“Diez mil dólares invertidos directamente en comunidades rurales pueden significar la diferencia entre sobrevivir un evento climático extremo y la pérdida total”, comenta Adrián Martínez, de la Ruta del Clima, al advertir que, en la COP30, la Conferencia de las Partes de de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “ese tipo de acceso no se priorizó”.
Martinez se refiere al acceso directo que se esperaba para el Fondo para Responder a Pérdidas y Daños (FRLD), creado en la COP28 para atender los impactos irreversibles del cambio climático. Aunque el instrumento representó un avance histórico en la agenda climática, persisten cuestionamientos sobre la accesibilidad real de sus recursos.
En el borrador publicado este viernes 21, las partes acogen la adopción por parte del Consejo de su plan de trabajo para 2026 y mencionan que “esperan con interés” la implementación de las Modalidades de Implementación de Barbados, incluido el desarrollo de un marco de gestión de riesgos; el desarrollo del modelo operativo de largo plazo del Fondo, incluida la consideración de modalidades de desembolso rápido y de una política de pequeños subsidios; y el desarrollo de una estrategia y de un plan de movilización de recursos de largo plazo, entre otros puntos.
El viernes 21 también se presentó el borrador del Mutirão Decision, que da seguimiento a temas que no están en la agenda oficial de la COP30, pero poco se mencionan las pérdidas y daños, hasta esta actualización. El texto dice que se “esperan reposiciones exitosas del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños”.
Había expectativa de que más países cumplieran sus promesas de transferir recursos al Fondo, pero eso tampoco ocurrió durante la COP. En un inicio se prometieron alrededor de 780 millones de dólares, pero solo se ha entregado US$397 millones, y el monto resulta ínfimo frente a las necesidades reales de los países afectados.
La primera convocatoria para presentar solicitudes de financiamiento al FRLD fue abierta en la COP30. El documento oficial menciona que los países podrán acceder al fondo por medio de sus gobiernos nacionales; acceso en alianza con entidades que cumplan estándares equivalentes a bancos multilaterales y mediante entidades acreditadas ante otros fondos climáticos.
Pero el fondo, en vez de representar una solución estructural, evidencia sus limitaciones: no surge de obligaciones vinculantes ni responde a la deuda climática reconocida por tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y Corte Internacional de Justicia (CIJ), menciona Martínez.
De acuerdo con las organizaciones de sociedad civil, uno de los vacíos del documento preliminar presentado por FRLD es que no se menciona la resolución de la CIJ que señala la obligación de los estados para hacerle frente al impacto del cambio climático
Martínez advierte que “el fondo no está diseñado para defender los derechos humanos de las personas” y que su mecanismo excluye el acceso directo de las comunidades más afectadas. Se prioriza la canalización de recursos a través de entidades acreditadas y gobiernos, dejando fuera oportunidades de impacto real en territorios vulnerables.
El experto señala que, con la mitad de lo prometido entregado, el fondo sigue siendo insuficiente: “300 millones distribuidos entre 190 gobiernos es menos que simbólico”.
En 2021, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, reconoció que el cambio climático es una de las mayores amenazas al goce de derechos en las Américas. A razón de ello, en el marco de la COP30, expresa su preocupación por la insuficiente respuesta financiera frente a la emergencia climática y llama a los Estados a acordar compromisos ambiciosos, verificables y con enfoque de derechos.
Mesoamérica reclama justicia y respuestas ante la inacción climática en la COP30
Sara Omi, del pueblo Emberá de Panamá y presidenta de la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica, denunció en la COP30 la falta de acciones y políticas concretas frente a las pérdidas y daños sufridos por las comunidades indígenas y rurales. Tres años después de anunciarse el fondo, el impacto de huracanes, incendios y el aumento del nivel del mar sigue afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a sus territorios, sin que las soluciones lleguen a quienes resisten en la primera línea del cambio climático.
“Seguimos esperando que las palabras se traduzcan en hechos. Hasta ahora, no vemos iniciativas que partan de las realidades y necesidades de las comunidades, ni un reconocimiento efectivo de nuestro derecho a la reparación”, enfatiza Omi.
Por su parte, Joyce Santana, activista indígena Fulni-ô, del sertão de Pernambuco, Brasil, subraya que las pérdidas y daños por el cambio climático afectan directamente a las comunidades rurales y tradicionales, especialmente aquellas que menos contribuyen al problema, pero lo sienten con mayor intensidad. Santana explica que la variabilidad climática, la sequía y la falta de acceso al agua agravan la vulnerabilidad de los territorios indígenas, afectando la producción de alimentos y generando impactos que alteran los ciclos de vida y la supervivencia de su pueblo.
Desde la Coordinadora, las mujeres han elaborado un plan de género y cambio climático para visibilizar cómo la crisis afecta la salud, la agricultura ancestral y la soberanía de los pueblos mesoamericanos, y para exigir respuestas desde la perspectiva y el liderazgo de las mujeres.
Omi señala que la falta de resultados está directamente relacionada con la ausencia de voluntad política entre los Estados parte. Pese a campañas y discursos, la exclusión persiste en los mecanismos de financiamiento y en las decisiones globales sobre el clima, relegando la voz y el conocimiento de mujeres, indígenas y jóvenes del sur global. “¿Cuánto más hay que esperar para pasar del simbolismo a la acción real?”, cuestiona.
Un procedimiento lento y recursos limitados
Las comunidades más vulnerables se enfrentan a procesos burocráticos complejos, ya que el acceso sigue dependiendo en gran medida de intermediarios como gobiernos nacionales y bancos multilaterales, replicando modelos del pasado y no priorizando mecanismos directos para quienes más sufren los impactos del clima.
Martínez explica que el fondo recién abrirá el próximo año (2026), una ventana de seis meses para recibir solicitudes de los países, y su efectividad aún está por demostrarse. “Ya han pasado casi cuatro años desde su concepción y todavía hablamos de montos que resultan insultantes para los derechos de las personas”, agrega. Santana también reclama la necesidad de recursos directos y accesibles para las comunidades, criticando los mecanismos que priorizan la intermediación institucional por encima del acceso comunitario. Además, propone que la juventud indígena esté en el centro de las decisiones y la asignación de fondos, resaltando el potencial de las soluciones innovadoras y circulares que surgen desde los territorios, así como el protagonismo de los jóvenes en la defensa y gestión de los recursos para adaptarse y enfrentar el cambio climático.
En palabras de Martínez, es improbable que durante esta COP se anuncien nuevos recursos sustantivos para el fondo. El mecanismo depende de donaciones voluntarias de gobiernos y filantropías, sin garantías de sostenibilidad para años futuros. “No hay claridad si para 2027 quedará dinero, porque ya se está ejecutando lo poco que tiene”, apunta.
Centroamérica: una representación ausente
Mientras tanto, los gobiernos centroamericanos – de países con afectaciones y vulnerabilidad ante el impacto del cambio climático–muestran escasa representación y liderazgo en las negociaciones. Esto afecta la defensa de los derechos a reparación y redistribución justa de los recursos. “La obligación de reparar es estatal, pero se requiere liderazgo político para exigirlo en el sistema multilateral”, explica Martínez. Sin tales acciones, la brecha entre los derechos reconocidos por la jurisprudencia internacional y las decisiones adoptadas en la COP persiste, profundizando la desigualdad en la respuesta global al cambio climático.
