«Cuando los Lickanantay decimos que ocupamos este espacio desde hace 12 mil años, es porque efectivamente es así», dice Rudecindo Espíndola, agricultor e investigador indígena. Su familia lleva generaciones cultivando maíz, higos y otros frutos en medio del desierto de Atacama, el más árido del mundo. Espíndola y otros investigadores han recopilado evidencia de los primeros asentamientos humanos en la zona.
Su pueblo, Toconao —que significa «rincón perdido» en kunza, la lengua de los Lickanantay— está ubicado a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar y sirve hoy como puerta de entrada a una de las industrias más lucrativas del mundo moderno: la minería del litio.
El Salar de Atacama alberga aproximadamente el 25% de las reservas mundiales conocidas de litio, convirtiendo a Chile en el segundo mayor productor mundial después de Australia. Durante décadas, el pueblo Lickanantay ha protestado contra la expansión de esta industria, advirtiendo que las enormes piscinas de evaporación utilizadas para extraer el litio de la salmuera subterránea están agotando las escasas y sagradas reservas de agua y destruyendo ecosistemas frágiles.
El año pasado, Espíndola fue uno de los representantes indígenas que se sentaron frente a ejecutivos de dos gigantes mineros chilenos para acordar un modelo de gobernanza que otorgara a las comunidades indígenas atacameñas mayor voz sobre las operaciones y una mayor participación en los beneficios económicos. El acuerdo es parte de un pacto histórico entre la minera estatal de cobre Codelco y la productora de litio Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) para extraer litio del salar hasta 2060 a través de una nueva empresa conjunta llamada NovaAndino Litio.
El modelo de gobernanza indígena que promete a quienes viven en Toconao y otros pueblos millones de dólares en beneficios y una mayor supervisión ambiental es el primero de su tipo en Chile, un país rico en minerales, y ha sido aclamado como el inicio de un posible modelo para una minería más responsable de metales para la transición energética.
NovaAndino señaló a Climate Home News que las negociaciones con las comunidades locales representaron un «proceso inédito que ha permitido incorporar tempranamente la visión del territorio en el diseño del proyecto» y que crea «un sistema de vinculación permanente» con las comunidades locales. La empresa agregó que contribuirá al desarrollo sostenible de la zona y ayudará al «resguardo de su cultura y valores ambientales».
Gobernanza de “buena fe”
Como parte del acuerdo de gobernanza, NovaAndino se comprometió a adoptar tecnologías que reduzcan el uso de agua y mitiguen los impactos ambientales de la extracción del litio.
También se comprometió a realizar más de 100 reuniones anuales con representantes comunitarios para construir una relación de «buena fe». Un Consejo Asesor Indígena se reunirá semestralmente con el comité de sustentabilidad del directorio de la empresa para discutir su estrategia ambiental. Las reuniones están previstas para comenzar en abril de 2026.
Para supervisar la implementación del acuerdo, una asamblea bimensual —compuesta por representantes de las 25 comunidades firmantes del modelo— hará seguimiento a los avances del proyecto. Además, NovaAndino realizará reuniones individuales con cada comunidad para abordar temas como la contratación de trabajadores locales y la protección de empleados indígenas.
Para Rudecindo Espíndola, el acuerdo con NovAndino representa «una justicia de participación». «Antiguamente las participaciones indígenas eran bien ambiguas. Ahora hablamos de participación en niveles jerárquicos de este proceso, un empoderamiento bien fuerte para las comunidades», explica.
Sin embargo, aclara que el resultado no fue un «regalo» corporativo. El modelo final no les otorga propiedad en la empresa ni poder de veto sobre las decisiones mineras, y tampoco reemplaza las consultas indígenas obligatorias por ley.
«Nos estamos relacionando con un monstruo político y económico», advierte.
En Peine, la localidad más cercana a los pozos de extracción de salmuera, la desconfianza también se repite. El presidente de la comunidad, Sergio Cubillos, quien también participó en las negociaciones, asegura que “ninguna fórmula, proceso participativo o gobernanza nos va a dar la seguridad de que este acuerdo sea bueno para el territorio. No tenemos esa garantía”.
No todos confían en que estrechar vínculos con las mineras o apostar por mejoras tecnológicas baste para proteger el modo de vida tradicional de las comunidades atacameñas y a los frágiles ecosistemas del Salar de Atacama. En la zona, el proceso de negociación ha dejado al pueblo Lickanantay más dividido que nunca.
En enero de 2024, las comunidades indígenas de Peine, Camar, Socaire, Talabre y Toconao —las localidades del llamado «bloque sur», ubicadas a kilómetros de los pozos de extracción y muy lejos del glamour turístico de San Pedro de Atacama— bbloquearon los principales accesos al salarl. Exigían tener voz directa en las negociaciones entre Codelco y SQM.
Hasta ese momento, las empresas negociaban un acuerdo general con el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA). Pero la protesta forzó a que el bloque sur entrara en un tenso proceso de negociación directa, demostrándole a las corporaciones que el Consejo ya no era representativo de todo el pueblo Lickanantay.
En paralelo, el Estado sometió a todas las comunidades a dos consultas indígenas: una sobre la extensión del contrato de explotación del salar hasta 2060 y otra sobre el reparto de dineros de la minería. Las actas de ambos procesos reflejan una profunda división: desde críticas a la organización gubernamental, hasta acusaciones de creación de «comunidades fantasmas» que nacieron con el único fin de recibir beneficios económicos.
Finalmente, NovaAndino formalizó su modelo de gobernanza a fines de 2025 con 25 comunidades locales, incluyendo un acuerdo específico para las cinco comunidades más cercanas a los sitios de extracción. Al cierre de este reportaje, la empresa seguía negociando para lograr la integración del Consejo de Pueblos Atacameños al nuevo esquema.
La danza de millones
Bajo el acuerdo, NovaAndino administrará la actual concesión de SQM en el Salar de Atacama hasta 2030, antes de formalizar su proyecto estrella llamado “Salar Futuro”, el que deberá pasar por todos los requisitos de la normativa ambiental chilena.
El mecanismo participativo viene acompañado de un flujo de dinero inédito para las comunidades indígenas que habitan en la zona. Dependiendo del precio internacional del litio y de su cercanía a las operaciones mineras, el conjunto de las comunidades y asociaciones indígenas podría llegar a recibir del orden de 30 millones de dólares anuales en fondos específicos, lo que implica aproximadamente el doble de los recursos que hoy entrega SQM a comunidades indígenas bajo los contratos vigentes. Al incorporar pagos al municipio de San Pedro de Atacama y gobierno regional, el Estado calcula que las aportaciones totales a la región podrían alcanzar hasta 150 millones de dólares al año.
Para acceder a los recursos, las comunidades deberán presentar solicitudes de financiamiento para proyectos específicos bajo una compleja fórmula que entrelaza cinco flujos financieros. El esquema contempla un fondo de inversión general distribuido según el tamaño y la proximidad geográfica de cada pueblo, uno de desarrollo centrado principalmente en las cinco comunidades del sur, aportes directos para asociaciones de regantes y agricultores, transferencias a los gobiernos locales y un inédito «fondo intergeneracional» depositado en un fideicomiso al que los Lickanantay recién podrán acceder en el año 2060.
Los recursos de la minería no son nuevos para el pueblo Lickanantay. El Consejo de Pueblos Atacameños, por ejemplo, recibe desde 2018 el 3,5% de todas las ventas anuales de Albemarle, la otra gran minera que opera en el salar.
Ante el abandono histórico del Estado, las comunidades del bloque sur han tenido que utilizar los fondos mineros para asumir roles gubernamentales básicos. En la práctica, operan como un Estado paralelo: si un vecino enferma, la comunidad cubre los gastos médicos; si una familia necesita construir su casa, existen mecanismos internos de financiamiento. Las plazas, las canchas de fútbol e incluso una idílica piscina natural de piedra en Peine, han sido construidas y mantenidas con el dinero proveniente de las mineras.
Sin embargo, esta misma inyección de recursos es lo que hoy resquebraja al pueblo Lickanantay. El propio Sergio Cubillos reconoce que “el hecho de que hoy las comunidades reciban dinero es lo que ha conllevado a esta división, porque no hemos sabido identificar qué queremos, cómo lo queremos y cómo miramos al futuro como pueblo, entendiendo las particularidades que tiene cada uno”.
«Cuando se empieza a hablar de temas monetarios, se abren muchos ojos con otras intenciones. Y pasó que empezaron a crearse comunidades y asociaciones, no con el afán de protección del territorio, sino que de tener derechos económicos», crítica Rudecindo Espíndola.
La tensión alcanzó un punto crítico durante la consulta indígena, cuando las comunidades discreparon profundamente sobre cómo debía repartirse el millonario botín. Las localidades más pobladas y alejadas del salar exigían una distribución equitativa, mientras que las cercanas reclamaban una mayor compensación por los daños.
Hugo Flores, presidente del Consejo de Asociaciones Atacameñas, es un crítico feroz de cómo el Estado manejó la consulta sobre este acuerdo financiero. «Esta división de las comunidades del sur generó conflictos entre nosotros mismos que claramente no van a superarse a corto plazo; esto va a ser un daño histórico», asegura. Afirma que la consulta fue «un atropello, sin consideración ni empatía por la organización social del pueblo atacameño», diseñada únicamente para cumplir con los plazos del entonces gobierno de Gabriel Boric.
Para Sonia Ramos, una respetada curandera y activista Lickanantay de 83 años que se ha convertido en una de las voces más influyentes contra la minería en la zona, esta inyección de dinero ha cortado de tajo la conexión de su pueblo con la tierra.
El año pasado, Ramos caminó más de 100 kilómetros por el desierto hasta las oficinas de Codelco en Calama para protestar contra la expansión de la extracción en el salar hasta 2060.
«Somos tierra y agua, nuestra visión siempre fue el ‘buen vivir’, pero hoy no lo estamos practicando. Hay fragmentación entre las propias comunidades. Todo se ha transformado en desequilibrio», relató a Climate Home News desde su casa en San Pedro de Atacama.
Para ella, el pacto que da vida a NovaAndino trae «la muerte, la destrucción total del Salar. Supuestamente tiene un significado económico para el país, pero para nosotros es todo lo contrario».
La empresa señaló a Climate Home News que ha «actuado de manera coherente» promoviendo «instancias de diálogo transparentes, voluntarios y de buena fe con las comunidades del territorio, reconociendo su diversidad y autonomía, y respetando siempre sus tiempos y formas de participación».
¿Un modelo a seguir?
La empresa conjunta NovaAndino es un pilar de la estrategia de Chile para duplicar la producción de litio para 2031 y consolidar el rol del país en la transición energética global. El recién asumido presidente de ultraderecha, José Antonio Kast, prometió respetar los contratos de litio firmados por la administración de su predecesor.
Para las empresas mineras, este tipo de acuerdos podría ayudar a reducir los conflictos sociales y las protestas que han retrasado y paralizado la extracción en otras partes de la región latinoamericana rica en litio, conocida como el triángulo del litio.
Pero para Pedro Zapata, oficial de programas en Chile del Natural Resource Governance Institute, el impacto del nuevo modelo de gobernanza será limitado sin políticas que exijan un relacionamiento directo y beneficios mínimos para las comunidades en grandes proyectos mineros en todo el país.
«La vinculación parece sensata, pero el problema es que esto no obedece a una estructura, no es una institucionalidad de la industria», explicó Zapata. «En el pasado, esto se ha prestado para clientelismo: el que negocia mejor o el que llega primero, obtiene un mejor trato. Esto puede ir en desmedro de otras comunidades con menos fuerza o menos capacidad de organización. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda categoría sometidos a la misma industria».
El gobierno ya negocia dos asociaciones público-privadas para extraer litio con el gigante minero Rio Tinto, en el Salar de Maricunga y en Laguna Verde. Las autoridades han señalado que ambos contratos incluirán un marco de relacionamiento con comunidades indígenas y entrega de recursos, pero hasta el momento nada obliga a que sigan el camino que ha tomado NovaAndino. Los detalles deberán negociarse entre las comunidades locales, el gobierno y la empresa.
Sergio Cubillos destaca que el modelo de NovaAndino, a diferencia de los esquemas anteriores, obliga a un trato directo con las comunidades sin interferencia del Estado. «Más allá de los aportes económicos, las comunidades podremos fiscalizar al privado», explica. Para el dirigente, esta capacidad es inédita y «quizás pueda replicarse en otros países de Sudamérica en los cuales no existe esto».
«Argentina y Bolivia podrían aprender mucho de lo que estamos haciendo aquí», dice Rodrigo Guerrero, investigador del think-tank chileno Espacio Público, agregando que adoptar marcos participativos desde el inicio podría evitar que atraviesen «todo el ciclo de disputa» que Chile ha experimentado en el pasado.
Monitoreo ambiental
El acuerdo otorga a las cinco comunidades del sur acceso físico a los sitios mineros para monitorear la extracción de litio y su impacto en el salar, una medida sin precedentes en Chile.
Espíndola señala que esto permitirá a las comunidades responsabilizar a la empresa por posibles daños ambientales y buscar remediación a través de los tribunales si fuera necesario. «Ellos dicen que este es un acuerdo de buena fe. Bueno, van a tener que demostrarlo», afirma.
Una de las mayores preocupaciones de las comunidades es el agotamiento de los recursos hídricos. Para extraer litio, los mineros bombean salmuera rica en litio acumulada durante millones de años en reservorios subterráneos hacia gigantescas piscinas, donde el agua se deja evaporar bajo el sol del desierto dejando atrás carbonato de litio.
Es un proceso que devora agua. SQM señaló en su informe de sostenibilidad de 2024 que sus operaciones actuales consumen entre 11.500 y 12.500 litros de agua industrial por cada tonelada de litio producida. Estudios han comprobado además que la práctica está causando que el salar se hunda a una tasa de entre 1 y 2 centímetros por año, una disminución en los niveles de agua subterránea, y un colapso en la población de las dos especies endémicas de flamencos que viven en el salar.
NovaAndino se comprometió a reducir significativamente el consumo de agua de la empresa, devolviendo al menos el 30% del agua extraída de la salmuera y eliminando el uso de agua dulce en sus operaciones en un plazo de cinco años desde la obtención del permiso ambiental.
Pero Cristina Dorador, microbióloga de la Universidad de Antofagasta, señala que la reinyección del agua al subsuelo no está probada a gran escala y podría impactar la composición química del salar. Continuar extrayendo litio hasta 2060 podría ser el «tiro de gracia» para este frágil ecosistema, advirtió.
Ante estas preocupaciones, NovaAndino respondió a Climate Home News que cualquier nueva tecnología «será evaluada conforme a los más altos estándares regulatorios» y se comprometió a garantizar la transparencia mediante «un Sistema de Monitoreo actualizado con la participación de las comunidades indígenas».
En el pasado, las comunidades han utilizado algunos de los beneficios recibidos de la minería para construir sus propias unidades de monitoreo ambiental, contratando equipos de hidrogeólogos y abogados para fiscalizar las actividades de las mineras.
Tener acceso a los sitios de extracción fortalecerá la capacidad de las comunidades para denunciar daños ambientales, dice Sergio Cubillos, presidente de la comunidad de Peine, el pueblo más cercano a las piscinas de evaporación. “Vamos a participar y desde allí buscar las armas para que los impactos no sean mucho más grandes de lo que hemos visto en la actualidad”, afirma.
Pero para Rudecindo Espíndola, ninguna inyección de capital podrá sanar las cicatrices históricas. La minería, advierte, “destruye no solo el territorio, sino también el tejido social. Hacen un extractivismo ambiental, cultural y social”.
Para el investigador Lickanantay, el saldo de esta renovada fiebre por el litio es una pérdida que el dinero no puede comprar. “Hoy se ve la foto actual de cómo está el pueblo Lickanantay, y hay un fracturamiento grave, muy fuerte”.
