El Gobierno dominicano se propuso, en 2020, ampliar sus fuentes de generación para llevar la producción de las renovables a representar un 25% del total de energía que se generará para 2025. Para ello, se espera la culminación de 17 proyectos privados que sumarían 1.000 megavatios de instalación renovable a inicios de 2024 y que entrarían al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Esta meta incluía migrar en parte al uso de gas natural como combustible de transición en la energía eléctrica y lograr una integración de 25% de energía renovable al SENI a 2025, 30% a 2030 y 40% para 2040. El Gran Santo Domingo y sus más de 4 millones de habitantes serían el mayor consumidor de esa producción.
Pero es un objetivo que al parecer no se alcanzará en el tiempo estimado. Al cierre del 2022, las fuentes renovables lograron una participación del 16.5% de la energía suministrada al SENI —y que disminuyó 0.7% con respecto a su producción en el año anterior—. De esta cantidad, el agua aportó el 6.6%, el viento 5.3%, el sol 3.3% y la biomasa 0.9%. Mientras que la proporción de energía suministrada por las diversas fuentes de generación térmica convencional: carbón mineral, gas natural, diésel y fuel oil, llegaron a representar el 83.50 % del total de energía inyectada.
De las 94 centrales energéticas en República Dominicana, 42 son hidroeléctricas, 10 parques eólicos, nueve plantas solares y una de biomasa.
El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) publicó en su informe “Monitor energético” de julio de este 2023 que alcanzar el objetivo de una matriz de generación más sostenible tomaría unos 11 años, debido a que el ritmo de crecimiento de las renovables es de un 1.3 % anual.
Hasta el año pasado, la capacidad instalada bruta del SENI ascendía a 94 centrales energéticas, de las que 42 son hidroeléctricas, 10 parques eólicos, nueve plantas solares y una de biomasa. Las 32 restantes se distribuyen en centrales convencionales.
Entre lo que resta de este 2023 y para el 2024 se integrarían los 17 nuevos proyectos renovables, especialmente fotovoltaicos y eólicos, con concesión definitiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Además, hay más de una decena de nuevas plantas que se encuentran en fase de estudios prospectivos para los siguientes años.
Urge mejorar red de distribución para las energías renovables en República Dominicana
Ante la planificación de aumentar la matriz de generación renovable, el gobierno se propuso canalizar más inversión extranjera directa con facilidades para la instalación de nuevos proyectos, pero el avanzado deterioro de las redes de distribución replantearon las prioridades.
Las redes de distribución se han convertido en el foco de averías del SENI, provocando decenas de apagones en el país, en los últimos dos años. Por ello, el gobierno anunció recientemente que se necesita una inversión adicional de aproximadamente 2.000 millones de dólares para mejorar el sistema de distribución y, con ello, aprovechar las renovables.
El volumen a invertir lo destacó el presidente de la República, Luis Abinader, al dirigirse a la prensa en su encuentro semanal para abordar temas de agenda nacional: “En las redes eléctricas, y esto hay que decirlo, hay que invertir dos mil millones de dólares en la distribución. ¿Qué es lo que está pasando? Averías, averías por un sobreconsumo”, dijo el mandatario en septiembre de este año.
Las inversiones en las redes de tensión alta y baja deben ser un gasto público, pero el gobierno no las ha podido realizar por la permanencia del subsidio a la tarifa eléctrica. Ante la urgencia de mejorar el suministro, el Poder Ejecutivo planteó en el Proyecto de Ley Presupuestario del 2024 financiar con hasta 570 millones de dólares cuatro proyectos para mejorar el sistema eléctrico, en relación con las líneas de distribución.
Para este 2023, la planificación presupuestaria contempla una asignación de 70.425,2 millones de pesos dominicanos (4.014,2 millones de dólares) para el sector eléctrico. En dos años y medio el monto total invertido fue de 1.100 millones de dólares, representando un 27% de lo estructurado el año pasado.
El gobierno plantea revisar los incentivos
República Dominicana cuenta con la Ley 57-07, vigente desde 2007, con la que se norma el incentivo a proyectos renovables con exención de impuestos a empresas privadas que deseen invertir en el país (con topes dependiendo de la potencia del tipo de instalación). Gracias a la normativa, el país ha logrado atraer en el primer trimestre de 2023 cerca de 300 millones de dólares en inversión extranjera directa, resaltó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, a la prensa.
De hecho, celebró que fuera el sector eléctrico el de mayores flujos de inversión en lo que va de este año. La proyección es alcanzar 1.000 millones de dólares al finalizar este 2023, es decir, aumentar 700 millones de dólares.
Pero unos tres meses después, Almonte consideró necesario hacer una revisión a los incentivos que otorgan beneficios fiscales a las empresas que se instalan en el país para la generación energética a base de recursos naturales.
Gracias a la normativa actual, el país ha logrado atraer en el primer trimestre de 2023 cerca de 300 millones de dólares en inversión extranjera directa en proyectos de energía renovable, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
El director de la CNE, Edward Veras, explicó a este medio que actualmente los incentivos incluyen la exoneración del 100% de todos los impuestos para la importación de equipos, maquinarias y accesorios señalados por la ley.
También se excluye el impuesto por la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis) en compras locales. Además, se otorga un crédito fiscal de hasta 40% a los autoproductores como el impuesto sobre la renta (ISR).
Por último, Veras resaltó que a la reducción del 50% del impuesto al financiamiento externo se suma la disponibilidad de mano de obra calificada para las labores de instalación y manejo del proyecto.
Pero para Almonte, la carpeta de beneficios que presenta el gobierno a las empresas privadas requiere ser revisada debido a que los costos de instalación han disminuido a nivel internacional, incluyendo las baterías de almacenamiento, lo que representa menos gastos del sector privado.
En otro renglón de apoyo a las renovables, también existe un Plan Energético Nacional (PEN), que contempla en su cronograma de ampliación de la matriz de generación realizar la conversión de plantas que operan en 100% con combustibles fósiles a la utilización de recursos más amigables con el medioambiente.
Sobre el tema, Almonte advirtió: “El país no está preparado para hacer una conversión como tal, porque no estamos en la capacidad de sacar una planta de producción que se encuentra operando para hacer una conversión de ese tipo”.
La razón por la que el gobierno no podrá cumplir en el tiempo estimado la conversión de plantas se explica por la necesidad de mantener la estabilidad del suministro, un tema que se ha priorizado por la necesidad de inversión en las líneas eléctricas.
El ministro de Energía y Minas agregó que “el país no está preparado para realizar una conversión de plantas de generación con combustibles fósiles al uso de recursos renovables debido a que la matriz de generación se encontraba, unos años atrás, muy cerca de demanda”.
Falta de planificación afecta a inversionistas
La reacción de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer) no se hizo esperar y de manera contundentemente respondió sobre incumplimientos y deficiencias en la planificación gubernamental para gestionar el sector eléctrico.
“Somos testigos del gran crecimiento que viene experimentado la demanda de energía (por el crecimiento poblacional) en República Dominicana, y el gran desafío técnico que supone para la estabilidad del SENI, mismo que presenta graves deficiencias históricas por falta de inversión en transmisión y distribución”, destacó.
Resaltó que la problemática se presenta, particularmente, en la repotenciación de subestaciones, sustitución de transformadores, adecuaciones de redes eléctricas y acometidas, compra de medidores y materiales eléctricos, entre otros, para encarar el aumento poblacional.
En ese orden, Roberto Herrera, gerente país de la empresa Interenergy Group, explicó que el sector privado ha agotado su parte en invertir y hasta pagar por las adecuaciones de las líneas de transferencias. Pero observó que el punto crítico para avanzar en la ampliación de las renovables lo debe agotar el gobierno central.
Además de la falta de inversión, precisó que la falta de organización estatal viene afectando el trabajo de la parte privada. “Se necesita mejor planificación en el sector para enfrentar los retos estructurales existentes, los cuales se seguirán fortaleciendo para el futuro”, complementó.
Herrera, quien es un representante de las iniciativas ecoamigables de la industria, afirmó que las fuentes renovables necesitan su propia línea de transmisión para incorporarse al sistema.
Los registros de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica demuestran que la capacidad de producción es suficiente para enfrentar la creciente demanda a nivel nacional y refuerzan la posición de Asofer en que la falla técnica se encuentra en las instalaciones de distribución y transmisión.
“Las empresas generadoras tienen el potencial de seguir manteniendo la producción por encima de la demanda. Aquí el problema es que cuando una empresa invierte en un proyecto renovable, también tiene que costear los metros de instalación para conectar la producción al sistema de distribución porque el gobierno no tiene los recursos para hacerlo”, reveló el vicepresidente de la ADIE, Manuel Cabral.
Mientras los inversionistas sigan afrontando costos del Estado, evaluar los incentivos seguirá siendo un reto, pues se requiere pensar en sistemas de reserva en frío para la sostenibilidad de la energía limpia, puntualizó el ejecutivo.
Desafíos para las renovables
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) corroboró en un informe de 2020 que, según la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena, en inglés), República Dominicana posee un alto potencial para aumentar la participación de renovables. Pero observó que, para aprovechar este potencial, se deben superar desafíos institucionales, técnicos y económicos.
“Los estudios de la agencia señalan que el sector eléctrico debe adecuar y flexibilizar la generación, asegurando el desarrollo de redes eléctricas, y en paralelo se deben hacer estudios para gestionar la energía solar y eólica ante la naturaleza variable de este tipo de fuentes”, agregó.
Las energías renovables desempeñan un papel fundamental en la actual transición energética a nivel mundial. Su propósito es mitigar los impactos de la crisis climática actual, principalmente generada por las emisiones de dióxido de carbono, las cuales provienen en su mayoría de los combustibles fósiles.
Sin embargo, en República Dominicana hay voces disonantes a una mayor penetración de fuentes renovables, debido a la dependencia de recursos naturales hay quienes se oponen a una mayor penetración de fuentes renovables.
Para Celso Marranzini, administrador de la empresa estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, una planta que funciona con carbón y aportó en 2022 el 23,35% de la demanda del SENI, considera que menos de 20% en renovables es el equilibrio idóneo para el sector.
Entiende que el país no puede depender de fuentes que son “altamente vulnerables” como el viento, el sol o el agua, debido a las características del país y su ubicación en una trayectoria de alto impacto para eventos naturales.
El pacto eléctrico no avanza
Una de las principales metas del actual gobierno fue lograr la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en el que se define un plan estratégico y de negocios que abriría la puerta a una reforma profunda del sector, con la meta de diversificar las fuentes de generación energética.
Además, cita la transferencia de algunas funciones de entidades gubernamentales al sector privado para garantizar la sostenibilidad del pacto, que fue firmado el 26 de febrero de 2021 por una comisión de representantes de los distintos sectores del país, con un plan a desarrollarse entre 2021 y 2030
El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, fue uno de los coordinadores y analista del Pacto Eléctrico Nacional, y destacó que el Gobierno dio las respuestas a la crisis energética y a la posterior transición que es uno de los objetivos del país.
Citó dos elementos esenciales: planificación y compromiso con cumplir los objetivos del documento nacional. Actualmente las ejecutorias del Pacto Eléctrico están detenidas desde agosto de 2022 por la queja de la población ante el desmonte del subsidio eléctrico que elevó los cortes de facturación mensual.
