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Entre carbón y metales pesados: la ciudad-vertedero del sur de Chile

Coronel es una de las 5 zonas de sacrificio que tiene Chile y la única ciudad en el mundo que posee un vertedero de cenizas dentro de su casco urbano. Propiedad del Grupo Enel, el recinto ha acopiado por años los residuos de las termoeléctricas Bocamina I y Bocamina II, contaminando con metales pesados a la población y medioambiente, bajo el amparo de las autoridades chilenas.

Es cerca del mediodía, el cielo está despejado, pero en Coronel se puede mirar directamente al sol. Frente a la costa sur del Océano Pacífico, el humo que desprende la central termoeléctrica de Bocamina II eclipsa los rayos solares.

 

A unos 500 metros de distancia, en medio del cerro Millabu, existe un recinto de más de 11 hectáreas de superficie. Se trata del vertedero que acopia las cenizas producidas por las 2 termoeléctricas del grupo Enel, Bocamina I y Bocamina II.

 

Desde los años 70, las personas, suelo, subsuelo, aguas y aire de Coronel han estado expuestos a la contaminación propia de la actividad termoeléctrica, además de las cenizas posteriores a la producción de energía. 

Esta situación fue constatada en 2014 por un estudio realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

 

No obstante, el vertedero de cenizas sigue operando y lo hace legalmente, con permisos sanitarios, medioambientales y urbanísticos otorgados hace años por los sucesivos gobiernos chilenos.

El Complejo Termoeléctrico Bocamina (que alberga a las centrales I y II) se ubica a menos de 500 metros de sectores residenciales y una escuela de educación básica. / Foto: María José Campano

Legal e inofensivo

La Central Termoeléctrica Bocamina I inició sus operaciones en 1970, depositando sus cenizas en terrenos aledaños al borde costero de Coronel.

29 años después, en 1999, se instalaría el vertedero de cenizas, contando con la autorización del Ministerio de Salud, a rajo abierto y a menos de 1 kilómetro de sectores residenciales.

En materia de urbanismo, el recinto fue construido bajo el Plan Regulador Comunal (PRC, instrumento de planificación territorial chileno) de Coronel de 1983 en una zona donde solo se permitía el uso de suelo para “equipamiento y áreas verdes”. 

El año 2003 entró en vigencia el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, instrumento que zonifica 11 comunas (ciudades o sectores de ciudades), entre ellas Coronel. En el documento se establece que el vertedero de cenizas se encuentra en una zona industrial, dejando apto para el acopio de procesos industriales al sector.

En 2007, en el marco del proyecto que daría pie para la construcción de Bocamina II, la en ese entonces autoridad ambiental de la región a la que pertenece Coronel (la Comisión Regional de Medio Ambiente de la región del Bío Bío) resolvió calificar favorablemente la iniciativa, que contenía dentro de sus obras al vertedero ya existente. La autoridad consideró que las cenizas constituían residuos no peligrosos

Tres años más tarde, el mismo organismo otorgaría un permiso para la ampliación del vertedero.

Por su parte, las autoridades regionales del Ministerio de Salud (Secretaría Regional Ministerial, Seremi) en Bío Bío autorizaron, en 2012, el funcionamiento del recinto. Pese a que la Seremi tampoco consideró a los residuos como peligrosos, Enel debía informar anualmente sobre su peligrosidad.

Mural en la Avenida Los Carrera, un acceso principal a Coronel. Tras la construcción de las centrales Bocamina II de Enel y Santa María de Colbún, ciudadanos organizados de Coronel se han encargado de llevar el tema del daño provocado por las termoeléctricas emplazadas en su comuna a la palestra. Se lee: “LA JUVENTUD SE LEVANTA ¡FUERA! TERMOELÉCTRICAS” / Foto: María José Campano

El comienzo de las denuncias

La comunidad lleva años denunciando que tanto las centrales de Enel como su vertedero contaminan con metales pesados a la ciudad. 

El año 2012 la fiscalía chilena inició una investigación contra las termoeléctricas de Coronel.

En 2014, la Bidema realizó un estudio que detectó altos niveles de metales pesados, específicamente de mercurio y vanadio, en el suelo residencial de la ciudad.

La caracterización química elemental del suelo considerado residencial de Coronel, indica que los elementos mercurio y vanadio están presentes en todos los puntos muestreados (…) lo cual presenta un peligro para la salud de la población”, sostiene el informe de la Bidema.

De igual forma, el documento señala que dentro de las muestras, aquella tomada en el punto más cercano a Bocamina II “presenta las mayores concentraciones de Arsénico, Cromo, Cinc, Mercurio, Plomo y Vanadio, lo cual indica que el sector de las plantas termoeléctricas de propiedad de Endesa S.A. (nombre anterior a 2016 que tenía la rama de generación eléctrica de Enel en Chile) puede ser considerado como fuente de origen de la contaminación”.

Dichos metales estarían presentes también en el vertedero, por lo que las cenizas acopiadas sí serían residuos peligrosos. “Se puede decir que por más de 40 años se ha depositado material particulado en el suelo de Coronel cuya concentración química elemental presenta elementos en concentraciones que afectan la salud de las personas y el medioambiente”, concluye el informe.

En 2018, sin embargo, el procedimiento de la fiscalía en contra de Enel quedó en suspensión condicional, tras acordarse una salida alternativa.

En dicha instancia, Enel se comprometía a tomar una serie de medidas de mitigación ambiental. En lo que respecta al vertedero de cenizas, la empresa cerró 2 de los 3 sectores que tiene el recinto.

Por otra parte, Bocamina I siguió operando hasta 2020 y Bocamina II, creada en 2012, lo seguirá haciendo hasta 2022. Asimismo, en 2018 Enel anunció un plan de revegetación que buscaría convertir el vertedero en un bosque nativo, el que sería puesto en marcha tras el cierre de Bocamina II.

Rayado sobre una propaganda turística en el casco histórico de Coronel. Se lee: “ZONA DE ZACRIFICIO” / Foto: María José Campano

Demandas cruzadas

Con más de 116 mil habitantes, Coronel es una zona de sacrificio desde su génesis. Fue fundada en 1849 a raíz de la explotación de minas de carbón aledañas.

Ya para 1945 inicia la decadencia del negocio, hasta que en 1979 se anunció un plan de despidos masivos. Las minas cerraron completamente en 1997.

Entre los años 2012 y 2020 hubo 3 centrales termoeléctricas funcionando simultáneamente (las 2 de Enel más una central de la compañía Colbún), además del vertedero de cenizas urbano de Enel, las industrias pesqueras y forestales.

Con el pasar del tiempo, los residentes de Coronel comenzaron a organizarse y fueron cuestionando el actuar del “polo industrial” y sus repercusiones en la salud de los vecinos. Las preocupaciones de los coronelinos llegaron hasta sus autoridades, cuando a fines de abril de 2019 el alcalde Boris Chamorro ordenó clausurar el vertedero de Enel.

Sin embargo, la medida fue revertida 11 días después por la justicia chilena, y posteriormente ratificada por la Corte Suprema que determinó como “ilegal y arbitrario” el cierre.  Ante el veredicto de la máxima instancia judicial, Enel interpuso en julio de 2020 una demanda contra el municipio por unos 285 millones de pesos chilenos (unos 350.000 dólares). 

IMG_2235.JPG : Inaugurada en 2012, Bocamina II estará activa hasta mayo de 2022 / Foto: María José Campano

El futuro monitoreo

La alianza de organizaciones sociales Chao Carbón contactó a los abogados Rodrigo Pérez y Juan Manuel Fernández para desarrollar una estrategia de defensa de la comunidad de Coronel contra Enel, pero enfocada en el vertedero de cenizas.

Fue así como en 2019 se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de protección contra la Seremi de Salud. “(La autorización de la Seremi) parte de una base de que las cenizas constituyen residuos no peligrosos, lo que es un supuesto errado”, explica Rodrigo Pérez.

“Lo que le planteamos a la corte fue que Enel no le está contando la verdad a la Seremi de Salud, pero la Seremi tampoco agota todas sus funciones fiscalizadoras para determinar qué está pasando”, resume el abogado.

Por su parte, la Seremi presentó certificados que demostraban que Enel había cumplido con reportar anualmente la peligrosidad de las cenizas, aunque sin entregar mayor información sobre cómo se determinaba que los residuos no eran peligrosos. 

En septiembre de este año, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso contra la Seremi.

El tribunal determinó que una declaración anual por parte de la empresa a las autoridades no era suficiente, por lo que entregó a la Superintendencia del Medio Ambiente (máximo organismo fiscalizador estatal en Chile en materia medioambiental), la tarea de fiscalizar el cierre de la central Bocamina II y del vertedero de cenizas.

“Lo interesante del fallo es que obliga a la Superintendencia a realizar todo tipo de estudios, tanto en el suelo como en el aire y en la salud de las personas para poder descartar todo riesgo de afectación a la salud. Yo creo que ese es el gran valor de la sentencia”, concluye Pérez.

Estudio comunal

En junio pasado se inició en Coronel el trabajo de campo del primer estudio a nivel comunal en Chile que buscará establecer el nexo de la contaminación y la salud de la población. Licitado en 2019 por el Ministerio de Salud, la investigación fue adjudicada por el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La iniciativa estudiará a 1.260 personas, a quienes se les tomarán muestras de sangre y orina. Esto para determinar el estado de salud y la presencia de Arsénico y Plomo en los participantes. El estudio es encabezado por la doctora Sandra Cortés, epidemióloga ambiental y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Buscamos representatividad comunal pero también estamos buscando representatividad respecto a personas que viven cerca o lejos de determinadas fuentes emisoras”, detalla la investigadora. “Estos temas han sido postergados por mucho tiempo y no sólo pasan aquí: hay muchos otros lugares en Chile donde se vulneran derechos a consecuencia del deterioro ambiental”, señala la doctora.

Cortés espera poder procesar la información para fin de año y preparar tanto los reportes individuales de los participantes como un análisis epidemiológico para el Ministerio de Salud.

“Esperamos que los resultados generen cambios para mejorar la calidad de vida de las personas”, comenta la epidemióloga.

Por su parte, el Ministerio de Salud señaló a la prensa chilena que tomará las medidas necesarias para proteger la salud de la población.

Los resultados del estudio serán presentados a las autoridades en 2022, mismo año en que Bocamina II cerrará sus puertas.

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