Si hablamos de acciones para contrarrestar el cambio climático, hoy en Chile la mirada está puesta en la descarbonización. ¿Por qué? El sector de la energía produce el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) totales del país, y el 41,5% de esas vienen de la industria de la energía eléctrica. Por esto, apagar las 25 centrales termoeléctricas a carbón todavía activas permitiría dar un salto adelante para cumplir con el Acuerdo de París, donde Chile se comprometió a cerrar todas sus termoeléctricas a carbón a 2040 y llegar a la carbono neutralidad a 2050.
En línea con este objetivo, la empresa italiana Enel anunció el pasado 27 de mayo la decisión de cerrar sus dos centrales Bocamina I y II adelantando el Plan de Descarbonización Nacional suscrito con el Ministerio de Energía el año pasado. Además, su plan de inversiones se enfoca hacia una mayor capacidad renovable, en la que Enel apunta a aumentar en 2GW su capacidad instalada hasta el 2022, expandiendo sobretodo la energía solar.
“La estrategia de descabonización de Enel es una de las más avanzadas en el sector de las utilities, que viene de una larga tradición de uso de combustibles fósiles”, afirma Filippo Taglieri de la asociación ambientalista italiana Re:Common. “
Sin embargo, si miramos los números de cerca, la realidad es más compleja. Enel es la mayor generadora de energía eléctrica en Chile, tiene el 65% de las renovables del país y el 30% de la potencia instalada en el Sistema Eléctrico Nacional. Por su tamaño y su posición en el mercado eléctrico nacional, las decisiones del Consejo Directivo de Enel influyen directamente en la matriz energética chilena.
“Lamentablemente, en Italia Enel no ha logrado garantizarse una alternativa de producción energética estable que no sea la conversión a gas de cuatro de las centrales termoeléctricas a carbón presentes en el territorio italiano”, sigue Taglieri.
En la cartera energética de Enel Chile se presenta una situación parecida: actualmente las renovables no convencionales, si bien en expansión, ocupan el 15,4 % de su capacidad instalada, mientras que la base más estable, representada por el 76%, está garantizada por las centrales a gas (28%) y la energía hidroeléctrica (48%).
Los conflictos del gas y el agua
El gas natural cobra relevancia en la estrategia de Enel en Chile principalmente por dos razones: por un lado las centrales termoeléctricas compensan las bajas en la producción hidráulica en los períodos donde la extrema sequía de los últimos años afecta al volumen del caudal de los ríos. Por otro lado, en 2019 se reactivaron las importaciones de gas natural desde Argentina después de más de 10 años de interrupción, lo cual permitió a Enel comprarlo en condiciones competitivas para alimentar sus centrales.
Aunque se suele considerar como una energía de “transición”, el gas natural es un combustible fósil, tal como el carbón. Los escapes de metano que se fugan normalmente de los conductos de transporte hacia las centrales, así como las emisiones producto de la combustión, contribuyen al efecto invernadero. Por lo tanto, una vez cerradas las centrales a carbón, los 2 GW de capacidad instalada en sus 8 centrales a gas serán el principal responsable de las emisiones con efecto invernadero de Enel. Para dar un ejemplo, en Antofagasta se encuentra la central de Atacama, que es más grande que las dos Bocamina juntas y funciona a ciclo combinado, es decir que se alimenta a gas pero también a petróleo diésel.
Hacer frente al calentamiento global no es el único desafío de la transición energética. Junto al uso de fuentes bajas en carbono es necesario avanzar hacia un desarrollo sostenible, que en los indicadores de la Agenda 2030 de la ONU suman tres elementos: crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente.
Este último aspecto resulta particularmente problemático en Chile donde, por ejemplo, un bien natural fundamental como el agua es repartido bajo una lógica de mercado y no de derecho. Enel tiene hoy la mitad de la capacidad instalada en energía hidroeléctrica de Chile, con sus 18 centrales construidas sobre los principales ríos de todo el territorio nacional. Entre ellas se encuentra Ralco, la hidráulica de embalse más grande del país, conocida por el fuerte movimiento de oposición a su construcción que demoró el proyecto varios años antes de su puesta en marcha, en 2004.
Los proyectos hidroeléctricos que en los últimos treinta años han sido protagonistas de numerosas luchas en defensa de los territorios y el agua, hoy siguen estando entre los causantes de los mayores conflictos socio-ambientales en Chile.
Ejemplo de ello es la central de 150MW actualmente en construcción en la Laguna del Maule. La obra del proyecto Los Cóndores, empezada por Endesa en 2014, pasó a manos de Enel en 2016 y todavía tiene tres años por delante antes de empezar a funcionar. Ya a partir de los intentos de modificar el Convenio de Regulación del río Maule, que rige desde 1947, la hidroeléctrica desató conflictos con los agricultores de la zona. Se acumularon en los años las dificultades en obtener la Evaluación de Impacto Ambiental relativa al tendido eléctrico; los numerosos ajustes al proyecto y los litigios con entes turísticos y con los Defensores del Alto Maule, quienes denunciaron la contaminación del agua del río con sedimentos de las excavaciones. A todo esto se le suma la muerte de dos trabajadores el año pasado, tras un derrumbe en la obra, que además se prevé más extensa y costosa de lo planificado.
¿Por qué Enel sigue invirtiendo en una hidroeléctrica con tales características? La empresa no respondió a la pregunta, sin embargo se pueden hacer algunas hipótesis.
Según Matias Asún, director nacional de Greenpeace Chile, “no existe una energía mejor o más limpia de otra de por sí. Depende del tipo de impacto que produce sobre el ambiente y los habitantes, más allá de la tecnología que se use para producirla”. Los problemas que históricamente han generado las centrales hidroeléctricas en Chile, según este enfoque, no radican en el uso del agua para generar energía eléctrica, sino en el modelo político-económico que regula la construcción y el uso de las centrales. “En Chile la política está diseñada para ser interpretada como un conflicto entre privados, entre inversores y clientes, con un rol muy secundario para los vecinos de estos proyectos, y donde el Estado interviene mínimamente. Al no existir una política de planificación de uso del suelo, tiene sentido construir una central, y otra al lado, y otra más, como se ha hecho con las plantas de carbón en las zonas de sacrificio”, sigue Asún.
Sin embargo, con respecto a la transición energética, a nivel global hay una tendencia hacia la reducción de emisiones que viene directamente del mercado financiero, como demuestra el Network for Greening the Financial System. “A través de la regulación financiera se puede hacer presión a las empresas”, afirma Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente. El Fondo Soberano Noruego, el más grande del mundo, el año pasado tomó la decisión de no invertir más en sociedades que usan masivamente el carbón. “El 13 de mayo de este año Noruega declaró haber puesto bajo observación a distintas sociedades, entre las cuales estaba Enel. Dos semanas después, la empresa declara el cierre de Bocamina”, explica Mena, que por otro lado evidencia que Chile es actualmente el segundo país más atractivo del mundo (después de la India) para el desarrollo de las energías renovables, como indica el último informe de Climatescope de Bloomberg sobre mercados emergentes.
“La italiana Enel y la española Endesa apuntaron a Latinoamérica para sus planes económicos, sobre todo después de la crisis que afectó a occidente en 2008” dice Taglieri reconstruyendo la historia de Enel, que en 2009 empezó a adquirir las propiedades de Endesa España en Chile. Entre 2015 y 2016 se creó por un lado Enel Chile S.A. y por el otro Enel Americas S.A., presente en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. En Chile se diseñó una sociedad aparte del resto de América Latina, según Re:Common se puede reconocer “primero que Chile es una de las puntas de lanza por la red de distribución y potencia instalada de Enel Américas, y por eso goza de mayor autonomía. En segundo lugar, la historia de Enel en Chile se entrelaza mayormente con la política del país. Por dar un ejemplo, el presidente de Enel en Chile es Herman Chadwick, primo del actual jefe de gobierno Sebastian Piñera” cuenta Taglieri. “Además, las peculiaridades del sistema regulatorio chileno entregan a la empresa mayor poder contractual, por ejemplo con respecto a la propiedad de los cursos de agua”.
Manuela Royo, candidata a la Convención Constituyente por el movimiento ambiental MODATIMA, reconoce al agua como un bien común y un derecho humano entre los principios fundamentales a levantar en el proceso constituyente, junto a la protección de los territorios, de la naturaleza y de los bienes comunes. “Concebir el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano implica, en primer lugar, cumplir con los estándares del derecho internacional: el agua que tiene que ser accesible en términos físicos, asequible en términos económicos; tiene que ser limpia, sana, y también ejercerse sin discriminaciones, es decir, teniendo en consideración aquellos sectores que están más desposeídos” explica la abogada y profesora de Derecho. “Además, esto va a traer como consecuencia la derogación del Código de Aguas del 1981 y permitirá que se genere, por ejemplo, un manejo integrado de las cuencas donde no solamente sean los dueños de los derechos de agua quienes tienen que administrarla sino que deben ser las propias comunidades”.
Otra consecuencia del pensar al agua como un derecho humano es priorizar el consumo humano y las necesidades del ecosistema por sobre los usos económicos, así como lo expresó el Relator Especial de la ONU Léo Heller el pasado 20 de agosto, advirtiendo al gobierno chileno que no cumple con sus obligaciones internacionales si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud.
Por último, evidencia Royo, en Chile “hay muchas personas que tienen derechos de agua y ni siquiera los usan, y eso ha significado que incluso se puedan rematar los ríos. Lo importante es dejar sin efecto el mercado de los derechos de agua, incluso si ello significa iniciar un proceso de expropiación en pos del consumo humano y de la vida comunitaria”.
Este artículo es parte del proyecto Energía y Transición Justa, de FES Chile y Climate Tracker. Fue publicado originalmente en La Voz de los que Sobran el 03 de diciembre de 2020
