En la parte norte de Tierra del Fuego, cerca de la entrada del estrecho de Magallanes por el océano Atlántico, está Bahía Lomas. Es un humedal costero en el que el mar penetra y fracciona la tierra en pequeñas islas, donde miles o cientos de miles de aves buscan comida en el agua panda y, de a ratos, se dejan arrastrar algunos metros por los fuertes vientos patagónicos.
Ahí llega el playero ártico tras atravesar prácticamente todo el mundo, desde la costa de Groenlandia, escapando del invierno del hemisferio norte, hasta el tenue verano del extremo sur. De patas oliváceas y pico negro, al llegar a Bahía Lomas el color de sus plumas cambia: deja atrás su pecho rojizo y las manchas blancas de sus alas, y solo quedan tonos grises.
Ahí, en Bahía Lomas, el chorlo de Magallanes picotea entre las rocas y la vegetación, con sus patas rojas y pecho blanco. Es una de las especies más vulnerables del mundo, con población en estado crítico. “Se mueven en esa zona, justo donde se están instalando los proyectos de hidrógeno verde”, advierte Diego Luna, especialista de política y gobernanza de la fundación Manomet.
La fiebre por el hidrógeno verde se está sintiendo en la Patagonia. Solo Magallanes podría generar el 13% de la producción mundial, según estimaciones del Ministerio de Energía. “El potencial es gigante”, dice Kimberly Sánchez, country head de Vestas en Chile y vicepresidenta de la Asociación de Hidrógeno de Chile. “El viento que tiene Magallanes es un viento que no vemos en otras regiones del mundo y ahí es donde está el valor diferenciador”.
Pero, con el desarrollo de proyectos de tan gran escala se podrían generar nuevas “zonas de sacrificio”, advierten varias agrupaciones ambientales. Sin embargo, hay una oportunidad de contener esto: la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que está en el Senado podría instalar lineamientos estratégicos para el hidrógeno verde. Aunque, para algunos, esto podría no ser suficiente.
La escala que están tomando estos proyectos está levantando preocupaciones. Una carta firmada por 70 organizaciones ambientales dice que, si Magallanes produce el 13% del hidrógeno verde a nivel mundial, requeriría “sacrificar” 13.000 kilómetros cuadrados en infraestructura, según Ladera Sur.
Actualmente, ya ingresaron alrededor de 70 proyectos ligados al hidrógeno verde al SEIA en Chile. Y, desde el mundo empresarial, destacan el potencial de Magallanes. “Se presenta como un polo de desarrollo y llamado de cierta forma a tener un rol en la escala global de lo que sería el suministro de hidrógeno renovable y sus derivados”, dice Sánchez, de Vestas. “Vemos en la región un potencial muy importante”.
Calcular cuánto sería ese potencial y el impacto que puede tener este desarrollo no es fácil. Sánchez dice que ellos están viendo entre 10 y 15 gigawatts entre las distintas iniciativas de la región. En Chile, en los últimos 20 años, se han desarrollado unos 4,5 gigawatts de capacidad eólica, recuerda Luna, de Manomet.
Por cómo se están moviendo las cosas, los proyectos son bastante ambiciosos. El 24 de julio ingresó al SEIA una iniciativa para la producción de amoniaco verde (derivado del hidrógeno verde) de HNH Energy en Magallanes, que consiste en un parque eólico con 194 aerogeneradores y que busca generar 1,4 GW. Es decir, por sí solo, ya representa más de un cuarto de la capacidad instalada actualmente. Ante eso, más de 30 organizaciones ambientales han firmado una carta de rechazo al proyecto en la que piden al Gobierno “evitar convertir a Magallanes en una zona de sacrificio”.
“Los proyectos son realmente gigantescos”, dice Luna. Y no solo sería la escala de los parques eólicos con decenas o cientos de aerogeneradores como delgados rascacielos, en los que solo sus aspas rondan los 50 metros de longitud. Además, se sumarían las plantas de hidrólisis y desalinizadoras en la costa, gasoductos y líneas de transmisión, el desarrollo de nuevos grandes puertos, la construcción de carreteras que atraviesen la estepa, y el aumento en el tránsito de barcos en el estrecho de Magallanes.
Entender la escala tampoco es sencillo. El Ministerio de Energía dice que, según estudios, “una planta de electrólisis de 1 GW de capacidad ocuparía entre 8 y 17 hectáreas”. Es decir, si se alcanzan los 15 GW, el terreno ocupado solo por estas plantas sería de entre 120 y 255 canchas de fútbol. Pero, para producir hidrógeno verde se necesitan varios elementos más de una cadena: “Se requiere el suministro de agua y de electricidad, además de una forma de transportar el hidrógeno producido hacia su punto de consumo”, reconoce el ministerio.
“Si tú impulsas una industria de esta escala sin los mínimos [estándares] de ordenamiento, lo que vemos es sacrificio”, advierte Luna. No solo estaría el riesgo de afectar a las aves en peligro de extinción, agrega. Habla de posibles “zonas de sacrificio”.
Quintero y Puchuncaví son ciudades costeras repletas de casas bajas que combinan colores. Podrían ser cualquier otro de los balnearios que se elevan desde el mar hacia pequeñas lomas en la costa chilena.
Las calles dan hacia una bahía curva con playa donde el paisaje, sin embargo, es interrumpido por chimeneas largas, de color blanco con líneas rojas, fabricas desproporcionadas, como si un mall hubiera aterrizado en la tierra, unas especies de cúpulas blancas y un puerto largo donde el tráfico de barcos es continuo. Petroquímicas, termoeléctricas, empresas de abastecimiento de carbón, fundiciones y varias otras se agrupan, se acumulan en el sector. Y los episodios son bastante conocidos en Chile. “Suspenden nuevamente clases en Quintero y Puchuncaví por contaminación ambiental”, es un titular de diario que se repite.
Mareos, vómitos, síntomas de intoxicación y cosas peores. Esa es la zona de sacrificio más emblemática del país. Lugares en los que se agrupan industrias y en los que la sustentabilidad ambiental y social nunca se pensó.
Luna, sin embargo, reconoce que lo que pasaría en Magallanes con el hidrógeno verde sería diferente. “No habría chimeneas y el cielo no estaría todo negro”, dice. Pero la estepa magallánica podría verse afectada, lo que genera preocupación ya que “es un refugio climático y de captura de CO2”, agrega Luna.
La importancia en este sentido no sería menor. En las estepas están, por ejemplo, las turberas, una vegetación primitiva que colonizó los territorios abandonados por los glaciares. Las plantas bajas, como cojines, fueron acumulando material orgánico durante miles de años y, con eso, son capaces de retener grandes cantidades de carbono. De hecho, según un estudio realizado por científicos chilenos, podrían almacenar casi el doble del carbono por hectárea que los bosques de la Amazonía.
Un problema estructural
Desde hace 15 años que Luna ha viajado hasta el sur del mundo a trabajar en Bahía Lomas. A ese humedal, donde la tierra y el agua se cruzan y se mezclan, y el viento es una constante. Ese viento indomable que golpea y que quiere arrastrarlo todo. Es el área de invernada más importante del playero ártico y es el segundo lugar para el zarapito de pico recto. Este último corresponde a un ave de pico largo ligeramente curvado que, por encima, tiene un color gris con plumas bordeadas de pardo oscuro.
Fue recién hace poco más de dos años que Luna y el equipo de investigación en Bahía Lomas comenzaron a enterarse de los proyectos de hidrógeno verde que se iban a instalar en la zona. “Lo empezamos a investigar y publicamos una carta en la revista Science, donde empezamos a alertar un poco sobre lo que podía pasar”, dice el especialista de Manomet.
La carta, enviada en 2022, advierte el impacto que pueden tener los parques eólicos en las aves. Citan estudios que evidenciarían que, si en Chile central hay una tasa de colisión de aves de 0,6 a 1,8 por aerogenerador al año, si se escala esto a la magnitud de los proyectos planificados en Magallanes, esa tasa saltaría a entre 1,740 y 5,220 colisiones de aves por año.“Sin embargo, esta estimación no considera que la Región de Magallanes es un área de migración de alrededor de 43 especies de aves, incluidas Passeriformes, Charadriiformes y Strigiformes, lo que probablemente aumentaría estos números”, agrega la carta.
Se dieron cuenta de que podría haber un problema con la masividad de los proyectos que se estaban planificando para la zona, aunque el peligro iría más allá de las afectaciones a las aves y murciélagos. “No solo había un problema que tenía que ver con el riesgo para las especies nuestras, sino que además había un problema estructural”, dice Luna. Su crítica plantea que se invitó a las empresas a invertir en proyectos de hidrógeno verde en Magallanes sin ningún marco regulatorio. Esto amenaza con un avance inorgánico, sin planificación territorial, que podría tener un impacto significativo en la zona. “Abrieron la cancha sin reglas”, sostiene. “Y ese es el zapato chino en el que estamos hoy”.
El proyecto de ley
Actualmente, el gran problema que identifican distintos actores es que no hay un lineamiento claro en la regulación ambiental para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.
En este caso, el hidrógeno verde se produce a partir de las energías renovables, como la eólica, para luego ser almacenado y exportado, según prevé la estrategia chilena. Ante los distintos requerimientos de infraestructura, los proyectos están dividiendo sus permisos ambientales: una evaluación para el parque eólico, otra para los puertos, otra para la desalinizadora, etcétera.
“No hay un estatuto específico que deban seguir los proyectos de hidrógeno verde en Chile. Existen algunos lineamientos generales, pero que no constituyen normas específicas”, dice Fernando Molina, abogado ambiental y socio de Molina Matta y Asociados. “Esto es especialmente preocupante considerando los impactos territoriales que estos proyectos, dada su magnitud, van a generar en algunos territorios del sur de Chile”.
Por esto, para varios expertos ambientales y abogados, una oportunidad se podría abrir con el proyecto que reforma la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, denominado Evaluación Ambiental 2.0, que está en el Senado actualmente y que introduciría reformas al SEIA. La iniciativa podría establecer lineamientos para los proyectos de hidrógeno verde, en especial, dado que busca modificar el artículo 10 que contiene los literales de ingreso al sistema de evaluación ambiental. Ahí, específicamente, agrega a los “proyectos de producción o almacenamiento de hidrógeno, de carácter industrial”. Es decir, una nueva tipología para el hidrógeno verde.
Actualmente, dado que no existe esa tipología, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó en 2023 los criterios técnicos para el ingreso de proyectos. “Este criterio tiene por objetivo comprender que la cadena de valor de la generación de hidrógeno verde se compone de diferentes proyectos asociados a distintas tipologías”, dice Evelyn Stevens, senior manager de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Chile. Por esto, se debe realizar una descripción de los proyectos que ingresan al sistema e identificar el lugar dentro de la cadena de valor, “con el objetivo de circunscribir la evaluación ambiental únicamente a las partes, acciones y obras físicas del proyecto en evaluación”, agrega.
Si bien los criterios del SEIA reconocen que la industria del hidrógeno verde se compone de diferentes procesos y subprocesos asociados, plantean que en la descripción de los proyectos que se presenten se identifique el lugar en la cadena, pero se ingresen solo a evaluación ambiental por separado.
Ahora, con el proyecto que está en el Senado, dice Stevens, se ingresan cinco nuevas tipologías en el artículo 10 de la Ley 19.300, entre las que está la producción de hidrógeno como una de las actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deben someterse al sistema de evaluación. “Al establecerse el hidrógeno como una tipología, es de esperar que se generen guías para la descripción y evaluación de proyectos, lo que efectivamente entregaría lineamientos más específicos, uniformando criterios, requisitos, condiciones, antecedentes y exigencias técnicas”, agrega. “Las modificaciones al SEIA podrían ayudar a garantizar que estos proyectos sean ambientalmente sostenibles y estén alineados con los objetivos de protección ambiental de Chile, previniendo potencialmente la creación de nuevas zonas de sacrificio”.
“Todo apunta a que el proyecto de reforma al SEIA en el Senado podría fortalecer la evaluación de proyectos de hidrógeno verde”, concuerda Catalina Cuevas, gerenta de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY. “La Evaluación Ambiental 2.0 busca un desarrollo sostenible y una gestión técnica que minimice impactos y la ocurrencia de potenciales conflictos”.
Ambas expertas, de hecho, agregan que además de establecer como tipología al hidrógeno verde, una de las claves del proyecto que se discute en el Senado es que fortalecería la participación ciudadana.
El proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 entró al Senado en enero de 2024 y fue aprobado en general el 4 de junio de este año. Una iniciativa equilibrada entre el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico, dijo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de que lograra avanzar en esa primera etapa en el Congreso. Tras la aprobación en general volvió a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado para su discusión en particular.
Desde las ONG ambientales también ven a este proyecto como clave para contener los posibles impactos de la industrialización a través del hidrógeno verde. “Las reformas al SEIA que se están debatiendo en el Congreso presentan oportunidades para mejorar la evaluación de los proyectos”, reconoce Felipe Pino, coordinador de proyectos en FIMA. “Evidentemente, la incorporación de un literal específico sería un paso hacia adelante”.
Pino, sin embargo, recuerda que los principales problemas que se han dado en la evaluación de proyectos de hidrógeno verde tienen relación con la “falta de acceso a la información y participación ciudadana integral”. Ahí da como ejemplo el proyecto Faro del Sur de US$ 500 millones, 64 aerogeneradores y 384 MW de capacidad, el cual fue retirado del Servicio de Evaluación Ambiental en octubre de 2022 y reingresado en diciembre de 2023.
El principal riesgo de los proyectos de hidrógeno verde, a juicio de Pino, está en los potenciales impactos acumulativos y sinérgicos que se producirían tanto en los ecosistemas como en las comunidades. Y advierte que la legislación actual no tiene las herramientas para prevenir estos impactos.
Por eso, cree que se requieren medidas para evaluar las relaciones de toda la cadena de valor y ahí plantea algunos lineamientos relevantes de instalar: por un lado, se necesitaría una participación ciudadana “obligatoria y efectiva”, además de mejores estándares de información que no esté fragmentada por proyectos.
“Un primer paso para eso sería reformular el artículo que regula el fraccionamiento”, asegura Pino. Por otro lado, agrega, se debería poner mayor énfasis a la creación y actualización del ordenamiento territorial, “y ser más estricto con la congruencia de los proyectos”, sostiene. “Sobre esto sí hay mayores avances en cuanto a la reforma del reglamento SEIA, pero hace falta tomar medidas de resguardo de ciertos lugares especialmente sensibles, en el intertanto se dictan y actualizan los instrumentos de estos territorios”.
Por esto es que, para varios, la reforma al SEIA, si bien es importante para contener los posibles impactos de los proyectos de hidrógeno verde, no es el único elemento que se debería considerar. Varias organizaciones advierten que un factor clave que falta para amortiguar los efectos de esta naciente industria es un ordenamiento territorial claro.
“No comparto que este proyecto de ley (de reforma al SEIA) altere de manera relevante lo que ocurre actualmente con los proyectos de hidrógeno verde”, dice Molina. Cree que hace falta una institucionalidad que sea más independiente del gobierno de turno, pero advierte que, “más importante”, es la ausencia de un lineamiento territorial que establezca qué es lo que se pretende aceptar en un territorio que será objeto de una gran cantidad de proyectos, en un período muy acotado de tiempo. Por eso, cree que es clave el ordenamiento territorial. Y no es el único que lo ve así.
Para Luna, hay que “irse bien al territorio”. A su juicio, hace falta un marco normativo que establezca dónde se puede y dónde no instalar proyectos. “Eso es lo que tendría que estar pronto: un plan de ordenación territorial”, dice. “Y no está”.
Cruzar el umbral
Más allá del proyecto de ley o del ordenamiento territorial, hay una discusión más profunda sobre los costos, beneficios y cuán “verde” es este nuevo proceso de industrialización que se está gestando en Chile.
“Debemos definir cuáles son los impactos con los que queremos convivir”, dice Sánchez, de Vestas. “Es imposible pensar que una actividad humana no va a tener impacto”. Cree que hace falta alinearse, en base a las metas de carbono neutralidad, con cuáles son las industrias con las que deseamos convivir y cómo lo queremos hacer. “Esa es realmente la discusión de fondo que tenemos que tener y, en base a eso, acompañar el desarrollo con la normativa y la regulación, pero sobre todo debe haber coherencia”, advierte. “Si esto es relevante para el crecimiento de Chile, entonces, cómo logramos que suceda en el marco del respeto al medio ambiente, a la biodiversidad, a las comunidades…”
Para Luna, el cuidado de las aves es una sintomatología de algo más profundo. “Si no somos capaces de conservar a las aves, por ejemplo, al playero ártico que migra 15.000 kilómetros para llegar a Bahía Lomas, quiere decir que hemos cruzado un umbral muy complejo como seres humanos”, advierte. “Las aves son indicadores de la salud del medio ambiente en el que habitamos”. Ahora, de hecho, más que un freno a los proyectos, Luna busca que al menos se realice un corredor para las aves que llegan a Magallanes.
Hace 15 años, cuando Luna comenzó a ir a Bahía Lomas, una de sus motivaciones era la de romper la dicotomía tradicional entre desarrollo y cuidado del medio ambiente. Y cree que en Magallanes se está perdiendo una oportunidad de ser un ejemplo de un desarrollo del hidrógeno verde ordenado y sustentable.
