México se calienta más rápido que el resto del mundo y el país se ha visto sacudido por olas de calor históricas, en una faceta evidente de la crisis climática y la urgencia de políticas de adaptación.
Junto a la protección de la biodiversidad, la crisis hídrica y la transición hacia energías menos contaminantes, figuran entre los temas apremiantes que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deberá enfrentar, en una nación marcada por la desigualdad.
Pero entre la cabalgata dura de la realidad y su propuesta de gobierno hay una brecha que será difícil de cerrar, si quiere que México abandone el marasmo ambiental y climático en que lo deja el actual presidente y su mentor, Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente por sus iniciales, AMLO.
Para Luis Fernández Carril, coordinador de Sostenibilidad y Cambio Climático del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la oferta de la futura presidenta dista de las prioridades.
La crisis “supone un reto mayor para México y los efectos son muy contundentes, lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Está permeando nuestra vida cotidiana, no es un tema abstracto. Vamos tarde respecto al cambio climático y los instrumentos de política pública en ejecución y las leyes no están funcionando”, dijo desde la norteña ciudad de Monterrey a Climate Tracker.
Por la misma vía problemática
El plan de Sheinbaum, doctora en física, ex académica del Instituto de Ingeniería de la pública Universidad Nacional Autónoma de México y de 61 años, es básicamente la continuación de las ideas de AMLO, quien la nombró secretaria (ministra) de Medio Ambiente en 2000 cuando gobernó Ciudad de México (2000-2006).
El problema de su propuesta consiste en la continuidad del modelo de AMLO, cuya herencia es lesiva para el ambiente, cuando México, que tendrá por primera vez en su historia una presidenta, ya sufre las consecuencias de la crisis climática.
La presidenta electa ofrece la prolongación del modelo energético centrado en combustibles fósiles de su predecesor y en el fortalecimiento de las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el fomento a la transición energética mediante la generación distribuida en hogares y proyectos de energía renovable, en una contradicción cuya resolución no ha explicado aún.
Cauta en temas ambientales durante la campaña, para no disentir de las posiciones de AMLO, Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre y su periodo concluirá en 2030, presume de su trayectoria científica y de sus logros ambientales al frente del gobierno capitalino (2018-2023).
Pero no resolvió los problemas hídricos ni de contaminación del aire que azotan a Ciudad de México, y se negó a declarar emergencia climática en la metrópoli, de más de ocho millones de habitantes, más de 20 millones si se contabiliza la población del extrarradio citadino.
La ex alcaldesa, quien también colaboró con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, órgano de Naciones Unidas encargado de la evaluación del conocimiento sobre el fenómeno y de diseñar escenarios a mediano y largo plazo), también plantea un programa de eficiencia energética, promoción del transporte eléctrico y construcción de infraestructura hídrica, como represas, a pesar de la intensa sequía que azota al país y que las hace inviables como alternativa energética.
Legado nocivo
Para la consultora ambiental Alín Moncada, Sheinbaum, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia (formada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México), no puede alegar desconocimiento, dada su formación.
“Necesita despegarse de lo que se ha hecho en el sexenio. La lucha (climática) fue totalmente descuidada, las políticas que se ofrecieron en un inicio pintaban muy bonito y la práctica fue totalmente diferente. Todos los ojos están puestos en ella, porque no va a tener pretextos de que ‘no sabía’ o no conocía del tema. Tendremos más elementos para exigir la acción climática y eso es lo que se espera”, declaró Moncada a Climate Tracker.
La administración saliente operó sin estrategia nacional de movilidad eléctrica, de eficiencia energética ni plan nacional de adaptación a los efectos de la crisis climática. De hecho, debilitó la lucha climática, al reducir el presupuesto destinado a ese ramo, desmantelar las instituciones del sector ambiental y frenar la transición energética.
En la línea de fomento fósil, una insignia básica del gobierno de AMLO ha sido la soberanía energética, para que el país satisfaga sus necesidades con la producción interna. Pero esta nación latinoamericana, la segunda mayor en América Latina detrás de Brasil, importa gasolinas y depende de gas estadounidense para la generación eléctrica, quemado en centrales de ciclo combinado que también aprovechan vapor.
Además, el rescate de Pemex, mediante cuantiosas ayudas públicas, no ha mejorado la producción de hidrocarburos. Si bien la extracción petrolera y de gas han caído en los meses recientes, así lo han hecho también las compras externas de gasolina.
En esa misma dirección, el gobierno compró el 50% restante de la refinería Deer Park, en Houston (Texas), a la petrolera Shell en 2021 y aún construye la refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en el sudoriental estado de Tabasco, a unos 760 kilómetros de Ciudad de México. La edificación inició en 2019 y su operación estaba programada para 2022, con una erogación que saltó de 8.000 millones de dólares a casi 17.000.
Dos Bocas es la base de la soberanía en combustibles, pues procesará unos 340.000 barriles de crudo, para producir 170.000 barriles de gasolina y 120.000 de diésel.
México, el 11º productor mundial de crudo y cuya generación eléctrica depende mayoritariamente de fósiles, es el segundo mayor contaminador de América Latina, después de Brasil, y figura entre los 12 mayores emisores de dióxido de carbono (CO2) del mundo. Pemex figura entre las 15 empresas más contaminantes del mundo.
En contraposición, CFE solo construye la planta solar de Puerto Peñasco, en el norteño estado de Sonora y cuya primera fase genera 120 megavatios (MW), y paneles solares, de 18 MW de capacidad, en la Central de Abasto, el mayor mercado mayorista de América Latina, situado en el suroriente de Ciudad de México.
En cambio, construye al menos seis generadoras a gas, por unos 4,000 MW de capacidad instalada, y moderniza al menos nueve hidroeléctricas, a pesar de la sequía y las proyecciones sobre lluvia variable en las próximas décadas.
Desde 2019, las emisiones han subido debido al fomento de los combustibles fósiles y la deforestación, constituyendo una muestra del deterioro ambiental.
En ese sentido, la plataforma internacional Climate Action Tracker considera “críticamente insuficiente” la política climática mexicana, obteniendo la peor calificación al contribuir al aumento de la temperatura planetaria que podría alcanzar los cuatro grados centígrados.
Además, México no está en ruta de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados por la ONU en 2015 y para alcanzar en 2030, incluyendo los relacionados con energía asequible y limpia, acción climática, y ecosistemas terrestres y marinos.
Hay también otros signos de preocupación. El 22 de abril, en un acto de firma de compromisos climáticos de la coalición México Resiliente con representantes de las tres candidaturas presidenciales, Pedro Álvarez-Icaza, miembro del equipo ambiental de Sheinbaum, minimizó el tamaño del presupuesto público para el segmento ambiental.
“No es un tema solo de dinero, sino de compromisos. Todos somos responsables del gasto”, dijo el exfuncionario de la gubernamental Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ante un escenario de contracción presupuestaria para el próximo gobierno y que puede perjudicar al ramo ambiental, en una repetición de la anemia financiera agudizada desde 2019.
La incógnita
En suma, la futura presidenta tiene ante sí dos opciones complejas: seguir la ruta de AMLO, de daño ambiental, o construir su vereda, lo que la alejaría de su mentor político, con consecuencias de calado profundo para el movimiento oficialista.
Para el académico Fernández Carril, colaborador del IPCC, debe reinar una visión transversal, en la que las políticas de desarrollo y de clima deben ser la misma.
Sheinbaum “es sensible a lo que acontece, pero si la maquinaria política no ataca de forma integral el asunto, entonces va a seguir sobre la misma vía. Podemos decir con contundencia que no estamos en vía de desarrollo resiliente al clima. El costo es un margen de maniobra cada vez más limitado, no solo en términos de desarrollo sostenible o ambientales. Es el yugo climático que tendremos que cargar de aquí en adelante. No es escasez de agua ahora, no son olas de calor ahora, son de aquí en adelante”, sostuvo.
Para la activista Moncada, el costo socioeconómico de la crisis climática será elevado.
“Tenemos que resaltar los efectos y cómo afectan al país. Un tema en apariencia solamente ambiental va a tocar a la economía y la sociedad. (Sheinbaum) tiene que responder a su promesa de energía renovable”, planteó.
Con su formación científica y su carrera política profesional, Sheinbaum tiene a la mano un barril de petróleo o un panel solar. Optar por ambos significa el camino por la ruta del calor.
