Esta semana, en la Zona Azul de la COP29, en el estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, dos países se han anticipado a la fecha límite para presentar sus nuevas metas climáticas: Reino Unido buscará reducir sus emisiones contaminantes en un 81% para 2035, con respecto a las que tuvo en 1990; mientras que Brasil intentará una reducción de 67 % para el mismo año, con respecto a sus cifras de 2005.
Para febrero de 2025, los 198 países que han suscrito el Acuerdo de París, deberán entregar el documento llamado Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés). Allí se establecen los compromisos de los países para reducir sus emisiones contaminantes con el objetivo de limitar el aumento de temperatura global a 1,5°C.
Colombia hace parte de ese compromiso y declaró que quiere presentar una meta que se ajuste a las necesidades mundiales de mitigación del cambio climático. Sin embargo, la meta que se trazó en 2020, de reducir el 51% de sus emisiones contaminantes y tomar acciones de adaptación al cambio climático, como crear sistemas de alerta temprana efectivos, aún está lejos de cumplirse.
El Gobierno confirmó a Climate Tracker que la actualización de sus NDC, que presentará hasta febrero, fecha límite para la entrega de nuevos compromisos, estará centrada en un portafolio de inversiones en protección de la biodiversidad y la transición energética. Pero primero, buscarán que en la COP29 se asegure que al país llegará la plata que se necesita para financiar esas ambiciones.
Lograr esto va a depender de las negociaciones para establecer una nueva meta de financiamiento climático global (NCQG, por su sigla en inglés), tema central de la cumbre. Está pendiente la decisión de cuánta plata será movilizada por los países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo frente al cambio climático. Hay valores muy diferentes sobre la mesa, y también está abierta la discusión sobre qué países contribuirán a la base de financiamiento y de qué forma se movilizarán esos fondos.
En el cuarto día de negociaciones, las delegaciones continúan discutiendo el borrador sobre el que iban a trabajar, ya que el primero, que fue presentado hace semanas, fue rechazado por varios países del sur global. Hasta el momento, no se ha liberado un nuevo borrador “oficial”, aunque sí se repartió entre los delegados una nueva opción que contiene todas las opiniones. Es decir, no ha existido mayores avances hacia un acuerdo.
Una negociación estancada
El problema que tiene Colombia lo comparte con una parte importante de los países de América Latina. A pesar de que es una región que se ha mostrado ambiciosa por aportar en la mitigación del cambio climático, necesita plata para cumplir con ese propósito.
Las negociaciones para establecer unas nuevas metas de financiamiento climático global , que promete ser parte de la solución, se han estancado en varias discusiones. Una de ellas tiene que ver con la plata que le ha llegado hasta ahora a los países desarrollados para enfrentar la crisis climática.
Un informe del Comité Permanente de Finanzas de la oficina de Naciones Unidas para el Cambio Climático, presentado durante la COP29, resume la situación: mientras que los países desarrollados aseguran que en 2022 lograron entregar US $115.000 millones en financiamiento para los países en desarrollo, la ONG Oxfam Internacional asegura que apenas una cuarta parte de esa cifra podría considerarse efectivamente como financiamiento climático.
“Lo que hicimos en nuestra metodología fue contabilizar las donaciones y la parte concesional de los créditos, la parte que no tendrían que devolver”, señala Norman Martín Casas, investigador de esa organización. En sus cuentas, la financiación de ese año fue de alrededor de US $30.000 millones. Los US $85.000 que adiciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contabilizan créditos que los países deben pagar con intereses a la tasa del mercado y que hacen parte de su deuda externa.
Por ejemplo, según el más reciente Índice de Finanzas Sostenibles, Colombia ha recibido un total de US $2.200 millones en financiación para enfrentar el cambio climático y conservar su biodiversidad. Sin embargo, el 93,6% de esos recursos han llegado al país por medio de préstamos que han aumentado la deuda externa, mientras que solo el 6,4% han sido “subvenciones”, es decir, dinero que no tienen que regresar.
Los países de América Latina y el Caribe, y otros países en desarrollo, quieren cambiar eso. Colombia ha sido explícita en las negociaciones en pedir dos cosas: “que la nueva meta de financiamiento debe estar dirigida a los países en desarrollo y que debe ser principalmente en forma de donaciones”, según Nicole Makowski, quien sigue las negociaciones en la COP29 y es coordinadora de financiamiento climático del Grupo de Financiamiento Climático (GFLAC), una organización que analiza este problema en la región.
Pero, allí hay un “problema político”, de acuerdo con Muhamad. “Nuestra región no negocia en conjunto, es difícil lograr posiciones conjuntas porque estamos muy fragmentados”. Se refiere al hecho de que, aunque gran parte de los países de América Latina están en el bloque denominado AILAC, hay países como Brasil y Ecuador que pertenecen a otro, llamado Grupo SUR.
A pesar de esto, para Makowski es importante el hecho de que la región ha puesto sobre la mesa propuestas como “una distribución equitativa del financiamiento por regiones”. Es decir, que se garantice que un porcentaje o un monto específico de la nueva meta de financiamiento llegue específicamente a América Latina. Para Muhamad, esta propuesta es fundamental porque “hay una discusión sobre los países más vulnerables, que son las islas y los que tienen menos capacidad económica, y, por otro lado, los que han causado este problema, que son los industrializados. América Latina está en el medio y queda totalmente invisibilizada”.
Además, por parte de varios países hay “una ambición muy grande, que plantear una reforma al sistema financiero internacional”, asegura Alejandra López, directora de diplomacia climática de Transforma, una ONG que sigue las negociaciones climáticas. Este tema podría negociarse en los mecanismos de financiamiento, pero tampoco está claro si hará parte de las discusiones. Para Muhamad, representante del Gobierno en esta COP29, es clave que empiece a hablarse, de lo contrario, la conferencia seguirá “dando vueltas alrededor de un círculo en el que en la mitad está la injusticia, pero de esa injusticia no se habla”.
Las nuevas metas de reducir emisiones en Colombia
La última vez que Colombia actualizó sus NDC fue en diciembre de 2020, cuando se comprometió a reducir más de la mitad de sus emisiones contaminantes. “Yo creo que es una de las pocas metas que se acerca a los rangos que requiere la ciencia”, dice Alejandra López.
A pesar de esto, señala la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, “las metas van mal en implementación. Fue una buena meta, bien hecha técnicamente, tiene una ambición importante, pero se quedó en trabajo técnico”. Se refiere a aspectos como el tratamiento de aguas residuales, los estudios de riesgo de desastres climáticos o la contención de la deforestación (que, aunque tuvo cifras históricas en 2023, se prevé que aumentará en 2024).
Por eso, el foco del Gobierno para la próxima NDC estará en encontrar los recursos que se necesitan para financiar sus políticas, como el impulso de la transición energética, el nuevo Plan Nacional de Biodiversidad (publicado en la COP16, en Cali) y el fortalecimiento de su Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en un año en el que las sequías y las inundaciones ocasionaron problemas en gran parte del país.
De este portafolio se está hablando desde hace un año, cuando la ministra lo presentó en la pasada cumbre de cambio climático en Dubái (COP28). “Lo que queremos dejar es una plataforma de inversiones. Algo que cuantifique con claridad que, si logramos implementarlo, realmente vamos a tener una plataforma de reducción de emisiones y mucho énfasis en la adaptación al cambio climático”.
Aunque esta actualización no implica necesariamente un aumento en el porcentaje de reducción de emisiones, para López, sí es algo que puede “hacer más ambicioso su NDC y hacer que el país atraiga inversiones internacionales”. La investigadora considera que Colombia ha tenido un papel protagónico en las negociaciones para conseguir esas inversiones, pero el panorama de las negociaciones para lograrlo no pinta muy bien.
