Nadie sabe su verdadero nombre, pero sí que era un hombre que entró en una pequeña galería excavada en la roca para extraer atacamita, un mineral que probablemente terminaría fundido para convertirse en hachas, cinceles o adornos. Mientras golpeaba la roca, alrededor del año 550, el techo de la galería colapsó, cobrando la vida del desafortunado minero.
El tiempo avanzó hasta 1899, cuando su cuerpo momificado fue encontrado en Chuquicamata, siendo bautizado después como el “Hombre de cobre” debido a la lenta infiltración del metal rojo que tiñó su piel de color verde. Luego de ser vendido y exhibido, terminó en Nueva York, lejos del desierto de Atacama que lo vio nacer, y donde las comunidades practicaban la minería desde tiempos prehispánicos.
Aun así, a fines del siglo XIX, cerca del hallazgo del “Hombre de cobre”, el protagonismo minero no lo tenía el cobre, sino el salitre, cuyo control fue uno de los detonantes de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia entre 1879 y 1884. Por ello, el historiador, antropólogo e investigador de la Universidad Católica del Norte, Damir Galaz-Mandakovic, señala que el desierto de Atacama que vemos hoy es “un territorio fruto de una guerra minera”, y que “todo lo que ha pasado en Atacama no se ha decidido en Chile, se ha decidido en Londres, en Hamburgo, en Manhattan, donde están las casas matrices de los grandes grupos económicos que han redefinido el desierto”.
Así, la minería ha surcado la historia de un país que hoy se impone como el principal productor de cobre en el mundo. La importancia económica del metal rojo es tal, que se le denomina “el sueldo de Chile”. Eso nos lleva al momento actual, en el que la minería terrestre se enfrenta a un posible futuro competidor: la minería submarina. El caso chileno es interesante si consideramos que se trata de un país minero que además es oceánico, con una enorme superficie marina que en el futuro podría estar en la mira de quienes buscan explotar los fondos marinos.
Pero, si volvemos a la minería terrestre, las opiniones son dispares. “Con una mirada histórica, uno podría decir que gracias a la minería en algunos casos se ha producido un desarrollo estructural o de infraestructura. Por ejemplo, el descubrimiento de la plata en el sector de Copiapó permitió que Chile tuviera su primer ferrocarril”, dice José Cabello, geólogo con más de 20 años de experiencia en minería, y que hoy es presidente del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC).
El caso chileno es interesante si consideramos que se trata de un país minero que además es oceánico, con una enorme superficie marina que en el futuro podría estar en la mira de quienes buscan explotar los fondos marinos.
Sin embargo, también ha habido costos. Cabello reconoce que “el país tiene una deuda también, es decir, no hay una correlación directa entre el valor económico de la producción y que se refleje en el país, porque lamentablemente una de las características de Chile sigue siendo la desigualdad”.
De hecho, la minería también ha generado importantes impactos, como afectación a la salud, desplazamiento de comunidades, pérdida de biodiversidad, disminución y contaminación del agua, y polución del aire. Por ejemplo, en algunos lugares las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, así como de arsénico, plomo y otros contaminantes se han asociado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, afectando a distintos sectores de la población, incluyendo a niños y comunidades indígenas.
Por lo mismo, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños Vladimir Reyes sostiene que “más que beneficios, son costos, porque hay mucho daño medioambiental. Es por eso que el Consejo de Pueblos, a través de las 18 comunidades, siempre va orientado a la protección del Gran Salar de Atacama”.
El salar de Atacama ha acaparado la atención por sus cuantiosas reservas de litio, un mineral crítico cuya demanda ha aumentado a nivel mundial para la fabricación de aparatos electrónicos, vehículos eléctricos y dispositivos de energías renovables. Según un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía, el sector energético fue el principal factor que triplicó la demanda global de litio entre 2017 y 2022.
El problema es que los efectos de la minería se han hecho sentir. En efecto, existe una demanda de reparación ambiental en curso, presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la Minera Escondida, Compañía Minera Zaldívar y Albemarle “por la extracción continua e ilegal de recursos hídricos” del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, que alimenta al salar de Atacama, provocando “un daño irreparable” en el ecosistema “que no se recuperará antes del año 2200″.
Respecto al estado del salar de Atacama, Reyes comenta que ha disminuido “la cantidad de agua que contenía”, al igual que los flamencos. Otros ecosistemas, como las vegas y lagunas, también se han visto mermados. “Y los árboles autóctonos, como el algarrobo. Es uno de los grandes daños que ha originado la extracción masiva, principalmente lo que es el litio”, se lamenta.
En el último tiempo, la industria minera ha impulsado distintas medidas, como la integración de energías renovables en sus procesos, así como el uso de agua desalada para reemplazar, en parte, la demanda de las reservas hídricas del desierto. “Hay un cambio muy acelerado en la matriz energética y la incorporación del uso de agua de mar en los procesos mineros”, dice Norman Toro, director de Investigación e Innovación FIA de la Universidad Arturo Prat.
Pero, para Galaz-Mandakovic, “hay un extractivismo marítimo que se está instalando con las plantas desaladoras”, aunque ese no sería el único motivo por el que algunos miran al mar.
Minería submarina, un debate lejos de acabar
Ha existido alta expectación por las reuniones del Consejo y Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), que se desarrollaron en Jamaica durante julio con el fin de regular la minería submarina en aguas internacionales. Finalmente, la ISA adoptó una hoja de ruta para fijar una regulación en 2025, mientras el gobierno de Chile ha empujado activamente una pausa precautoria de esta actividad.
De todos modos, cabe preguntarse si – en el futuro – la minería submarina encontrará acogida en un país minero y oceánico como Chile, cuya Zona Económica Exclusiva es casi cinco veces mayor que la superficie del territorio continental.
“Debemos guiarnos en base a lo que dice la ciencia, y hasta ahora los primeros resultados parecieran favorecer a la minería submarina si la comparamos con la minería terrestre en cuanto a la menor emisión de CO2, menor destrucción de territorio, menor consumo de agua en la extracción, menos contaminación de aguas, cero contaminación en ciudades, etc.”, asegura Lucía Villar-Muñoz, oceanógrafa y postdoctorante del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.
Para la investigadora, se deben esperar los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental que se están realizando en aguas internacionales, “haciendo que la minería submarina se posicione como la primera industria extractiva en la historia que está siendo regulada desde antes que la extracción haya comenzado. Esto es un logro medioambiental inmenso y demuestra que se quieren hacer las cosas bien desde un principio en esta industria naciente”.
Entre los potenciales impactos de la minería submarina está el uso y descarga de agua, calidad de la misma (por fugas hidráulicas o de combustible), ruido y vibraciones, y sedimentación de material de descarte.
“Varios estudios actuales señalan el bajo impacto ambiental que produciría la futura minería submarina de nódulos polimetálicos, que es la más estudiada, en comparación con la minería terrestre”, sostiene la oceanógrafa, quien agrega que extraer estas rocas desde el fondo marino “es equivalente a cosechar papas en tierra, ya que los nódulos polimetálicos se encuentran en la superficie, lo que hace a este tipo de minería mucho menos invasiva y destructiva que cualquier proyecto minero en tierra firme”.
Por el contrario, advierte que explotar las costras ricas en cobalto o sulfuros masivos oceánicos “no se debería permitir”, según los datos actuales, ya que generarían un daño muchísimo mayor al medio ambiente que la minería de nódulos polimetálicos.
De hecho, un estudio publicado recientemente en Current Biology muestra que la primera prueba exitosa de extracción de cobalto en aguas profundas tuvo efectos variables en un monte submarino de Japón, entre ellos un descenso en la densidad de peces, y el desalojo de parte de la fauna tanto dentro como alrededor del emplazamiento minero.
Y si hay alguien que sabe de montes submarinos es Javier Sellanes, profesor titular de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte. El científico señala que “va a depender de donde ejercemos este impacto. Quizás las comunidades costeras están naturalmente expuestas a perturbaciones ambientales más frecuentes que las comunidades profundas, que están acostumbradas a una mayor estabilidad ambiental”. En resumen, “es muy difícil reducir en pocas palabras cuáles podrían ser los impactos, porque hay que verlos caso a caso”.
De todos modos, la preocupación persiste, pues tal como ocurre con la minería en tierra, donde la contaminación atmosférica se expande por los aires, la minería submarina dentro de una Zona Económica Exclusiva podría generar plumas de sedimentos que se desplacen hacia aguas internacionales, afectando un área que, en palabras de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es Patrimonio Común de la Humanidad.
Áreas potenciales para la minería submarina en Chile
Aunque no se ha establecido una legislación especial para la minería submarina en Chile, existen instrumentos vigentes que podrían regularla. De partida se encuentra la Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La carta magna indica que los minerales dentro del mar territorial no son concesibles, por lo que solo pueden ser explotados por el Estado o alguna de sus empresas, o por un privado, a través de un contrato especial de operación. Luego, la Ley 18.097 sobre Concesiones Mineras establece la excepción de que los minerales bajo el mar sí son concesibles cuando pueden ser alcanzados por un túnel desde tierra firme. Finalmente, el Código de Minería reitera todo lo anterior.
Además, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) posee un Plan de Geología Marina que busca generar información geológica sobre el piso oceánico, territorios insulares y Antártica. Según su sitio oficial, dentro de su primera etapa se contempla la elaboración de mapas geológicos de las islas de Juan Fernández y Rapa Nui. Sin embargo, luego de reiteradas peticiones de entrevista, y una solicitud vía Ley de Transparencia, no fue posible acceder a información detallada y actualizada. A través de Transparencia, la institución señaló que “este Servicio Nacional no ha realizado estudios de evaluación sobre los lugares con mayor potencial para el desarrollo de la minería submarina en Chile”.
De todos modos, aunque el conocimiento sobre depósitos minerales en Chile es escaso y disperso, los recursos minerales no-energéticos más significativos corresponden a nódulos y costras de ferromanganeso que se encuentran en planicies abisales y montes submarinos, así como depósitos de fosforitas, placeres de oro y titanio y sulfuros masivos.
Así lo recogen distintos trabajos, como una publicación de la revista científica Andean Geology y el proyecto “Chile Polimetálico”, que fue cofinanciado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y la Corporación Alta Ley, con el fin de contribuir a una minería más diversificada que vaya “más allá del cobre”.
Se han identificado áreas y recursos potenciales para la exploración minera submarina en distintas regiones del país. Sin embargo, el conocimiento es disperso y muy escaso.
De hecho, hace años se han identificado recursos y áreas potenciales para la exploración minera submarina, partiendo en el norte de Chile en un sector que bordea el flanco oceánico de la fosa, a la latitud de la desembocadura del río Loa en la Región de Tarapacá; el margen continental cercano a la Península de Mejillones en la Región de Antofagasta; y la cuenca de Caldera en la Región de Atacama. Si nos vamos al sur del país, además de la explotación artesanal de oro en playas, se han muestreado – más al fondo – nódulos de manganeso en la Región de Magallanes.
Un caso interesante es el de la Región de Valparaíso con sus emblemas de biodiversidad. Nos referimos a las zonas de Rapa Nui, el Archipiélago de Juan Fernández, y el cordón volcánico del cual forman parte las islas Salas y Gómez y San Félix y San Ambrosio. En todas estas islas existen áreas marinas protegidas.
“Por lógica no se debería permitir ningún tipo de industria en estos sectores, ya que se les designó ese título principalmente por el gran valor biológico y ecológico que poseen”, puntualiza Villar.
Además, Sellanes subraya que la biodiversidad de las últimas zonas aludidas es “única” y “con niveles de endemismo marino entre los más altos del mundo”.
¿Hay interés por la minería submarina en Chile?
La minería submarina ha aparecido, de vez en cuando, en columnas de opinión, conversatorios y seminarios. Incluso, la Cámara Minera de Chile, una institución integrada por empresarios y profesionales del área, posee una Comisión de Minería Submarina, aunque no fue posible concertar una entrevista para conocer detalles.
Consultado sobre la factibilidad de la minería submarina en Chile, una persona que se muestra bastante escéptica y crítica es Cabello. “En este momento no tiene sentido. Primero que todo, Chile tiene muy buenos recursos minerales [en tierra] y todavía falta que lo hagamos más sostenible. Por otro lado, el ambiente marino es muy delicado y tampoco tenemos en Chile algún recurso que uno pudiera decir que es superior a lo que tenemos en el área continental”.
“Es probable que ocurra a muy largo plazo, pero nosotros creemos que la humanidad hoy no tiene las tecnologías suficientes para poder asegurar ningún daño a la biodiversidad marina. Nuestro interés está, para decirlo muy derechamente, en proteger la producción minera terrestre”.
Similar es la posición de Sergio Hernández, quien fue vicepresidente de Cochilco y parte de la delegación en las reuniones de ISA en años anteriores. Hoy, como director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), afirma que “Chile no tiene las capacidades para desarrollar esta minería ni hay mucho interés por su alto potencial terrestre, pero sí conocemos que existen concentraciones relativamente interesantes de cobre y manganeso en aguas de la Zona Económica Exclusiva”, señala.
Hernández añade que “es probable que ocurra a muy largo plazo, pero nosotros creemos que la humanidad hoy no tiene las tecnologías suficientes para poder asegurar ningún daño a la biodiversidad marina. Nuestro interés está, para decirlo muy derechamente, en proteger la producción minera terrestre”.
Para Toro, quien expuso sobre este tema a fines de agosto en el Congreso Internacional de Minería de Tarapacá, la minería submarina para avanzar hacia la transición energética y ante “la escasez de materias primas críticas”. “Se habla mucho de la fabricación de baterías en Chile u otro tipo de productos, como que tenemos una ventaja comparativa por tener litio, pero se olvida que el litio es una parte más de la batería, por no decir un 5%. Entonces, se necesita más cobalto que litio en Chile (…) y el cobalto sí es muy abundante en los recursos minerales submarinos. Entonces, se podrían abrir otros nichos”, destaca.
Pero, respecto a la aludida escasez de minerales en tierra, Cabello, el presidente de CEMEC, asegura que “en Chile no está agotada la exploración. Si nos referimos al cobre y al litio, en este momento, con la exploración efectuada, tenemos recursos para más de 100 años”.
¿Una amenaza para el “sueldo de Chile”?
Aunque las fuentes consultadas del sector minero aseguran que no hay interés en la industria, hay algunos actores que han seguido las discusiones internacionales sobre minería submarina, en especial por el estatus de Chile como el principal productor de cobre del mundo. Ese es el caso de Cochilco, organismo técnico que asesora al Gobierno de Chile y resguarda los intereses del Estado.
De hecho, Cochilco publicó en 2017 el informe “Minería submarina: desafíos, limitantes y oportunidades”. A través de una solicitud por Ley de Transparencia, Unbias The News accedió al documento que sintetizó la información disponible y las implicancias para el mercado cuprífero. Así calculó que el cobre de minas submarinas representaría un 0,38% de la oferta total al 2025, considerando en ese entonces la existencia del proyecto Solwara 1 en Papúa Nueva Guinea, por lo que “no se espera que pueda amenazar la participación de Chile en la oferta mundial de cobre”.
Aun así, cuando se refieren a un seminario realizado sobre el tema, se menciona que “la minería submarina es importante para Chile, no solo porque es uno de los productores de cobre más grandes del mundo, pero también por las implicancias económicas, ambientales y legales que esto podría tener”.
Además, una minuta elaborada en 2022 por Cochilco, también entregada vía Ley de Transparencia, brinda estimaciones sobre la explotación de nódulos polimetálicos entre 2032 y 2037, con miras al requerimiento de Nauru que se discutió durante julio en Jamaica. Así proyecta que, si los contratos de minería submarina comienzan su producción en 2029, “no habría impacto hasta esta fecha y en los próximos 8 años, es decir hasta el 2037 el impacto sería mínimo en el mercado del cobre dados los bajos volúmenes de producción asociados incluso al escenario máximo (12 empresas contratistas)”. Por tanto, establece que los efectos sobre la recaudación fiscal en Chile serían marginales, al menos por 15 o 20 años.
¿Beneficio para unos pocos?
“El océano profundo cumple un rol súper importante en el secuestro del exceso de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. Entonces, al perturbar estos sitios, no está claro cómo podría alterarse esta capacidad del océano”, remarca Sellanes, en alusión a la crisis climática que algunos buscan mitigar con los minerales del fondo marino.
Mientras muchos abogan por una moratoria, otros aseguran que la minería submarina podría ser una alternativa ante los problemas y desafíos en tierra. “Algo muy lógico que presenta la minería submarina es la gran ventaja social, ya que nadie vive en esas aguas profundas y por lo tanto ninguna comunidad se vería afectada, como ocurre en la mayoría de los casos con la minería terrestre”, argumenta Villar.
Sin embargo, la falta de investigación y evidencia sobre sus efectos todavía es una piedra de tope para una actividad que podría volverse realidad, en un futuro, en las aguas nacionales e internacionales.
La inquietud de algunos radica no solo en el impacto de la salud del océano, sino también en que se podrían repetir los vicios de la minería terrestre, tal como lo atestigua el desierto de Atacama, con sus riquezas y desventuras.
Para Sellanes, la minería submarina “seguiría incrementando las desigualdades a nivel mundial porque son un puñado de países en el mundo los que tienen la tecnología para hacer este tipo de explotaciones. Probablemente China, Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países son los que podrían tener la tecnología para hacer estas explotaciones mineras en el océano profundo. Es algo que seguiría incrementando estas asimetrías que hay entre los países desarrollados y en desarrollo. Beneficio para unos pocos, pero impacto para todos”. ~
