instituto —según testigos directos— intentaron disuadirlos y sostuvieron que el debate “no era necesario”, porque la información sobre el proyecto estaría a cargo de YPF, cuyos representantes se trasladarían a la localidad para informar a la población. Aun así, los docentes continuaron con los preparativos de la charla, cuyo espíritu era el debate, según pudo reconstruir este medio.
El día de la charla abierta a la comunidad, el sindicato de la construcción también realizó un despliegue a favor del oleoducto en las inmediaciones de la sala. Los asambleístas vivieron el mismo escenario de tensión que se replicaría en la audiencia pública. No era la primera vez que el sindicato amedrentaba a los asambleístas. Ya había sucedido en la puerta de la legislatura de Río Negro, días antes, cuando se trasladaron a la legislatura para la segunda sesión que confirmó la derogación de la ley que protegía al golfo San Matías. Así lo relataron cuatro testigos directos.
Pocos meses después de la charla, algunos de los docentes que habían organizado el debate debieron dejar Sierra Grande ante presiones, castigos administrativos y acoso por parte de las autoridades del instituto para el que trabajaban, según los testimonios obtenidos por elDiarioAR y Climate Tracker.
Carlos Olmedo, profesor, licenciado y director del Instituto de Formación Docente de Sierra Grande, respondió a elDiarioAR y Climate Tracker que la charla fue “una instancia de información para estudiantes que no sabían de qué se trataba este fantástico proyecto”, dijo en relación al oleoducto. “Creo que todos estaban de acuerdo con el posicionamiento de sí a la obra. Ninguna voz fue acallada”, aseguró Olmedo. “Hay muy pocos que discrepan y esto está relacionado a la necesidad de fuentes de trabajo, aunque siempre se sostiene una preocupación por el cuidado al medioambiente y esto se trata en el Instituto en el área de Ciencias Naturales”, agregó.
Visitas a Vaca Muerta
El objetivo de las actividades de YPF con legisladores de la provincia, funcionarios y vecinos de Sierra Grande fue garantizarse el apoyo incondicional al oleoducto en la legislatura de Río Negro y en la audiencia pública. Así surge de un documento de la compañía (se detallará en la segunda entrega de este reportaje), publicaciones en redes sociales y testimonios en on y en reserva de testigos directos. Todo estuvo desde el inicio bajo el control de la petrolera y de las autoridades que apoyan el proyecto hidrocarburífero.
El 20 de julio, cuatro semanas antes de la audiencia pública, Tamburrini, intendente de Sierra Grande, encabezó una comitiva que viajó desde la localidad rionegrina hasta las instalaciones de YPF en Vaca Muerta, invitados por la petrolera. “El jefe comunal arribó a la capital neuquina acompañado por Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo (municipal), integrantes de la mayoría de los bloques del Concejo Municipal, referentes sindicales y gremiales, integrantes de las Juntas Vecinales y medios de comunicación”, también locales, según publicó la intendencia en su cuenta de Facebook.
“Sierra Grande ha adoptado este proyecto como propio. Lo va a defender desde el debate porque la gente se ha informado”, aseguró Tamburrini a este medio el día de la audiencia pública. El oleoducto “implica desarrollo y crecimiento. Sierra Grande es una comunidad que estuvo 30 años postergada en desarrollo y crecimiento”, afirmó el intendente. “El riesgo ambiental existe, pero es improbable”, estimó Tamburrini.
Para que el oleoducto sea posible, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Migani, debe aprobar los estudios de impacto ambiental de las obras. En septiembre, la funcionaria fue denunciada ante la Justicia penal por haber supuestamente obstruido la participación de habitantes de Río Negro que estaban inscritos en la audiencia pública para manifestar sus críticas al proyecto petrolero.
Revisa la segunda parte de esta investigación aquí.
