Por Michael Lieberherr y Catalina Barrios.-
El 21 de noviembre del año 2018, cinco familias de la localidad de Punilla en la región montañosa de Ñuble en el centro de Chile fueron desalojadas violentamente de sus casas. La empresa italiana Astaldi llegó sin avisar hasta los hogares de los habitantes. Resguardados por la policía, trabajadores de la empresa llegaron con maquinaria pesada y en unos minutos convirtieron las casas en escombros.
La razón era la construcción de un embalse multipropósito -hidroeléctrico y de riego- que inundaría 1.700 hectáreas, con un muro de contención de 136 metros de altura emplazado en el Río Ñuble. Además de las casas, el proyecto pasaría sobre parte del Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja, considerado por la UNESCO como una Reserva de la Biósfera.
En diciembre de 2018, el Tribunal Ambiental de Valdivia aceptó una medida cautelar solicitada por los habitantes y ordenó suspender los desalojos. Esto, mientras se realizaba una demanda ambiental contra el embalse. Posteriormente, en abril de 2020, el mismo Tribunal determinó que no existió daño ambiental ni afectación psicosocial en la comunidad, y rechazó las reclamaciones de reparación de los residentes.
A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas de Chile concedió a Astaldi la concesión del proyecto en 2016 y había aprobado un estudio de impacto ambiental, el proyecto aún no tiene su primera piedra instalada. El contrato con Astaldi fue anulado en 2021 luego de una crisis financiera en la empresa y un error de cálculo del gobierno chileno en la capacidad de almacenamiento del embalse, con el pago de un desconocido monto por parte del gobierno hacia la empresa.
Desde entonces, el Ministerio de Obras Públicas ha convocado una nueva licitación para el embalse de Punilla, que incluía un plazo hasta el 19 de abril de 2024 para la presentación de ofertas técnicas. Sin embargo, a principios de abril, el ministerio reconoció que los plazos de licitación del proyecto, a menudo retrasados, podrían ampliarse de nuevo. En agosto de 2023, 21 empresas habían registrado su interés, entre ellas cinco chinas, entre ellas China Harbour Engineering Company y China Civil Engineering Construction.
Mientras tanto, las personas desalojadas se mantienen en hogares temporales, esperando la solución definitiva.
Sin compensaciones
“La cordillera para mí es mi vida, me ha dado todo. Después de viejo, es difícil que lo saquen de donde uno hizo su vida”. Héctor López Benavides, arriero de 57 años, vivió durante 29 de ellos en Punilla. Ahí formó a su familia y desarrolló su vida en torno a la crianza de vacas, ovejas y caballos. Sin embargo, durante los desalojos, su casa fue la primera en desaparecer.
Los habitantes de Punilla rechazaron el plan del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que imponía su desplazamiento ante la instalación de un embalse para riego y una central hidroeléctrica en el río Ñuble, en la comuna de San Fabián. Desde su perspectiva, las compensaciones no eran suficientes para la comunidad. A pesar de eso, como en ese lugar estaría emplazado el muro de la presa, las expropiaciones y el posterior desalojo comenzaron en esa zona.
“Llevamos cinco años desalojados y ha sido duro, fue un cambio tremendo porque tuvimos que empezar de cero y arreglarnos nosotros por nuestros medios nomás, no hubo ayuda de nadie para empezar nuestras vidas en otros lugares”, expresa Héctor.
Actualmente, Héctor cuida animales y un campo cerca de Laguna Las Truchas, a más de 40 kilómetros al este de su antiguo hogar, y a pocos kilómetros de la frontera de Chile con Argentina. Los animales a su cuidado no son de él. Antes vivía de ellos, pero ahora no tiene dónde dejarlos.
Algo similar vive Iván Labrin Villalobos, también arriero de la zona, ya que antes de los desalojos tenía cientos de chivas, y luego del desalojo tuvo que venderlas y otras se perdieron. Lo recibieron unos familiares donde ahora vive.
“Pensaban que éramos huasos de cordillera ignorantes (los funcionarios del MOP), pero eso nunca se los permití”, recuerda Héctor López respecto del proceso de participación ciudadana. En ese periodo, desde el Ministerio pedían la cantidad de animales que tenían y solicitaron que los habitantes tuvieran para realizar los depósitos de las compensaciones por la expropiación. Según las personas expropiadas les pagaron 30 millones de pesos chilenos para un terreno (US$30.600 dólares) y 18 millones (US$18.360) para una casa.
Por su parte, Miriam Fuentes Contreras, también desalojada junto a su familia, señala que el plan del MOP no incluía una compensación para sus fuentes de ingreso. Existía un ítem de “Plan Ganadero”, pero este nunca se realizó. El pago para la vivienda no les alcanzó para seguir con la vida que tenían, sostiene Miriam. “Nos negamos mucho tiempo a firmar el convenio para recibir el monto que nos ofrecían. Finalmente lo hicimos en 2022 por necesidad”, asegura Miriam.
Iván Labrín dice que firmó el convenio hace unos meses atrás por la misma razón. Sobre la zona expropiada, Iván mantiene un terreno ubicado en la ladera trasera de donde estaba su antigua casa. Para la expropiación le comentaron que podía recibir una compensación para construir una casa en ese sitio. A pesar del compromiso, la nueva información que le dieron es que, para recibir el dinero, debe construir un camino de acceso financiado por él, ya que ese lugar no tiene un camino para entrar desde la ruta más cercana. Pero manifiesta que “eso no tenía porqué hacerlo yo, les correspondía a ellos relocalizarme”.
Procesos judiciales y riesgos
Desde que el contrato con Astaldi fue anulado en 2021, el MOP es el titular del proyecto y su ministra, Jéssica López, anunció su relicitación para este año. En las bases públicas para este proceso se confirma que el proyecto no ha sufrido variaciones profundas, y que mantiene términos muy similares al proyecto impulsado en el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera (2018-2022).
La falta de cambios al proyecto del embalse decepcionó a las organizaciones defensoras del territorio que confiaban en mejoras bajo el gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Así lo confirma César Uribe, vocero de la agrupación Ñuble Libre, una de las organizaciones más activas en la defensa del río Ñuble.
“Al principio tuvimos hartas expectativas con el nuevo gobierno, también hartas conversaciones, incluso vinieron dos ministros a San Fabián a reunirse con nosotros”, explica Uribe. “Desde el gobierno se comprometieron a generar un nuevo análisis del proyecto, pero finalmente nunca hubo realmente un análisis”.
Las promesas de cambios sustanciales en el proyecto se transformaron en silencio y en la persistencia del proyecto anterior, sostiene Uribe.
”Este proyecto ha venido fracasando desde hace mucho tiempo y tiene un diseño absolutamente obsoleto para la realidad actual. Estamos hablando de un proyecto de los años ‘60, o sea, casi 70 años atrás. En ese sentido, obviamente que no cumple con los estándares ni la realidad actual”, concluye.
El accionar de la antigua empresa Astaldi, llevó a que en 2021 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) comenzara un proceso sancionatorio por 10 hechos, tres de ellos considerados graves.
Entre ellos, destaca la falta de actualización del plan para la relocalización de los habitantes desalojados, la exclusión de la materia ganadera en la actualización del mismo plan y el incumpliendo de mitigaciones para la relocalización. Este proceso sancionatorio aún se encuentra en curso.
Ricardo Frez Figueroa, abogado, director de ONG Defensa Ambiental y habitante de San Fabián, ha acompañado en el proceso a las familias desalojadas. Figueroa explica que las sanciones pueden llegar a ser trasladadas a la nueva empresa que se adjudique la licitación.
La empresa también tendrá que enfrentar el problema de transmisión eléctrica. Los 525 GWh de generación anual promedio que se promete en el estudio del proyecto se inyectarían al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de una línea de transmisión de 23 kilómetros que todavía no ha sido construida.
Si bien el proyecto de la línea de transmisión eléctrica ya estaba aprobado, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió en febrero anular la autorización ambiental por posibles impactos al huemul, ciervo endémico de Chile y Argentina, siendo la Región de Ñuble su último hábitat de Chile central. Además del embalse y las torres de alta tensión, otro proyecto preocupa a los habitantes de la zona. Se trata de la Central Ñuble de Pasada, también conocida como HidroÑuble. Si bien las obras han avanzado, se mantienen abandonadas hace más de ocho años al no contar con las redes de alta tensión asociadas al proyecto de Nueva La Punilla. El estado actual ha llevado a que distintas organizaciones pidan su cierre definitivo.
Ahogando la biodiversidad
El otro gran desafío ambiental del proyecto Nueva La Punilla es el Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja. La zona se convirtió en Reserva de la Biosfera de la Unesco en 2011, con el objetivo de proteger al huemul.
Se trata de un hotspot de alta biodiversidad donde confluyen dos bosques: el esclerófilo de la región central de Chile, adaptado a condiciones más secas y hogar de cientos de especies endémicas ya amenazadas por la urbanización, la expansión agrícola y los incendios; y el templado valdiviano que se extiende desde el suroeste del país, uno de los bosques más antiguos del planeta con un paisaje similar al de las selvas tropicales. Inundar intencionadamente un lugar tan emblemático ha generado polémicas.
Desde la perspectiva del ecólogo y director de la ONG Ética de los bosques, Bernardo Reyes, las consecuencias de inundar un territorio con tanta biodiversidad son múltiples. “Va a ser como una gigantesca tala raza de 1.700 hectáreas. Eso es un impacto mayor que aumenta la fragmentación y por lo tanto la fragilidad de muchas especies que tienen problemas de conservación”, sostiene.
Además, Reyes detalla que ante eventos extremos, las consecuencias pueden ser aún mayores. “En Chile, tenemos sequías e incendios cada vez más intensos y estas 1.700 hectáreas actúan de manera sinérgica con ello y por lo tanto pueden tener un impacto mucho más intenso en la biodiversidad del área”.
Por otra parte, la politóloga Pamela Poo, plantea que proyectos de mega embalses pueden generar mayor escasez hídrica. “Vas a tener agua para cierto riego, pero después lo que empieza a ocurrir es la ampliación de la frontera extractiva”. De hecho, la megasequía que afecta a gran parte de Chile también ha generado consecuencias en la Región del Ñuble. Se trata de una región que mantiene un decreto de escasez hídrica realizado por el MOP, hasta al menos, abril del 2024.
Los beneficiarios del proyecto
Más allá de la generación de energía, el proyecto genera preguntas para las comunidades por sobre el uso del agua, en el marco de una sequía que ya lleva más de 10 años en el país.
Chile cuenta con un Código de Aguas de 1981 que regula el recurso hídrico. El código separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la autoridad al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad.
A pesar de reformas realizadas al Código de Agua en 2022 y en 2023, la privatización y mercantilización del agua continúa siendo uno de los principales problemas para muchas comunidades.
Alexander Pánez Pinto, académico de la Universidad del Bío, analizó los principales propietarios de los derechos de aprovechamiento de agua del Río Ñuble, donde estará ubicado el embalse. La empresa agrícola Cruz del Sur es una de las principales, con un consumo de 294 litros por segundo, de acuerdo al estudio al que accedió Dialogue Earth, próximo a publicarse.
Para el académico, Chile tiene una “tormenta perfecta” entre la sobreexplotación de las cuencas por usos productivos, la privatización del agua amparada por el código y los impactos del cambio climático.
“Estamos al límite. La empresa que se adjudique el proyecto también se está comprando el conflicto”.
Humberto Illanes Sepúlveda, presidente de la Mesa Punilla
Humberto Illanes Sepúlveda es el presidente de la Mesa Punilla, una red de 16 organizaciones rurales y urbanas de la zona donde se desea instalar el proyecto. Para Illanes Sepúlveda, los principales beneficiarios del proyecto serán las grandes empresas como Cruz del Sur que cuentan con los derechos para usar el agua. “El resto no recibimos nada, solo daños. Los sacrificios los llevamos nosotros”, sostiene.
En septiembre de 2022, la Mesa Punilla presentó 299 peticiones al Ministerio de Obras Públicas sobre el proyecto. Son demandas de mitigación y compensación relacionadas, principalmente, a la disponibilidad de agua para riego, diseño de rutas y claridad respecto del futuro de la Reserva de Biósfera. De todas ellas, ninguna ha sido resuelta y aún están siendo evaluadas.
Illanes Sepúlveda manifiesta que el proyecto tiene “agujeros por todas partes” y que eso los deja en una situación de incertidumbre. “Aún no tenemos respuestas concretas y nosotros queremos certeza jurídica. Hemos sido pacientes, prudentes y flexibles. Pero la gente se cansó y ya no hay confianza en el Ministerio. Estamos al límite. La empresa que se adjudique el proyecto también se está comprando el conflicto”.
