Inírida es un pequeño municipio en medio de la selva amazónica colombiana, a 30 kilómetros aproximadamente de la frontera con Venezuela, donde viven alrededor de 38.000 habitantes. Es la capital de Guainía y está ubicado en una zona de reserva forestal. Laura Echavarría, consejera de juventud y habitante de esta ciudad, recuerda que, desde que era niña, ha habido fallas en el servicio eléctrico . “Solamente se ponía la luz por un par de horas y luego se cortaba el suministro”, cuenta.
Históricamente, la cotidianidad de las comunidades tanto urbanas como rurales, ha dependido del Aceite Combustible Para Motores (ACPM) o del diésel, ambos derivados del petróleo y muy contaminantes. Desde la década de 1970, el servicio de energía eléctrica en Inírida ha pasado de una provisión limitada de tres horas diarias, operada directamente por la administración local bajo la figura de comisaría, a un sistema progresivamente ampliado que enfrentó constantes dificultades por desabastecimiento de combustible.
El 28 de diciembre del año pasado, quienes habitan Inírida pensaron que quedarse sin electricidad fue una “inocentada de mal gusto” – una broma o engaño típico del Día de los Santos Inocentes-. Pero fueron casi 20 días sin servicio eléctrico, un capítulo más de una crisis que no es nueva.
La situación fue generada por el desabastecimiento de combustible que no llegó a la ciudad debido a una sequía en los caudales de los ríos Guaviare y Unilla, por donde se transporta este insumo. La población se quedó sin diésel y ACPM y, en consecuencia, sin luz.
Para Giovanny Pabón, director de energía de Transforma –un centro latinoamericano que impulsa la acción climática con enfoque de justicia–, el caso de Inírida pone en evidencia los límites estructurales de sostener el suministro eléctrico a partir de fuentes fósiles. Más allá de un episodio puntual, el modelo revela una fragilidad: el acceso a la electricidad queda atado a cadenas de abastecimiento complejas, costosas y expuestas a factores externos como el clima o la logística en territorios aislados.
“Este caso demuestra que la dependencia de combustibles fósiles en cualquier economía es un error profundo. Les expone a ser dependientes de temas logísticos de distribución de los combustibles, que es algo que puede fallar en cualquier momento. Hay una vulnerabilidad supremamente alta”, advierte Pabón.
Inírida cuenta con un parque solar llamado Planta de Generación de Energía Sol de Inírida, pero solamente suministra el 13% de la demanda. Según información de Generación y Servicios Amazonas S.A. E.S.P. (GENSA), empresa de servicios públicos con participación estatal mayoritaria, cercana al 99%, encargada de la distribución en Zonas No Interconectadas (ZNI). La planta tiene 7.400 paneles aproximadamente, cada uno con una potencia de 330 W nominales. No tiene un sistema de almacenamiento y fue desarrollada por un consorcio español liderado por Grupo Gransolar (GRS), en sociedad con Anditel y Xantia Xamuels (empresas colombianas), bajo un acuerdo de compra de energía a largo plazo con GENSA.
Juan Jacobo Ramírez López, ingeniero electricista y líder encargado del sistema de generación de Inírida de la empresa GENSA, cuenta que actualmente hay un proyecto en curso llamado Granja Solar Inírida II. “Esta granja va a tener una capacidad instalada de 9.200 kilovatios, es decir, 1.000 W en paneles, y esa sí va a contar con sistema de almacenamiento de 20 megavatios, y se integrará a la granja solar existente. La idea es que tenga un sistema de control que se sincronice con las unidades de diésel y que permita cubrir entre el 80 y el 90% de la demanda”, afirmó.
Actualmente, se está terminando la estructuración y proyección financiera de la obra con el promotor SunCompany. “Esa empresa es la que está adelantando los estudios y diseños, algunas compras de equipos, y la idea es que durante el 2027 se pueda estar desarrollando la construcción. Se espera que tenga una capacidad de 9200 kW pico y contará con un sistema de almacenamiento de baterías de 20 megavatios hora”, explica Ramírez. Se pretende que sea el proyecto híbrido solar más grande de Colombia.
Mientras la construcción no comience, las y los habitantes esperan que el proyecto realmente se concrete. El antropólogo y habitante de Inírida, Leonardo Ladino, explica que la falta de energía eléctrica genera diferentes tipos de afectaciones: el deterioro de los alimentos perecederos, la inseguridad y ansiedad en los hogares frente a los cortes prolongados e imprevisibles. Por otro lado, las actividades productivas también se ven perjudicadas, con estrés en animales como gallinas y codornices por ausencia de iluminación en los galpones, pérdidas económicas para comerciantes y operadores turísticos.
Guainía, de acuerdo con la información que reporta el Sistema de Información de Combustibles SICOM, presenta una demanda estimada de consumo de combustible promedio de 337.621 galones al mes. Esto representa un promedio de cerca de 3.400 toneladas de CO₂ emitidas al mes.
Cada año se repite la historia
Con palos, piedras y latas, la ciudadanía tuvo que hacer filas interminables de días enteros para poder abastecerse de la poca gasolina y el poco diésel que quedaba.
“Los impactos de esta falta de electricidad han sido astronómicos”, expresa Echavarría. Los alimentos de las familias se perdieron debido a que las neveras no funcionaban. El año nuevo fue sin luz; los barrios estuvieron totalmente a oscuras y la cadena de turismo, que dinamizan la economía en el territorio, incluyendo restaurantes y alojamientos, también se vieron afectados en plena temporada de vacaciones.
La población relata que estas interrupciones son una constante cada vez que llega la temporada de menos lluvia, entre diciembre y enero.
Cuando se le preguntó sobre la falta de planes de contingencia, el portavoz de GENSA afirmó que esta sería la primera vez en 20 años que se presenta una crisis de esta magnitud por desabastecimiento de combustible, atribuyendo el evento exclusivamente a los niveles excepcionalmente bajos de los ríos que impidieron la llegada de las barcazas.
Ante el relato de la comunidad, que cuenta una historia diferente, Ramírez sostuvo que podría tratarse de una “percepción” de quienes habitan Inírida, argumentando que, al ser un sistema eléctrico aislado, “no necesariamente cualquier interrupción del servicio que se presente por esas fechas tiene que ver con desabastecimiento de combustible”.
Según explicó Ramírez, desde la crisis se viene realizando un monitoreo constante de los puntos críticos del río mediante información directa de quienes lo navegan y, en caso de detectar descensos en el nivel del agua, el plan de contingencia contempla el uso de rutas terrestres alternativas, como la vía a Santa Rita o Nariño, para transportar el diesel por carretera hasta puntos del río donde sí sea posible el transbordo a embarcaciones. Como medidas de última instancia, la empresa dejó abierta la posibilidad de activar la logística aérea o recurrir a convenios con proveedores locales de combustible para garantizar la generación.
Para Pabón, es un error que hoy en día se mantenga el suministro en zonas aisladas basado en diésel. “El diésel durante décadas ha sido la única manera en la que estas comunidades que no están interconectadas al sistema nacional de energía puedan tener electricidad”. Pero afirma que “es necesario que se abran las puertas para que se establezca una estrategia alejada cada vez más del fósil”.
“¿Quiénes deben responder a la comunidad?”
Un día después de que empezó la última crisis, la Alcaldía de Inírida publicó un comunicado en el que le exige a la empresa GENSA soluciones inmediatas por fallas en la generación de energía. En los comentarios, desde su cuenta personal, el alcalde Arturo Alexander Sánchez amenaza con dar a conocer esta situación a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Pero Echavarría interpela también a la administración municipal debido a que, según ella, no se brindan alternativas ni propuestas de soluciones estructurales frente a esta problemática que no es nueva y que cada año “sentimos que tanto la alcaldía como el departamento han estado muy ausentes y muy desinteresados por el bienestar de la comunidad, sobre todo con respecto a la prestación de los servicios básicos”.
Además, hace énfasis en que la crisis se pudo prever y no solo avisarle a la comunidad, sino también tener un plan de contingencia. Sin embargo, el alcalde, en la misma publicación anteriormente mencionada, expresa que GENSA son quienes “deben tener siempre planes de contingencia”.
Ramírez aceptó que no tenían un plan de contingencia. “Se nos quedaron encallados aproximadamente 150.000 galones de combustible y las soluciones se empezaron a trabajar sobre la marcha”.
El Ministerio de Minas y Energía informó que, para febrero de este año, Colombia logró una cobertura eléctrica nacional del 93%, con 75% en la ruralidad. Pero la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) sigue posicionando a Guainía como un departamento con un índice bajo de cobertura total, de entre un 50% y un 70%.
En Colombia, las ZNI como Guainía tienen un marco legal específico que distingue responsabilidades claras en la cadena de prestación del servicio eléctrico. GENSA, como empresa generadora en esta región, tiene la obligación principal de garantizar la generación y suministro continuo de energía, según la Ley 143 de 1994.
La generadora de energía debe implementar planes de contingencia, tal como lo establece la Resolución 701 de 2025 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Ya desde el 2023 la Procuraduría General de la Nación le había hecho el requerimiento a la empresa para que brindara informes técnicos y soluciones definitivas por cortes prolongados.
Luego de que se superó la última crisis, la prestación del servicio de energía eléctrica siguió deficiente hasta marzo, según el testimonio de las comunidades. En el último mes ha estado normal; sin embargo, esta ciudad vive en una constante incertidumbre, sobrellevando el ir y venir de los cortes de luz y sufriendo y con la añoranza de que no vuelvan a haber apagones duraderos.
Ramírez afirmó que “en el mes de marzo y finalizando febrero ha habido cortes debido a trabajos de mantenimiento”.
La pobreza y dependencia energética
Según el Índice Multidimensional de Pobreza Energética, 8,1 millones de personas sufrieron esta condición en 2024 en Colombia – lo que implica no tener la posibilidad de llevar a cabo un conjunto básico de actividades humanas que requieren una fuente de energía adecuada y de calidad. Además, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) muestra que el 52% del territorio nacional, incluyendo Guainía, está fuera de la Red Nacional de Energía, lo que implica que se debe generar y gestionar la propia electricidad de forma aislada.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), mediante un comunicado, menciona su preocupación por esta situación que año tras año se presenta, sin una solución de fondo. “No es un tema coyuntural y corresponde a una vulnerabilidad estructural histórica en el modelo de abastecimiento energético y de combustibles”, señalaron, especificando que esto se profundiza en lugares apartados de la centralidad del país.
Entre las exigencias de las comunidades de Inírida, expresa Echavarría, se encuentra el dejar de depender de la gasolina y el ACPM o diésel, que se garantice el servicio de electricidad, de agua potable, comunicación, gas y conectividad. “Que dejen de proponer pañitos de agua tibia. Yo me siento muy ofendida, desilusionada. Siento que me están robando mis impuestos realmente, no sé para qué estarán usando la plata y me pone a pensar demasiado si no les interesa el bienestar de la población”, concluye.
