Fracturar la tierra, escarbar en sus abismos, desgarrar la roca, colmar de presiones sus grietas y despojar al suelo de su memoria fósil, esa que guarda ecos de antiguos ecosistemas. Así, en su lenguaje poético, funciona el fracking, una práctica extractiva que, incluso en medio de un gobierno que le apuesta a la transición energética, ha tenido respaldo de sus aliados y funcionarios.
El fracking es la abreviatura de fracturación hidráulica, un método utilizado para extraer petróleo y gas fósil que consiste en inyectar al subsuelo una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a gran presión, con el fin de fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en ellas. Se aplica principalmente en yacimientos donde los recursos no pueden extraerse mediante técnicas tradicionales.
El proceso de extracción mediante fracking emite metano (gas cuyo efecto invernadero es más potente que el del dióxido de carbono) y, en promedio, cada pozo de fracking utiliza entre 7,8 y 15,1 millones de litros de agua, la cual es utilizada en el procedimiento mezclada con productos químicos, incluyendo sustancias cancerígenas y toxinas.
La gestora comunitaria del agua y representante de la Red de Acueductos Comunitarios de Villavicencio (Acer Agua Viva), Adriana Baquero, considera que prohibir el fracking va más allá de una decisión climática: es una medida para proteger el agua como bien común.
“Es algo donde van a utilizar químicos, donde va a ser algo un poco más complicado y que va a afectar directamente el suelo y el subsuelo”, comenta.
El Gobierno colombiano, siguiendo lo que firmó en el Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017), ha decidido no iniciar nuevas exploraciones de hidrocarburos para avanzar hacia las metas de reducción del 51% de emisiones para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Adicionalmente, Colombia suscribió el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una iniciativa internacional que busca dejar de depender del carbón, el petróleo y el gas. Este compromiso incluye específicamente la no apertura de nuevos proyectos, como la práctica del fracking.
Petro ha dicho durante su campaña y luego confirmado como presidente, que en su gobierno no se desarrollarán nuevos proyectos piloto de fracking, ni se otorgarán nuevas licencias para esa práctica.
«El fracking es una especie de suicidio por unos dólares rápidos, inmediatos, se cambia la riqueza del futuro (…) El agua es más valiosa que el oro. En mi gobierno no habrá fracking«, mencionó Petro en Puerto Wilches, Santander, durante su campaña presidencial en 2022.
Sin embargo, en lo que va de su presidencia, el proyecto de ley para la prohibición del fracking ha quedado estancado. Además, su periodo como jefe de Estado está ad portas de terminar y el contexto electoral deja las puertas abiertas a posturas que podrían definir el futuro de la fracturación hidráulica en Colombia.
El Gobierno actual respalda un proyecto de ley (053 de 2025) que busca prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia. Aunque el Senado aprobó la iniciativa en 2023, la propuesta no avanzó en la Cámara de Representantes, al no ser discutida en la Comisión Quinta antes de cerrar la legislatura. La nueva radicación de la propuesta mantiene el tema en el centro de la agenda política y sindical.
Pero en julio de 2025, el Ministerio de Ambiente radicó nuevamente la iniciativa, con mensaje de urgencia, para que sea debatido con más rapidez en el Congreso.
Tales antecedentes evidencian que prohibir el fracking en Colombia se convirtió en una prolongada lucha contra intereses políticos y económicos. Desde el 2020 se han presentado seis proyectos de ley ante el Congreso de la República que por una u otra razón no logran avanzar.
Los intereses políticos en medio de un contexto electoral
Los discursos a favor de esta práctica aparecen con fuerza entre las y los parlamentarios de sectores más conservadores o de derecha, que hacen énfasis en la necesidad de seguridad energética, producción nacional y reducción de costos. El precandidato a la presidencia Mauricio Cárdenas, del partido Conservador Colombiano, propuso adoptar el fracking “responsable” como parte de sus cinco primeros decretos si llega a la Presidencia en 2026.
La senadora por el partido Centro Democrático, Paola Holguín, ha respaldado el fracking como herramienta para fortalecer la oferta energética. Ha promovido la idea de que Colombia realice proyectos piloto de fracturación hidráulica para “tomar una decisión científica” antes de optar por la prohibición. Tal postura también ha sido respaldada por su compañera de partido, la precandidata presidencial, Paloma Valencia.
También se han dado casos en los que las posturas cambian. En 2018, la precandidata Claudia López (quien era parte del Partido Alianza Verde, el cual tiene una base ideológica ambientalista, y ahora inscribió su candidatura con Imparables, su comité por firmas) había manifestado una postura clara en contra del fracking. Por ejemplo, cuando fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, publicó mensajes como “¡No al fracking! Nosotros le apostamos a las energías renovables”. Ahora, su discurso es: “En esta región va a volver a explorarse y a explotarse todos los recursos energéticos que tiene Colombia. Gas, petróleo, fracking, sol, viento”.
En la otra orilla, uno de los parlamentarios que se ha manifestado en contra del fracking es el senador Wilson Arias, quien además funge como ponente del proyecto de ley 053 de 2025. En entrevista con Climate Tracker, comentó que son varias las áreas sujetas a exploración. “En Colombia existen varios potenciales yacimientos no convencionales de hidrocarburos en cuencas sedimentarias, especialmente en el Valle del Magdalena Medio, Llanos Orientales, Catatumbo, Cesar y Putumayo”, afirmó, añadiendo que, “uno de los territorios de mayor interés es el Valle del Magdalena Medio, el cual ha sido históricamente objeto de explotación petrolera, lo cual ha dejado contaminación de agua y de aire en municipios como Puerto Wilches”.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, explicó Arias, se intentó regular la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. Para ello, se expidieron el Decreto 3004 de 2013, que establecía las bases para el aprovechamiento de estos yacimientos; y la Resolución 90341 de 2014, que desarrollaba los aspectos técnicos de esa regulación.
Sin embargo, desde septiembre de 2019, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional esas normas porque se presentó una Acción de Nulidad Simple, un tipo de demanda que busca anular reglas por considerarlas contrarias a la ley o la Constitución.
Hasta que el Consejo de Estado no tome una decisión definitiva, esas indicaciones siguen sin aplicarse.
“A pesar de esto, existe una excepción para los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII)”, afirmó Arias. Estos proyectos son experimentos científicos controlados, cuyo objetivo es obtener evidencia técnica y ambiental que ayude al Estado a decidir si el fracking debería permitirse o no en Colombia. “Esta iniciativa deja sin vigencia los contratos para dichos proyectos de investigación”, indicó, refiriéndose a la nueva propuesta o ley actual que busca eliminar o dejar sin efecto esos pilotos, lo que significaría detener completamente cualquier avance experimental sobre el fracking en el país.
Lo anterior pese a que, explicó Arias, en el proyecto de ley se establece un régimen de transición de conformidad con el cual, una vez entre en vigencia la ley no se pueden suscribir, renovar o prorrogar contratos, concesiones o permisos ambientales de exploración en yacimientos no convencionales ni utilización de fracking en dichos yacimientos. O sea, que no quede ninguna vía legal para autorizar fracking en Colombia, ni comercial, ni experimental.
La inversión de Ecopetrol en tierras extranjeras con dinero público
Desde el 2019, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y Occidental Petroleum (OXY) tienen una asociación para desarrollar yacimientos de hidrocarburos, incluidos no convencionales, en la Cuenca del Permian, específicamente en las subcuencas de Midland y Delaware, en Texas, Estados Unidos. Ecopetrol es de propiedad mayoritariamente estatal, perteneciendo el 88% a la nación y el 12% a privados, lo que significa que sus inversiones se realizan principalmente con recursos públicos colombianos.
“Con este plan de inversión en el 2025, de Ecopetrol Permian, para el desarrollo de los activos en las subcuencas de Midland y Delaware, podemos estar perforando cerca de 91 pozos de desarrollo, con una inversión que supera los US$880 millones y que nos permitirá una producción cercana a 90 mil barriles de petróleo equivalente por día”, afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.
La investigación “¿Cuál es el negocio de Ecopetrol con OXY en el Permian?, publicada por el ingeniero de Petróleos, Máster en Ciencias de la Ingeniería y Magíster en Ingeniería Industrial, Juan Gonzalo Castaño Valderrama, afirmó que “las inversiones en fracking en la cuenca del Permian, lejos de ser un gran negocio, evidencian rentabilidades decrecientes, márgenes cada vez menores y la necesidad constante de nuevas inversiones para sostener niveles de producción que, además, tienen un componente creciente de gas de bajo valor comercial en Estados Unidos, con riesgos de crear activos varados debido a su alto costo de extracción y perspectivas de producción no comercial”.
De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2024, las utilidades de Ecopetrol Permian disminuyeron un 25% en comparación con el año anterior, a pesar de que la producción equivalente aumentó un 40% y los precios del petróleo se mantuvieron relativamente estables. Las ganancias pasaron de 237,5 millones de dólares en 2023 a 178,4 millones en 2024. La rentabilidad por barril equivalente cayó un 47%, al descender de 9,8 dólares a 5,2 dólares por barril.
Estos resultados evidencian que las inversiones acumuladas -valoradas en 3.800 millones de dólares- en los activos del Permian no han generado los rendimientos esperados.
En un periodo de cinco años de operación (2020–2024), las ganancias totales de 723,6 millones de dólares no alcanzan a cubrir siquiera la inversión inicial de 1.500 millones, sin considerar las deudas actuales de 976,7 millones ni las nuevas inversiones previstas para 2025, estimadas en 880 millones de dólares.
Otros hallazgos importantes son que los más de 3.800 millones de dólares invertidos, corresponden a una cifra mayor a los presupuestos combinados de Medellín y Cali en 2025.
En medio de este panorama, el presidente Petro ha intentado que Ecopetrol cancele o modifique su participación. «Estamos contra el fracking porque es la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad. Quiero que se venda esa operación para invertirla en energías limpias. Que se discuta técnicamente, económicamente, pero no puede ser que nosotros estemos por la muerte y no por la vida», manifestó el Presidente durante un consejo de ministros.
El territorio: interés central a tener en cuenta
El más reciente proyecto ley contra el fracking, informó el Ministerio de Ambiente, cuenta con respaldo de evidencia técnica y científica que advierte sobre sus efectos, como la contaminación del agua, aire y suelos, con riesgos para la salud de las personas; consumo excesivo de agua, pues un solo pozo puede usar hasta 15 piscinas olímpicas llenas; contaminación de ríos y acuíferos con productos químicos tóxicos; generación de residuos peligrosos, algunos con presencia de materiales radiactivos; afectaciones a la agricultura, la ganadería y la biodiversidad; emisión de gases contaminantes, como el metano, que agravan el cambio climático, entre otros.
Según el estudio “La intensificación de la huella hídrica de la fracturación hidráulica” de la Duke University (evaluados 12.000 pozos en Estados Unidos), entre el 2011 y 2016 la cantidad de agua usada por pozo para fracking aumentó en 770%. El documento afirma que el volumen de aguas residuales cargadas de sales usadas para la fracturación en pozos de petróleo y gas generados durante su primer año de producción también aumentó en 1.440% durante el mismo período.
Además, para la Unión Americana de Geofísicos, que compiló datos de consumo de agua de 263.859 pozos entre 2000 y 2014, los volúmenes promedio de agua utilizados por pozo para la fracturación hidráulica varían significativamente según el tipo y la ubicación del pozo. En algunas cuencas, el uso promedio más alto se sitúa entre 10 y 36,6 millones de litros por pozo
A nivel de Colombia, según el Estudio Nacional del Agua expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, existen cerca de 16 departamentos susceptibles por desabastecimiento, de los cuales cuentan con al menos del 50% de sus municipios con grado de afectación a dicho fenómeno.
Además del desperdicio, Baquero señala el problema de la contaminación del agua, sobre todo las aguas subterráneas. “ Muchas comunidades nos abastecemos no solo de aguas superficiales, sino, por ejemplo, acá en Villavicencio el 50% de las comunidades nos abastecemos de agua subterránea”, dice.
Ante las declaraciones a favor de la transición energética que ha expresado el presidente Gustavo Petro, Baquero comenta que tuvo esperanzas en que la protección del territorio sería la prioridad en el gobierno actual, pero hoy su postura ha cambiado. “Nosotros realmente teníamos una expectativa muy diferente en este gobierno, pero pues realmente no hemos visto avances”, sostiene.
En medio de esa ausencia de avances, ha surgido una dicotomía. Aliados del gobierno actual han mostrado su postura a favor del fracking, como el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, quien en el primer Foro de Petróleo, Gas y Transición Energética, afirmó que “la USO ha tomado la decisión de decirle sí a los pilotos”, en referencia a los proyectos piloto de fracking. Esta declaración contrastó con el mandato más reciente de la Asamblea General de la organización, que rechaza apoyar esa práctica. La contradicción generó tensiones internas y cuestionamientos públicos. “Lo que hoy se conoció en medios de comunicación, en cabeza del presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, no es la posición oficial de la organización”, aclaró Ariel Corzo, otro dirigente sindical.
Las declaraciones no tardaron en provocar reacciones. El Congreso de los Pueblos (CdP), se pronunció rechazando lo que consideró un retroceso frente a las políticas de transición energética sostenible que impulsa el gobierno actual. “No aceptamos el negacionismo en la USO y que el presidente de la USO Junta Directiva Nacional a nombre propio reabra públicamente el debate de la necesidad de hacer fracking en Colombia”, dice la organización en un comunicado publicado el 22 de agosto.
En el documento, CdP afirma que la humanidad está en “la antesala de la extinción planetaria”, y cita los “límites planetarios”, propuestos por un grupo de científicos liderados por Johan Rockström (del Stockholm Resilience Centre, Suecia) y Will Steffen (de la Universidad Nacional de Australia). “Hemos superado siete de los nueve límites planetarios y sus respectivos umbrales de seguridad”, afirma.
