Por Judith Herrera (Chile), Ramiro Barreiro (Argentina) y Gonzalo Ortuño (México)
América Latina y el Caribe, de acuerdo con el centro de estudios Ember, generó el 65% de su electricidad a partir de fuentes limpias en 2025, una cifra superior a la media mundial que es de un 43%. Sin embargo, millones de personas en la región siguen sin acceso estable a la energía, o la pagan a un costo que representa una porción desproporcionada de sus ingresos.
La transición energética, entendida como el proceso mediante el cual las sociedades reemplazan progresivamente el uso de combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, no es solo un cambio tecnológico, sino que implica también redefinir quién produce la energía, cómo se distribuye, quién accede a ella y a qué costo.
Según el informe «Estado de la Generación Distribuida Solar Fotovoltaica en América Latina y El Caribe» de la ONU, la generación distribuida —aquella que se produce cerca del punto de consumo, fuera de las grandes redes centralizadas— representa todavía una fracción menor de la matriz energética regional, pese a haber crecido de forma sostenida en los últimos años. La distribución sigue concentrada en los centros urbanos y en los corredores industriales, dejando a comunidades rurales, periféricas e indígenas al margen de un sistema pensado para otros.
El modelo centralizado que domina la conversación energética regional ha demostrado ser insuficiente para responder a estas desigualdades. Y mientras los gobiernos debaten políticas de largo plazo, hay comunidades en Chile, Argentina y México que ya no están esperando: están construyendo sus propias respuestas, trabajando codo a codo con autoridades y empresas, a menor escala, pero no menos empoderados.
Desde Las Malvinas hasta Santa Fe: los pueblos que apuestan por la generación distribuida en Argentina
Según datos oficiales en Argentina existen 3.771 proyectos que completaron la instalación y se convirtieron en Usuarios-Generadores –como se le llama a quienes producen la energía que consumen con paneles solares y, en menor medida, microsistemas eólicos y biodigestores–-, aportando 119.248 kW a la red mediante un medidor bidireccional. Suficientes para abastecer unas 60.000 viviendas.
De esa potencia sólo 9.734 kW son producidos por 1.986 clientes residenciales, lo que equivale a una generación continua para hasta 3.200 casas en simultáneo.
Aunque aún se trate de un aporte marginal al total del sistema interconectado argentino (SISA), en el último año se sumaron 1.492 usuarios generadores, casi un 65% de crecimiento respecto a los 2.279 con que cerró el año anterior y, por potencia, en 2025 se agregaron 61.007 kW, casi un 105% más respecto de los 58.241 kW instalados al cierre de 2024.
Córdoba, la provincia de Buenos Aires y San Juan son los distritos con mayor cantidad de proyectos distribuidos. El distrito bonaerense, el más poblado del país, aprobó la reglamentación de la generación distribuida comunitaria, para que vecinos, pymes y comercios se asocien en proyectos de generación renovable compartida, con autoconsumo y venta de excedentes a la red.
También destacan los modelos de La Rioja y Río Negro, donde se conectó a parajes aislados mediante un esquema de inclusión energética que capacita a las familias para garantizar su autonomía, o a través de minirredes híbridas.
En Santa Fe, las primeras cinco personas que producirían energía para el sistema eléctrico local se inscribieron hace 10 años, cuando regía el programa Prosumidores, la primera política pública integral de generación distribuida con energías renovables (GDER) en Argentina, con créditos blandos para la instalación de sistemas fotovoltaicos, un esquema de remuneración estable y previsible y tarifas preferenciales para el 100% de la energía generada e inyectada a la red.
Al año siguiente, la cooperativa de Armstrong -con la instalación de un parque y paneles en los techos de las casas- se convertía en la primera en pertenecer al programa, impulsando a un actor fundamental, e inesperado: la comunidad.
“No perseguía el autoconsumo, sino el fomento a la generación renovable distribuida como un nuevo actor dentro del sistema eléctrico”, opina Jorge Chemes a Climate Tracker América Latina. El ingeniero electricista realizó sus tesis de grado analizando el sistema de GDER santafesino, y forma parte del equipo de trabajo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que acompañó ese derrotero.
Las iniciativas oficiales de generación distribuida en la provincia atravesaron numerosos cambios en esta década. Los programas de fomento se superpusieron, combinando distintos modos de facturación, con el objetivo marcado de aumentar la potencia instalada, más que promover la autosustentabilidad.
De los programas, Chemes destaca “la creación de un mercado inexistente, cierta generación de empleo mínima, pero ni controlada ni registrada, y la creación de marcos regulatorios”, aunque señala que con el avance de la generación distribuida solo se beneficiaron “sectores acomodados”.
“No decimos que no haya financiamiento para quienes puedan pagarlo, pero que no todo el aparato del estado esté puesto en función de quién puede pagarlo”, plantea.
Ataliva es un pueblo de 3.000 habitantes fundado por inmigrantes italianos, ubicado en el centro oeste de Santa Fe, a una hora de la capital provincial, y a pocos kilómetros de la frontera provincial con Córdoba, la región considerada como “la cuenca lechera” del país.
El modesto ejido de casas bajas, calles anchas y bulevares, y un enorme parque central es fácilmente identificable desde la ruta, por tener en su ingreso la réplica de un avión Pucará, orgullo de la ingeniería argentina, y símbolo de la guerra de Malvinas. “Ataliva, pueblo malvinense” reza un cartel que evoca la fallida gesta.
“Las empresas cooperativas hacen un mundo mejor” dice el ventanal de ingreso a la Cooperativa del pueblo. La misma ha cambiado con el tiempo, en sus más de 100 años de historia. Comenzó como una usina eléctrica, se reconvirtió a cooperativa telefónica y hoy provee internet, aunque, dicen, la vida es cíclica.
En 2024 pusieron a disposición un terreno de 50 por 10 metros para desarrollar la iniciativa Comunidad Solar, un mini parque solar que en principio sería de 300 kw. El proyecto aportará hasta un 30% del consumo local, y surge tras la propia experiencia de la mutual, que instaló paneles de 12 kw en sus 3 dependencias y logró ahorrar el 80% de su consumo.
El proyecto Comunidad Solar está inscripto en otro programa provincial, el Prosumidores 4.0, con una adhesión de 526 kW que duplicó la capacidad prevista inicialmente. Tras presentar costos y plazos en marzo de 2025, aguarda el aval final de la EPE -la empresa provincial de energía- para iniciar las obras.
Chemes destaca que la nueva versión de Prosumidores reconoce el derecho a generar energía a partir de fuentes renovables, actualiza los procedimientos de conexión, amplía la participación de cooperativas y pymes, e introduce mecanismos de control y monitoreo digital, aunque “el espíritu social no solo sigue ausente, sino que la política provincial se desplaza cada vez más hacia el sector productivo y empresarial”.
La iniciativa de la Cooperativa de Ataliva reúne a 76 suministros diversos —desde hogares hasta tambos— y, como la provincia permite vincular al futuro parque con aquellos que estén asociados a EPE, sin importar de dónde sean, los paneles de Ataliva también proveerán a poblados vecinos.
Cada socio participará e invertirá proporcionalmente a su consumo, respetando el límite de la EPE del 100% de la factura. Para su desarrollo, la cooperativa creará un fideicomiso y un reglamento que regulará ingresos, salidas y participaciones durante los 25 años de vida útil del parque.
“En una localidad pequeña siempre lo que transforma o lo que lleva adelante es la acción comunitaria, más que la individual, por cuestiones de volumen”, interpreta Facundo Malteliatti, gerente de la cooperativa.
El veterinario Fabio Toranza tiene un pequeño tambo en el que ya instaló de manera autónoma un equipo de 11 paneles, durante la primera edición del programa Prosumidores, en un espacio que comparte con sus gallinas, y al que apenas limpia con agua y cepillo, como todo mantenimiento.
“Nos acerca a un ideal de autosustentabilidad, junto con nuestro proyecto de ganadería regenerativa y plantación de árboles nativos”, enumera entre las ventajas, además de ratificar que el coste energético descendió a 200 dólares mensuales, de los 600 que pagaban antes.
El recurso también comienza a modificar costumbres de la rutina, para aprovechar la energía diurna, como lavar la ropa de día o realizar el ordeñe de las vacas de mañana, y ya no de madrugada, permitiendo que el ganado (y las personas) “puedan dormir un poco más”.
Prosumidores 4.0 es el único plan provincial en Argentina que fomenta inyectar energía a la red tras cubrir el consumo total. Los usuarios reciben descuentos en su factura por los kWh aportados y bonificaciones gubernamentales.
Además, la iniciativa permite la modalidad colaborativa, donde varios usuarios realizan instalaciones conjuntas para distribuir los beneficios.
“Tenemos ejemplos concretos de que esto ya está funcionando, que están inyectando energía, que están generando beneficios para los usuarios”, celebra la subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia Energética de Santa Fe, María Cecilia Mijich, y destaca dos fenómenos.
Por un lado, las cooperativas eléctricas, que han disminuido el costo de su tarifa y ofrecen un beneficio directo en el costo a sus asociados, como la de San Gregorio, con reducciones de un 4% de la tarifa. Por otro lado, casos como los de Ataliva, la primera comunidad solar de Santa Fe.
Con todo, hoy la provincia de Santa Fe cuenta con más de 10 megawatt instalados en generación distribuida, y casi 2.000 usuarios conectados a la red bajo este régimen, que lidera, no a nivel de potencia, pero sí a nivel de cantidad de usuario, el ranking nacional.
El barrio que aprendió a consumir y ahorrar electricidad en Chile
Con más de 60 años de antigüedad, el Cité Echeverría, un barrio antiguo ubicado en el corazón de la comuna de Independencia, en Santiago, no solo vio renovada su fuente de electricidad: sus vecinos aprendieron algo que pocas veces llega a las zonas populares con tanta comprensión: qué es la eficiencia energética y cómo se practica dentro de las cuatro paredes del propio hogar.
No es un aprendizaje menor. En Chile, la pobreza energética afecta a una parte significativa de la población, especialmente en las comunas más vulnerables del Gran Santiago. Se trata de hogares que destinan una proporción significativa de sus ingresos a pagar cuentas de luz y calefacción, que conviven con instalaciones eléctricas obsoletas o directamente peligrosas, y que en invierno sufren del frío. “Un hogar pobre energéticamente se expone a efectos negativos en la salud y bienestar de las personas, derivados de la contaminación extra e intradomiciliaria, bajas temperaturas al interior de la vivienda, y estrés”, advierte el artículo académico “Pobreza Energética. El acceso desigual a energía de calidad como barrera para el desarrollo en Chile”, elaborado por la Red de Pobreza Energética y la Universidad de Chile.
La investigación advierte que, aunque el país presenta alta electrificación, esto no garantiza un servicio de calidad: el 18,1% de los hogares vive en comunas donde las interrupciones eléctricas superan una hora promedio anual, excluyendo eventos de fuerza mayor. Además, en los grandes centros urbanos el alto costo de la energía representa una carga significativa para los hogares, mientras que en la zona centro-sur el uso de leña húmeda genera contaminación ambiental e intradomiciliaria. El estudio también señala que la mala calidad de las viviendas expone a la población a riesgos para la salud y que un 22,6% de los hogares urbanos enfrenta gasto excesivo en energía, al no poder cubrir simultáneamente vivienda, necesidades básicas y consumo energético.
En la conversación sobre transición energética, la eficiencia energética suele ocupar un lugar secundario frente a las grandes cifras de paneles solares o parques eólicos, pero los expertos coinciden en que es tan importante como la generación limpia: de nada sirve producir energía renovable si los hogares la desperdician por instalaciones obsoletas, artefactos ineficientes o pérdidas térmicas que se pueden evitar. De hecho, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) destaca que es clave ya que “representa una de las opciones de reducción de CO₂ más rápidas y costo-efectivas en la transición energética, al tiempo que reduce las facturas de energía y fortalece la seguridad energética”.
Para las familias de menores ingresos, además, la eficiencia energética es la forma más inmediata de aliviar el peso de la boleta sin esperar a que llegue una política pública de mayor escala. Así, cada refrigerador nuevo, cada ampolleta reemplazada, se traduce en dinero ahorrado a fin de mes.
Esa fue precisamente la lógica detrás del trabajo colaborativo que reunió a los vecinos del Cité Echeverría, al municipio de Independencia y a la empresa Enel Distribución.
«Esto nos benefició a todos los del conjunto y más que una ayuda de instalaciones fue también de seguridad porque teníamos hartos problemas de conexiones, especialmente las antiguas. Además, esto ayudó a que nos uniéramos como comunidad”, cuenta Álvaro Muñoz, uno de los vecinos que participó del programa.
¿Cómo partió esto? El 6 de agosto de 2025, vecinos del cité se reunieron en el Laboratorio Ciudadano LAPAZ482, al que postularon, para dar inicio a algo que, hasta entonces, nadie había hecho en su barrio: sentarse a mapear, junto a técnicos y representantes municipales, cómo usaban la energía en sus hogares y qué podían cambiar. No era solo una charla informativa, sino que el primer paso de una intervención que, durante los meses siguientes, transformaría las instalaciones eléctricas, los artefactos y los hábitos de 30 familias del conjunto habitacional.
El trabajo se realizó bajo el programa «Tu Energía, Tu Hogar», impulsado por Enel Distribución desde 2019 en alianza con municipios de la Región Metropolitana, parte de una estrategia más amplia de la compañía. Llegó así a Independencia en su edición 2025-2026 a través de un acuerdo con la municipalidad y la Corporación de Innovación y Desarrollo Social. Entre septiembre y noviembre, equipos técnicos realizaron diagnósticos socio-energéticos hogar por hogar para identificar brechas: instalaciones eléctricas en mal estado, artefactos de alto consumo, pérdidas térmicas por puertas y ventanas sin sellos. Lo que encontraron en el Cité Echeverría no era distinto a lo que se repite en cientos de conjuntos habitacionales del país, un diagnóstico de viviendas construidas en una época donde la eficiencia energética no era un criterio de diseño.
Con ese diagnóstico en mano, y co-diseñando las medidas junto a las propias familias, entre diciembre y enero comenzaron las intervenciones: recambio de refrigeradores y lavadoras por equipos de bajo consumo, sustitución de sistemas de calefacción, instalación de burletes, mejoras en iluminación, instalación de paneles solares térmicos. También se llevaron a cabo capacitaciones de eficiencia energética para las familias beneficiarias. En febrero de 2026, cada familia recibió además un kit de eficiencia energética y participó en talleres sobre uso responsable de la electricidad.
El resultado más inmediato se mide en la boleta. Pero la apuesta del programa es que el impacto vaya más allá del ahorro mensual, instalando en los hogares una cultura de consumo responsable que no desaparezca cuando se vayan los técnicos.
«En general, apunta a beneficiar a familias donde existen ciertas brechas de pobreza energética, donde es posible mejorar la eficiencia energética de los hogares con el objetivo de generar ahorros por consumo de electricidad», explica Enel Distribución.
Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, añade que «gracias a este trabajo conjunto, hoy 30 familias del Cité Echeverría fueron beneficiadas con diagnósticos socio-energéticos e intervenciones concretas en sus hogares para mejorar su seguridad y calidad de vida».
A su juicio, la dimensión que más se suele pasar por alto no es el ahorro económico sino la seguridad: «Esto no se trata solo de ahorrar en la cuenta de la luz. Optimizar el consumo eléctrico significa mejorar la seguridad de las viviendas, prevenir riesgos como incendios y entregar soluciones concretas como recambio de cableado, instalación de sistemas más eficientes y kits de ahorro energético. Son medidas que generan un impacto directo en la economía familiar y en la tranquilidad de nuestros vecinos».
El jefe comunal también apunta a que “los barrios son fundamentales, porque estos proyectos se construyen desde la realidad de cada comunidad. Aquí trabajamos directamente con 30 familias del Cité Echeverría, escuchando sus necesidades y levantando diagnósticos personalizados para definir soluciones pertinentes. Cuando la comunidad participa, el impacto es mucho más profundo y duradero».
Para Álvaro hay un antes y un después de esto. “Se aprendió muchísimo, no es solo que ahora tenemos mejores electrodomésticos o más tecnología. Es un tema también cultural con respecto a la gente, con respecto a educar al vecino o a la comunidad para saber cómo puedo ahorrar”, afirma.
Comuna Energética: cuando la energía se decide en el barrio
Aunque la conversación sobre transición energética suele ocurrir lejos de las comunidades que más la necesitan, dentro de ministerios, en empresas o en informes técnicos que pocas veces llegan a los vecinos, el programa Comuna Energética, impulsado por el Ministerio de Energía y ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), parte de una premisa diferente: que la transición energética justa no se puede construir desde arriba hacia abajo, sino desde los territorios hacia afuera.
A partir de su creación, el programa ha logrado que 144 comunas de todo el país, desde Arica hasta Cabo de Hornos, en las 16 regiones de Chile, se adhieran a un modelo que pone a los municipios y sus comunidades en el centro de la planificación energética local.
El mecanismo central son las Estrategias Energéticas Locales (EEL): documentos construidos no por consultores externos sino a partir de más de 400 talleres y capacitaciones que han convocado a más de 7.500 actores locales, entre estos vecinos, organizaciones comunitarias, empresas, universidades, funcionarios municipales, y que han levantado más de 3.000 acciones concretas a lo largo del país.
Hasta ahora se han elaborado 129 de estas estrategias, cada una con una visión ciudadana de largo plazo y un plan de acción orientado a las necesidades específicas de cada territorio. El resultado es una hoja de ruta que define qué proyectos se priorizan, cómo se financia su implementación y quién se hace responsable de llevarlos adelante.
«Los municipios y sus comunidades tienen un rol fundamental en el programa, a través de las Estrategias Energéticas Locales levantamos las necesidades desde la ciudadanía y construimos en conjunto con consultores, universidades, el sector privado y otros actores locales una visión compartida y plan de acción para avanzar en la transición energética justa», explica Rodrigo Barrera, jefe de la Oficina de Desarrollo Territorial de la AgenciaSE y líder de la iniciativa.
Una comuna que ha impulsado este modelo es Renca. En los últimos años, este municipio del norte de Santiago ha construido una estrategia de transición energética que no se limita a instalar paneles solares en edificios públicos, sino que ha buscado articular eficiencia energética, generación renovable, innovación institucional y participación comunitaria en una misma apuesta territorial. En 2025, ese recorrido fue reconocido con el Sello Comuna Energética en nivel Avanzado, el máximo galardón que otorgan el Ministerio de Energía y la AgenciaSE a municipios con avances destacados en planificación energética, energías renovables, movilidad sostenible y articulación territorial. Renca fue una de las primeras comunas del país en alcanzarlo.
Uno de los hitos fue el proyecto Escuelas Solares de Renca, ejecutado entre 2020 y 2022. La iniciativa instaló sistemas fotovoltaicos en tres establecimientos educacionales públicos de la comuna, la Escuela Lo Velázquez, la Escuela Alejandro Gorostiaga y la Escuela Padre Gustavo Le Paige, bajo un modelo innovador de copropiedad energética que permite compartir excedentes de energía entre distintos establecimientos municipales, generando una red virtual de distribución dentro de la red educacional pública.
Con 86,4 kWp de potencia total instalada, el proyecto estimó una reducción de 110,4 toneladas de CO₂ al año y un ahorro económico anual cercano a los nueve millones de pesos para la comunidad educativa. Pero más allá de los números, la iniciativa incluyó talleres educativos para estudiantes y comunidades escolares, convirtiendo la infraestructura en un punto de partida para que niños y jóvenes de la comuna entendieran qué significa la transición energética en su vida cotidiana.
El otro pilar fue el Programa de Inclusión Energética, ejecutado entre 2019 y 2021, con foco en familias vulnerables. El programa benefició a aproximadamente 70 hogares de distintos sectores de la comuna, seleccionados mediante un proceso de focalización social, territorial y técnico-energética que priorizó a familias bajo el 60% del Registro Social de Hogares. Las intervenciones fueron integrales: aislación térmica, mejoras eléctricas, recambio de electrodomésticos, sellos en puertas y ventanas, sistemas de agua caliente sanitaria y entrega de kits de eficiencia energética.
Los resultados mostraron una reducción aproximada del 16% en el consumo energético domiciliario, y en algunos casos, como los sistemas solares para agua caliente, se reportaron ahorros de hasta 36.100 pesos mensuales durante los meses de mayor radiación solar. No es una cifra menor para una familia que destina una parte significativa de sus ingresos a pagar la boleta.
«En Renca entendemos que la transición energética tiene sentido cuando mejora la vida de las personas y se construye junto a las comunidades», resume Nicolás Bonilla, director del Departamento de Innovación, Medio Ambiente y Operaciones (DIMAO) de la municipalidad. «Por eso hemos impulsado programas donde vecinos y vecinas participan activamente, incorporando soluciones que mejoran sus viviendas, reducen el gasto energético y acercan la sostenibilidad a la vida cotidiana de las familias».
Hilda Reyes lo vio de cerca. Como presidenta de la Junta de Vecinos Villa La Montaña, en Renca, fue testigo de lo que ocurre cuando una iniciativa energética llega al barrio no como una imposición técnica sino como una respuesta a necesidades que los propios vecinos han identificado.
“Para nuestra villa este cambio ha sido muy positivo. Muchas vecinas tenían ampolletas antiguas que consumían mucho, y con el recambio y las mejoras en eficiencia energética se notó inmediatamente, tanto en las casas como en la sede vecinal con el panel solar. Yo misma vi cómo bajó la cuenta de la luz en mi hogar”, cuenta.
Para Hilda, su mirada ya apunta hacia adelante: «Como comunidad, siempre conversamos que sería muy lindo que más familias de Renca pudieran acceder a paneles solares en sus casas, porque ayudaría muchísimo, sobre todo hoy que las cuentas están tan caras. En una comuna donde hay muchas personas mayores, estas iniciativas hacen una diferencia real”, comenta.
Es exactamente esa dimensión, la de la energía como cuestión de justicia y no solo de infraestructura, la que el programa Comuna Energética busca instalar como principio rector. «La descentralización y distribución de la energía es un componente crítico para garantizar que la transición energética sea justa e inclusiva, llegando a todas las comunidades», sostiene Barrera desde la AgenciaSE.
El desafío, en un país donde las brechas territoriales siguen siendo profundas, es que lo que hoy ocurre en Renca deje de ser la excepción y empiece a ser la norma.
Biodigestores en Chiapas: una alternativa en comunidades indígenas de México
Un esfuerzo liderado por comunidades indígenas y campesinas en diferentes regiones de Chiapas, al sur de México, busca implementar la transición energética desde abajo y adaptarla a las necesidades de los territorios mediante biodigestores —sistemas herméticos en donde la materia orgánica se descompone y forma biogás—.
En el caso de la Red de Biodigestores en Chiapas (BIO RED), este esquema no solo ha venido a cubrir una necesidad energética en una de las zonas más marginadas del país, sino que también está vinculada con la reducción del humo dentro de las cocinas, con la producción de biofertilizantes para cultivos y el fortalecimiento de mercados agroecológicos locales.
“Estábamos acostumbrados a usar el fogón. Ahora ya no llega humo a los ojos. Es un gran beneficio para la salud de la familia y de quienes cocinan”, cuenta Salomón Gómez Vázquez, campesino de la localidad rural de La Patria, municipio de La Independencia, y quien forma parte de la red desde hace cinco años.
Si bien el biogás representa una pequeña parte del consumo total de bioenergía, está vinculado al reciclaje de nutrientes, al empleo rural, así como a menor recolección de leña en estos contextos.
Incluso, cuenta Agustín Vázquez, coordinador general de la red de biodigestores, ha generado un impacto positivo en las personas de las comunidades que dependían en mayor medida de la quema de combustible para sus necesidades básicas.
“Analizamos el tema de las mujeres en Los Altos de Chiapas, en su mayoría padecen EPOC, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, por la inhalación constante del humo a través de la quema de leña para cocción de alimentos. Instalamos el primer prototipo en la comunidad de Chilil, nos funcionó muy bien y se extendió a 10 familias”, explica el coordinador a Climate Tracker.
Actualmente, hay 52 sistemas operando en diferentes regiones del estado adaptados a las condiciones de cada familia.
“Cada familia se adapta a sus necesidades, hay quienes no tienen drenaje, por ejemplo, y canalizan sus desechos sanitarios también a estos biodigestores. No contaminan ríos, y obtienen gas para cocinar”, detalla.
El dirigente cuenta que tras un estudio socioeconómico se dieron cuenta que al utilizar biogás, las familias usuarias eliminaron el 100% de consumo de gas licuado de petróleo y un 50% de la quema de leña. Además, los campesinos también implementaron el uso de biofertilizante para sus cultivos.
“Nosotros vendemos helados artesanales de los mismos árboles frutales de nuestra casa. Esos árboles se mantienen con el biofertilizante del biodigestor”, explica Gómez.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los biodigestores aprovechan los residuos orgánicos y pueden disminuir emisiones asociadas tanto a combustibles fósiles como a desechos mal manejados. Sin embargo, también enfrenta cuestionamientos, como posibles fugas de metano hacia la atmósfera, si se pretende escalarlo más allá de contextos rurales.
En Chiapas, la red insiste en diferenciarse mediante procesos organizativos colectivos que buscan fomentar la soberanía energética y alimentaria, más que la expansión industrial.
“Lo que yo sé, lo comparto. Lo que sabe el otro, lo comparte. Se hace colectivamente”, señala Gómez.
Pese a los beneficios, este tipo de iniciativas enfrentan retos importantes: como el financiamiento, la capacitación técnica y sostener el acompañamiento comunitario a lo largo del tiempo.
“Hay muchos limitantes, por ejemplo, entrar en las comunidades, en zonas de difícil acceso. Ha sido un reto, pero creo que ha sido muy satisfactorio el trabajo, y claramente el reto mayor es seguir logrando esta organización y que cada zona pueda avanzar en cuanto a sus necesidades”, reconoce Vázquez.
¿Qué tienen en común estos modelos?
Los casos de Ataliva, Armstrong, el Cité Echeverría, los parajes de La Rioja y Río Negro, y la red de biodigestores en Chiapas tienen geografías y escalas distintas, pero en todos los casos, la participación activa de los vecinos no ha sido un complemento decorativo del proyecto, sino su condición de existencia. Sin ellos no hay organización, ni es posible llevar a cabo la idea. En Ataliva, son 76 suministros los que se inscribieron para hacer viable un parque solar que ninguno de ellos habría podido financiar solo.
En el Cité Echeverría, fueron las propias familias las que co-diseñaron las medidas junto a los técnicos, garantizando que las intervenciones respondieran a sus necesidades reales y no a un catálogo genérico de soluciones. En Chiapas, la red de biodigestores se sostiene precisamente porque las familias comparten experiencias entre sí y se convierten en formadoras de otras comunidades. En Renca, fueron los vecinos quienes levantaron las necesidades que luego se tradujeron en proyectos concretos, desde las escuelas solares hasta el programa de inclusión energética en hogares vulnerables.
Otro punto en común es la transferencia de conocimiento como parte relevante del proyecto, no solo como un anexo. En los parajes de La Rioja, Energía Riojana no solo instaló paneles: capacitó a las familias para que pudieran gestionar y mantener su propia infraestructura. En Ataliva, Fabio Toranza ya modificó sus rutinas de trabajo para aprovechar mejor la energía diurna, y Gerardo Ingaramo identifica con precisión las ventajas y limitaciones técnicas de su instalación.
El tercer elemento es que todos estos modelos, en distinta medida, cuestionan la lógica del sistema centralizado bajo la idea de relevar la práctica de producir, gestionar y distribuir energía desde abajo.
Hay una cuarta característica, quizás la más difícil de medir pero la más duradera: la energía como catalizador de la comunidad. En Ataliva, el parque solar viene acompañado de un fideicomiso, un reglamento de participación y vínculos (y potencia) que se extienden a poblados vecinos. En Renca, los talleres en las escuelas convirtieron la infraestructura fotovoltaica en una conversación intergeneracional sobre el cambio climático. En Chiapas, la red de biodigestores se sostiene sobre la solidaridad de compartir experiencias con familias que aún no tienen el sistema.
La energía, en todos estos casos, no es solo un insumo: es un pretexto para organizarse y que la comunidad tome el rol que merece dentro de la transición energética.
Tensiones y límites
Como toda apuesta de transformación, estas iniciativas no avanzan sin fricción. Entre la voluntad comunitaria y la instalación de un panel hay un trayecto largo, a veces con obstáculos que no siempre tienen que ver con la tecnología ni con el financiamiento, sino con la arquitectura regulatoria que rodea al sector energético y con la lentitud de los aparatos institucionales para adaptarse a modelos que no conocen.
El caso de Ataliva lo ilustra con nitidez. La cooperativa tiene el terreno, los 76 suministros inscritos y el proyecto técnico presentado ante la EPE en marzo de 2025, y lleva meses esperando el aval final para iniciar las obras. “Llegamos a EPE con este caso y nos miraron raro, por así decirlo”, afirma el gerente de la cooperativa. La empresa provincial de energía tuvo que modificar el sistema para facturar el consumo, y para cargar la información. “Esas modificaciones nos llevaron a que el proyecto lleve tiempo”, se resigna.
No es un caso aislado: en Santa Fe, los programas de fomento a la generación distribuida se han superpuesto a lo largo de la última década, combinando distintos modos de facturación y marcos regulatorios que cambian con cada administración. La propia subsecretaria Mijich admite que el caso de Ataliva surgió como una «punta de lanza» que desestructuró la forma en que se venían haciendo las cosas, y asumió el compromiso de consolidar un equipo interno en EPE para agilizar los trámites, reconociendo de paso la exclusión que sufrieron beneficiarios de programas anteriores.
El acceso al financiamiento es otra barrera estructural, y quizás la más difícil de resolver sin intervención del Estado. Instalar paneles en un techo particular, como hizo Gerardo Ingaramo, implica una inversión inicial que no todas las familias pueden asumir, y cuyos retornos se miden en años, como señala Chemes. La generación comunitaria busca distribuir ese costo, pero requiere organización sostenida, marcos legales que la habiliten y empresas distribuidoras dispuestas a operar con múltiples pequeños productores, papel que en Santa Fe comienzan a asumirlo las cooperativas. Y esa disposición no siempre existe. La relación con las distribuidoras es, en muchos casos, el nudo más tenso: el modelo de negocio de las grandes empresas fue diseñado para un sistema unidireccional, y adaptarlo a la lógica prosumidora exige cambios técnicos, tarifarios y contractuales que avanzan con lentitud.
Chemes, desde la UTN, va más al fondo del problema. Para él, el obstáculo no es solo burocrático sino conceptual: los gobiernos y las sociedades siguen tratando la energía como una mercancía más, cuando debería ser reconocida como un servicio público esencial. «No decimos que no haya financiamiento para quienes puedan pagarlo, pero que no todo el aparato del Estado esté puesto en función de quién puede pagarlo», plantea. Mientras eso no cambie, los programas de generación distribuida seguirán beneficiando principalmente, como él mismo señala, a «sectores acomodados» con capacidad de inversión, dejando fuera a quienes más necesitan el alivio en su tarifa.
La escalabilidad es la pregunta que queda suspendida sobre todos estos modelos. Los proyectos documentados en este reportaje son, por definición, pequeños: decenas de familias, cientos de kilowatts, territorios acotados. Su valor no está en reemplazar al sistema centralizado de un día para otro, sino en demostrar que otro modelo es posible y en acumular los aprendizajes que una política pública de mayor alcance necesitaría para replicarlo.
El programa Comuna Energética en Chile, con 144 comunas adheridas y 129 estrategias locales elaboradas, es quizás el intento más sistemático de la región por construir ese puente entre la escala comunitaria y la política nacional. Pero incluso allí, como señala Barrera, el desafío sigue siendo que lo que hoy ocurre en Renca deje de ser la excepción.
El futuro que no esperó
«Gran Malvina» es el nombre con el que Argentina bautizó a la más poblada de las Islas Malvinas. Ese es el nombre que Fabio Toranza quiere ponerle al primero de los parques de Ataliva, porque está convencido de que, una vez que el resto de los vecinos compruebe las ventajas de la generación distribuida, llegará un segundo parque. Ese se llamará «Soledad».
Hay algo en esa imagen —un tambo santafesino, un veterinario que ordeña de mañana para que las vacas duerman más, y dos nombres de islas en disputa que se convierten en sinónimos de autonomía energética— que concentra lo que este reportaje ha ido encontrando en tres países y en realidades muy distintas entre sí.
La transición energética justa no siempre llega con grandes anuncios ni con inversiones millonarias. A veces llega con un fideicomiso vecinal, con un burlete en una ventana, con un biodigestor que tarda quince minutos al día en alimentarse y que garantiza que habrá gas para cocinar aunque no haya dinero para el cilindro.
El objetivo de tener la energía generada en el punto más cercano a las necesidades de consumo es algo en lo que coinciden quienes asumen la generación distribuida como una oportunidad de universalizar el derecho a la energía con quienes solo buscan rentabilidad individual. Pero lo que distingue a los casos de este reportaje es que en todos ellos la energía se convirtió en algo más que un insumo: en un motivo para organizarse, para conocer al vecino, para aprender cómo funciona algo que siempre llegó desde lejos y sin explicaciones.
«Lo más importante es que esto demuestra que sí se pueden generar cambios concretos en la vida de las personas», dice Hilda Reyes, presidenta de la Junta de Vecinos Villa La Montaña, en Renca. No lo dice como una declaración política, sino como alguien que vio bajar la cuenta de la luz en su propio hogar y que sabe que eso, multiplicado por los hogares de una villa, de una cooperativa, de una red de biodigestores en los Altos de Chiapas, empieza a parecerse a algo más grande.
La pregunta que estos territorios le dejan a los gobiernos de la región no es si la transición energética comunitaria es posible. Ya está ocurriendo. La interrogante es si las políticas públicas serán capaces de ponerse a la altura de lo que las comunidades ya están haciendo.
