A las diez de la noche del primer día de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza en Azerbaiyán, y tras toda una jornada donde la atención estuvo más centrada en la pelea – infructuosa– de Brasil y Sudáfrica por incluir en la agenda la discusión sobre cláusulas comerciales como la ley anti deforestación de la Unión Europea, la COP29 logró su primer hito: tras tres años de discusiones, los países aprobaron las metodologías sobre las cuales empezará a funcionar el nuevo mercado global de carbono bajo el Artículo 6.4 del Acuerdo de París.
A diferencia del actual mercado voluntario que es gestionado por organizaciones privadas como Verra o Gold Standard, este nuevo mercado regulado se guiará bajo normas científicas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y exigirá a los países participantes informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) desde la forma para calcular el carbono que se venderá hasta los pasos para garantizar que no se violarán derechos humanos, laborales y de las comunidades alrededor de los proyectos.
También deberán demostrar que esos proyectos representan una mitigación “adicional” a la que de por sí los países están obligados a conservar legalmente o que ya apoyan a través de otras políticas como beneficios fiscales.
¿Por qué ahora?
La discusión sobre el mercado regulado de carbono se viene dando en las conferencias del clima desde al menos la COP27 de 2022. El año pasado en la COP28 se esperó hasta el último día y los países volvieron a fallar en lograr el consenso.
Hay tres razones por las cuales la historia fue diferente en la COP29:
- La necesidad de una victoria ante una conferencia complicada: Con la contenciosa discusión sobre la nueva meta de financiamiento climático en la mesa, la presidencia de Azerbaiyán ya tiene un “logro”. Una estrategia similar a la empleada en 2023 por Emiratos Árabes Unidos, entonces presidente de la COP28, con el fondo de daños y pérdidas.
- Muchos interesados: la mayoría de los países europeos y asiáticos dependen de los créditos de carbono para cumplir sus compromisos climáticos actuales, y todo significa que seguirá así en los nuevos compromisos “más ambiciosos” que deberían presentar de aquí a febrero de 2025. El nuevo compromiso de Emiratos Árabes Unidos presentado en noviembre, por ejemplo, depende en parte de los créditos de carbono bajo el Artículo 6, al igual que el de Brasil, presentado durante la COP29.
- Es parte de la discusión sobre financiamiento: tras la aprobación del mercado regulado de carbono, el Secretario de la CMNUCC, Simon Stiell, declaró que el acuerdo permitirá “proveer recursos directos a países en vías de desarrollo y ahorrarnos $250.000 millones de dólares” en políticas climáticas. “Debemos asegurarnos que esos países se beneficien de nuevas formas de financiamiento”, afirmó en conferencia de prensa.
En la discusión sobre el quiénes, cómo y cuánto dinero se necesita para mitigar y adaptarnos al cambio climático, Climate Action Network (CAN) reportó que “negociadores de países desarrollados están diciendo que no hay el dinero público suficiente para la meta propuesta” de billones de dólares anuales, “y que necesitan del financiamiento privado”.
Dos fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el riesgo es que el dinero dirigido a los mercados de carbono sea contabilizado como contribución a la nueva meta que se espera que salga de la COP29.
Para Kirta Chandrasekaran de Amigos de la Tierra, “es entendible que haya países en vías de desarrollo que apuesten a los mercados de carbono porque lo ven como la única manera de recibir financiamiento para el clima. Eso es porque los fondos no están funcionando”.
Nuevas reglas para viejos miedos
Uno de los elementos más relevantes para América Latina es la exclusión de los proyectos de “emisiones evitadas”, como podrían ser varios proyectos de “deforestación evitada” (también conocidos como REDD+), donde el valor se calcula bajo un supuesto de la cantidad de carbono adicional que habría si el dinero del mercado no protegiera un bosque en particular.
Esto no significa que los proyectos REDD+ no puedan ingresar al mercado regulado, explica Isa Mulder, experta de la organización Carbon Market Watch, sino que ahora “deberán demostrar que no solo evitan emisiones, sino que también las reducen o las remueven”.
La decisión de dejar afuera los proyectos de créditos de carbono de emisiones evitadas tiene una razón de ser, y es la falta de garantías científicas sobre cómo calcularlos. En general, los proyectos se basan en asumir un escenario de impacto (como por ejemplo el riesgo de deforestación) para calcular cuánto carbono “evitan” gracias al dinero del mercado.
Pero hecha la ley, hecha la trampa: un estudio científico del 2023 demostró que las principales metodologías utilizadas para calcular ese escenario contrafactual eran fácilmente manipulables; bastaba con exagerar el riesgo de deforestación o utilizar datos desactualizados para argumentar un beneficio climático mayor al real.
La decisión de dejar afuera a este tipo de proyectos es una derrota para el nuevo Grupo SUR que conforman Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay en las negociaciones climáticas de este año. En la COP28, Brasil fue uno de los principales impulsores y en la COP29, la delegación paraguaya había venido con el mandato de lograr incluirlos en las negociaciones.
Pese a esta decisión, el texto aprobado en Azerbaiyán está lleno de bemoles. Uno es la desconfianza sobre los mercados de carbono como herramienta real para la acción climática.
Para Eduardo Giesen, coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Campaña Global para exigir Justicia Climática, los mercados de carbono “han demostrado ser un mecanismo completamente inútil para la reducción de emisiones y una fuente de negocios turbios”, como los vistos este año en Colombia, donde se vendió el carbono de un bosque a espaldas de la comunidad indígena que lo protegía, y en Brasil, donde los impulsores de un proyecto terminaron presos por tener relación con el tráfico ilegal de madera.
La aprobación del mercado regulado de carbono, con discusión casi nula en el primer día de negociaciones, también “sienta un precedente pobre para la transparencia y la gobernanza”, explica Mulder.
Una de las mayores alertas, señalada por la experta, es “que quedan muchas preguntas sin responder”, entre la que se destaca cómo se hará con los proyectos que capturan carbono de manera temporal, como los proyectos de “agricultura regenerativa” o las plantaciones forestales, los cuales podrían ser utilizados erróneamente para “compensar” las emisiones de la quema de petróleo y gas, que duran cientos de años en la atmósfera.
Esto abre la puerta a muchas falsas soluciones, como las impulsadas por el agronegocio sudamericano alrededor de la agricultura y ganadería regenerativa para defender la postura de que el sector es “parte de la solución y no del problema”, como lo describió el gobierno de Argentina en su intervención en la COP29 antes de retirar a sus delegados.
Una defensa que además viene de la mano de mucha desinformación, como la falsa afirmación de que la NASA había demostrado que la ganadería de Argentina y Paraguay “no contaminaba”.
