Los países latinoamericanos tienen ante sí retos importantes para aplicar al nuevo Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, en inglés), lanzado durante la COP30 en Belém do Pará.
El principal reto gira en torno a las medidas dirigidas a combatir la deforestación, el parámetro central del fondo.
“Es un incentivo si los países tienen políticas de conservación. El tema es cómo crear un pago por servicios ambientales y fomentar la idea de que (el bosque) es un bien público. El fondo no es para pagar cosas que el gobierno ya debería hacer”, dice a Climate Tracker América Latina Maria Netto, directora ejecutiva del no gubernamental Instituto Clima y Sociedad (ICS) de Brasil, que trabaja con comunidades en la Amazonia, la selva tropical más importante del mundo.
Anunciado desde Bali en la cumbre del G20 en 2022 – el grupo de las mayores economías del planeta – Brasil presentó la propuesta de un fondo multilateral de inversión para incentivar a los países con bosques tropicales a detener y revertir la deforestación y la degradación forestal durante la 28 Conferencia de las Partes (COP, en inglés) en la ciudad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en 2023.
Luego de tres años de debates con potenciales naciones inversionistas, organismos multilaterales y organizaciones filantrópicas e indígenas, la mayor economía latinoamericana lo lanzó formalmente el 6 de noviembre en la Cumbre de Líderes en Belém do Pará, previa al inicio de la COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Sin embargo, el protagonismo de la lucha contra la deforestación en Belém do Pará es minúsculo. El primer borrador de la declaración política final de la cumbre del día 18 instaba en el cuerpo del texto a los países a contribuir con el esfuerzo global para detener y revertir la tala y la degradación forestal en 2030.
Pero la propuesta de las primeras horas del día viernes 21 solo incluye su mención en el segundo párrafo del preámbulo del documento.
A la expectativa
La iniciativa ha despertado un cauto entusiasmo entre los pueblos indígenas del continente.
“No basta la mención, pedimos participación efectiva. No somos observadores. Nuestros territorios son nuestra identidad y la fuente de vida y de historia. La transparencia y trazabilidad (de los fondos) es clave. Muchas veces los Estados firman acuerdos y cuando van a aplicarlos, se quedan con los fondos”, señala a Climate Tracker América Latina el indígena kuna Olo Villalaz, de Panamá, y representante de la alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.
El lema indígena es sencillo y directo: “La respuesta somos nosotros”, en alusión a su rol como dueños y vigilantes de los sistemas forestales.
El TFFF acordó destinar 20% de los recursos directamente a los grupos indígenas. Sin embargo, aún faltan reglas nacionales para su aplicabilidad. Por ejemplo, en cuáles casos las haciendas nacionales recibirán los recursos y cómo los transferirán a los pueblos originarios, o bien si estos los recibirán directamente, en cuyo caso las organizaciones necesitan capacidades organizativas y de gestión.
El fondo establece que los países elegibles recibirían 4 dólares por hectárea de bosque conservado si la tasa media de deforestación en los últimos tres años es inferior a 0.5 % y si la tasa de degradación disminuye en el año en que se adhieren al TFFF.
El único latinoamericano que podría aplicar actualmente es Brasil, que recibiría unos 841 millones. Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia estarían cerca de cumplirlos, por un monto total de 630.5 millones. Otros, como México y Honduras, aún tienen un trecho importante por recorrer.
Hasta ahora, Noruega ha ofrecido 3.000 millones de dólares al fondo, Alemania, Brasil e Indonesia, 1.000 millones cada uno; Francia, 577 millones; Portugal, un millón, y un grupo de fundaciones, 10 millones.
La deforestación y la degradación serán penalizadas mediante deducciones de los pagos, a razón de 400 dólares por hectárea deforestada por debajo de una tasa total de 0,3 %, 800 por hectárea deforestada por encima de una tasa total de 0,3 % y 140 por hectárea degradada por incendios forestales durante los tres primeros años.
El TFFF ofrecerá un premio considerable de largo plazo para la lucha eficaz contra la deforestación, al proveer de un incentivo adicional para que los países enfrenten el reto y accedan a recursos sin aumentar la creciente presión sobre los presupuestos nacionales.
Los inversionistas depositan a largo plazo en el TFFF a tasa baja de interés o proveen de garantías para respaldar bonos de costo bajo. El fondo reinvierte los recursos en un portafolio diverso de renta fija y de capital que genera una ganancia mayor, la qué pasa a la cuenta de los países forestales.
Los pagos dependen del tamaño del bosque y del desempeño de los países en la lucha contra la deforestación. Los sistemas transparentes de verificación satelital comprueban la cubierta boscosa de las naciones participantes.
Las reglas del fondo excluyen hidrocarburos en los criterios de inversión.
El TFFF requiere un capital principal de 25.000 millones de dólares de gobiernos y fundaciones, que servirán también de deuda subordinada en caso de pérdidas.
Si el fondo operara, entregaría 2.700 millones en recompensas, basadas en datos de 2024. Si los países eliminaran la deforestación y la degradación, recibirían 4.500 millones. Se espera los primeros desembolsos en 2028, dos años antes del plazo de los compromisos voluntarios adoptados.
Un ejercicio del no gubernamental Centro para el Desarrollo Global halló que el TFFF podría haber generado 5,5% de retorno para el lapso 1995-2015.
Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la considera una oportunidad ambiciosa. “Esperamos que tenga un impacto directo en los pueblos indígenas y recibir los beneficios. Tenemos que tener un trabajo en cada país y construir un mecanismo (nacional) que incluya a los pueblos”, plantea el líder.
Pero los réditos calculados del TFFF son una gota de agua frente al mar de necesidades. La Evaluación de la Declaración Forestal 2025, elaborada por un consorcio de universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil, calcula un requerimiento financiero para bosques entre 117.000 y 299.000 millones de dólares.
Desde hace más de 20 años, organizaciones de la sociedad civil y de pueblos nativos han cuestionado los esquemas que mercantilizan la naturaleza y, en el caso de mecanismos como los bonos de carbono, han acertado, pues desde un inicio argumentaron que era un timo y que no correspondían a reducciones reales de emisiones.
Por ello, el TFFF ha suscitado señalamientos similares.
La lista completa de prohibiciones y los mecanismos de supervisión son confidenciales, mientras que el modo de aplicación de las exclusiones dependerá del futuro manual de operaciones.
“El modelo financiero del TFFF se basa en hipótesis optimistas sobre los márgenes de beneficio y la estabilidad del mercado. Pequeños cambios en las tasas de interés, de cambio o los impagos podrían socavar los pagos, con el consiguiente riesgo de que los países forestales no cobren a pesar del éxito de la conservación, cita un análisis de la no gubernamental Coalición Global de los Bosques.
Finalmente, la estructura de pagos favorece a los países grandes, como Brasil, mientras las naciones más pequeñas podrían ser marginadas.
Una revisión de la tasa de interés a 20 años del Departamento estadounidense del Tesoro halló un nivel de 4.6% y una media a largo plazo de 4.36%, inferior al rendimiento de 5% TFFF.
“Esto significa que el fondo tendrá que asumir cierto riesgo de inversión para obtener el 5% y generar el rendimiento adicional necesario para financiar los esfuerzos de conservación”, explica el no gubernamental Observatorio de Financiamiento Verde.
Problema aserrado
En la COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow, 127 países asumieron la meta voluntaria de deforestación, la que volvió a ser reiterada en la cumbre de Dubái en 2023. Como lo muestra el reciente reporte “Evaluación de la declaración de bosques 2025”, la brújula hacia la meta de cero deforestación de 2030 está extraviada.
Por mucho, Brasil encabeza el problema en la región, con un nivel de 1,89 millones de hectáreas en 2024, si bien la tendencia viene a la baja desde 2021, luego del desastre ambiental empujado por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).
Le sigue Colombia, con un nivel de 200.000 de hectáreas en 2023, más que el año previo. Mientras, Bolivia sufre la pérdida de 300.000 hectáreas anuales. México, por su parte, presenta una tendencia alcista desde 2020, con una tala de 180.000 hectáreas en 2023. En ese mismo año, Argentina perdió 130.000 hectáreas de bosque, tendencia a la baja desde 2021.
Sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) aluden al combate del flagelo, pero no contienen vías claras ni medios de aplicación para llegar a la meta tan ansiada, más allá de que Brasil y México se han comprometido a cero tala en 2030.
México enfrenta una situación seria de incendios. Luego de tres años de incremento a causa del calor y la sequía, la cantidad de siniestros bajó este año a 6.824 incendios que afectaron a 1,16 millones de hectáreas, debido a las lluvias copiosas.
Pero la superficie quemada viene en alza desde 2020, desde cuando casi se ha triplicado, al pasar de 64 hectáreas a 172 hasta octubre pasado.
México ha anunciado el Programa Nacional de Restauración 2025-2030, que aspira al saneamiento de 30% de los ecosistemas nacionales y el rescate de 26.000 hectáreas forestales en 2025 y 100.000 en 2030.
Mientras, Colombia ha adoptado una meta de reducción del corte irregular de entre 37.500 y 49.999 hectáreas anuales a 2035. En la Amazonia brasileña, tres millones de hectáreas ardieron hasta octubre último, para una caída de 80% en comparación con 2024.
“Cada país tendrá situaciones diversas. No hay una receta. Toca aplicar medidas de gestión del territorio. En Brasil, el gobierno debería jugar un rol importante en proteger la selva. Pero se requiere una visión panamazónica”, plantea Netto, del ICS.
Los dirigentes indígenas quieren ver resultados pronto. “Demostramos que tenemos algunas experiencias valiosas, tenemos toda la capacidad (de gestión). Es necesario garantizar las reglas y las salvaguardas. El monto por hectárea no es justo, pero para empezar está bien”, resalta Karipuna, de APIB.
