Cerca de la plaza Bolívar y una cancha deportiva en estado de ruina de Wuichepe, una comunidad de la Guajira venezolana, con 70 familias, se ve un poste de hierro con un transformador que brinda servicio eléctrico únicamente a los vecinos más cercanos, quienes hace poco estuvieron seis meses sin luz.
Al igual que otras comunidades, las familias que tienen electricidad en sus viviendas sufren frecuentes racionamientos y apagones que pueden durar entre 10 y 20 horas. Sin embargo, en medio de las penumbras, destaca una luminaria de 100 watts conectada a un panel solar en el techo de una enramada, que permite que las familias vivan con mayor dignidad.
“Antes trabajaba tejiendo hasta las 6:00 de la tarde. Ahora puedo hasta las 12:00 de la madrugada. Así produzco más. No podía hacer ni las tareas”, dice feliz Jesús, un adolescente indígena wayuu que teje sobre un telar. Su curiosidad hizo que aprendiera a tejer hace dos años.
Jesús, su familia y parte de sus vecinos, son beneficiarios de proyectos que desarrollan organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales –como la organización TECHO- y agencias de las Naciones Unidas agrupadas en el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres de Venezuela, liderado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A causa de la emergencia humanitaria compleja en el país alertada por Organizaciones de la Sociedad Civil desde el 2015, las Naciones Unidas puso en marcha durante la primera mitad de 2019 –de manera tardía y con serias debilidades de acuerdo a 115 organizaciones– un Plan de Respuesta Humanitaria con una arquitectura de coordinación que incluyó la activación oficial de ocho Clúster temáticos, entre ellos el de Alojamiento, Energía y Enseres.
Como parte de las respuestas a las necesidades prioritarias identificadas por este grupo de organizaciones humanitarias (Clúster), destacan las fuentes alternativas de energía en comunidades remotas.
Según datos oficiales del Clúster, en Venezuela se instalaron más de mil seiscientas luminarias solares entre enero de 2021 y abril del 2023. Estas luminarias se colocaron en lugares públicos, incluyendo el entorno de instituciones beneficiadas, calles, centros comunitarios y viviendas. Además, se instalaron más de 130 sistemas fotovoltaicos, se entregaron 26.803 lámparas solares a personas vulnerables y se capacitó sobre energías alternativas en comunidades.
Estas acciones quieren prevenir y mitigar riesgos de protección y asociados con desastres, mejorar las condiciones de seguridad y movilidad, facilitar la visibilidad de las fuentes de recolección de agua y promover la accesibilidad a espacios de salud y deportivos, fortaleciendo la infraestructura de servicios públicos y reduciendo la emisión de dióxido de carbono.
Uno de los estados priorizados fue el Zulia, donde está el municipio Guajira. En otros casos, como Amazonas, se atendieron puntos estratégicos de comunidades indígenas fluviales de difícil acceso.
Gotas de vida
Ligia Barroso, de 55 años, hace una pausa para conversar. Sonríe cuando habla del pozo de agua comunitario que funciona con un sistema fotovoltaico –instalado por la organización TECHO, en noviembre de 2022– con potencial de autoabastecer a más de 90 familias.
“Buscamos cuatro tobos (baldes) en el día y dos a la noche. Doy gracias a Dios porque los niños ya están bien, sin parásitos. El agua es limpia. Antes tomaban agua salada y vivían con diarrea y dolores de barriga”, celebra Ligia.
Ella aún recuerda con tristeza cómo seis meses atrás junto a su familia –al igual que muchas otras en la Guajira—, a falta de alternativas sacaban con un balde amarrado a un mecate (cuerda) agua contaminada por heces de cabras, chivos y vacas de un pozo a la intemperie.
“Era sucia. No podíamos ni cocinar. Si acaso para lavar, pero era la que teníamos”, lamenta, mientras se prepara junto con otra adulta mayor y cinco niños para cargar varias pimpinas (bidones) de agua y caminar 350 metros de vuelta a su hogar.
A Keili Fernández, una de sus vecinas lejanas y madre de siete niños y una adolescente, también le mejoró la calidad de vida desde que en su casa cuentan con luminarias y lámparas solares.
“Nos sentimos más seguras, porque la luz se va hasta tres semanas y ya no quedamos completamente a oscuras”, comenta, mientras detalla que ACNUR llevó las lámparas solares que cuelga de uno de los palos y que la usan para cocinar.
“Antes corríamos para terminar antes de las 6:00 de la tarde, pero ahora podemos estar hasta la hora que queramos”, asegura.
La intervención que ejecutó TECHO en 2022 durante más de nueve meses en Marichen 1, Médanos del Olvido y Wuichepe, en el municipio Guajira, tuvo como claves las asambleas comunitarias y el fomento del sentido de pertenencia, aseguran tres de sus representantes.
“Brindamos capacitaciones y al recibir las luminarias y los sistemas fotovoltaicos aprovecharon el tiempo al máximo aplicando los conocimientos. Incluso, familias distintas se agruparon y formaron un negocio en común”, comenta Omerlinda González, especialista en seguridad alimentaria y medios de vida de TECHO.
Sobrevivir en medio de la emergencia
Alejandro López-González, ingeniero eléctrico venezolano y doctor en Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Catalunya, explica que la electrificación rural sostenible en las comunidades de la Guajira incentiva el incremento en la productividad, aumenta los niveles de educación, alfabetización e igualdad de género dentro de las familias wayuu.
A la Guajira la bañan las aguas del Mar Caribe y comparte una amplia frontera con Colombia. En sus tierras viven unos 67 mil habitantes, en su mayoría de pueblos indígenas Wayuu y Añú. Allí hay pocas fuentes de trabajo y cada vez son más las relacionadas con actividades riesgosas en la frontera, como carretilleros, vendedores de agua, gasolina y productos para subsistir.
En muchas comunidades no hay red de aguas blancas ni residuales y la basura termina en vertederos a cielo abierto, quemada o enterrada, porque las familias no cuentan con servicio de aseo urbano.
Un informe, elaborado en 2022 por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), reveló la situación general de los derechos humanos en la Guajira. Según este, 98% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Además, en 2021, sólo 33% de los hogares tenía acceso al servicio de agua potable, pero sin continuidad y 49% contaba con acceso al servicio eléctrico, con irregularidad por los cortes y fluctuaciones constantes.
Un cambio de paradigma
La energía solar trajo otros cambios, como que los vecinos puedan buscar plantas medicinales en casos de emergencia; disminuir el estrés; mantener vivas creencias religiosas como vigilias nocturnas, y evitar el uso de lámparas artesanales a keroseno, cuyos humos causan tos e irritación ocular.
Según Lisbeth Bethelmy, psicóloga ambiental especialista en sostenibilidad y cambio climático, hay varios elementos claves que contribuyen al éxito de estos proyectos. Entre ellos se encuentran la justicia, la confianza en los diferentes actores involucrados, la democratización del proceso y la cohesión social. Otros factores importantes incluyen la transparencia, la inversión en educación, la participación conjunta entre la comunidad y los grupos externos, la aceptación socio-política y el seguimiento.
“Tienen una nota positiva porque hay aceptación social, emocionalidad favorable hacia la energía solar y una actitud positiva. Es un cambio de concepción de esa energía, que no solo es considerada como una mercancía, sino como un bien social estratégico y un derecho clave que favorece la inclusión y la igualdad”, afirma Bethelmy.
Caminos intrincados
Estos proyectos sociales de energía solar enfrentan varias limitaciones, entre ellas que son a pequeña escala y localizados. Además, no pueden proveer sistemas de energías renovables con capacidad de satisfacer otras necesidades.
Durante la reportería se descubrió lo siguiente: en Marichen I, el sistema fotovoltaico y la bomba están operativos y en buen estado, pero el pozo comunitario de la escuela no funciona debido a la disminución del nivel del agua causada por la sequía. La comunidad necesita dos anillos de concreto para que el pozo vuelva a estar en funcionamiento.
Por otro lado, en la comunidad de Wuichepe, otro pozo con sistema fotovoltaico no está funcionando debido a un conflicto interno entre algunos vecinos. En el transcurso del recorrido por las comunidades, se notaron algunos vacíos y dudas en cuanto a los reportes de incidentes y qué hacer en caso de que alguna luminaria se dañe. Esto se debe a la falta de capacitación de la comunidad en cuanto a las reparaciones necesarias
Un panorama con pocas luces y bajos presupuestos
El trabajo de campo en Venezuela presenta desafíos y riesgos operacionales según las Estrategias del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres vigentes durante 2021 y 2022. Algunos de estos incluyen la presencia de grupos armados irregulares, limitaciones en conocimientos técnicos y recursos para integrar sistemas alternativos de generación de energía, escasez de combustible y dificultades de acceso a zonas o comunidades priorizadas.
Además, se enfrentan a problemas como la devaluación, politización de la asistencia humanitaria, financiación limitada, falta de proveedores y escasez de mano de obra especializada en las empresas constructoras. Asimismo, urge priorizar el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones en áreas como la implementación de fuentes alternativas de energía.
Así quedó reflejado en el Informe Anual del 2022 de las operaciones y plan de respuestas del Clúster: el monto atribuido para el sector de Alojamiento, Energía y Enseres para el año 2022 fue de apenas 7.2 millones de dólares. Esto representa el 13,4% de los fondos requeridos en el Plan de Respuesta, que equivalen a 53,9 millones de dólares, un desembolso muy similar al recibido durante 2021.
En 2022, las necesidades humanitarias más urgentes continuaron sin ser atendidas, alerta el mismo documento. Para 2023, se identifican tres principales retos y desafíos en relación con la energía. El primero es el fortalecimiento de la respuesta energética en zonas remotas. El segundo son las intervenciones sostenibles que vinculen el ámbito humanitario y el desarrollo. Y el tercero identifica condiciones extremas de severidad para el acceso a fuentes seguras de energía en zonas rurales.
La corrupción apaga la energía solar
De acuerdo con el mapa solar y eólico del Atlas Global de Energía Renovable (IRENA), Venezuela tiene un gran potencial para la generación de energías limpias, entre ellas la solar. Pero estas oportunidades no son tangibles para los habitantes en su vida cotidiana.
La nación está sumergida en una crisis eléctrica desde el 2009. En 2022 el Comité Afectados por los Apagones registró en el estado Zulia más de 37 mil fallas, convirtiéndose en el más afectado del país.
La opacidad gubernamental impide que se conozcan los datos oficiales actualizados sobre la generación eléctrica a partir de fuentes limpias o las tasas de electrificación.
Venezuela carece de un marco legal para la transición energética y se ubica en el lugar 111 de 115 países del Índice de Transición Energética, publicado por el World Economic Forum, en 2021.
El programa estatal Sembrando Luz, que inició con la instalación de microrredes de sistemas híbridos eólicos-solares para las comunidades rurales alejadas, algunas de ellas wayuu de la Guajira, terminó completamente abandonado en 2014 por múltiples factores. La investigación realizada por ingenieros de la Universidad del Zulia, publicada en 2017, resalta que uno de los motivos fue la caída de los precios del petróleo.
López-González, co-autor de la investigación, asegura que a partir de las estimaciones que realizaron, actualmente más de 500 mil personas en Venezuela han perdido acceso continuo a la electricidad.
“Nunca hubo una comprensión por parte del Estado con respecto a la necesidad de avanzar en la electrificación rural a partir de fuentes renovables de energía. Los gobiernos de Chávez y Maduro las entienden como una política asistencialista. Además, la extendida corrupción; la expulsión sistemática de todos los cuadros técnicos de las empresas públicas y la exclusión política, son factores determinantes para que estos proyectos no progresaran”, asegura el especialista.
En Venezuela hay dos proyectos solares a base de paneles comprados a China que fueron abandonados sin producir electricidad. Desde 2013 una fábrica de paneles solares y pequeños aerogeneradores casi inoperativa y dos parques eólicos, uno de ellos en la Guajira que está abandonado y desvalijado.
A ello se suma que cinco obras del sector eléctrico vinculadas con energías renovables (hidroeléctricas y eólicas), a las que se le asignaron más de 10 mil 500 millones de dólares entre los años 2007 y 2018, terminaron paralizadas, inconclusas o inoperativas, de acuerdo con la base de datos de Transparencia Venezuela.
En la Guajira anhelan transformaciones que respeten su territorio, formas de vida, costumbres y tradiciones. Son conscientes de cómo los proyectos de energías renovables pueden ser una opción, pero cuando se mencionan a gran escala saltan algunas dudas, desconocimiento y puede cambiar la ecuación.
