En la COP30, que este año se celebra en Belém do Pará, Brasil, el debate global coloca la adaptación al cambio climático como tema central: la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) busca acordar 100 indicadores comunes y medibles para monitorear el progreso real en resiliencia y protección frente a los impactos climáticos. En América Latina, y especialmente en países como Honduras, el reto es mayúsculo.
Daniel Porcel, del Instituto Talanoa de Brasil, señaló en conferencia de prensa de Climate Action Network Latin America (CANLA) que los costos de los eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe llegan a 1.2 millones de dólares por hora, pero, más allá de las cifras, se trata de vidas, familias, comunidades enteras, indígenas, pueblos afrodescendientes y niñez.
Porcel expresó que “salir de esta COP sin aprobar la lista de indicadores con medios de implementación de calidad sería un fracaso colectivo, no solo para la región, sino para todo el mundo”. Pero la primera semana de discusión en Belén mostró que la COP puede terminar sin esa decisión.
Los 100 indicadores de la GGA permitirían medir y comparar el avance de los países en resiliencia climática de manera estructurada y transparente. Estos indicadores están organizados en dominios de resultado en los sectores salud, agua, alimentos, infraestructuras/servicios, ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, medios de vida y patrimonio/identidad; así como en dominios habilitantes, siendo estos gobernanza, planificación, financiamiento, conocimiento y sistemas de alerta.
La clave de estos indicadores es que serían comparables y rastreables, facilitando la evaluación del progreso real y la orientación de la toma de decisiones, y garantizando que las acciones de adaptación sean tangibles y verificables para todas las regiones del mundo. En definitiva, esta estructura permitirá monitorear avances, identificar brechas y fortalecer la cooperación internacional para los países en desarrollo en materia de adaptación climática.
En la primera semana de la COP30, las negociaciones en esta materia han expuesto el desacuerdo entre países sobre cómo medir el progreso y cuáles indicadores adoptar.
Hay consenso en que los indicadores deben ser dirigidos por los países y no generar nuevas obligaciones; y que deben medir avances colectivos y evitar comparaciones país por país.
El último borrador del texto indica posibilidades distintas de encaminamiento: una es que se adopte la lista de indicadores en Belém y otra que se postergue la decisión para la COP que se celebrará en 2027 en África. De hecho, es del Grupo Africano la propuesta de aplazar una decisión. El Grupo SUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la AILAC, que es la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe, han manifestado su preferencia por la adopción de la lista de indicadores en Belém.
Previo al inicio de la COP, la Fundación Ecología y Desarrollo de Honduras (ECODES), a través de un posicionamiento al que tuvo acceso Climate Tracker América Latina, llamó a priorizar la adopción del marco de indicadores del GGA en las negociaciones de Belém, calificándolo como uno de los avances más importantes del proceso. No obstante, advierte que, para que sean realmente útiles, deben vincularse adecuadamente con los informes de transparencia (BTRs), los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) y los ciclos del Global Stocktake. Es imprescindible, afirma la Fundación, que se acompañen con mandatos claros en materia de financiamiento, desarrollo institucional, recopilación de datos y alineación con las prioridades nacionales. Sin estos elementos, el GGA corre el riesgo de quedarse como una herramienta técnica sin impacto real en la resiliencia climática internacional.
Honduras y la adaptación
Honduras figura como uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático, ocupando el tercer lugar global según el Índice de Riesgo Climático 2025, principalmente por su ubicación geográfica, la deforestación y la alta exposición a huracanes y sequías. Pedro Landa, coordinador de la Red Continental Iglesias y Minería, subraya la vulnerabilidad crítica de Honduras. A pesar de 20 años de comisiones y planes para enfrentar el cambio climático, Landa advierte que no existen medidas efectivas que reduzcan realmente la vulnerabilidad del país, sino principalmente acciones humanitarias y de mitigación a consecuencias inmediatas, como la pérdida de cosechas.
Landa alerta que Honduras atraviesa una «ebullición climática» irreversible, donde los impactos ya no se detienen: solo se puede aminorar su daño. Por ejemplo, la zona costera del Golfo de Fonseca desaparece poco a poco por el aumento del nivel del mar, obligando a la reubicación de comunidades que pierden sus territorios y modos de vida tradicionales, lo que requiere planes de adaptación con participación comunitaria real y no solo respuestas desde centros urbanos.
Edy Méndez, de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), describe la fragilidad estructural del país: “Tenemos muy poca capacitación a nivel de comunidades vulnerables y la infraestructura nacional es altamente frágil. La planificación de la adaptación debe pasar de lo nacional a lo local; muchos municipios no tienen planes efectivos, y acceder al financiamiento internacional requiere alianzas y mayor conocimiento sobre fondos disponibles”. Méndez enfatiza la urgencia de implementar proyectos participativos —como los que gestiona CASM con fondos internacionales— que prioricen las necesidades de comunidades rurales, indígenas y costeras.
Según la respuesta oficial de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Honduras no cuenta con avances en la gestión ni en el desarrollo del Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático (NAPA). Aunque la Dirección Nacional de Cambio Climático reconoce que, según la matriz de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), el país debía haber finalizado el proceso de elaboración del NAPA en 2022, hasta la fecha no existe evidencia de progresos en su implementación.
Actualmente, la Unidad de Adaptación dispone únicamente de un Plan Nacional de Adaptación vigente para el período 2018-2023, el cual está atravesando una evaluación de resultados y estado de implementación, con miras a ser actualizado para el ciclo 2025-2030.
Financiación, el gran desafío
Porcel recordó que, a diez años del Acuerdo de París, el planeta sigue sin un objetivo global claro y sin mecanismos financieros suficientes para cerrar la brecha de más de 300 mil millones de dólares anuales para promover la adaptación frente al cambio climático, señalada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Para Porcel, la falta de capacidades para implementar planes de adaptación es un desafío mayor y el legado de Belém estará determinado por la capacidad de los países para asumir la responsabilidad de avanzar en la adopción e implementación real de la adaptación.
En este contexto, destacó que América Latina respalda el llamado a triplicar el financiamiento de la adaptación al 2030; aunque esto no cerrará totalmente la brecha, mostraría señales claras de crecimiento y compromiso internacional, sobre todo en un tema que, al final, define la justicia climática mundial.
En las salas de negociación, los grupos Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), Grupo Africano y Países de Ideas Afines en Desarrollo (LMDC) apoyaron – con la oposición de la Unión Europea – la inclusión de un llamado para que los países desarrollados al menos tripliquen su provisión colectiva de financiamiento para adaptación entre 2025 y 2030.
Por su parte, Landa enfatiza que el gran desafío en adaptación está en conectar la financiación con realidades locales, reconociendo las particularidades ambientales y culturales de Honduras. Propone un modelo que privilegie la agricultura familiar, orgánica y para consumo, en lugar de imponer cultivos o producciones pensadas para exportación y el mercado, para evitar la dependencia económica que ya ha provocado pérdidas entre pequeños productores por la volatilidad internacional.
Además, Landa insiste en la necesidad de que Honduras revise sus políticas extractivistas que incrementan la vulnerabilidad, como la expansión de palma aceitera, minería a cielo abierto y proyectos energéticos que no benefician a las comunidades locales. Sugiere descentralizar la generación de energía hacia proyectos comunitarios autosuficientes, que aporten a la resiliencia y autonomía territorial.
Respecto al acceso a financiamiento, Méndez menciona que Honduras tiene fondos internacionales como el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima, parte del sistema de Naciones Unidas, pero enfatiza la necesidad de dinamizar la gestión y el conocimiento técnico para que los recursos lleguen al país y a las comunidades más desplazadas. El CASM, como organización acreditada ante el Fondo de Adaptación, gestiona actualmente tres proyectos de cuatro millones de dólares cada uno, enfocados en prácticas de adaptación con comunidades rurales, pesqueras, marino-costeras y población garífuna.
Un reto clave, insiste Méndez, es la falta de información sobre oportunidades de financiamiento y procedimientos para acceder a los fondos, así como la necesidad de alianzas entre organizaciones nacionales y multilaterales como el PNUD, FAO y GCI, para ampliar el alcance financiero y técnico en medidas de adaptación. “Las comunidades deben participar activamente en la identificación de vulnerabilidades y capacidades locales, en definir prioridades y requerimientos para la efectividad de las acciones”, subraya.
En la COP30 lo fundamental en materia de adaptación para Honduras, sería asegurar financiamiento accesible y directo, sin que genere deuda, para implementar de manera efectiva los Planes Nacionales de Adaptación, según explicó Ricardo Pineda, director de Sustenta Honduras.
Pineda destacó la importancia de que se cumpla el compromiso global de triplicar los recursos destinados a adaptación hasta alcanzar los 120 mil millones de dólares para 2030, priorizando a los países más vulnerables de Centroamérica.
La COP30 será recordada según la capacidad de los países y actores internacionales para transformar promesas en acciones concretas y financiadas, con inclusión de los territorios y comunidades más vulnerables. De acuerdo con los especialistas, el reto no solo está en acordar indicadores técnicos, sino en asegurar que la Meta Global de Adaptación se convierta en un verdadero motor de resiliencia, justicia y protección para quienes ya experimentan los impactos más graves del cambio climático.
