Centroamérica es el epicentro de una creciente vulnerabilidad climática que impacta directamente en la vida de sus habitantes, ecosistemas, infraestructura y economías, sumado a enormes problemas estructurales que arrastra del pasado. Esto le planta un desafío esencial en el marco de la 30° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que comenzó en Brasil el 10 de noviembre: encontrar financiamiento no solo para la mitigación, sino también para la adaptación a los efectos cada vez más intensos y recurrentes de la crisis climática.
En este sentido, las discusiones de la COP30 – que comienza su segunda semana de negociaciones – han colocado el financiamiento como una de las principales prioridades, pero también como un punto de conflicto. Los países en vías de desarrollo han solicitado triplicar el financiamiento destinado a la adaptación, pero el principal obstáculo radica en lograr criterios unificados.
La meta inicial con la que arrancó esta cumbre y que se estableció el año pasado durante la COP29 en Bakú es de US$300 mil millones de dólares anuales, lo que resulta insuficiente para las naciones que se ven más impactadas por el cambio climático. Por ello, se planteó que debía escalarse a US$1,3 billones de dólares.
Pero la discusión en Belém se desarrolla no sólo en torno a cuánto dinero tienen que aportar los países desarrollados, sino también en los mecanismos para otorgarlos, pues históricamente se han consolidado como financiamientos que producen más deuda pública a las ya sobreendeudadas economías más vulnerables.
En el primer día de intervenciones de la COP30, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, habló en representación del grupo de países que conforman la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) -en la que participan también Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú- y señaló que el peso de la deuda limita la acción climática en la región.
Vélez hizo un llamado para que las discusiones sobre financiamiento incluyan mecanismos de financiamiento concesional que no incrementen la deuda y que generen espacio fiscal, así como una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional. Lograr esto resultaría vital para las naciones centroamericanas.
Precisamente, el Séptimo Informe Estado de la Región, publicado recientemente, proyecta que en el territorio centroamericano podría generarse un incremento de temperatura de entre 2 °C y 4 °C hacia finales del siglo. Asimismo, las precipitaciones podrían disminuir entre un 5% y un 31%, según el país, con un impacto particularmente fuerte en el Corredor Seco Centroamericano —que abarca Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala—, así como en las zonas costeras de República Dominicana.
En paralelo, la ciencia muestra que habría un aumento de las lluvias intensas que provocarían inundaciones y deslizamientos, generando una mayor vulnerabilidad en la población e infraestructuras; todo ello impactando sectores esenciales como cultivos, cobertura forestal, generación hidroeléctrica y el acceso al agua.
De acuerdo con Leonardo Merino, coordinador del programa Estado de La Nación e investigador del informe Estado de la Región, a Centroamérica le “agarró tarde” para entender su verdadero reto en materia de cambio climático, y aunque resulta vital reducir la generación de emisiones contaminantes, se introdujo de lleno donde estaba el dinero: en mitigación.
“Para una región en condiciones de tanta desigualdad, vulnerabilidad, exposición y debilidad institucional, el principal problema que debimos abordar hace años era la adaptación, con el fin de prepararnos para el golpe que nos llegaría. Las proyecciones del informe plantean que tendremos condiciones más hostiles, y mientras el mundo no cambie sus emisiones de manera sólida -y la evidencia muestra que vamos en reversa- la adaptación debe ser nuestra prioridad”, indicó el experto.
Aunque sí reconoció que las políticas de adaptación han avanzado, aún no lo han hecho en la escala y condiciones que se requieren para dar sostenibilidad y reducir los riesgos.
El programa Estado de la Región hizo un análisis de 269 experiencias de adaptación en la región centroamericana (incluyendo a República Dominicana) y el 88% contó con participación estatal, alianzas estratégicas con el sector privado, sociedad civil, organismos cooperantes, organizaciones no gubernamentales y la academia.
Pese a ello presentan importantes limitaciones como una alta dependencia del financiamiento internacional, limitada capacidad institucional en algunos territorios y el apremio de mayor articulación territorial y multisectorial.
El reto: financiamiento para adaptación
Según el Índice de Finanzas Sostenibles 2025, los avances en materia de financiamiento climático son insuficientes. Los ingresos por actividades intensivas en carbono superan en 11 veces a los sostenibles, y los presupuestos destinados a sectores con alto impacto ambiental son cinco veces mayores que aquellos dirigidos a la acción climática.
Al afinar el foco sobre Centroamérica, el IFS ubica a Panamá en su Ranking de Finanzas Sostenibles 2025, como el país mejor posicionado del istmo, con un desempeño “muy alto” (con una calificación de 3,5 de 4 puntos), producto de su alta captación de financiamiento internacional climático y su baja exposición a fuentes intensivas de carbono.
Honduras le sigue con un 3,3, luego de experimentar una mejora con respecto al ranking del año pasado al obtener más flujo de financiamiento internacional; El Salvador con un 2,8 en una valoración medio-alta, al lado de Nicaragua que alcanzó 2,3; y Guatemala con un 2,2 en categoría media. Costa Rica figura con una calificación medio-baja de 1,4.
Entonces, el financiamiento internacional dirigido a los países centroamericanos -así como para el resto de Latinoamérica- se ha convertido en un instrumento para impulsar la sostenibilidad fiscal y ambiental, pero con el mismo problema: se enfoca en mitigación y poco en adaptación, algo que genera presiones fiscales en economías, ya de por sí, sumamente endeudadas.
Solamente Nicaragua y Guatemala han logrado acceder a mayores subvenciones, un 100% y 56% respectivamente, un apoyo más sostenible, dado que no incrementa el endeudamiento público y suele ser más flexible. En contraste, Honduras accede a este tipo de financiamientos solamente en un 7%, Costa Rica el 5%, El Salvador 4% y Panamá el 3%.
Según el citado reporte, la calidad del financiamiento es tan importante como la cantidad, de manera que fortalecer el acceso a recursos concesionales, mejorar la transparencia en su uso y asegurar una distribución equilibrada entre mitigación y adaptación resulta esencial para alcanzar una transición justa, fiscalmente sostenible y alineada con los compromisos globales que se han planteado en la COP30.
Para Leonardo Merino del Estado de la Región, en el caso de Centroamérica, y en especial Costa Rica, hay que entender la necesidad de que el Estado haga esfuerzos por reducir los riesgos y avanzar en adaptación, que no sólo pasa por conseguir los recursos financieros, sino también por ordenar los territorios con procesos participativos y herramientas robustas.
“Debemos encaminarnos de una sola vez en la adaptación transformacional, pensar en cómo modificar los patrones productivos de consumo, en agricultura, viviendas seguras; así como reducir las desigualdades y rezagos, garantizar la seguridad alimentaria, resolver el tema hídrico y la generación de energía sostenible”, añadió el investigador.
Pero, ¿qué dicen las NDC centroamericanas sobre financiamiento?
No todos los países de la región han presentado oficialmente la actualización de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) -que constituyen las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático-, pero ya se ha registrado su rendición de cuentas y en todas habla sobre necesidades de financiamiento para la adaptación.
Por ejemplo, Honduras se propuso reducir su emisión de gases contaminantes en un 16% y asumió trece objetivos estratégicos de mitigación y adaptación, pero todo esto depende del financiamiento internacional.
Nicaragua también presentó su NDC, en la cual evidenció el impacto que sufre por eventos climáticos extremos, pero no cuenta con un sistema de monitoreo para sistematizar las acciones de adaptación, por lo que expresó la necesidad de fortalecer sus capacidades para acceder a fondos internacionales.
Además, en el análisis de avance y principales metas establecidas en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas señalan como condicionante esencial para su cumplimiento el tema del financiamiento.
La NDC de Panamá pretende reducir sus emisiones en un 11%, así como restaurar 100.000 hectáreas de ecosistemas; e incluso plantea que podría bajar los gases un 6%, pero condicionado a recibir fortalecimiento de capacidades, intercambio de tecnologías y en especial financiamiento, lo que podría darse a través del mercado de carbono y la cooperación.
Por su parte, Costa Rica presentó el pasado 15 de noviembre sus compromisos climáticos, prometiendo entre otras cosas reducir en un 53% sus emisiones de gases contaminantes e impulsar mecanismos y proyectos para mitigación en áreas como energía y transporte, descarbonización industrial y edificaciones sostenibles. También busca consolidar la carbono neutralidad en la agricultura y ganadería, así como mover iniciativas en adaptación. Sin embargo, casi todo estaría condicionado a lograr mayor cooperación internacional, financiamiento externo y del sector privado.
Adaptación es el pilar en la COP30
En entrevista, el viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de Costa Rica, Carlos Isaac Pérez Mejía, fue enfático en señalar que se requiere acompañamiento desde el punto de vista financiero si se espera que el país, y las naciones centroamericanas avancen en las medidas de adaptación.
“Claramente tenemos que ser ingeniosos en cómo serán las futuras finanzas climáticas, según las condiciones que tenemos como país y región, y en eso estamos trabajando. Por eso la COP30 tiene que ser la cumbre de la implementación, vamos a presentar los resultados que hemos tenido en la implementación de finanzas del clima”, añadió el jerarca.
Pérez recalcó que los países miembros de AILAC han sido claros en que se requiere mayor financiamiento climático para atender las necesidades crecientes, aunque requerirán conversar con otros grupos de naciones que tengan intereses comunes para tener una mayor fuerza en las negociaciones.
Por su parte, Carolina Sánchez de la Red Gran Caribe Libre de Fósiles recordó que los gobiernos deben volver la mirada hacia los temas de adaptación en el marco de la COP30, y precisamente el reclamo de la sociedad civil es que no hay dinero para atender este rubro.
Sánchez agregó que el impacto que sufren los países centroamericanos por los efectos del cambio climático es evidente. Pese a ello, los fondos son mínimos, mientras que las negociaciones en las cumbres no llegan a los montos esperados debido a que no hay consenso ni ejecución real del financiamiento, tanto en adaptación como en pérdidas y daños.
“Desde la sociedad civil pedimos que el financiamiento sea de fácil acceso y directo para las comunidades más afectadas, porque el problema en el fondo es cómo se ejecutan los dineros, muchas veces se quedan en los gobiernos centrales y no necesariamente llegan a las localidades. La COP30 tiene que ser el espacio en que se avance en financiamiento para adaptación”, recalcó Sánchez.
En este sentido, Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonía de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, social y climática (Latindadd), fue clara en que el financiamiento climático es clave en las negociaciones, pero coincidió en que se necesita dinero público ágil, predecible y libre de deuda, con metas claras.
Por ello, se busca incrementar los flujos a US$1.3 billones de dólares anuales (NCQG), triplicar los fondos de adaptación y alinear todos los recursos financieros con el cuidado de la vida y el planeta, como establece el artículo 2.1.c del Acuerdo de París.
Pese a esta realidad, lo cierto es que los recursos son limitados. El más reciente informe sobre la Brecha de Adaptación 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) plantea que las necesidades de financiamiento para adaptación de los países en desarrollo rondarán entre los US$ 310.000 millones y US$ 365.000 millones de dólares anuales para el 2035.
Esto mientras que la financiación pública internacional para la adaptación de los países desarrollados hacia las naciones en vías de desarrollo disminuyó de US$28.000 millones de dólares en 2022 a US$26.000 millones de dólares en 2023.
Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, aseguró durante la conferencia de prensa de lanzamiento del informe el pasado 29 de octubre, que a menos que cambien las tendencias, no se logrará el objetivo del Pacto Climático de Glasgow (acordado en la COP26, en 2021) de financiar la adaptación en estas naciones por US$40.000 millones de dólares anuales para 2025, ni destinar al menos US$300.000 millones de dólares anuales a mitigación y adaptación para 2035.
“Con la Hoja de Ruta Bakú-Belém, que se considerará en la COP30 en Belém, Brasil, tenemos la oportunidad de recaudar US$1,3 billones de dólares anuales para 2035, pero para que esto funcione será necesario que se sumen nuevos proveedores e instrumentos financieros, que la resiliencia climática se incorpore a la toma de decisiones financieras y que los esfuerzos se centren en la financiación en condiciones favorables y donaciones para no aumentar la carga de la deuda de las naciones vulnerables”, dijo Andersen.
