A principios de septiembre, el canciller Alberto van Klaveren inauguró la sesión del Comité Estratégico del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030. El objetivo es definir la hoja de ruta para consolidar esta industria en Chile, “conciliando el desarrollo económico con el respeto por el medio ambiente, el territorio y las comunidades”.
A partir de mesas interministeriales, el Plan de Acción busca corregir lo que no se hizo en la pandemia y descentralizar la participación. Hay tres líneas de acción: inversiones e institucionalidad; sostenibilidad y valor local; e infraestructura y organización territorial.
Después de 20 talleres en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Magallanes, las audiencias de cierre aún no se confirman, pues el trabajo del Comité Estratégico es el que permitirá la conclusión del plan, por lo que la consulta pública prevista en septiembre se espera entre octubre y noviembre.
Sin embargo, el Plan de Acción concluyó una falta de educación, información, participación e involucramiento de comunidades en la toma de decisiones respecto a las transformaciones de su territorio.
“Si bien el Gobierno está buscando participación hay que ver si es oportuna, ya que ya hay políticas y acuerdos firmados. Hay que ver si la gente está informada porque la industria es muy técnica y compleja”, plantea Constanza Gumucio, investigadora de estudios de la ONG FIMA.
“Hoy [el tema] no es cuánto se produce, sino que los acuerdos. Es todavía una etapa muy temprana, hay que sentar las bases para lo que se viene. Para llegar a la fase industrial se necesita un marco regulatorio, políticas públicas y señales claras al mundo financiero, en términos de dónde invertir. De todos modos, hay decisiones que se van a tomar en el transcurso, pero la prioridad es preguntarse si la matriz nacional está siendo descarbonizada”, declara Verónica Vukasovic, asesora técnica de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y coordinadora de H2LAC.
“Si bien el Gobierno está buscando participación hay que ver si es oportuna, ya que ya hay políticas y acuerdos firmados”.
“En el desarrollo del Plan de Acción han surgido algunas inquietudes que tienen que ver con la identidad regional, por el posible crecimiento de localidades rurales aledañas al desarrollo de los proyectos y cómo se va a dar ese crecimiento, desde la densidad demográfica, nueva infraestructura y nuevas inversiones desde los municipios”, comenta María Luisa Ojeda, Seremi de Energía de Magallanes.
Andrea Moraga, gerente de Continua Soluciones y de la Unidad de hidrógeno IIT de la UdeC, cree que “hay que desplegar la difusión y sensibilización de la población, considerando las oportunidades que puede generar y cuáles son las aplicaciones que se pueden ver del hidrógeno verde. Se habla de que Chile va a exportar, que va ser la salvación del mundo, pero no se habla de qué se va a hacer con el hidrógeno en el país”.
El relacionamiento comunitario debe ser temprano, mientras que el capital humano basta con capacitaciones especializadas más que una nueva carrera, plantea Moraga, también directora de H2 Chile. “Hay que educar y en simultáneo propiciar un encadenamiento productivo en las regiones y sus actores, considerando el uso local como las refinerías, la industria del vidrio, los derivados o, por ejemplo, en vez de importar y gastar en amoniaco se puede impulsar la producción acá”, dice.
El aterrizaje de una industria futurista
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde en 2020, Chile ha sido vanguardista en esta materia: en Cabo Negro se construyó el primer piloto de producción y en marzo de este año exportaron los primeros 2.600 litros de combustible sintético a Inglaterra. En su fase inicial, la planta Haru Oni está produciendo e-fuels para Centros de Experiencia y la Porsche Mobil 1 Supercup. La fabricante de automóviles es socia del titular, HIF, quienes también trabajan con Enap, Gasco, Exxon Mobil, Siemens y Enel Green Power.
En agosto de 2023 se anunciaron los resultados de Ventana al Futuro, Plan Nacional de Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde en Territorio Fiscal. Se trata de 25 solicitudes de concesión, que corresponden a 16 proyectos en las regiones de Antofagasta (12), Tarapacá (2), Atacama (1) y Magallanes (1). Johan Dreyer, presidente de la asociación H2 Antofagasta, señala que “hay que fomentar las eficiencias y sinergias entre los desarrolladores de proyecto para que puedan definir objetivos comunes y optimizar recursos”.
Desde Magallanes, la Seremi de Energía, Ojeda, considera que la idea no es instalar una desaladora, un puerto, un parque de energía renovable, ductos, una planta de hidrólisis o amoniaco por cada proyecto, sino que hay que apuntar a la infraestructura compartida para abaratar costos y disminuir impactos. Lo cual replica Dreyer, agregando que “la estrategia tiene que ser bottom-up, es decir desde abajo hacia arriba y no top down como lo fue en 2020”.
“El apuro por sacar proyectos apremiados por los compromisos financieros hace que avancen de modo inorgánico y que el conocimiento sobre los reales impactos no exista, se genera de manera desfasada o por los propios interesados”.
La estrategia chilena se resume en activar la industria doméstica y desarrollar la exportación hasta llegar a ser proveedores globales. El eslogan es “el hidrógeno verde más competitivo del planeta”, ya que el país tiene más de 1.800 GW de potencial en energías renovables, equivalente a 70 veces la demanda nacional.
Sin embargo, la estrategia menciona expresamente que no se consideran costos de compresión, transporte y distribución, los que varían según la aplicación final del hidrógeno. Tal como se soslaya esa evaluación financiera, se ha hecho con lo ambiental y sus impactos.
Una de las principales preocupaciones de la sociedad civil es la planificación territorial y la necesidad de regular con rigurosidad a esta incipiente industria, en especial por la escala y cantidad de proyectos en cada zona que podrían generar impactos significativos en Chile, en aras de asegurar la descarbonización de otros países.
El proyecto más grande planea una capacidad instalada eólica de 10 GW en San Gregorio, mientras que el Coordinador Eléctrico Nacional señala en su informe de agosto que recién se llegó a 4,58 GW de energía eólica en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Cristian Flores, investigador de la Universidad Humboldt de Berlín, alude a las aves y murciélagos con un mapa de sensibilidad encargado por Corfo y señala que otros informes anunciados estarán listos cuando los mega proyectos ya estén en el SEIA u obtenido su RCA, por lo que “el apuro por sacar proyectos apremiados por las agendas globales y de financiamiento provocaría un avance inorgánico y sin una planificación territorial adecuada, con escaso o nulo conocimiento sobre los reales impactos, el que se genera de manera desfasada o por los propios interesados con el objeto único de obtener la aprobación ambiental”, analiza el también abogado de Max Plank-UDP.
Si bien aún no existe un mercado mundial para el denominado “combustible del futuro”, la industria se está impulsando enérgicamente en varios países, sobre todo desde Europa para reducir la dependencia del gas ruso, aunque los electrolizadores se encarecen y la tasa de conversión es deficiente por la financiación que conlleva.
Mientras, Chile proyecta al año 2050 que la exportación del hidrógeno verde y sus derivados representen US$24.000 millones por año. Sin embargo, a principios de 2023, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) plantea que “los gobiernos deberían tomarse en serio el riesgo de un desajuste en la oferta y la demanda“.
Evaluación ambiental, el talón de Aquiles de la estrategia
El hidrógeno verde podría generar distintos impactos, dependiendo del emplazamiento y magnitud de la infraestructura. Por eso ha generado preocupación lo que ocurriría en Magallanes, que tiene 13 proyectos anunciados; y en el desierto de Atacama, que concentra 23. Ya van 54 en todo el país, según el último catastro de H2 Chile, aunque la mayoría en etapa de bosquejo y factibilidad.
“El modelo de desarrollo del hidrógeno verde tiene un impacto tremendo en los instrumentos de orden territorial, las prioridades e intervenciones, lo que es una dimensión conflictiva en la política ambiental y social. Hay mucha alineación de los actores y las empresas, que no consideran las voces críticas, por lo que hay falta de principios precautorios y eso repercute en la democracia y la pobreza energética”, reflexiona Gabriela Cabaña.
La antropóloga del Centro de Análisis Socio Ambiental señala que esto puede desviar la atención de soluciones más efectivas. Además de la participación ciudadana, asegura, hay que apuntar a necesidades locales y empleos de calidad.
En la macrozona norte se forman grandes cadenas de trabajo y subcontratación en los proyectos de energías renovables, en donde alrededor de cien empresas alegan fraudes.
Mauricio Ocaranza, quien arrienda maquinarias desde Calama, se convirtió en vocero de los afectados y dice que transnacionales “se instalan por temporadas de faena y ni una oficina tienen en la zona. No se puede pensar en el hidrógeno si no se atiende lo que está pasando con las pymes, hay mucha gente agobiada por las deudas, nadie se preocupa de nosotros si no metemos presión”.
Por lo mismo, en las sesiones del plan, en Antofagasta y Magallanes, existe una coincidente posición de que las empresas se establezcan donde estén sus proyectos y no tributen en la región Metropolitana.
En cuanto a los potenciales impactos ambientales, la producción de hidrógeno necesita de agua, mientras numerosas localidades del país enfrentan problemas hídricos.
Según el World Resources Institute, Chile tiene un estrés hídrico extremadamente alto. Por lo mismo, la industria mira como alternativa la desalación de agua de mar, aunque recientemente la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad expuso que tramitar una desaladora nueva conlleva 11 años y 7 meses.
En Sustainability, una investigación concluyó que, entre las regiones de Arica y Metropolitana, sólo el 4.54% de la superficie es zona altamente apropiada para instalar una desaladora. Además, se necesitan nueve kilos de agua para producir un kilo de hidrógeno verde y si es desalada oscila entre 18 a 24, mientras que en promedio, por cada litro de agua desalada se produce un litro y medio de concentrado de minerales, lo cual podría afectar los ecosistemas costeros y marinos.
“Todos los organismos tienen distinta tolerancia a los parámetros químicos del agua, el aumento de la salinidad podría estresar la biodiversidad, lo que puede causar la muerte de organismos o los que tienen la capacidad de moverse lo van a hacer hacia un mejor ambiente”, declara Felipe Pizarro, biólogo marino y director de la Fundación Mar y Ciencia.
La exportación conllevaría una reestructuración portuaria y el incremento del tráfico marítimo, el cual “aumenta el riesgo de colisión de ballenas, tal como la jorobada, la franca y la sei. También implica la contaminación acústica, ya que el sonido viaja más rápido en el mar y llega a distancias más grandes. Más barcos interfieren la comunicación de delfines y otros cetáceos que se desplazan por el estrecho de Magallanes, lo que les complica más la vida a estos animales”, informa Pizarro.
Se suman las potenciales emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, provenientes de las embarcaciones para la exportación a otros continentes. “El hidrógeno es verde porque no emite CO2 en su producción, pero no se considera el resto de emisiones que puede producir la cadena. Entonces, estamos postulando al hidrógeno como una energía muy limpia, idealmente hay que ampliar el verde en el resto de actividades, pero no está claro que en Chile sólo se genere con energía renovable”, dice Gumucio.
“El hidrógeno es verde porque no emite CO2 en su producción, pero no se considera el resto de emisiones que puede producir la cadena”.
Algo que ya preocupó a vecinos y 67 organizaciones en Quilicura, tras la reciente inauguración del Centro de Distribución de Walmart y Engie, catalogada la primera planta de hidrógeno verde de uso industrial de Latinoamérica, pero que ocupa energía del SEN y no tuvo evaluación ambiental. La abogada de FIMA subraya que los impactos aún no se han determinado ante la proyección de la gran escala, ni se ha certificado que siempre sea “verde”. La participación y planificación territorial son cruciales, añade Gumucio, ya que “es físicamente el mismo espacio el que soporta todo y son ecosistemas frágiles a raíz del cambio climático”.
De hecho, la zonificación del borde costero en Magallanes está en plena etapa de propuestas, mientras que las Líneas Bases Públicas en Ecosistemas se terminaron de licitar hace un mes.
“En Magallanes se ha ido avanzando ‘con la carreta delante de los bueyes’. Se ha propiciado cierta estimulación desde el sector público, se ven esfuerzos de levantamiento de información, aunque no necesariamente se conectan los proyectos e implicados de modo eficiente para la toma de decisiones. El ordenamiento territorial debiera ser un paso previo a impulsar una industria de gran escala”, reflexiona Ivo Tejeda, director de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile.
La industria de hidrógeno verde también necesita grandes extensiones territoriales para la generación de electricidad mediante energía eólica y solar, lo que aumentaría la fragmentación de ecosistemas. La escala de la industria apunta a 25GW que se traduce prácticamente en 404 mil hectáreas, un poco más de 6 veces la superficie de Santiago.
Además, un aerogenerador mide tres veces el hotel Dreams de Punta Arenas, múltiples estructuras de ese porte cambiarían el paisaje de manera significativa. Por este motivo, científicos advirtieron en una carta en Science el peligro para aves residentes y migratorias que podrían colisionar o verse afectadas. Por lo mismo, una medida del Plan de Acción consiste en estudiar los criterios en la energía eólica.
En ese sentido, la reforma integral a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente considera incorporar la producción de hidrógeno dentro de las tipologías legales de ingreso al SEIA, lo que resuelve el desglose de infraestructura, aunque “sin la determinación de los estándares e impactos, la evaluación recaerá en el SEA, lo cual es complejo, ya que ellos han emitido guías para que los titulares ingresen sus proyectos bien descritos y unificados en sus etapas, pero no debieran fijar los estándares, sino que los parámetros debieran estar con anterioridad y el Servicio sólo comparar el proyecto con la norma, la cual no existe”, plantea Gumucio.
Por este y otros motivos, más de 70 entidades medioambientalistas han rechazado la escala del modelo de desarrollo del hidrógeno impulsado por el Estado chileno.
En una carta aluden a que “si el objetivo es lograr una transición energética justa, no podemos ignorar la necesidad de reducir las brechas de pobreza energética a nivel nacional, así como avanzar en materia de descentralización y generación distribuida para asegurar mejores niveles de seguridad energética a lo largo del país, como también ocuparse de la protección de los ecosistemas claves para la adaptación y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza”.
Los desafíos para la democracia energética
Recientemente, el Foro Económico Mundial publicó Energy Transition Index 2023, donde Chile se posiciona número 30 en el ranking de los sistemas energéticos del mundo, cuarto a nivel latinoamericano. Los puntos más débiles son la innovación, la educación y el capital humano, la equidad y la sustentabilidad, mientras que el aspecto mejor evaluado fue la regulación y el compromiso político.
En el escenario de cero emisiones netas de carbono para 2050 que proyectó la IEA, el hidrógeno sería responsable del 6% de la reducción acumulativa de emisiones, por detrás de otras medidas como las energías renovables (35%), la electrificación (19%), mejoras tecnológicas (13%), captura de carbono (11%), cambios de comportamiento y reducción de la demanda de energía (11%). Sin perder de vista que Chile puede mitigar el 50% de sus emisiones a través de soluciones basadas en la naturaleza.
Por lo mismo, acusan un alto grado de especulación financiera sobre el hidrógeno verde en las agendas de cambio climático, cuando existen más soluciones para la descarbonización.
En cuanto a la transición energética, el país aún no avanza en empoderar a la ciudadanía como prosumidores, pues la ley que regula la distribución eléctrica no se actualiza estructuralmente desde 1982. El director de la Asociación Chilena de Energía Solar, Darío Morales, detalla que “en Chile el 95% de la potencia solar instalada es de gran escala, mientras que a nivel mundial la generación distribuida está en 19%, en Alemania 74% se genera bajo los 1.000 kW, en Australia el 48% bajo los 10 kW, en Chile no más del 5% lo producen proyectos fotovoltaicos bajo 1 MW”.
“El modelo y mercado energético presenta una triple problemática, vertimientos, desacoples y exposición a costos marginales cero, por lo que sin renovables competitivas no pueden desarrollarse la minería, la desalación, el hidrógeno, ni cualquier otra industria verde”, resalta Ana Lía Rojas, directora de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento.
Enel, el Grupo Matte, AES Corporation, Engie y Électricité de France poseen más de la mitad de la capacidad instalada del SEN, Bajo tal contexto, Flores concluyó que la incorporación de fuentes renovables no convencionales a la matriz energética no ha modificado el modelo tecnocrático de gestión de mercado, “ni ha supuesto un avance hacia sistemas energéticos democráticos y descentralizados que promuevan el desarrollo local y la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones energéticas, ya que la generación sigue concentrada”.
“La incorporación de fuentes renovables no convencionales a la matriz energética no ha modificado el modelo tecnocrático de gestión de mercado, ni ha supuesto un avance hacia sistemas energéticos democráticos y descentralizados que promuevan el desarrollo local y la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones energéticas”.
Será cosa de tiempo para ver los resultados del Plan de Acción de Hidrógeno Verde en la transición del país. Mientras tanto, Cabaña considera que producir el vector energético más barato presiona a los territorios, dice que no es un buen negocio. No sabe si se pueden subsanar las fallas de origen, pero “se pueden rescatar las recomendaciones de una comisión ciudadana sindical y parlamentaria de reforma al SEIA (2016).
El informe se realizó con la misma percepción de los trabajadores del Servicio y es válido porque los problemas siguen vigentes”. Además propone comunidades que administren la energía, tal como lo hacen las cooperativas con los sistemas de Agua Potable Rural.
“La transición energética corporativa se ha visto como un traje a la medida de los grupos que lideran los sistemas energéticos en América Latina, tal como las empresas gasíferas y petroleras, ya que la visión es ver cómo la transición me sirve en base a lo que ya estoy haciendo, más que pensar en soluciones justas. No se piensa en decrecimiento, ni llegar a principios de equidad y de acceso a la energía para tener una calidad de vida. No hay respeto por conceptos de límite y suficiencia, es decir, un mínimo y un techo de generación que sea administrado de modo democrático y priorizado para lo que la gente necesita”, sentencia.
