En el norte de Paraná, en el sur de Brasil, la comunidad indígena guaraní Verá Tupã ‘i teme por el futuro de la aldea. Cerca de 20 indígenas viven en el área de influencia de una central hidroeléctrica, aún en construcción, sobre el río Mourão, en el municipio de Campo Mourão.
En Brasil, esta es considerada una planta pequeña, con un potencial de generación de hasta 5 MW (megavatios), por lo que tiene menos requisitos legales para estudios de impacto socioambiental que otras centrales. Aunque provocan impactos menores, hay estudios que apuntan efectos que tienen estas instalaciones en los territorios.
“Nuestra agua y nuestros alimentos están amenazados”, señala la líder indígena Jaxy Rendy. Ella dice que su comunidad depende del ecosistema en equilibrio en la región del pequeño pueblo, que ya está rodeada de plantaciones de soja.
El lanzamiento de pequeñas y medianas centrales es parte del Plan Energético Decenal 2031, que mira la transición energética brasileña a partir de fuentes de generación más diversificadas, como eólica, biocombustible e hidráulica.
En Brasil, un tercio de la matriz energética proviene de derivados del petróleo. La energía hidráulica, aquella producida por la fuerza del agua, es responsable del 12,6% de la generación en el país. Las regiones sur y sudeste concentran la mayor cantidad de usinas hidroeléctricas, siendo Paraná, donde se encuentra el río Mourão, el sexto estado con más centrales.
En territorios colectivos y con una forma de vida única ligada a la tierra, las familias quilombolas también son presionadas por las nuevas plantas. En Brasil, los quilombos son áreas de resistencia para las poblaciones negras, cuyos antepasados fueron esclavizados por más de 300 años. Sus territorios son considerados tradicionales y protegidos por el artículo 68 de la Constitución Federal.
A unos 600 kilómetros de la nueva usina en el río Mourão, las futuras obras de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Itaoca son la mayor preocupación de 10 comunidades quilombolas de la región de Valle de Ribeira, en el estado de São Paulo. Según la CETESB, el estado ha emitido 11 licencias de instalación de centrales hidroeléctricas en los últimos 10 años, con tres solicitudes actualmente en análisis.
Carla Galvão, quilombola de la Comunidad João Surá, en Valle de Ribeira (SP), explica que los protocolos de consulta y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no son respetados por los empresarios.
“Nunca somos consultados. Aquí en Valle de Ribeira, comunidades enteras ya fueron expulsadas de sus territorios y tuvieron que buscar otro lugar para vivir, de manera precaria, porque las empresas inundan las áreas habitacionales”, critica Galvão.
Para aprobar emprendimientos, la legislación establece audiencias públicas. Como signatario del Convenio 169 de la OIT, el país debe escuchar a las poblaciones indígenas y tradicionales. Según las comunidades consultadas para esta nota, esto no es lo que ha sucedido.
“Nunca somos consultados. Aquí en Valle de Ribeira, comunidades enteras ya fueron expulsadas de sus territorios y tuvieron que buscar otro lugar para vivir, de manera precaria, porque las empresas inundan las áreas habitacionales”.
Hidroeléctricas e impacto ambiental
La central hidroeléctrica Saltinho/Maria Cavaleira, en el río Mourão (PR), comenzó a ser instalada en mayo de este año por la empresa Saltinho Energias Renováveis S.A. en un tramo de 17 kilómetros donde ya existen otras dos plantas.
Los locales dicen que una planta instalada en el mismo río hace algunos años secó el agua en el Salto Santa Rita. “Bebemos el agua del río, pescamos, es donde juegan los niños. Necesitamos el bosque, los animales, el equilibrio allí depende del río. La planta cambiará ese equilibrio”, señala Rendy.
Debido a que se considera renovable, la energía hidroeléctrica parece inofensiva. Pero según la geógrafa Maristela Mezzomo, profesora de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, incluso las plantas pequeñas causan “gran impacto ambiental” donde están instaladas. “Ocurre la disminución del caudal del río, escasez hídrica, pérdida de biodiversidad, pérdida de áreas cultivables, entre otros”, afirma Mezzomo.
Para interrumpir las obras de la represa en el río Mourão, el Ministerio Público de Paraná hizo una recomendación a la agencia licenciadora solicitando la suspensión inmediata de la licencia de instalación de la obra, luego de considerar un estudio que señala que faltan análisis ambientales locales por parte de la empresa.
Según el documento, “no se presenta ninguna información [por la empresa] de la fauna de especies de peces propias del río Mourão”. El estudio aún señala que la fragmentación del río por barreras físicas influye en el proceso reproductivo de las especies fluviales, siendo “una de las principales responsables de la pérdida de la biodiversidad general”.
En defensa de la comunidad Guaraní, el Ministerio Público Federal (MPF) también intervino. En un recurso de apelación contra una sentencia judicial, el MPF afirmó que “la empresa Saltinho sabía de la existencia de la comunidad indígena allí existente y, a pesar de ello, la ignoró”.
La aldea Guaraní cuenta con el apoyo del movimiento social urbano Guardiões da Cachu. “El daño de esta obra ya está causado, por el irrespeto no solo a la comunidad indígena sino a la población rural y de la ciudad que frecuenta este río como espacio de recreación”, dice Alana Bottega Lima, integrante del movimiento.
La empresa Saltinho Energias Renováveis respondió a la recomendación indicando que, en 2020, realizó dos visitas en el área para recabar datos de la fauna y que no corresponde a otra institución “determinar la forma en que se deben realizar los estudios durante el proceso de licencia”, excepto a la agencia licenciante.
La empresa indicó en una nota que cumplió con todos los protocolos de consulta previa, que cuenta con las autorizaciones legales para la construcción de la planta y que no hay necesidad de mayores estudios sobre el tema indígena, según sentencia judicial (lea las respuestas completas entregadas para este reportaje aquí).
El último río mediano de São Paulo sin represas
Las comunidades del Valle de Ribeira, en la frontera entre los estados de São Paulo y Paraná, luchan desde hace décadas contra la instalación de represas.
El único río de São Paulo considerado mediano que aún no tiene represas es el Ribeira do Iguape, pero no por falta de solicitudes. MSul Energias Renováveis es la empresa que busca crear una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) entre las ciudades de Adrianópolis (PR) e Itaoca (SP).
En febrero de 2020, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica autorizó la revisión de los Estudios de Inventario Hidroeléctrico de Ribeira do Iguape. En 2021, Eletro Energias Renováveis Ltda, socia de MSul, asumió los registros. En el mismo río, la empresa todavía tiene la intención de instalar la PCH Sete Barras.
En el video publicitario de la PCH, la empresa menciona dos veces a las comunidades quilombolas con los términos “Seguridad, empleo y preservación de los quilombolas”. La quilombola Carla Galvão dice, por el contrario, que las represas traen impactos negativos incluso años después de finalizadas las obras.
“Es una ilusión decir que las represas traen empleos a las comunidades. Al principio hay un boom, pero con el tiempo queda sólo el personal técnico de la empresa, que es de fuera”, dice Galvão.
Según ella, las situaciones de racismo y violencia están aumentando y la atención pública a las comunidades está disminuyendo. “Cuando se instala una represa, la gran empresa se hace cargo del presupuesto municipal; los ayuntamientos ya no sirven a las comunidades, sino a los intereses de las empresas”.
El 22 de junio de este año, una audiencia pública reunió a residentes de la región, además del Ministerio Público, investigadores y el Equipo de Articulación y Asesoría a las Comunidades Negras del Vale do Ribeira (EAACONE). Se discutieron los impactos de las plantas y las estrategias comunitarias para evitar que el río Ribeira do Iguape sea un río libre.
Climate Tracker trató de contactar a MSul Energias Renováveis, que no respondió a las preguntas sobre posibles irregularidades en el proceso de concesión de licencias.
Transición energética justa, ¿para quién?
El beneficio de la generación de energía no siempre llega a la comunidad afectada por la instalación de la planta. Según el fiscal del Ministerio Público de Paraná, Robertson de Azevedo, hay comunidades cercanas a pequeñas centrales hidroeléctricas que no cuentan con alumbrado público. “La energía va a un sistema integrado nacional, o a una industria local, pero no a la gente que vive cerca de la planta”, dice Azevedo.
Además del avance de otros modos de energía, como la eólica y los biocombustibles, la transición energética brasileña implica cientos de solicitudes de liberación de centrales hidroeléctricas. Al mismo tiempo, el país vive con los impactos de las represas en varias regiones, según registró el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
“En términos de una transición energética justa, la fuente renovable ideal será aquella en la que la sociedad civil también participa en la toma de decisiones sobre qué modelo causa menos impactos ambientales y sociales, así como qué tipo de beneficios socioeconómicos tendrá”, concluye Mezzomo.
