En Chile, la energía es responsable del 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, según datos de la Política Energética Nacional de 2021. Por ello, la transición hacia el uso de energías limpias es un desafío nacional y tiene un rol protagónico en la batalla para mitigar la crisis climática.
Actualmente, la energía solar y eólica cuentan con equipos instalados que generan una gran capacidad de producción, muy similar a la energía térmica proveniente de combustibles fósiles. Sin embargo, de acuerdo a cifras del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), organismo técnico encargado de coordinar y operar el Sistema Eléctrico Nacional, la inyección entre ambas, es decir, lo que cada cual logra introducir al sistema, es dispar.
Por ejemplo, en 2022 las plantas solares y eólicas aportaron el 28% de la energía en el sistema, en cambio las térmicas llegaron a un 44% de la generación. Entonces, cabe preguntarse: ¿Por qué, si tienen la misma capacidad productiva, se inyecta más energía fósil que renovable?
Aunque Chile tiene un alto potencial para el desarrollo de energías renovables, enfrenta varios desafíos en esa materia, incluyendo la falta de redes de transmisión.
Las razones son múltiples. Una de ellas está asociada a las características de la fuente. El sol está presente solo de día por lo que no se puede tener energía solar de noche. Situación similar ocurre con el viento, que también es variable. La conclusión es sencilla: la disponibilidad del recurso natural, aunque inagotable, es intermitente.
Por otra parte, el país enfrenta otra dificultad en el sistema energético, que según los especialistas consultados para esta nota, es uno de los más preocupantes para poder darle uso a la energía renovable: la falta de redes de transmisión. Es decir, líneas de transporte de energía, así como también de elementos de soporte como las torres de alta tensión.
Por esto, uno de los ejes de la hoja de ruta de la agenda de energía 2022-2026 del gobierno de Gabriel Boric, señala que se realizará un despliegue masivo de las tecnologías de generación renovable: “En este camino hacia nuevas formas de generar y usar la energía, tendremos que migrar hacia tecnologías energéticas cada vez más limpias e ir adaptando y redefiniendo el mercado para dar las señales económicas que nos permitan impulsar progresivamente la transición, de manera sustentable y en consideración de las culturas que habitan nuestro país”.
Bajo ese contexto, en 2022 se lanza el proyecto público-privado de transmisión Kimal – Lo Aguirre que podrá transportar más de 3 mil megavatios (MW) de energías limpias.
El proyecto logró gestionar créditos verdes (fondos que sirven para financiar la protección del medio ambiente o la mitigación del cambio climático) por un total de US $480 millones que permitirán asegurar la primera fase de desarrollo de la iniciativa.
El proyecto
Según la Comisión Nacional de Energía, las energías renovables no convencionales aumentaron su participación en el parque de generación eléctrica, alcanzando una capacidad instalada equivalente al 42,3% del Sistema Eléctrico Nacional y una generación de electricidad efectiva del 36%. Sin embargo, según Generadoras de Chile, al mes de agosto se acumulaban 967,3 gigavatios-hora (GWh) de energía producida por centrales solares o eólicas que no pudo ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo cual es conocido como vertimiento de energías renovables, así lo señala el Balance Ambiental 2023 de Fundación Terram.
Si bien el vertimiento de energía generada ocurre ante la incapacidad de transmitirla, desde el Ministerio de Energía señalan que, para el largo plazo, es necesario desplegar la infraestructura de transmisión con reglas adecuadas para enfrentar los desafíos de esta transición energética. Y en ese sentido, Kimal – Lo Aguirre tiene como objetivo descongestionar el norte del país y llevar energía limpia hasta la zona central, aprovechando de mejor forma el recurso renovable existente. “Este proyecto permitirá llegar al 2030 desacoplándonos de esta apuesta que se hizo por la energía térmica para pasar a acelerar nuestra inversión en energías limpias”, dice la cartera.
En forma paralela, un comunicado de dicho ministerio hace hincapié en las palabras de Juan Carlos Olmedo, presidente del CEN, quien señaló que “nuestro sistema de transmisión es de tipo radial, lo que significa un alto flujo de generación hacia la zona central del país por una línea de 500 kV con alta carga. Así, la línea HVDC Kimal-Lo Aguirre permitirá habilitar el proceso de descarbonización y reemplazar la generación a carbón”.
El proyecto contribuirá a la descarbonización de Chile, al permitir la disminución del vertimiento de energía renovable, aportando de manera significativa a la transición energética del país, y al cumplimiento de las metas establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático de alcanzar el carbono neutralidad el año 2050.
Kimal – Lo Aguirre atravesará por cinco regiones y 28 comunas de Chile, iniciando en la Región de Antofagasta, comuna de María Elena, y terminando su trazado a más de 1350 kilómetros al sur, en la Región Metropolitana, comuna de Pudahuel. El costo de inversión es de US $1480 millones.
Kimal-Lo Aguirre busca contribuir a la descarbonización de Chile, al permitir la disminución del vertimiento de energía renovable.
La línea Kimal – Lo Aguirre será la primera implementación en Chile de la tecnología de transmisión mediante corriente continua, y aunque el proyecto se adjudicó a empresas (Transelec, ISA Inversiones Chile, China Southern Power Grid International) que tienen experiencia en este tipo de líneas, igualmente constituye un gran desafío para la institucionalidad y la regulación sectorial, de acuerdo con Carlos Finat, ex director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), quien reconoce que el mayor reto viene de la mano con su extensión.
“Deberá enfrentar las dificultades habituales para este tipo de proyectos en lo que respecta a la obtención de las servidumbres de paso (negociación y obtención de los permisos que deben otorgar los propietarios de los terrenos donde se instalarán las torres de alta tensión), y el cuestionamiento de parte de comunidades en diferentes puntos de su trazado”, dice Finat.
En efecto, ha sido necesario que el Coordinador Eléctrico Nacional, regulador en la materia, apruebe una extensión de los plazos para el desarrollo de los estudios de ingeniería (diseño del proyecto), plazo a cumplirse el 27 de febrero de 2025.
No obstante su novedad, el proyecto “sigue un plan bastante estándar” respecto a la construcción de líneas de transmisión, comenzando con la etapa de ingeniería y la obtención de servidumbres y permisos; sigue la especificación y compra de equipos; luego viene la etapa de construcción de la línea con todos sus equipos asociados, y finalmente están las pruebas y puesta de servicio.
Sin embargo, en cada una de estas etapas existen riesgos que pueden extender su duración y atrasar la fecha de puesta en servicio de esta línea de transmisión que se espera comience a operar en 2029. En ese sentido, para Finat, actual asesor estratégico de Acera, las etapas más complejas son los estudios, en lo relacionado a la obtención de las servidumbres, y la construcción.
El proyecto “deberá enfrentar las dificultades habituales para este tipo de proyectos en lo que respecta a la obtención de las servidumbres de paso (negociación y obtención de los permisos que deben otorgar los propietarios de los terrenos donde se instalarán las torres de alta tensión), y el cuestionamiento de parte de comunidades en diferentes puntos de su trazado”.
Se debe tener en cuenta que para este proyecto no se hizo el estudio que busca definir las franjas de territorio en las que se construirá la línea de transmisión. “Dicho estudio se omitió en su momento con la finalidad de acortar los plazos para poner en servicio esta línea. Sin embargo, ese loable objetivo, en mi opinión, no se va a cumplir y la obtención de las servidumbres de paso necesarias seguramente va a complicarse tal como ha ocurrido con la mayoría de los proyectos de instalaciones del sistema de transmisión”, explica.
Finat recalca que no hacer el estudio de franja, el cual debe ejecutar el Estado al comienzo del proyecto, significa que lo hará el privado adjudicado con la obra, “lo que provoca un mayor cuestionamiento del proyecto, y lo debe hacer bajo presión mientras los plazos, incluido el de su puesta en servicio, ya están corriendo. Esto último, les da mayor poder a los propietarios de los terrenos por donde la línea pretende pasar, para ser más duros en la respectiva negociación”, aclara el profesional.
Kimal – Lo Aguirre, que ya ha recibido observaciones ciudadanas que piden cambios en su trazado, incluyendo uno de habitantes de la localidad de El Molle, pondrá a prueba la relación con las comunidades.
“Las observaciones y la oposición ciudadana son ya habituales en proyectos de transmisión y no pueden causar sorpresa. Sin duda que deben ser atendidas y respondidas por el titular del proyecto o por las autoridades pertinentes”, apunta Finat, y agrega que existe una regulación específica sobre las exigencias que debe cumplir la franja por la cual se extiende la línea, y que esa regulación “debe cumplirse en lo que corresponda, tanto en beneficio de las comunidades como en beneficio de la línea de transmisión”.
“Las observaciones y la oposición ciudadana son ya habituales en proyectos de transmisión y no pueden causar sorpresa. Sin duda que deben ser atendidas y respondidas por el titular del proyecto o por las autoridades pertinentes”.
Las comunidades alzan la voz
“Estamos conscientes de que es un proyecto importante que se está ejecutando de manera muy profesional y que promueve la descarbonización de la matriz energética de Chile, pero no queremos tener un torre de alta tensión de 80 metros al lado de nuestra casa”, dice Héctor Carreño, abogado y vocero de la junta de vecinos de El Molle, localidad ubicada en la región de Coquimbo, en el norte de Chile.
El descontento de los vecinos surge debido a que al menos siete de las torres van a cruzar por el pueblo, “no es que pasarán cerca de nuestras casas, sino que las torres estarán al lado de ellas”, enfatiza Carreño. Frente a esto, los habitantes de El Molle presentaron a la empresa titular una propuesta para el trazado del proyecto, a la que denominaron como “alternativa Puclaro”. “Al principio recibimos un ‘no’ rotundo, pero actualmente estamos en conversaciones”, señala el vocero.
Dicha alternativa consiste en desplazar las siete torres a nueve kilómetros al este. ¿Por qué? “Porque ahí está la cortina del tranque Puclaro que es el sector más estrecho del valle de Elqui y que, además, no está habitado”, explica Carreño.
Por otra parte, los habitantes alegan que el proyecto va a afectar drásticamente el entorno del pueblo, el cual alberga un destacado circuito turístico. Si bien el trazado está dibujado, hasta ahora “no hay costos asociados porque aún no se instala ninguna torre”, aclara el vocero, y agrega que están a tiempo de pedir que las torres no pasen por el pueblo.
“Estamos conscientes de que es un proyecto importante que se está ejecutando de manera muy profesional y que promueve la descarbonización de la matriz energética de Chile, pero no queremos tener un torre de alta tensión de 80 metros al lado de nuestra casa”.
Actualmente, el proyecto Kimal Lo Aguirre se encuentra en etapa de las observaciones ciudadanas respecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tras ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y las reacciones de organizaciones territoriales y ambientales como así también de organismo competentes en la materia, no se han hecho esperar.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf), organismo encargado de administrar la política forestal en Chile, solicitado por el SEA, se pronunció a través de un oficio, afirmando que “el estudio no aborda adecuadamente los impactos sobre el componente Flora y Vegetación, existiendo una predicción que minimiza o subvalora los impactos, razón por la cual se llega a concluir que el EIA carece de información esencial para la evaluación del proyecto”, y concluye diciendo que se solicita un término anticipado, “al proceso de evaluación ambiental del proyecto”.
Según CONAF, “el estudio no aborda adecuadamente los impactos sobre el componente Flora y Vegetación, existiendo una predicción que minimiza o subvalora los impactos, razón por la cual se llega a concluir que el EIA carece de información esencial para la evaluación del proyecto”.
Por otra parte, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, hace hincapié en la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal que establece que el Ministerio de Agricultura (Minagri), mediante un decreto supremo, debe reconocer las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, “el D.S. N° 68 data del año 2009 y reconoce solo 228 especies nativas, dejando fuera de este listado un número significativo de especies originarias del país. Pese a la presión de organizaciones ambientales, a lo que se suma un dictamen de Contraloría –emitido en 2022– que instruye a dicha cartera a incorporar al menos 704 nuevas especies a este listado, esto no ha sucedido”, dice la profesional.
Para Liberona, esta situación “podría estar ligada a evaluaciones de impacto ambiental de proyectos como la Línea de Transmisión Kimal-Lo Aguirre que pueden afectar numerosas especies nativas que no han sido reconocidas por el Minagri”.
Mientras tanto, muchos esperan que el avance de este proyecto – tan relevante en materia energética – no se haga a costa de la comunidad y biodiversidad local, por lo que existe alta expectación ante las definiciones que se tomen en los próximos meses.
