“Uno va aprendiendo a retazos”, comenta Landy Méndez Amarís sobre su experiencia instalando paneles solares en las viviendas de la comunidad Nuevo Caño Clarín. A su lado, mientras comparten un café recién hecho en un fogón de leña, Josefa Tomas y José María Rojano, habitantes de la región, asienten, confirmando sus palabras. Esta comunidad de 500 familias, ubicada a lo largo de la vía que conecta Barranquilla con Santa Marta, en la costa norte de Colombia, forma parte del 43% de los municipios del país que experimentan la pobreza energética, término que define a quienes sobreviven con menos energía de la que necesitan “para acceder a recursos esenciales que permitan mantener un nivel de confort y bienestar”, dice el investigador de la Universidad del Norte David García.
Caño Nuevo Clarín se extiende atravesando la vía parque Isla Salamanca,uno de los humedales más importantes del país y un área protegida por Colombia bajo el convenio RAMSAR desde 1988. Debido a su estado de área protegida, Parques Nacionales Naturales de Colombia ha prohibido conectar a los habitantes de Caño Clarín al sistema nacional de energía.
Así, la comunidad, casi todos desplazados por el conflicto armado colombiano, se ve forzada a autofinanciar sus sistemas eléctricos. La inversión realizada por cada parcela varía entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos colombianos (unos 350 a 466 dólares), lo que representa un gran sacrificio para estas familias, quienes sobreviven con menos de 1.462.000 pesos colombianos cada mes (unos 340 dólares). Según relatan sus habitantes, solo el 5% ha logrado reunir el dinero necesario para la inversión, que consiste en dos paneles solares de 150W, una batería de 100 amperios hora, un inversor de 600W y un controlador de 30 amperios, como lo relata Méndez.
El sistema les permite encender tres bombillas, cargar tres celulares y, ocasionalmente, usar un ventilador durante cuatro o cinco horas en las calurosas noches del Caribe colombiano, cuenta Tomas. Sobreviven con 45 kWh al mes, el equivalente a entre el 15 % y el 18 % del consumo energético de un hogar promedio de estrato 4 en Barranquilla, la ciudad más cercana.
Aunque la región Caribe de Colombia es potencia nacional para la implementación de granjas solares y parques eólicos, la estructura del sistema energético colombiano no garantiza que esta energía llegue a comunidades como Caño Clarín. Además, si bien la comunidad busca acceder a los proyectos energéticos de la administración de Gustavo Petro, nada garantiza su acceso al programa.
Los expertos entrevistados coinciden que para que la transición energética justa llegue a lugares como Caño Clarín, debe ser el resultado de una corresponsabilidad entre entidades territoriales, el gobierno y las comunidades, con un enfoque descentralizado que adapte las tecnologías a las necesidades locales.
Una oscuridad desigual
En Colombia, la pobreza energética es 11 veces más grave en áreas rurales que en urbanas, dice el investigador David García, quien trabaja en el Consorcio ESLATINA – Energía Solidaria para América Latina, donde investiga la pobreza energética y la vulnerabilidad en Colombia, Cuba y México.
El Indicador de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) del Ministerio de Minas y Energía, que aún se encuentra en desarrollo, indica que las regiones con mayor pobreza energética son la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y partes de la Región Caribe, con Vichada (71%), Vaupés (66%), Guainía (62%) y La Guajira (60%) como los departamentos más afectados. Los Andes colombianos, donde se ubican las principales generadoras de energía, presentan los niveles más bajos de pobreza energética.
El departamento del Atlántico, que colinda con Caño Clarín, se distingue por sus altos niveles de pobreza energética en términos de calidad del servicio comparado con otros departamentos según el mapa del Ministerio de Minas y Energía. Además, es una de las regiones en donde la energía es más costosa: mientras que los hogares más pobres (en Colombia se clasifican como “estrato 1”) que utilizan la empresa eléctrica Air-e pagan entre 107.002 y 116.725 pesos colombianos al mes (unos 24 a 27 dólares), casi el 9% de su salario mínimo; los usuarios del mismo estrato en la ciudad andina Medellín, pagan 34.156 pesos (unos 8 dólares) a la empresa de servicios públicos local, EPM, evidenciando un sobrecosto de hasta el 242%.
La tarifa de energía en el Caribe colombiano es más elevada debido a varios factores, dice el ingeniero Carlos Cárdenas Guerra, presidente seccional para el Atlántico de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM). El calor extremo incrementa el consumo energético, lo que sobrecarga una infraestructura ya deficiente. Esta mayor demanda, combinada con una oferta limitada, infla los precios. Además, la región depende principalmente de termoeléctricas, cuya producción es más costosa en comparación con las hidroeléctricas.
Las pérdidas por fallas técnicas y robos de energía agravan la situación, ya que los usuarios deben asumir esos costos. A esto se suman las deudas acumuladas durante la pandemia, generando un ciclo de altos precios que persiste, explica Cárdenas.
Como consecuencia, la región experimenta constantes cortes de energía, que dificultan la refrigeración de alimentos y medicamentos, y la exposición a temperaturas extremas sin ventilación adecuada, lo que afecta la salud y el rendimiento escolar, dice el investigador García.
Para los habitantes de Caño Clarín, las consecuencias de la pobreza energética son variadas. “No podemos almacenar ni refrigerar alimentos, no podemos usar un ventilador y, por la noche, ni siquiera podemos ver quién llega”, dice Méndez. Además, menciona que, en medio del intenso calor, “no se puede disfrutar de un simple jugo frío”. La región enfrenta conflictos como el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades cuando cae la noche. Tomas añade que, cuando los envuelve la oscuridad, “la inseguridad también aumenta, nos han robado en la noche en tres ocasiones”.
¿Una transición justa?
En el departamento del Atlántico se han puesto en marcha proyectos como los parques solares Guayepo I y II, que cuentan con 820.600 paneles solares y generan 486.7 megavatios anuales, con la meta de alcanzar 1.030 megavatios al año, lo que podría abastecer a 1.4 millones de personas y representar el 70% del consumo energético del Atlántico.
De acuerdo con el gobernador del departamento, Eduardo Verano de la Rosa, esta y otras iniciativas demuestran el compromiso de su administración con la transición energética y con la mejora la calidad de vida en localidades como Sabanalarga y Barranquilla, lo que, en teoría, podría ayudar a disminuir la inequidad tarifaria y la pobreza energética en la región.
Sin embargo, el ingeniero Cárdenas Guerra advierte que este tipo de proyectos energéticos no son una solución a la pobreza energética de las zonas que las generan. Estas iniciativas en su mayoría, son gestionadas por grandes generadores de energía que alimentan una bolsa nacional que distribuye electricidad a diferentes regiones. Así, iniciativas como Guayepo, o dos parques eólicos en funcionamiento en el desierto de La Guajira, poco aportan a mejorar el acceso a energía.
Para que la transición energética en Colombia realmente ayude a resolver los problemas de pobreza energética, lo primero que debe pasar es que los análisis y la toma de decisiones se hagan desde los territorios, dice Cárdenas Guerra.
Esto se traduciría en una atención que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada región. Por ejemplo, la generación de energía deberá trasladarse a las comunidades y territorios vulnerables para su administración, operación y mantenimiento, explica Juan Carlos Agreda, encargado de relacionamiento social de comunidades energéticas del Ministerio de Minas y Energía. Esto, dice el funcionario público, no solo mejoraría las condiciones de vida a través del acceso a la energía, sino que también crearía ingresos adicionales a partir de la venta de excedentes.
Tanto Cárdenas Guerra como García señalaron que la eficiencia energética debe ser el eje central de la transición justa, pues si la demanda disminuye, ya habría una diferencia tan grande entre oferta y demanda, lo que ayudaría a desinflar los precios en regiones como el Caribe, que golpea con mayor fuerza a los hogares más pobres.
La apuesta del gobierno de Petro
La apuesta central del gobierno de Gustavo Petro para atacar la pobreza energética y promover la transición energética son las comunidades energéticas. Estos proyectos, liderados por el Ministerio de Minas y Energía, consisten en la asociación de un grupo de personas que se unen para producir y usar energía de manera más eficiente y sostenible. Estas comunidades generan su propia energía a partir de fuentes renovables, como la solar o la eólica, y pueden compartir esa energía entre sus miembros.
Las comunidades pueden inscribir proyectos de hasta 5 megavatios, sin un límite mínimo de casas. Hasta ahora, se han formulado 30 proyectos financiados por diversas entidades, evaluando la ubicación de las viviendas y la tecnología utilizada, explica Maximiliano Bueno, asesor general de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). A la fecha, el ministerio ha recibido 20.000 postulaciones con el objetivo de implementar 1.000 proyectos. Sin embargo, esta convocatoria está cerrada porque no se cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para responder a todos los proyectos. El funcionario explica que, en este contexto, la comunidad de Caño Nuevo Clarín podría acercarse a la UPME o al Ministerio de Minas y Energía para revisar si hay recursos disponibles para apoyarlos a través de regalías municipales.
La falta de apoyo por parte del Estado es frustrante para la comunidad, dice Albeiro Enrique Guzmán Morelos, presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño Nuevo Clarín. “Cada cuatro años las administraciones se aprovechan de nosotros con promesas de llevarnos electricidad, solo para conseguir nuestros votos”, dice. Además, menciona que la oposición de Parques Nacionales a la expansión de redes eléctricas en la zona debido al riesgo de sobrepoblación y al impacto ambiental que esto podría causar, los hace sentir excluidos por el Estado.
Ante la incertidumbre, la comunidad ha estado organizándose para buscar soluciones. En una reciente reunión con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, expusieron sus necesidades, y ella se comprometió a escalar esta problemática al gobierno nacional. A la fecha, no han tenido más comunicación con el ministerio, según Guzmán Morelos.
A pesar de los esfuerzos incansables de Méndez y otros líderes comunitarios, el camino ha sido arduo. La llegada de la energía solar ha mejorado ligeramente sus condiciones de vida pero siguen sin contar con el respaldo estatal. Solo reciben asistencia técnica de Serpa Ramos, un ingeniero eléctrico que les asesora en la compra, la instalación y mantenimiento de los paneles solares.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño Nuevo Clarín, mantiene la esperanza de que las entidades estatales se interesen en llevar proyectos energéticos a su territorio. “La comunidad necesita esa conectividad, esa energía para enfrentar las temporadas de calor intenso y espantar las plagas que llegan con los inviernos. “Para poder tener un ventilador para refrescarse y poder dormir dignamente”.
