Argentina descubrió y produce combustibles a base de petróleo desde hace 100 años en su extensa Patagonia. En paralelo, desde hace más de un siglo, la nación mapuche ha sufrido numerosos desplazamientos forzados por esta explotación. Una de esas comunidades es la de Campo Maripe que, luego de muchas batallas, parece ganar una muy importante: que ya no los corran de su lugar.
Campo Maripe está cerca del yacimiento Vaca Muerta, la mayor apuesta en términos macroeconómicos para los años venideros en Argentina, que oculta la segunda reserva de gas shale y la cuarta de petróleo en el mundo, y que representa el principal argumento de campaña para todas las fuerzas políticas que en octubre próximo se disputarán la presidencia.
El oficialismo en su plenitud acaba de obtener su foto de unidad en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, extensión conectada al yacimiento, y que trasladará el recurso a todo el país, a muy pocas semanas de las primarias abiertas para elegir al nuevo mandatario.
Mientras tanto, tras una decisión oficial favorable a sus intereses, los indígenas solo esperan que se cumplimente el relevamiento territorial que dispone la justicia, negado y demorado por el gobierno provincial, para reafirmar su presencia en tierras cercanas a Añelo, una localidad ubicada en el centro este de la provincia, que ha sufrido también su propia gentrificación.
Lorena Maripe es la historia viva de un desplazamiento que comenzó del otro lado de la cordillera, continuó durante la década de 1970 con la aparición en el lugar de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y llega hasta nuestros tiempos, aún en el auge del yacimiento descubierto en 2013, y que insufla de dólares a la malograda economía argentina.
La mujer de 44 años, werken (vocera) de la comunidad y cuarta de seis generaciones, nadó las corrientes de un río Neuquén que ahora es un hilo de agua. Corrió y jugó en campos hoy repletos de pozos, picadas y llaves de explotaciones abandonadas, y en medio de fugas de gas de la producción actual. Y también se baña con el agua contaminada que usaron sus padres, Lorena y Raúl, ambos fallecidos por cáncer.
“Del agua salen residuos, entonces, compramos bidones para tomar, pero igual la usamos para lavar los platos, la ropa, para bañarnos, porque no nos queda otra y sabemos que en algún momento eso nos va a traer consecuencias, pero no tenemos otra alternativa. Denunciar, tratar de cuidar de que el agua -que es algo vital para todo ser humano- no se termine de contaminar, de destruir”, afirma Lorena a Climate Tracker.
La mujer cuenta que el agua del baño tiene una aureola negra, siempre presente, y que, al almacenarla, toma mal olor al poco tiempo. También que las tormentas las ven pasar, porque “los gases que están en la atmósfera las disipan”, entonces, “se levanta viento pero, a los dos segundos, tenés más nubes que lluvia”.
“Te pican los ojos, por ejemplo, en la meseta hay mecheros que están tirando gas, y a veces se hace irrespirable”, añade. También lo nota “en las nubes negras que ves cuando te levantas a la mañana y notas toda la pluma de los pozos que están quemando, veteando, y que está en el aire y lo respiramos nosotros, constantemente”.
El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando ese agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros) y materiales radiactivos de origen natural (uranio, radio, torio y radón), según un documento que el Observatorio Petrolero Sur (Opsur) realizó con pedidos de informes dirigidos a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén.
Historia de una presencia
Los mapuches son gente de la tierra. En su sentido literal, pero también en su identidad. Son sus lugares sagrados, sus animales, sus ríos y vientos. Su cumefelen, o buen vivir, es una comunión que sólo ellos sienten con la tierra. Es por eso que el lugar por el que pelean es un sitio sagrado.
Campo Maripe debe su nombre a la unión, también literal y amorosa, de Celmira Maripe y Pedro Campo, quienes se establecieron junto a sus hijos en 1927. Bautizaron su lugar como Fortín Vanguardia, y llegaron a tener 5.000 ovejas. El asentamiento fue la vuelta a las raíces paternas, tras el asesinato de la rama materna en las campañas militares de Chile.
Entre 1940 y 1980 el gobierno les negó adquirir los campos en los que se desarrollaron. Con los años, la herencia recayó en Belisario Campo y sus ocho descendientes. En 1978, los titulares registrales desalojaron a los indígenas y su ganado. La familia entera pasó a trabajar para los señores que, dos años más tarde, firmaron un convenio con YPF para realizar una perforación de un pozo petrolero, que lo oscureció todo.
Campo Maripe debe su nombre a la unión, literal y amorosa, de Celmira Maripe y Pedro Campo, quienes se establecieron en la zona junto a sus hijos en 1927.
Los desplazamientos continuaron a lo largo de los años para todos los integrantes del clan. Otros, ante la necesidad y el destierro, ingresaron al mercado laboral tradicional limitado a las empresas frutícolas, hidrocarburíferas o vinculadas a ellas y la administración pública. De aquellas 5.000 ovejas hoy quedan menos de 500 chivas y unas 50 vacas.
En 2011, todos los hermanos menos uno, fallecido, decidieron continuar la lucha por el territorio, en concordancia al resto de las comunidades mapuches que habitan la Patagonia argentina. Ese mismo año, el gobierno provincial anunció el inicio de la fractura hidráulica en Loma Campana, yacimiento parcialmente superpuesto al territorio de Campo Maripe.
“Desde 2015 en adelante no le permitimos que perforaran ningún pozo más, y eso implicaba ir y tener que parar las máquinas, sentarnos adelante de las máquinas en el suelo y que no operaran para que se retiren, porque ellos pensaban hacer esos pozos que son direccionales, que van hacia abajo y después en forma horizontal para perforar debajo del lecho del río. Nosotros decimos no, no lo vamos a permitir”, relata Lorena.
El deterioro del agua superficial y subterránea obligó a YPF a repartir bidones de agua potable a algunas comunidades en otras zonas de la provincia, que también han negociado soluciones parciales con el gobierno local. Sin embargo, existen muchas otras empresas extranjeras -o de accionistas foráneos- en la zona como Chevron, Shell, Equinor o Pampa, a las que tocó ir a golpearles sus propias puertas.
“Accionismo”
Fernando Barraza es amulzugufe (comunicador) de la Confederación Mapuche de Neuquén. En mayo pasado se desempeñó como werken (vocero) y representante de la Zonal XawvnKo de la Confederación en las reuniones anuales de accionistas de la empresa Equinor, en Noruega, y del banco BNP Paribas, inversor de Total Energy y Pampa, presentes en Vaca Muerta, en París. Con suerte dispar.
Con la ayuda de organizaciones internacionales, Fernando ingresa como accionista a las llamadas Anual General Meetings (AGM), y cuenta la parte que nunca se cuenta, en una estrategia que cuatro años atrás ya detuvo una explotación de Shell en el sur argentino.
En Noruega, Fernando pudo decir a quienes manejan los destinos de Equinor que una de sus dos explotaciones es en un “área natural protegida, rica en biodiversidad, en recursos paleontológicos y arqueológicos”, en la que además hay un sitio sagrado de su pueblo, uno de los principales centros ceremoniales. Y que la segunda “está secando ríos y dejando sin agua potable a varios poblados y ciudades” de la región.
Una estrategia que impulsan es asistir a las reuniones de accionistas para dar a conocer los testimonios de la comunidad.
En París la idea era la misma. Fernando quería advertir que “el fracking ha secado ríos, ha envenenado las napas del agua” que beben ellos y toda la vida que habita junto a ellos. Que ha matado animales y secado sembradíos”. Y que “desde la llegada del fracking también han llegado a los territorios los movimientos sísmicos” que rajan sus casas.
También quería preguntarles: “si el fracking es algo tan malo como para estar prohibido en sus tierras, ¿ustedes consideran que hacerlo en nuestras tierras es algo que está bien?”.
Sin embargo, Fernando no pudo hacer nada de eso. Antes de ingresar a la reunión, la policía de París lo detuvo, lo cacheó, lo empujó contra una pared y le trabó sus brazos en palanca. También le amenazaron con llevárselo detenido quien sabe adónde. Al final, logró entrar.
“Dentro de la asamblea la gente nos gritó cosas porque te sientan cerca de gente de derecha y te gritan de todo y no hubo oportunidad, ni siquiera pude terminar de decir lo que fui a decir, para que desde la mesa del directorio me contestaran que ellos no invierten en fracking, que invierten en energías limpias”, cuenta Fernando.
La experiencia, con sus matices, ha sido positiva. En Noruega el contacto se hizo efectivo y continuará en contextos más favorables para los intereses de los indígenas, al tiempo que las vías judiciales continúan su lenta marcha en Argentina.
“El objetivo de la Confederación de ir a testimoniar a las AGM es el de dar el testimonio en primera persona, que es un factor necesario en esa cadena de factores que se necesitan para que las empresas reconsideren este tipo de acciones y este tipo de inversiones, porque en definitiva lo que tienen que acelerar es la transición energética, y tienen que detener el extractivismo ciego y bruto que están haciendo, o que están favoreciendo”, resume Fernando.
Pelea por el relevamiento
La historiadora Sabrina Aguirre, que trabajó en el territorio con la comunidad, cuenta que, “en realidad, el reglamento territorial ya se hizo en 2015 pero la provincia lo rechazó, ¿por qué lo rechaza? Porque hay una parte grande del territorio mapuche que está sobre la fijada de acceso a los pozos o que directamente está poceado”. La otra razón radica en que la comunidad aún no tenía la personería jurídica, que ya logró.
La profesora de la Universidad del Comahue opina que “el impacto de base y el límite más fuerte que se le pone al reclamo indígena tiene que ver con la matriz productiva de la provincia, de suma dependencia frente a las regalías hidrocarburíferas”.
La negociación con el gobierno local fue otro obstáculo que requirió una arquitectura diplomática para zanjarlo.
El discurso reaccionario en contra de los mapuches comenzó con la llegada de Jorge Sobisch y la corriente derivada de su nombre a las filas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Fue en tiempos del exgobernador provincial durante la década de 1990 que se endurecieron las políticas públicas hacia los pueblos originarios, inspiradas ahora desde un férreo conservadurismo neoliberal.
Otro golpe jurídico para los indígenas fue la sanción de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, que transfirió en 2007 la capacidad de administrar los yacimientos a las provincias. La principal actividad económica de los indígenas, la cría de ganado caprino, se vio perjudicada por la contaminación disparada por esa actividad. Y, con ella, su propia identidad étnica.
“El Estado provincial sostiene una edición de la historia que niega la preexistencia de determinadas comunidades justamente allí donde hay límites estructurales, ¿no? Cuando entran en abierta contradicción con determinadas actividades económicas, sobre todo. O cuando un reconocimiento de preexistencia implicaría un reconocimiento territorial que traiga inconvenientes para alguna actividad económica”, asume Sabrina.
“Somos plenamente conscientes de que hay como una necesidad antropocentrista de continuar con este modelo que es el que está haciéndonos mierda a todos, ya no existe más esta famosa zona de sacrificio, el planeta es la zona de sacrificio y eso a nosotros nos lastima”.
Es por eso que, para lograr acuerdos con el gobierno provincial, hubo nombres que se quitaron de las mesas de negociación “y se empezó a hablar con la gente nueva que puede llegar a tener otro punto de vista totalmente diferente”, tal como relata Fernando.
El desafío a partir de ahora es intentar conversar con una “Sociedad Nacional Argentina, que es muy hidrocarburífera”.
“Somos plenamente conscientes de que hay como una necesidad antropocentrista de continuar con este modelo que es el que está haciéndonos mierda a todos, ya no existe más esta famosa zona de sacrificio, el planeta es la zona de sacrificio y eso a nosotros nos lastima”, se lamenta Fernando.
Del reclamo original de 11.000 hectáreas, la comunidad de Campo Maripe logró el reconocimiento de unas 67, que surgen de una resolución administrativa de la subsecretaría provincial de tierras, firmada antes de que les otorgaran a los indígenas la personería jurídica.
Lo que hay es un relevamiento a favor de la comunidad, que se firmó tras una larga negociación en 2015. “Ese año las mujeres de la comunidad se subieron (a la meseta), se encadenaron en las torres de perforación y amenazaron con prenderse fuego. Esa fue una lucha importante de unos días que termina con una mesa de negociación con el Gobierno provincial”, cuenta la abogada de la comunidad, Micaela Gomiz.
En esa mesa de negociación se acuerda el reconocimiento de la personería jurídica de la comunidad, y luego, un relevamiento territorial para el que trabajaron dos técnicos de la provincia y a una antropóloga de la parte indígena, junto con una técnica ayudante.
Ese estudio, que la provincia no ha querido reconocer, es lo que resta cumplimentar para que, de una vez y para siempre, los mapuches de Vaca Muerta vivan en su tierra.
