La decimosexta Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP16) avanza con representantes de más de 140 países reunidos en Cali, Colombia.
Uno de los temas principales —y que ha causado un profundo debate entre algunas naciones— es el mecanismo multilateral para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos (DSI por sus siglas en inglés).
El martes 22 de octubre, el foco del debate fueron los recursos genéticos. La ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, Susana Muhamad, declaró en el Panel Estratégico sobre Recursos Genéticos que “estamos hablando de material genético de animales y plantas que se secuencia y se almacena en bases de datos digitales. Sin embargo, las empresas que utilizan estos recursos ya no saben de dónde provienen, y no están pagando los beneficios que corresponden”.
Desde la COP13 de 2016, organizada en Cancún, México, las Partes iniciaron el trabajo en relación a la DSI. A partir de este punto, se puso en la mesa de debate las desigualdades entre las compañías y laboratorios que generan ganancias por medio de investigaciones con DSI, y los países en vías de desarrollo que poseen una gran variedad de recursos biológicos que son aprovechados por investigadores y empresas foráneas.
Latinoamérica, junto a otras naciones que poseen megadiversidad en sus territorios, se han alineado para exigir la trazabilidad de la información digital sobre recursos genéticos y sus posibles beneficios.
En el caso de Ecuador, los avances han sido mínimos en materia de secuencias genéticas. Por ahora, el país presenta un marco legal que no referencia a la DSI, una Estrategia Nacional de Biodiversidad (NBSAP) en proceso de actualización y una capacidad tecnológica limitada. A pesar de ello, varios científicos ecuatorianos están conscientes de la importancia de la información genética e intentan insertarse en la discusión.
Las secuencias digitales sobre recursos genéticos tienen un campo de aplicación muy amplio que va desde la industria farmacéutica hasta productos agrícolas. Daniela Reyes, analista de la Dirección de Innovación del Instituto Nacional de Biodiversidad ecuatoriano (INABIO), explica que “las secuencias son manuales de instrucciones que tenemos todos los seres vivos en nuestra células. Este está compuesto por cuatro letras que son las bases de nucleótidos. Cuando se organizan de una cierta manera, le dan una instrucción a la célula para saber qué hacer en nuestro cuerpo”.
Por medio del uso de esta tecnología, es posible descifrar el código genético de los seres vivos. Esta información es valiosa, porque define las características únicas de los diferentes especímenes. A partir de allí, la ciencias relacionadas con genes se han diversificado. En este marco se puede incluir a la biología sintética, la edición genética y la biotecnología.
Uno de los ejemplos más relevantes en el que se utilizó la secuenciación genética fue el desarrollo de la vacuna para la SARS-CoV-2 (COVID-19). Durante la pandemia, miles de genomas del virus fueron secuenciados para determinar sus características y comportamiento. Aquí, uno de los puntos claves fue el compartir el código genético del coronavirus para desarrollar soluciones efectivas en diferentes partes del mundo.
Desde una perspectiva del genoma humano —y que no se incluye dentro del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)— Paola Leone, coordinadora del Laboratorio de Genética y Genómica de Solca núcleo Quito, indica que la DSI ha permitido conocer las características de ciertos grupos étnicos y su propensión a diversas enfermedades. Además, es esencial para determinar la compatibilidad entre pacientes para posibles trasplantes de órganos. “Tenemos una aplicación de diagnóstico, pronóstico, seguimiento y elegibilidad al tratamiento”, concluye Leone.
Un mecanismo multilateral para la DSI
Desde 2022, en Montreal, la COP15 decidió establecer un mecanismo multilateral para la distribución de los beneficios de la DSI. El objetivo en la presente conferencia es poner en marcha ese mecanismo, el cual, está alineado con la meta 13 del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica.
Dicha meta plantea la necesidad de “incrementar la participación en los beneficios de los recursos genéticos, la información de secuencias digitales y los conocimientos tradicionales”. El cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco mundial se pueden determinar por medio de las estrategias y planes nacionales sobre biodiversidad (NBSAP).
A pesar de ello, por ahora, solo cuatro países de Latinoamérica entregaron sus NBSAP completos: Cuba, Surinam, México y Colombia. El país anfitrión de la conferencia, el 21 de octubre, dio a conocer su Plan de Acción de Biodiversidad al 2030. Por su parte, Ecuador presentó sus avances sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad el 23 de octubre.
Para que el mecanismo multilateral tenga un funcionamiento efectivo y, por ende, las economías de los países se puedan beneficiar, es preciso que las Partes establezcan políticas públicas y normativas alineadas al Marco Mundial. Para Reyes, la DSI es un tema poco explorado en Ecuador y el gobierno sigue confiando en actividades extractivas. “Si bien es cierto, en leyes, en agendas, en investigación, ya se menciona a la biodiversidad como un recurso estratégico, el día a día de los investigadores es diferente. Yo no siento que exista una inversión como tal”, indica la analista del INABIO.
Pablo Jarrín, experto de la Dirección de Innovación del INABIO, coincide con la visión de Reyes: hacen falta recursos en diferentes niveles. “En realidad lo que estamos haciendo nosotros es, de alguna manera, ser un contrapeso a quienes desde el extranjero vienen a secuenciar”, menciona Jarrín sobre su trabajo, junto a Reyes, en el Laboratorio de Secuenciamiento de Ácidos Nucleicos.
Además, el experto asegura que existe una falencia pronunciada en cuanto a capacidad tecnológica, “creo que eso es un contrapeso al problema que tenemos los países de la región de la falta de capacidad tecnológica, porque es esa falta de capacidad tecnológica la que nos está llevando a buscar formas políticas y legales de proteger nuestros recursos”, explica Jarrín.
La transferencia de capacidad tecnológica es uno de los temas que se están definiendo en el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de la DSI. En agosto de este año, el Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre la Distribución de Beneficios de la Utilización de DSI se reunió por segunda vez.
Para poner en marcha el mecanismo multilateral, se debatieron varios elementos como el desembolso de fondos, la gobernanza del mecanismo, la revisión de su eficacia, las contribuciones monetarias al Fondo del DSI, bases de datos públicas y distribución de beneficios monetarios y no monetarios.
En relación a este último elemento, —y que está limitando el desarrollo de investigación genética en Ecuador y otros países— varias delegaciones estuvieron de acuerdo en la creación de capacidad y transferencia tecnológica.
Por su parte, el Grupo Africano planteó el desarrollo de una base de datos centralizada para la DSI. Entre los puntos a destacar de esta propuesta está el intercambio de información y la supervisión del acceso a los datos. La discusión sobre este punto continúa vigente en la COP16.
La distribución de beneficios monetarios fue otra de las temáticas desarrolladas por el Grupo de Trabajo. Aquí existen varias propuestas; sin embargo, el eje central giró en torno a la lista de sectores y subsectores altamente dependientes del uso de la DSI.
El documento señala, en primer lugar, al sector farmacéutico, biofarmacéutico e investigación de las ciencias de la vida. También se incluyen cosméticos; mejoramiento animal y vegetal; biotecnología; biotecnología industrial; equipos de laboratorio asociados a la secuenciación y uso de DSI; servicios de información, científicos y técnicos relacionados con DSI.
Las propuestas que se debatieron se relacionan con el aporte económico de los usuarios y empresas que se sirven de la DSI para generar ingresos. A pesar de los esfuerzos por establecer los beneficios monetarios, un elemento clave a destacar es que el mecanismo no será jurídicamente vinculante, lo cual limita su aplicación hacia los acuerdos mutuos entre empresas y países.
Para Ecuador, las decisiones que se tomen alrededor de las bases de datos públicas sobre DSI podrían tener implicaciones dentro de su producción científica. Los investigadores del INABIO indican que utilizan las bases de datos abiertas, como GenBank, para comparar secuencias genéticas y determinar nuevos descubrimientos de especies que no son reconocibles a primera vista. “Las bases de datos abiertas son un beneficio para todos. Ahí está la oportunidad para publicar, para descubrir”, menciona Jarrín.
A través de la secuenciación genética, científicos ecuatorianos han logrado describir nuevas especies de anfibios. En el 2022 se descubrieron dos nuevas especies de ranas de cristal en los Andes del Ecuador: Hyalinobatrachium mashpi y Hyalinobatrachium sustantivos.
Ambos especímenes tienen características físicas similares; por esa razón, el análisis de su ADN fue esencial para determinar sus diferencias. Según el artículo publicado por National Geographic, Ecuador: nombran a dos nuevas especies de ranas traslúcidas, las dos especies “divergen genéticamente en casi un 5%, una gran diferencia para anfibios tan similares”.
Por ahora, en en la COP16 se negocian los posibles requisitos para los organismos que manejan bases de datos abiertas. Entre estos se encuentra la disponibilidad de la información del país de origen de la muestra, incluir información del mecanismo multilateral y la repartición de sus beneficios derivados. Además, se analizan las garantías para reconocer si las secuencias genéticas fueron obtenidas de manera legal.
Algunos retos para Ecuador
La DSI, por ahora, es un tema que tiene una escasa relevancia en la agenda política ecuatoriana. A pesar de su gran potencial económico, el país sudamericano todavía sigue en la fase anterior a la DSI: los recursos genéticos.
A diferencia de otros países megadiversos de la región como Brasil, Ecuador no ha podido construir de manera efectiva su propio mecanismo de reparto justo y equitativo de beneficios sobre recursos genéticos.
Al respecto, a inicios de este año, Brasil activó por primera vez su Fondo Nacional de Distribución de Beneficios. Este sistema maneja las transferencias de los productos que se derivan de los recursos genéticos desarrollados por empresas.
La administración de los recursos genéticos sigue siendo un tema que no termina de articularse en Ecuador. César Paz y Miño, investigador en genética médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica Equinoccial, afirma que “en Ecuador nos hemos armado un sistema legal que complica la investigación”.
En el país se entregan contratos marco para acceder a recursos genéticos con fines investigativos, donde varios científicos han accedido a ellos. Sin embargo, desde una visión comercial, el INABIO — que posee la competencia para negociar contratos comerciales— indicó que todavía no existen casos de éxito sobre acceso a estos recursos con fines mercantiles.
Del lado de la DSI, la situación no ha mejorado. El Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (COESCCI), no incluye a la información digital sobre recursos genéticos. Esto, a pesar de que el Código en su artículo 1 tiene objeto “normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”.
En el informe Secuencias genéticas digitales: Tema clave para el Convenio sobre Diversidad Biológica de 2018, se explican las posibles consecuencias de la falta de normativas modernas. “El acceso a información digital de secuencias genéticas puede promover nuevas formas de biopiratería porque los marcos jurídicos no han sido actualizados para contemplar estas nuevas realidades técnicas”.
Si bien es cierto, todavía no se desarrolla una política pública sobre DSI en Ecuador, esto no significa que la investigación en este campo no haya progresado. Desde el INABIO se trabaja para la creación del Banco Nacional de Recursos Genéticos y el punto clave nace desde la información digital. “Lo que vamos a hacer en este proyecto sobre todo es concentrarnos en el desarrollo de un sistema informático para administrar nuestra biodiversidad”, señala Diego Inclán, director ejecutivo del INABIO.
Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), el instituto desarrolló una Red de Biobancos para manejar y registrar sus recursos genéticos. Este trabajo en conjunto incluye al Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, Galápagos Science Center, Universidad de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Yachay Tech, Universidad Ikiam y a la Universidad Técnica Particular de Loja.
En 2023, profesionales de las instituciones de la Red de Biobancos viajaron a Corea del Sur para capacitarse en secuenciamiento de Illumina y Nanopore, y en técnicas bioinformáticas para la producción de información a partir de secuencias genéticas, según informó la cuenta oficial del INABIO.
Para Reyes, el corazón de este proyecto es la creación de una base nacional de datos de recursos genéticos. La experta del INABIO menciona que uno de los problemas más grandes que han experimentado en referencia a las secuencias genéticas en Ecuador es la no existencia de una base de datos reconocida en el país. Jarrín comparte esa posición y explica que este sería hasta un recurso de negociación comercial: “Ahí ya vas ganando soberanía, porque ya tus secuencias no están en otro país”.
Aunque Ecuador cuenta con varios profesionales trabajando sobre la DSI, la capacidad tecnológica sigue siendo una limitación en distintas dimensiones. “Nos falta cerrar el círculo. Tenemos la muestra ecuatoriana, secuenciamos, curamos los datos en Ecuador; pero al momento de publicar, necesitas un número de accesión y te toca ir a un banco extrajero. Ahí las revistas te aceptan para publicar”, concluye Reyes.
