Los países del Triángulo Norte de Centroamérica ocupan un área común entre los dos subcontinentes más megadiversos del planeta: Norteamérica y Sudamérica. Los tres han tenido problemáticas sociales y políticas comunes, como la inseguridad, la migración masiva, la desigualdad y la vulnerabilidad ante el cambio climático. Comparten fronteras y hasta áreas naturales protegidas, pero Guatemala, Honduras y El Salvador parecen no tener una comunicación lo suficientemente fluida como subregión que les permita negociar con impacto y actuar de manera conjunta ante los desafíos y cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad, también conocido como Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, aprobado en 2022 por la Conferencia de las Partes (COP15).
El mayor ausente para el trabajo en conjunto ha sido El Salvador, según se desprende de los datos de los Grupos de Trabajo, reuniones y recomendaciones que constan en los documentos públicos de la COP16 de Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), que se lleva a cabo en Cali, Colombia, hasta el 1 de noviembre.
Los tres países tienen –y han tenido– diversos proyectos en común en materia de biodiversidad, incluyendo la ejecución de fondos compartidos, pero para esta COP16 no están negociando juntos.
De acuerdo con José Luis Echeverría, director de Valoración de la Diversidad Biológica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala e integrante de la delegación oficial de ese país, no hay ninguna posición conjunta de Centroamérica en esta COP, por lo que ese rol ha sido delegado al Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), que es un grupo de concertación de posturas entre todos los países de la región pero que no es vinculante.
Según Echeverría, “no hubo oportunidad que los países centroamericanos nos reuniéramos a plantear esta situación. Nunca hemos hecho una posición conjunta como Centroamérica, porque tenemos al GRULAC, que es una instancia reconocida ante el CBD como un órgano regional”.
Por su parte, Dixon Morales, director de Cooperación Multilateral de la Cancillería de Honduras y delegado del gobierno para la COP, opinó que existen áreas de oportunidad trinacionales que podrían aprovecharse más.
Para el caso, cita uno de los proyectos en ejecución con fondos GEF entre Honduras y Guatemala para la restauración y gestión ambiental de la cuenca del río Motagua, que es binacional y uno de los más contaminados de Centroamérica. “El abordaje de un enfoque trinacional considero que es un buen mensaje, poder articular más estos trabajos trinacionales como se ha estado haciendo”, dijo Morales.
De otro lado, en cuanto a los intereses particulares de su país en esta negociación contó: “Los temas que son prioritarios para nosotros son la movilización de recursos y el mecanismo financiero. Guatemala está a favor de un fondo específico mundial y en brindar orientaciones para el ciclo de proyectos GEF”.
Echeverría y Morales, cada uno por su lado, explicaron que sus países tienen un particular interés en la aplicación justa del artículo 8 (j): la población indígena de Guatemala ronda entre el 40 y 45% de la población; mientras que para Morales, la posibilidad de inclusión de los pueblos afrodescendientes dentro de esta discusión le parece clave. En Honduras, se estima que un 10% de la población se identifica como afrodescendiente.
En cuanto a las prioridades de GRULAC, Gillian Guthrie, directora y jefa técnica de Planificación, Política y Gestión Ambiental del Ministerio de Economía de Jamaica, y delegada de este grupo en las negociaciones conjuntas; explicó que existe un consenso entre los países del grupo en cuatro preocupaciones principales: movilización de recursos y mecanismo para el financiamiento; la aplicación del artículo 8 (j) del Convenio sobre Diversidad Biológica, que regula la participación justa de pueblos originarios y comunidades locales; lograr acuerdos justos para la participación de los países en vías de desarrollo en los beneficios generados del uso de recursos genéticos y secuencias digitales de estos (Meta 13 del Marco Global); y la definición del marco de monitoreo y revisión global de las metas.
Los NBSAP: la muestra de la desarticulación del Triángulo
La falta de coordinación entre Guatemala, Honduras y El Salvador quedó clara al analizar las últimas Estrategias y Planes Nacionales de Acción de Biodiversidad (NBSAP por sus siglas en inglés) presentados por estos; así como las actualizaciones de las metas prioritarias del Marco Global registradas por cada país, previo a la COP16.
Jillian Campbell, titular de Monitoreo, Revisión y Reporte de Convención para la Diversidad Biológica (CBD) informó que hasta el 22 de octubre, 35 países cumplieron con la actualización de sus NBSAP previo a la COP16; pero matizó que hasta ese día 110 presentaron sus metas nacionales, un paso previo que establece una hoja de ruta para el diseño de los Planes de Acción Nacionales.
Ninguno de los tres países del Triángulo Norte actualizó sus NBSAP antes de la COP16. “La NBSAP no era obligación presentarla para la COP16, sí es obligación presentarla antes de la COP17. Al igual que todos los países, estamos trabajando en la actualización del instrumento”, dijo Echeverría respecto a Guatemala, que presentó el documento en 2014, al igual que El Salvador; mientras que Honduras lo hizo en 2017.
De acuerdo con los consignados en la herramienta de seguimiento en tiempo real de la CBD, los tres países han presentado metas que apuntan hacia los objetivos del Marco Global de Biodiversidad.
En el caso de El Salvador, sus metas a la fecha son tres: la 1, la 4 y la 9. La Meta 1 hace referencia a que, para 2030, el país tendrá planificada una zonificación ambiental que respete los derechos de las comunidades indígenas y locales; y que gestione de manera eficaz los usos del suelo, minimizando la pérdida de diversidad biológica.
La Meta 4 trata sobre la adopción de medidas urgentes para la conservación de especies, particularmente las que estén amenazadas; así como mantener y restaurar la diversidad genética de las poblaciones.
Y la Meta 9 implica el uso sostenible de especies silvestres, para proporcionar beneficios económicos, sociales y ambientales. Pese a proponer la conservación de especies, El Salvador no presentó como suya la Meta 3, que implica garantizar al menos el 30% de los ecosistemas locales bajo algún sistema de protección para el año 2030.
Para este artículo se buscó conocer la agenda de El Salvador para la COP16, así como los miembros de la delegación que participan, a través del encargado de comunicaciones, la gerente de comunicaciones, una solicitud de acceso a la información pública, correo electrónico y de forma directa con algunos de los puntos focales del país encargados de los aspectos técnicos de la negociación; pero no se obtuvo respuesta.
La primera información oficial de la participación del país en el evento llegó el 23 de octubre a las 8:45 de la noche a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), sobre una ponencia de programas de conservación de especies priorizadas.
Guatemala, en cambio, propuso desde agosto de este año las metas 2 y 12. La primera implica restaurar el 30% de ecosistemas dañados para el año 2030; mientras que la segunda obliga a aumentar la conectividad de espacios verdes en zonas urbanizadas.
En el caso de Honduras, las metas del Marco Global presentadas son de la 1 a la 9, a través de diversas acciones que implican compromisos tales como la erradicación especies invasoras, una economía basada en la biodiversidad, corredores biológicos y hasta el estudio del actual estado de conservación de hasta 20 grupos de organismos priorizados por su valor ecológico.
Previo a esta actualización, tanto Honduras como Guatemala habían enfocado sus Estrategias de Biodiversidad en la conservación de áreas protegidas, aumento del conocimiento sobre estas y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la biodiversidad, aunque parte de su información base databa de años previos. Mientras que El Salvador le apostó al análisis y búsqueda de estrategias de agricultura sostenible; y conservación de humedales.
Aislados en la negociación, partners en los proyectos
Los países del Triángulo Norte, pese a no estar negociando de forma conjunta en la COP16 o siquiera haber sostenido reuniones de trabajo extensas previas al respecto; sí han ejecutado desde décadas atrás proyectos conjuntos en temáticas diversas, por ejemplo medio ambiente, salud o acuerdos aduaneros.
Parte de estos proyectos se ejecutan a través de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), organismo que incluye a los 7 países de Centroamérica y República Dominicana. Si bien la entidad no tiene voz o voto en las decisiones políticas internas de cada uno de los países, sí ejecuta programas regionales y subregionales.
Jair Urriola Quiroz, titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD), uno de los organismos de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), no quiso comprometerse con metas específicas del Marco Global en las que estén particularmente interesados. “Los puntos de coincidencia son las 23 metas”, dijo.
“En los países, en lo nacional, cada uno va a establecer sus prioridades y sus metas. Y en lo regional es en donde encontramos esos puntos comunes en donde se pueda trabajar. Al final es una decisión técnica política, no podemos forzar nada. Como ente regional, nosotros debemos respetar la gobernanza nacional de cada país”.
Según Urriola, la CCAD empezó un trabajo regional desde la pasada COP15 de Biodiversidad. “Se hizo un llamado para que se mostrara interés en potenciales centros regionales o subregionales del Plan (Marco) Kunming-Montreal. Y fue así como los ministros nos autorizaron a presentar una muestra de interés la cual por dicha fue seleccionada y seremos uno de los 18 centros mundiales que implementarán el Plan Kunming Montreal”.
Uno de los temas de la COP16 que está alargando las discusiones es cómo se garantizará el mecanismo de financiamiento para cubrir los $200 mil millones anuales necesarios para cuidar la biodiversidad antes de 2030, consignado en la Meta 19 del Marco Global.
Las posturas de los países en vías de desarrollo y pueblos indígenas han sido unánimes: que los procesos para acceder a estos fondos sean menos engorrosos y directos. Sin embargo, el hecho de que no haya una unión entre países para negociar, dificulta llegar a acuerdos que beneficien a países como los del Triángulo Norte de Centroamérica.
