En las oscuras profundidades de nuestros océanos y entre salas de juntas a puertas cerradas se está desarrollando un capítulo lleno de controversias: una historia de ganancias, poder, asociaciones irregulares, incertidumbre y falta de transparencia que podría intensificar la desigualdad y redifinir la carrera por recursos globales.
Las compañías de minería en el mar profundo, impulsadas por su búsqueda de metales preciosos en el fondo de los océanos, se han aventurado en un territorio inexplorado. Su interés ha suscitado preocupaciones tanto entre científicos como entre ambientalistas. Los críticos argumentan que estas compañías no solo están poniendo en peligro áreas ambientales prístinas, sino que también podrían estar explotando países económicamente vulnerables en el Sur Global y privatizando recursos destinados a beneficiar a la “humanidad”.
Los beneficios potenciales de la minería no se han cuantificado de manera confiable. La pregunta sobre cómo distribuir las ganancias de la minería de recursos del mar profundo reservados para el “patrimonio común” o establecer fórmulas de reparto equitativo con los países en desarrollo sigue siendo una gran incógnita que, según algunos expertos, no se está abordando lo suficiente, lo que aviva aún más la controversia en torno a la minería en el mar profundo.
¿Quiénes se beneficiarán además de algunas poderosas corporaciones y sus accionistas, y quiénes soportará la carga?
Conversaciones con más de una docena de expertos, representantes de compañías mineras, ONG ambientales y cobertura en el terreno de las últimas reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en Kingston, Jamaica, demuestran que las compañías privadas han ganado ventaja en las negociaciones internacionales para contratos de minería en el lecho marino. Este trabajo periodístico muestra cómo una única compañía occidental, a través de tácticas astutas, obtuvo contratos de exploración de minería en el fondo marino profundo en gran parte del lecho marino internacional reservado para países en desarrollo.
"La historia se repite"
No es la primera vez que las naciones del Pacífico se encuentran en la primera línea de prácticas extractivas. Papúa Nueva Guinea (PNG) experimentó de primera mano las implicaciones de asociarse con Nautilus Minerals, una compañía con sede en Canadá, ansiosa por recuperar metales preciosos en las aguas del país en 2011.
Casi ocho años después de que el proyecto Solwara 1 comenzara a explorar la costa de Papúa Nueva Guinea en busca de minerales en las costas del país, la compañía minera sufrió una pérdida de quinientos millones de dólares en fondos de inversores, lo que llevó a la insolvencia y la posterior quiebra. Este resultado tuvo consecuencias significativas para una nación ya empobrecida. PNG terminó perdiendo 120 millones de dólares, equivalente a casi un tercio del presupuesto anual de atención médica del país. Además, las repercusiones en las antiguas prácticas de pesca cultural persisten hasta el día de hoy.
Sin embargo, los principales inversores no sufrieron grandes pérdidas. Entre ellos se encontraba Gerard Baron, un australiano de unos cuarenta años. Una década después, Baron está tratando una vez más de explotar el fondo marino, esta vez como CEO de The Metals Company, otra empresa emergente con sede en Canadá que se asocia con pequeñas islas en el Pacífico y que podría convertirse en la primera empresa en obtener una licencia comercial de minería para explotar recursos del lecho marino profundo en aguas internacionales.
Organizaciones ambientales internacionales y comunidades locales en PNG advierten sobre la posibilidad de que “la historia se repita”.
“Hay muchas similitudes entre TMC y Nautilus Minerals, los mismos fundadores, el mismo modus operandi. El plan de negocios de TMC, al igual que el de Nautilus, está lleno de riesgos relacionados con litigios, responsabilidades potenciales, falta de asegurabilidad, incertidumbre en el mercado para los metales que planea extraer y grandes preguntas sobre la viabilidad técnica y financiera”, dice la Dra. Helen Rosenbaum, Coordinadora de la Campaña de Minería en el Fondo Marino.
Con la diferencia de que, esta vez, el nuevo jugador canadiense, TMC, ha centrado su atención no en las costas poco profundas de un país, sino en la explotación de las profundidades de alta mar. Una “ambición muy elevada”, en palabras de Gerard, a quien llaman el “Elon Musk australiano”.
El objetivo específico es la Zona Clarion Clipperton (CCZ) en el océano Pacífico, entre Hawái y México. Esta área limita con las Zonas Económicas Exclusivas de las Islas Cook, Kiribati, Nauru y Tonga. La CCZ es una fosa marina de aguas profundas aproximadamente del tamaño de la Unión Europea. Contiene aproximadamente 21 mil millones de toneladas de nódulos polimetálicos o lo que a Barron le gusta llamar “baterías en una roca”, haciendo referencia a los metales que contienen estos nódulos y que podrían potenciar la “transición verde” que el mundo necesita. TMC calcula que obtendrá más de 30 mil millones de dólares en ganancias durante el proyecto minero de 30 años de estos pequeños nódulos.
Jugadores globales y asignaciones controvertidas
Pequeña y poco conocida según los estándares de la ONU, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) con sede en Kingston, Jamaica, tiene el poder de controlar y gobernar más de la mitad del planeta Tierra, en todos los lugares donde se extiende el lecho marino profundo en aguas internacionales. En pocas palabras, la Autoridad posee las llaves de los tesoros submarinos del mundo.
En los últimos 15 años, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) ha emitido más de 30 contratos de exploración. Estos contratos se han otorgado a varias compañías y naciones ansiosas por desbloquear los vastos recursos en el fondo del océano.
La ISA aún no ha otorgado una licencia comercial de minería a ninguna compañía. Sin embargo, The Metals Company está cada vez más cerca. China se encuentra justo detrás de TMC, con cinco contratos de exploración en todo el lecho marino internacional.
Para acceder a algunos de los kilómetros cuadrados más ricos bajo el agua, las compañías privadas se encuentran atadas a un requisito único dictado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Esta estipulación establece que las porciones más ricas de los recursos del lecho marino internacional deben reservarse para los países en desarrollo. El sistema de las llamadas “áreas reservadas” está destinado a garantizar que los países en desarrollo tengan acceso a los recursos minerales del fondo marino profundo y promover la equidad. Sin embargo, el beneficio del reparto de beneficios entre jugadores ricos y pequeñas islas, es decir, los países en desarrollo, y en general el reparto de beneficios para la humanidad en su conjunto, no ha estado en el centro de las discusiones en la ISA.
La Autoridad ha otorgado ocho contratos de exploración a equipos de compañías y estados patrocinadores en desarrollo para explorar las áreas más ricas del lecho marino profundo en busca de nódulos polimetálicos. TMC y su socio operador, Allseas, una compañía de construcción offshore con sede en los Países Bajos, controlan la mitad de ellos, lo que equivale al tamaño de Italia.
Un patrón común en estos “contratos de exploración” ha sido la coincidencia entre inversores adinerados, compañías occidentales y pequeños países en desarrollo. Como tal, TMC se ha asociado con tres pequeñas naciones insulares del Pacífico: Nauru, Tonga y Kiribati, para explorar y potencialmente explotar los lechos marinos en busca de metales. Prometiendo un cuento de posibles beneficios para los países económicamente desafiados. Sin embargo, los detalles de estos acuerdos están escondidos del ojo público.
Jamaica es la última isla pequeña en convertirse en un estado patrocinador de un nuevo contratista, Blue Minerals Jamaica Ltd, que en realidad es una filial de Allseas, una compañía relacionada con el Grupo Allseas suizo y la misma compañía que posee los barcos que buscan explotar las tres áreas otorgadas para la exploración a The Metals Company.
En ese sentido, una compañía occidental de propiedad familiar (Allseas) está a cargo de las futuras operaciones de explotación de recursos del lecho marino profundo en casi el 50% de las áreas reservadas para los países en desarrollo en la CCZ con derechos de exploración hasta el momento. Otras asociaciones similares existen entre Global Sea Mineral Resources (GSR), una filial del Grupo DEME, una compañía belga que trabaja con las Islas Cook y que posee contratos para el 11% del Área.
En resumen, más del 60% de los contratos actualmente disponibles entre jugadores privados y estados en desarrollo en el área reservada en la CCZ se han reservado exclusivamente para dos compañías privadas occidentales con acuerdos fuera del ámbito público con los países en desarrollo.
Un sistema "propenso a abusos"
Según expertos, esta estrategia ha llevado a la privatización de porciones significativas del lecho marino a través de “artificios astutos” que esencialmente establece que ciertos gobiernos podrían otorgar acceso a áreas específicas del lecho marino internacional para la minería, con la condición de que los beneficios se distribuyan a la sociedad en su conjunto.
“Es un sistema propenso a abusos”, afirma Pradeep Singh. Es un experto en gobernanza del océano y política climática y miembro del Instituto de Investigación para la Sostenibilidad en Potsdam, Alemania.
“Esencialmente, es un eslabón en una cadena de personas que se benefician de un recurso que, por su propia naturaleza, debería considerarse un bien común global”, dice Andrew Whitmore, Oficial de Defensa Financiera de la Campaña de Minería en el Fondo Marino. Sin embargo, “lo que han hecho es crear un sistema que efectivamente lo respalda o privatiza. El problema es que las personas están obteniendo beneficios de esta privatización encubierta”, continúa.
Mientras tanto algunos se preguntan: ¿Por qué las compañías extranjeras querrían asociarse con estos pequeños países en desarrollo en primer lugar? ¿Pueden estas colaboraciones ser beneficiosas para pequeñas naciones?
Es un hecho que estos países más pequeños carecen de la capacidad para desarrollar la tecnología y los recursos necesarios para una empresa costosa. En cambio, se encuentran en una posición frágil en la que deben depender de la experiencia externa, la tecnología y la asistencia financiera. Esta situación puede llevar a lo que los expertos en derecho ambiental describen como un “esfuerzo oportunista”.
La ISA gobierna este proceso, pero numerosos investifaciones argumentan que se ejecuta de manera deficiente. Cabe destacar que la ISA ha enfrentado críticas significativas por su percibida falta de transparencia y estrechos lazos con intereses corporativos en su gestión de las negociaciones sobre la minería en el lecho marino profundo.
Algunas reuniones de la ISA, que tenían implicaciones monumentales para la utilización de recursos pertenecientes a toda la humanidad, han sido asistidas por políticos, propietarios de compañías y representantes de casi 200 naciones con intereses políticos y económicos, que se sientan cómodamente en la cámara. Sin embargo, la escasez de periodistas en las últimas reuniones de la ISA destaca un desequilibrio preocupante.
“Es como pedirle al lobo que cuide de las ovejas”, comentó Sandor Mulsow, un geólogo marino que ocupó el cargo de oficial ambiental principal de la autoridad durante cinco años en una entrevista con LA Times.
"Una caja de Pandora"
En medio de las numerosas incertidumbres que rodean este tema, ciertos aspectos establecidos dan motivos de escepticismo a los expertos en cuanto a las ventajas potenciales de la minería en aguas profundas y si realmente puede ser mutuamente beneficiosa para la población en general, en lugar de beneficiar exclusivamente a unos pocos directamente involucrados en las operaciones de minería en aguas profundas.
La ISA tendrá que asignar los fondos entrantes a varios fines esenciales. En primer lugar, debe cubrir sus propios gastos operativos. Deben utilizar los ingresos de los contratistas para proporcionar compensación a las naciones mineras en tierra que experimenten pérdidas debido a las actividades de minería en aguas profundas que afecten sus operaciones mineras terrestres.
Después de tener en cuenta todas estas obligaciones financieras, que están a discreción de la ISA, algunos expertos advierten que podría haber una posibilidad de que la ISA opere con déficit debido a la insuficiencia de fondos entrantes.
“Para que la ISA sea financieramente viable, podría necesitar aprobar un número sustancial de actividades mineras. Sin embargo, aprobar un gran número de solicitudes de minería podría dar lugar a una situación no deseada en la que la capacidad del océano para soportar tales actividades se vea superada”, explica Pradeep.
“Es una caja de Pandora que no queremos abrir”, comenta.
Distribución de beneficios: "Más preguntas que respuestas"
Hasta ahora, los cálculos sobre las posibles ganancias de la minería en aguas profundas son meramente para “fines teóricos”, asumiendo que, sin importar cuánto dinero se gane, la forma en que se divide el dinero seguiría siendo la misma.
Sin embargo, investigaciones independientes recientes bajo el proyecto ‘Code’ de Pew Charitable Trusts argumentan que la cantidad de dinero obtenida de la minería en aguas profundas sí importa. Importa porque ayuda a los países involucrados a diseñar cómo utilizar ese dinero. Ayuda a las personas a comprender si la minería en aguas profundas realmente beneficiará a todos, como lo exige la ley internacional. Sin esta información, las personas podrían tener “expectativas poco realistas” sobre los beneficios financieros de la minería en aguas profundas, señala el informe.
El Grupo Africano de países miembros de la ISA llegó a una conclusión similar en una declaración conjunta al Consejo de la ISA en febrero de 2019:
“En términos de valor presente neto, la compensación total para la humanidad con una regalía del 2% y luego del 6% sería de 490 millones de dólares. Esto representa solo 2.93 millones de dólares para cada uno de los 167 miembros de la ISA (excluyendo la UE) durante los 30 años de duración del contrato de explotación. Esto significa que cada uno de estos miembros de la ISA recibiría en promedio, en términos de valor presente neto, aproximadamente 97.8 mil dólares al año. El Grupo Africano no considera que esta sea una compensación justa para la humanidad”.
“Si la minería en aguas profundas no tiene sentido desde una perspectiva de distribución de beneficios, entonces no tiene sentido permitirla en absoluto”, afirma Pradeep, quien lleva siete años centrado en la investigación de políticas de minería en aguas profundas y que también participó como observador en la última reunión de la ISA.
Sin embargo, para algunos, la importancia va más allá de simples “ventajas financieras”.
De hecho, el requisito de “distribución equitativa de beneficios”, como se describe en el Artículo 140 de la UNCLOS, abarca la distribución justa no solo de las ganancias financieras, sino también de “otros beneficios económicos”. Aunque la naturaleza precisa de estos beneficios adicionales no se explica en detalle, algunos delegados de empresas mineras e incluso el Secretario General de la ISA, Michael Lodge, han insinuado previamente una serie de posibles beneficios para “la humanidad”, con un enfoque principal en la tecnología ubicua en nuestra vida cotidiana, como teléfonos, computadoras, o de manera más distintiva, aquellos que pueden conducir Teslas.
“Todos en Brooklyn pueden decir, ‘No quiero dañar el océano’. Pero seguramente quieren sus Teslas”, dijo Lodge según lo informado por The New York Times.
Sin embargo, las empresas mineras afirman que la minería en aguas profundas sería más beneficiosa y menos perjudicial para nuestro entorno que las prácticas actuales de minería terrestre en lugares como Indonesia o Congo, a menudo relacionadas con el trabajo infantil y violaciones de los derechos humanos.
Las operaciones mineras terrestres abarcan actualmente un estimado de 66,000 kilómetros cuadrados de tierra en la Tierra, casi equivalente en tamaño a Lituania, uno de los países más pequeños de Europa. Sorprendentemente, si tan solo un área de contrato para la explotación de la minería en aguas profundas en el lecho marino, que cubre 75,000 kilómetros cuadrados, obtuviera la aprobación, superaría la superficie terrestre combinada de todos los sitios mineros actuales en todo el mundo.
¿Solo promesas y mero oportunismo?
Las empresas privadas insisten en que cumplirán con las pautas de la UNCLOS, distribuyendo los ingresos con las naciones del Pacífico que patrocinan sus esfuerzos. Sin embargo, la ISA aún no ha iniciado el debate sobre el mecanismo de distribución de beneficios: qué hacer con las ganancias generadas por la explotación minera.
Presionado sobre la fórmula de distribución o el porcentaje que irá a las naciones del Pacífico, Rory Usher, portavoz de TMC, dijo que TMC aún no tiene el número porque no han comenzado la producción.
Las regalías por tonelada de nódulos, los impuestos locales y las inversiones sustanciales en las naciones anfitrionas son algunas de las formas en que TMC dice que planea contribuir a las economías locales en los estados que patrocinan sus operaciones, como Nauru. Sin embargo, los expertos mencionan que esto es cuestionable ya que los contratos entre las empresas y los estados patrocinadores no son públicos.
“Esperamos ser probablemente el mayor contribuyente a la economía de Nauru una vez que comencemos la primera producción”, afirma Usher.
En conjunto, solo entre las áreas de Nauru y Tonga en la Zona de Clarion-Clipperton, TMC estima que hay aproximadamente 1.6 mil millones de toneladas de nódulos, suficiente níquel, cobre, cobalto y manganeso en estas dos áreas para electrificar 280 millones de vehículos, equivalente a toda la flota de vehículos de pasajeros de Estados Unidos.
Usher dijo que el 90 por ciento de la inversión se centra en la zona de exploración de Nauru en la ZCC. Nauru y Kiribati, dos islas ricas en fosfato, todavía llevan las cicatrices de la minería de la era colonial. Estas dos naciones insulares son vulnerables a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la sequía, y aún tienen muy pocas oportunidades de diversificación económica.
Un informe de Greenpeace encontró que los principales defensores de la minería en aguas profundas en la región son entidades corporativas que están “geográfica, política y económicamente alejadas de las pequeñas naciones insulares que soportarán las consecuencias”.
A pesar de estas promesas, persisten las preocupaciones. Juan José Álava, investigador principal de la Unidad de Investigación de Contaminación del Océano, Instituto de los Océanos y Pesquerías de la Universidad de Columbia Británica, no se inmuta por la fórmula de distribución de beneficios propuesta por TMC. Dijo que la empresa querrá, en primer lugar, obtener ganancias después de realizar enormes inversiones en la exploración en alta mar.
“A ellos (TMC) les gustaría recuperar sus inversiones, por lo que, en última instancia, se beneficiarían muy poco”, dijo.
Camino incierto para la minería en aguas profundas
Después de cinco semanas de intensas discusiones y creciente presión para “detener la minería en aguas profundas”, los delegados del consejo de la ISA, el órgano de toma de decisiones de la organización compuesto por 36 estados miembros, acordaron que el marco regulatorio para iniciar la minería en el lecho marino a escala industrial aún no está listo. Ahora han establecido el año 2025 como la nueva fecha límite para desarrollar las normas de minería.
La ISA ya incumplió la primera fecha límite para las regulaciones fijada para el 9 de julio, y algunos miembros delegados ya anticipan que la fecha límite de 2025 es bastante irreal, ya que tampoco es vinculante. Sin embargo, dado que se incumplió la fecha límite de las regulaciones, las empresas mineras ahora pueden solicitar un “contrato de explotación” para ser considerado a la luz de otro tema controvertido, la regla de 2 años. Esto es un objetivo que TMC continúa persiguiendo a pesar de los contratiempos. Recientemente, la empresa anunció su intención de presentar una solicitud para la minería comercial después de la reunión de la ISA en marzo del próximo año.
Un portavoz de TMC afirmó que el proceso de revisión tomará al menos un año. “Si todo va según lo planeado, esperamos comenzar la primera producción a finales de 2024 o a principios de 2025”, dijo Usher. Si se deniega, por ejemplo, dijo que la ISA establecerá requisitos que deberán cumplirse y luego la solicitud se someterá a otra revisión.
"Nada es gratis"
Varios gobiernos, incluyendo Francia, Chile y Vanuatu, y más de 760 científicos y expertos marinos de todo el mundo han firmado una petición pidiendo una pausa o incluso la prohibición de la minería en aguas profundas. Su objetivo es asegurarse de que los riesgos ambientales, sociales y económicos estén mejor comprendidos y que se hayan explorado otras alternativas a los minerales del lecho marino antes de que el mundo decida “avanzar hacia la minería en el lecho marino sin pensar”.
Sin embargo, el camino hacia una moratoria tiene muchas capas. De hecho, este es un término que no existe en el marco legal que rige la ISA. “La gente necesita entender que el mandato de la ISA es hacer que la minería en el lecho marino suceda”, dijo uno de los delegados en la cumbre de la ISA en julio. “Un mandato que es bastante controvertido. Para algunos, también es “obsoleto” o “inadecuado para su propósito”.
“Por un lado, regular la minería, por otro, proteger el entorno marino. Estos dos son irreconciliables”, dice Farah Obaidullah, defensora del océano y fundadora de Women4Oceans sobre el mandato de la ISA.
En ese sentido, Obaidullah considera que “las reglas deben cambiar dada la realidad en la que nos encontramos”. Señaló que la ISA se desarrolló en un momento en el que no nos preocupábamos por el tipo de crisis que nos preocupa hoy: el cambio climático, la biodiversidad y la crisis de la contaminación. “Tenemos que pensar en el fondo marino y cómo nos servirá en el futuro, en términos de nuestra salud y supervivencia”, añade.
Sin embargo, “Nada de lo que hacemos como sociedad humana viene sin riesgos ambientales”, reflexiona Jeffrey Drazen, científico y profesor de la Universidad de Hawái en Mānoa. También forma parte del equipo de científicos que colaboran en la evaluación ambiental de la minería en el lecho marino de The Metals Company.
Drazen reconoce que el desafío central es evaluar si los beneficios de obtener recursos minerales en aguas profundas superan el posible daño a nuestro ecosistema, que desempeña un papel crucial en el bienestar de nuestro planeta y sus habitantes. Esto incluye funciones vitales como la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad, ambos esenciales para mitigar el cambio climático.
“No hay almuerzo gratis”, dice Usher.
La pregunta es: ¿A qué costo?
“La economía siempre prevalece sobre la naturaleza”, reflexiona Ekolu Lindsey, presidente de Maui Cultural Lands, una organización dedicada a la preservación de la cultura hawaiana. “Es muy raro que la naturaleza gane, y si lo hace, es porque la economía sigue ganando algo”, agrega.
Aún queda por verse quién se beneficiará de las riquezas del océano y si pueden utilizarse efectivamente en beneficio de la humanidad en su conjunto. Sin embargo, la falta de una gobernanza adecuada ha llevado a la mala gestión de los recursos del lecho marino y a la consolidación del control sobre estos recursos por parte de unos pocos privilegiados. A menos que se aborde este problema, el “patrimonio común” de nuestros océanos seguirá estando en riesgo.
