América Latina y el Caribe lideran la conservación de la biodiversidad terrestre del planeta, con 5,0 millones de km2 de áreas protegidas terrestres (4,9 Asia Pacífico, 4,3 África, 3,8 Europa, 2,5 Norte América y 0,4 Asia Occidental), cifra que aumenta a 10,7 millones de km2 sumando las áreas protegidas marinas. Con los ojos del mundo puestos en nuestra región al hospedar las próximas Cumbres de Biodiversidad (COP16, Colombia, octubre de 2024) y de Cambio Climático (COP30, Belém, Brasil, noviembre de 2025), desde la sociedad civil latinoamericana identificamos que estamos frente a una oportunidad histórica de fortalecer la acción para atender las crisis globales de pérdida de biodiversidad y cambio climático y, de paso, potenciar oportunidades y atender retos específicos de nuestra región.
Más del 21,4% del territorio latinoamericano está bajo alguna figura de protección para su conservación. No obstante, sólo el 6,19% de estas áreas cuenta con una gobernanza que involucra a pueblos étnicos y campesinos. Este último dato representa una realidad alarmante, en especial si consideramos que cerca del 60% de los territorios con alta integridad ecológica en la región están bajo algún tipo de titulación colectiva de pueblos étnicos y campesinos.
Este marcado déficit en la participación comunitaria para la toma de decisiones en el manejo de las áreas protegidas, en una región megadiversa, pluriétnica y multicultural, es la evidencia de cómo una paradoja trasciende a una preocupación global. Por eso, la clave para abordar estos desafíos es la conservación inclusiva, un enfoque que reconoce y valora el papel central de la construcción colectiva de base en la gestión de los ecosistemas. Para que esto sea posible, es necesario un cambio fundamental en la forma de abordar la conservación de la biodiversidad, ya que la región también enfrenta serios desafíos en términos de implementación, como los problemas de gobernanza y la falta de financiamiento adecuado.
Sabemos que los objetivos en materia de conservación basada en áreas sólo serán alcanzables si se adopta un enfoque más inclusivo, efectivo y centrado en derechos humanos. Un caso emblemático es el de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana, donde, tras la retirada de funcionarios públicos amenazados en medio del conflicto armado, han sido los grupos indígenas quienes han mantenido la gestión y el cuidado de los territorios. Otro caso destacable es la gobernanza ambiental en el Chocó biogeográfico bajo el liderazgo de los pueblos afrodescendientes, que demuestran que la conservación inclusiva es posible, efectiva, y más aún, necesaria.
Si bien existe un reconocimiento creciente de la necesidad de involucrar a grupos étnicos y comunidades en la toma de decisiones sobre conservación, convertir este reconocimiento en acción significativa sigue siendo una deuda que debe saldarse con urgencia.
Para la sociedad civil latinoamericana, pagar esta deuda requiere atender los siguientes pendientes:
- Fortalecer los esquemas de gobernanza para la gestión y toma de decisiones en áreas protegidas y/o conservadas y apoyar las iniciativas de conservación de base comunitaria, reconociendo los derechos y contribuciones de los grupos étnicos y comunidades, garantizando su autonomía y participación activa y equitativa en los procesos de toma de decisiones.
- Movilizar recursos e invertir en conservación inclusiva, poniendo en marcha mecanismos para hacer efectiva la participación, el fortalecimiento comunitario y organizacional y los insumos físicos, técnicos y de gestión del conocimiento de dichos procesos.
- Garantizar la distribución justa y equitativa de beneficios, asegurando que los esfuerzos de conservación generen elementos tangibles e intangibles de bienestar para las comunidades locales, incluyendo oportunidades económicas y mejores medios de vida, entre otros.
Nuestra América Latina y el Caribe moderna se ha construido sobre la base de la injusticia, la inequidad y el abandono de nuestros pueblos y comunidades originarios. Hacia adelante, hay sólo un camino: el de la conservación inclusiva sostenida en principios de equidad y justicia ambiental, garantizando no sólo la participación de los grupos étnicos y comunidades, mujeres y juventudes, sino su liderazgo y que puedan beneficiarse de los esfuerzos de conservación. Para lograrlo, es necesario que los tomadores de decisiones vean la gobernanza comunitaria como esencial, destinando recursos adecuados y mejorando el análisis de contexto en áreas protegidas y de importancia para la conservación.
A unos días del inicio de la COP16, y con una nutrida agenda de movilización social bajo el lema de ‘la COP de la gente’, desde la sociedad civil latinoamericana consideramos esta conferencia como un espacio clave para que los líderes globales y regionales reconozcan la importancia de una conservación inclusiva. La participación de los pueblos étnicos y las comunidades es determinante para el cumplimiento de las metas globales de biodiversidad y clima.
América Latina tiene la responsabilidad y oportunidad de liderar este cambio, garantizando que la conservación de la naturaleza esté intrínsecamente ligada al bienestar de las personas que viven y dependen de esos territorios. Sólo con la gente es posible.
