Financiamiento climático, clave para la implementación, se diluye en los acuerdos finales de la COP30

Pese a ser clave para cumplir las metas de mitigación y adaptación, el financiamiento quedó relegado en las negociaciones de la COP30. Países como México enfrentan grandes desafíos para implementar sus compromisos de reducción de emisiones.

Luego de los resultados mixtos que dejó la trigésima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30) en Brasil, las expectativas están en la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

De hecho, la decisión “Mutirão” pone en marcha un “Acelerador de la implementación global” y la “Misión de Belém a 1,5 °C”, cuyo objetivo es acelerar la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y los planes nacionales de adaptación. 

Recordemos que los países firmantes del Acuerdo de París debían entregar sus NDC antes de la COP30 que se realizó del 10 al 21 de noviembre en Brasil. 

Como señaló el Informe de síntesis de las NDC, publicado a fines de octubre, la implementación de los nuevos compromisos climáticos requiere una cooperación internacional sólida y continua, así como enfoques nuevos e innovadores para desbloquear la financiación y el apoyo a las Partes que son países en desarrollo.

Sin embargo, la financiación para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático no fue una de las prioridades de la COP30, aunque siguió influyendo y generando divisiones entre los países.

“Las finanzas son quizás el factor habilitador o facilitador de la acción climática más importante porque muchas de las cosas que se tienen que hacer para combatir el cambio climático implica cambios tecnológicos, infraestructura, implica muchas inversiones. Es necesario que se cierre la brecha entre las rutas de mitigación de los países y conseguir los recursos para poder implementarlas”, señaló Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México (ICM).

Este es un tema clave para países latinoamericanos como México, el cual – al igual que otros 119 países – presentó sus compromisos, en su caso, en medio de la COP30.

El financiamiento en la COP30

Rueda de prensa de Canla durante la COP30. Foto: Daniela Reyes.

Aunque la responsabilidad financiera de los países desarrollados no figuraba entre los puntos propuestos para la agenda oficial, la presidencia decidió enviarla a consultas informales junto con otros temas. 

En la COP29 se acordó un nuevo objetivo de financiamiento climático (NCQG), que establece que los países desarrollados deben “liderar” la entrega de 300 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para las naciones en desarrollo. Con la cifra muy por debajo de lo necesario, se definió que Brasil y Azerbaiyán liderarían una iniciativa llamada “Hoja de ruta Bakú-Belém”, una propuesta que señalara caminos para alcanzar al menos 1,3 billones de dólares en financiamiento (el NCQG “invita” a todos los actores a escalar el financiamiento hasta ese valor). Pero ni la mención en la decisión ni el documento de la hoja de ruta son vinculantes, y la propuesta no fue suficiente para movilizar a los países a aumentar su compromiso con el financiamiento.

Sin un espacio claro para debatirlo, el tema se diluyó y el Mutirão, el documento político que reúne los acuerdos de la COP30, y solo incluyó la creación de un programa de trabajo de dos años sobre financiamiento.

“Al final ese fue el único punto para hablar de este tema… y claramente no es suficiente; no responde a la conversación que se necesita”, señaló Karla Mass, asesora de incidencia en Climate Action Network América Latina (Canla). 

Explicó que el programa abarca todo el Artículo 9 del Acuerdo de París y no se concentra en su apartado 9.1, que establece la obligación legal de que los países desarrollados proporcionen financiamiento para que las naciones en desarrollo puedan mitigar y adaptarse al cambio climático.

Según Canla, esta inclusión mínima “diluye la obligación jurídica” de los países desarrollados y deja un programa de trabajo “sin modalidades, sin cronograma y sin productos claros”, lo que contribuye a posponer una conversación sustantiva.

La organización subrayó que la discusión sobre cómo los países desarrollados cumplirán sus compromisos es un asunto de justicia climática que no se reflejó en los resultados de la COP30.

“La provisión de financiamiento público y de calidad de los países del norte global no es un capricho, está establecida en el… Acuerdo de París y es una señal de responsabilidad y solidaridad con territorios que, esos países continúan explotando. El resultado de la COP30 es mezquino, carente de visión y un desconocimiento de que esta conversación llegó para quedarse porque la deuda del norte sigue, y se incrementa”, señaló Mass.

Para Canla, el financiamiento adecuado condiciona la posibilidad real de avanzar en adaptación, reparaciones, transición justa e implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de las partes. Por ello, exige que los recursos sean públicos, previsibles, concesionales, sin deuda, basados en subvenciones y con acceso directo para pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, mujeres, juventudes y personas con discapacidad.

Sin financiación no hay implementación

Foto: Eduardo Gahuz

“En cuanto al financiamiento, evidentemente estamos preocupados de que las metas que tenemos posiblemente no se alcancen o sean muy difíciles de alcanzar”, señaló Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en una reunión entre funcionarios públicos y sociedad civil durante la COP30.

México se comprometió a reducir entre un 31 y 37% de sus emisiones netas de dióxido de carbono equivalente actuales de forma no condicionada para 2035, y añadió una meta condicionada a financiamiento internacional del 38 al 43%.

Para lograrlo, la NDC 3.0 de México incluyó el componente de entorno habilitador y medios de implementación, y un eje específico sobre planeación estratégica y financiamiento, donde detalla algunos instrumentos financieros, como una política fiscal verde, la implementación de un Sistema de Comercio de Emisiones y un Programa Nacional de Compensaciones para créditos de carbono.

Asimismo, considera acceder a financiamiento de la banca de desarrollo, a fondos multilaterales y organismos internacionales, y la participación del sector privado y de la sociedad civil en mecanismos de cofinanciamiento.

Durante la reunión, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mencionó que iban a crear un fondo público-privado para financiar los proyectos que forman parte de la NDC.

“Yo acabo de acordar con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que vamos a hacer un fondo público privado para atraer recursos del sector privado, precisamente para financiar muchos de los proyectos que aquí se están presentando y creo que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) es el vehículo central para las inversiones que nos interesan”, señaló Bárcena.

Aunque México ha estado implementando estrategias, estas no son suficientes, según Fernández, y lo que necesita es que, a la luz de su NDC, cree una estrategia para obtener las inversiones que requiere para cumplir la meta en el tiempo establecido.

“Los instrumentos financieros que tiene México son buenos pero no fueron diseñados ni alcanzan para que solo con eso cumpla su NDC”, señaló Fernández.

Alternativas de financiamiento

México ha mostrado interés en las Plataformas País, un mecanismo estratégico para identificar, movilizar y canalizar financiamiento climático público, privado, nacional e internacional a gran escala que ya fue adoptado por Sudáfrica, Brasil y Colombia. 

Incluso durante la reunión sostenida con la sociedad civil, Bárcena acordó retomar este tema con la organización Iniciativa Climática de México (ICM).

“La plataforma país, liderada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, articulará los recursos para la implementación de diversos instrumentos de la política climática nacional, incluida la NDC, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) o el próximo Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2026-2030), dando trazabilidad a los recursos movilizados”, señaló Andrea Hurtado, Directora General de Políticas para la Acción Climática en la Semarnat de forma escrita.

El siguiente paso, según Hurtado, será traducir la NDC 3.0 de México en una cartera de proyectos para los cuales se deberán desarrollar modelos financieros para movilizar recursos a cada uno.

De acuerdo con Fernández, la plataforma país de México incluiría todos los proyectos de desarrollo que planea implementar el Gobierno Mexicano, incluidos los que derivan de la NDC, como es el caso de varios proyectos del Plan México.

“La nueva fórmula es que los países elaboren plataformas de inversión sobre desarrollo y clima, porque el cambio climático no puede entenderse ni atenderse de manera aislada. El cambio climático es hoy, si no lo atendemos bien, la mayor amenaza al desarrollo del mundo”, señaló Fernández.

La plataforma funciona como un gran tablero donde se vacían todos los proyectos y posibles fuentes de financiamiento privada, pública, nacional o internacional, y posteriormente se hace una licitación pública para su implementación. 

Aunque la plataforma está abierta a recibir recursos privados, Fernández señaló que la inversión pública debe enfocarse en aquellos temas que no son rentables pero que tienen grandes beneficios sociales como el transporte público, la cultura, la salud o la educación.

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