Por Francisca Pérez (Chile), Karla Alcántara (República Dominicana) y Victoria Netto (Brasil)
A unos 135 kilómetros de Arica, en el norte de Chile, está la localidad de Esquiña. Llegar no es fácil: solo existe un servicio de transporte rural disponible los días miércoles y domingo. El Lázaro es un bus amarillo que recorre cerros y quebradas, dejando ver los paisajes desérticos típicos del Norte Grande. Después de tres horas de viaje por la precordillera de los Andes, se deja ver el primer “poblado verde” de Chile.
Este oasis de aproximadamente 40 viviendas cuenta, desde el 2014, con una planta fotovoltaica para abastecer a todo el pueblo con energía eléctrica las 24 horas del día.
Pasadas las 6:30 de la mañana comienzan a salir entre las montañas los primeros rayos de sol en Esquiña. Lentamente, la luz toca las casas, el colegio, la iglesia y la sede vecinal, donde están ubicados los paneles. “Acá el sol es tan fuerte que se siente como si picara”, dice Victoria Mamani, residente de la comunidad.
Dagoberto Mamani, vecino, recuerda las dificultades antes de la llegada de la electricidad. «En mi niñez la viví con vela, con chonchón (una lámpara artesanal hecha con grasa de animal) y cosas así, que esa era la única forma de alumbrarse». Desde hace años, él se encarga diariamente del mantenimiento básico de la planta — un esfuerzo que ha ayudado a la comunidad a mantenerse iluminada en estos 12 años.
Arica y Parinacota es una región que posee un importante potencial para la producción de energía solar. Según la Planificación Energética a Largo Plazo 2023-2027, el potencial técnico renovable es de 60.000 megavatios (MW), lo que podría abastecer de energía eléctrica a todo Chile. A pesar de esto, según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), la infraestructura de energías renovables no convencionales en esta región es de 143 MW, lo que representa menos del 1% de la capacidad a nivel nacional.
Esquiña es una comunidad indígena aymara dedicada principalmente a la ganadería de ovejas y cabras, además del cultivo de alfalfa. Para los habitantes de la localidad fue un “orgullo” transformarse en un pueblo solar, especialmente considerando la exclusión histórica de grupos indígenas. Según la Política Energética Nacional, “en la población indígena el problema (de la pobreza energética) se agrava, pues una proporción tres veces mayor de hogares indígenas no cuentan con suministro eléctrico en comparación a hogares no indígenas”.
La planta fue financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Social con un costo de 213.000 dólares. Los discursos inaugurales de las autoridades regionales se dieron frente a la histórica iglesia de la localidad, en un ambiente de alegría entre los esquiñenses: desde ese día, refrigerar sus quesos y carnes sería una realidad. También llegó el alumbrado público a sus calles, la posibilidad de usar la televisión para entretenerse durante el día, el uso de algunos electrodomésticos de bajo consumo para cocinar.
La celebración generaba expectativa en otras áreas aisladas del país, ya que el ejemplo de Esquiña parecía el comienzo de una nueva fase de electrificación. Pero, aunque proyectos similares se han desarrollado a lo largo de Chile, los datos del mapa de vulnerabilidad energética 2025 muestran que en la Región de Arica y Parinacota aún hay 1.303 familias a oscuras, principalmente en zonas precordilleranas y rurales. A nivel nacional, la cifra aumenta a 28.971.
La paradoja se replica en América Latina y el Caribe: una región que hoy cuenta con una matriz predominantemente renovable, con un crecimiento de la energía eólica (que actualmente corresponde al 12,1% de la generación) y solar (que corresponde al 5,1%), pero donde la abundancia de recursos no garantiza para todos la posibilidad de encender una bombilla por las noches.
En América Latina, el 98% de la población tiene acceso a electricidad. El número parece alentador, pero detrás de los datos hay casi 17 millones de personas que aún viven sin luz, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Incluso países que avanzaron de manera acelerada en energías renovables dejaron atrás a millones de personas.
Según la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), la literatura especializada denomina esta situación de «la última milla». A pesar del alto índice de electrificación, lo que queda son esos últimos territorios –los más caros y los más difíciles– con poblaciones en áreas aisladas donde se requieren mayores inversiones para conectar a menos personas.
En un momento en que países como Chile, Brasil y República Dominicana planifican la expansión de redes de transmisión para desbloquear la transición energética, y en que aumenta la generación de energía renovable, aún faltan respuestas sobre si, esta vez, todos los territorios aislados serán incluidos.
Radiografía del acceso: lo que dicen las estadísticas
Pese a su potencial, América Latina aún no ha logrado cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que plantea garantizar el acceso universal a energía asequible, segura y sostenible hacia 2030. De acuerdo con la CEPAL, alcanzar la “última milla” exige «nuevas políticas de electrificación rural basadas en soluciones descentralizadas, energías renovables y financiamiento innovador».
En República Dominicana, garantizar el acceso a la energía eléctrica es una responsabilidad clave para el desarrollo, alineada con el segundo eje estratégico de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y, a la vez, se combina con la Ley 57-07 de Energías Renovables que exhorta a los usuarios a instalar paneles solares e inyectar su energía a la red eléctrica y recibir créditos por el excedente. En el país, la energía renovable no convencional; solar (9%) y eólica (5%); aportó 14.3% de la generación total de energía a enero del 2026, que alcanzó los 1.797 gigavatios hora (GWh), según el Viceministerio de Energía.
No obstante, los indicadores muestran que persisten brechas estructurales, afectando también a las comunidades rurales. De acuerdo con el Viceministerio de Energía Eléctrica, en el país existen aún 64.144 viviendas que carecen de energía, una cifra que equivale al 1.72% del total nacional.
En Brasil, cerca de 3 millones de personas viven sin acceso confiable a la electricidad, atendidas por microrredes fuera del Sistema Interligado Nacional (SIN). En total, son 169 sistemas aislados, según el Operador Nacional del Sistema (ONS), la mayor parte concentrada en los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia y Roraima, en la Amazonia.
Según Juliano Bueno, director técnico del Instituto Internacional Arayara, la pobreza energética no se limita a la falta de luz: “Es un factor de exclusión social y productiva”, señala. Para el especialista, el mayor impacto recae sobre la educación, debido a la precariedad de las escuelas. “En innumerables comunidades, las clases se imparten en aulas sin ventilación, sin refrigerador para conservar la merienda y sin ninguna posibilidad de aliviar temperaturas que superan los 40°C”, afirma.
Los países avanzan en líneas de transmisión y en sistemas aislados renovables, pero a un ritmo lento
Para los residentes de la comunidad rural de El Cuey, en El Seibo, al este de la capital dominicana, la cotidianidad se transformó de manera radical con el acceso a la energía solar. Durante décadas, la única opción al caer la noche era recurrir a lámparas, velas y linternas.
Agustín Medina, un agricultor de 76 años que pasa sus jornadas trabajando la tierra con sierra y machete, recuerda con nitidez el día en que instalaron los paneles. Atrás quedaron los días de las lámparas: ahora, la vivienda cuenta con bombillos y la posibilidad de ver televisión, un avance que valora como una mejora en su calidad de vida.
En República Dominicana se ejecuta el programa de electrificación rural impulsado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha beneficiado a familias en comunidades apartadas del país mediante sistemas de paneles solares. Rodolfo Báez, técnico del Viceministerio de Electrificación Rural, explica que se realizan estudios técnicos preliminares en las comunidades para determinar si la solución más viable es la extensión de las redes convencionales o la implementación de sistemas aislados, estos últimos, definidos como una red eléctrica autónoma que genera y almacena su propia energía sin estar conectada a la red de distribución pública.
La decisión, explica Báez, “depende de la distancia en que se encuentra la comunidad y de la ubicación de las viviendas”. “Cuando las casas están muy dispersas y los tendidos tradicionales se encuentran demasiado alejados, se opta por soluciones individuales”, destacó. El factor “tiempo” favorece a las alternativas renovables, ya que Báez señala que electrificar una vivienda toma menos de tres horas, incluyendo la instalación de los paneles.
En la misma comunidad, Rosa Amelia de la Cruz –de 64 años, nacida y criada en la localidad– relata que la llegada del proyecto de Electrificación Rural de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), le ha permitido cargar su teléfono, encender una radio y disponer de iluminación constante. Ella confiesa que oía hablar de los paneles solares, pero pensaba que estaban muy lejos porque eran demasiado caros para “una gente con salario mínimo” –un ingreso menor de 269 dólares mensuales, según el Banco Central dominicano y el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios–. El costo de los paneles solares es de al menos 150.000 pesos dominicanos, unos 2.250 dólares.
La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar), publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), revela que apenas el 0.3% de los hogares a nivel nacional utiliza paneles solares como su principal fuente de energía. La electrificación rural sigue siendo uno de los retos más complejos del territorio.
También en Chile el avance de la conexión hacia zonas rurales es lento e incompleto. A fines de 1994 se creó el Programa de Electrificación Rural con el objetivo de dar solución a las carencias de electricidad en el medio rural, reducir las migraciones, fomentar el desarrollo productivo, y mejorar el acceso a la salud y a la educación de las comunidades campesinas. Con un 99% de las viviendas electrificadas, hoy la responsabilidad de llegar al 100% recae en los gobiernos regionales y locales.
El Mapa de Vulnerabilidad revela que en Chile la región que concentra la mayor cantidad de hogares sin acceso a energía eléctrica es La Araucanía, con 5.019 viviendas y un fuerte componente rural. Este instrumento también señala que, del total de las casas que no cuentan con suministro eléctrico, 2.944 de ellas están consideradas en proyectos de electrificación rural que se encuentran en fase de construcción o próximos a ser ejecutados. Pero solo el 1,20% de ellos corresponde a esta región.
Así mismo, datos del CEN revelan que el 60% de los proyectos de expansión de redes de transmisión que se encuentran en las etapas de construcción y adjudicación, correspondientes a los planes de expansión de transmisión del año 2016 al 2021, se concentran en la zona centro-sur de Chile, entre las regiones de O’Higgins y Bío Bío. Esto no considera la región de La Araucanía, donde se concentra solo el 4,58 % de los proyectos.
Dasla Pando, investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile, explica que debido al alto costo de conectar las zonas aisladas a la red principal, lo que exige una infraestructura larga y costosa, se suele optar por sistemas independientes. Asimismo, la experta señala que la electrificación de estos territorios recae en los gobiernos regionales y locales, quedando a merced de la administración de turno: “Eso es súper complicado porque significa que no hay una estructura orgánica que permita ir abasteciendo y dando accesibilidad a la energía de las distintas comunidades aisladas”.
Marcelo Urrutia, jefe de la división de energías sostenibles del Ministerio de Energía de Chile, explica que, para aquellos lugares que no pueden conectarse al sistema de distribución, la cartera ha puesto especial interés en el proceso de Net Billing, donde se remunera la energía que los paneles solares de los usuarios inyectan en la red, aunque a un precio más bajo que el de la tarifa de la energía. “Poder incorporar, ojalá cada vivienda, un sistema de generación solar en aquellos lugares donde la energía solar es abundante, u otros elementos en lugares donde no lo es tanto que permita su autoabastecimiento o completar una buena parte de lo que necesitan de energía a través de su autogeneración”, comenta.
A criterio de Javier Piedra Fierro, director de la Fundación Energía para Todos y docente de la Universidad de Concepción, desde el Ministerio de Energía se han generado acciones aisladas para resolver problemas puntuales: “Lo que hace el ministerio es gestionar los recursos con los gobiernos regionales para generar soluciones particulares en localidades específicas, pero un plan para resolver la pobreza energética desde el punto de vista del acceso, no”.
A pesar de las ventajas de los sistemas autónomos renovables, ninguno de los tres países oficializa la meta de llegar al 100% de cobertura en territorios aislados. Lo que se observa es la persistencia de barreras territoriales que no han sido superadas.
En Brasil, el programa Luz para Todos es el principal instrumento del gobierno federal para enfrentar el déficit de acceso energético. En agosto de 2023 (al recién cumplir 20 años, con un impacto de 3.6 millones de hogares y 17 millones de personas beneficiadas), el programa fue relanzado con nuevas metas: el suministro eléctrico a través de microrredes a las regiones rurales aisladas está previsto hasta este 31 de diciembre, y para la Amazonía Legal y otras áreas complejas, el plazo se extenderá hasta 2028.
Sin embargo, el decreto que trata del programa (Nº 11.628 de 2023) no define si el objetivo es alcanzar un 100% de la población sin acceso en la Amazonía y zonas rurales, sino que determina que el Ministerio de Minas y Energía defina las metas de atención y que las distribuidoras “planifiquen el suministro a la totalidad de las demandas identificadas en sus áreas de actuación”.
El levantamiento del Instituto de Defensa de Consumidores (Idec) indica que la mayor parte de las distribuidoras no cumplió la meta prevista de electrificación en las regiones remotas de la Amazonía Legal en 2024. En los estados de Acre y Tocantins no se registró ninguno, mientras que en otros estados, los índices fueron bajos: Amazonas (6%), Roraima (2%) y Mato Grosso (7%). En Rondônia se alcanzó apenas el 67% de la meta estipulada. Consultado por Climate Tracker América Latina, el Ministerio de Minas y Energía no respondió al cierre de esta edición.
En un evento del sector eléctrico realizado en Río de Janeiro el 17 de junio, el secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, Gustavo Cerqueira Ataide, presentó un balance de las principales iniciativas impulsadas por el MME, con énfasis en la planificación energética de largo plazo y en la promoción de la dimensión social como elemento estructurante de las políticas públicas del sector.
Ante las limitaciones de Luz para Todos para alcanzar a las comunidades más remotas, el Gobierno creó en agosto de 2023 el Programa Energías de la Amazonia (PEAM), formalizado por el Decreto 11.648/23, con el objetivo promover inversiones en los sistemas aislados de la Amazonía Legal, con acciones que incluyen la interconexión al SIN mediante redes de transmisión y distribución, instalación de sistemas autónomos de generación renovable, sistemas de almacenamiento de energía, y redes híbridas que integren localidades aisladas.
La interconexión de sistemas aislados, usando como eje central el “Linhão de Tucuruí” – línea de transmisión que permite transportar la electricidad generada por la hidroeléctrica homónima hacia el Norte del país – es la cara más visible del programa. La previsión es conectar al SIN 53 localidades abastecidas hoy por sistemas a base de combustibles fósiles, mediante 37 obras de líneas de transmisión y distribución. Según estimativa del ONS, la interconexión de esas comunidades al SIN deberá generar una reducción del costo variable de operación de las centrales termoeléctricas locales de 40 millones de dólares por año (R$ 200 millones).
El avance de la electrificación hacia áreas aisladas ya muestra resultados positivos para la descarbonización. Las cifras de la Empresa de Investigación Energética (EPE) muestran que la participación del diésel en la generación de electricidad en los sistemas aislados disminuyó : en 2018 representaba el 97% de la electricidad generada en la región, mientras que la proyección de la EPE para 2024 era del 67%.
El costo de la oscuridad
Desde hace casi seis décadas, la vida de José Raimundo se confunde con la historia de São Miguel dos Macacos, comunidad ribereña aislada en el archipiélago de Marajó, en Pará, Brasil. Con 57 años, el comerciante autónomo nació y creció en la comunidad, donde mantiene una pequeña tienda de alimentos. Durante años, su rutina dependió de un generador a diésel, conocido como “motor de luz”, utilizado para mantener los freezers (congeladores) e iluminación en funcionamiento.
Hace aproximadamente dos años, los habitantes comenzaron a recibir sistemas de energía solar instalados por la distribuidora. Cada vivienda recibió dos paneles solares, una batería y un inversor. “Lo que gastamos con estos paneles al mes, lo gastábamos por día con el generador”, afirma, al agregar que el gasto mensual en combustible es de 477 dólares (R$ 2.400).
Aunque la solución redujo los gastos del diésel, no resolvió el problema de la falta de energía continua. Ahí, la energía eléctrica sigue siendo un servicio intermitente, limitado e insuficiente para atender las necesidades básicas de la población. Durante el llamado «invierno amazónico» – período de lluvias intensas que se extiende por cerca de seis meses en la región norte – la radiación solar disminuye y reduce drásticamente la capacidad de las baterías solares.
“En el invierno no funciona bien. Funciona solo de día, muy poco. Llegan las ocho, las nueve de la noche, se descargan las baterías y todo queda a oscuras”, relata Raimundo. Sin el generador, que fue vendido tras la instalación de los paneles, los habitantes improvisan la iluminación con pequeñas lámparas LED y linternas.
La limitación energética afecta directamente los ingresos de la población. Él afirma que no logra conservar adecuadamente los alimentos que vende en su pequeña tienda. “No podemos conservar alimentos, agua fría, refrescos”, afirma, al agregar que hasta el puesto de salud sufre con el problema. “El panel se apaga y se descongela todo”.
En la comunidad, los electrodomésticos se convirtieron en objetos inutilizados. Agricultor y pescador, Manoel Benedito Lobato dos Santos, de 46 años, afirma que prácticamente desistió de usar los aparatos comprados para su casa. «Tengo freezer, pero no lo estoy usando, está parado. La lavadora tampoco la usamos más, todo quedó abandonado», dijo. Habitante de la comunidad desde que nació, Santos vive de la pesca, del cultivo de yuca y zapallo y de la venta de açaí. Para él, la precariedad del sistema refuerza la sensación de abandono: «En el mapa parece una ciudad, pero es un distrito abandonado.»
La situación también impacta el funcionamiento de la escuela local. Profesor de los primeros grados y de educación especial, Ozenilson Bittencourt Correia trabaja en la comunidad desde 2022. Afirma que los equipos electrónicos utilizados en las clases dejan de funcionar cuando las baterías se descargan. “Necesitamos energía de calidad para trabajar”, dice.
Para prolongar el funcionamiento de la escuela y del alojamiento de los profesores en São Miguel dos Macacos, los docentes organizan una especie de colecta para comprar combustible para los generadores. El costo llega a 8 dólares (R$ 40) por noche para mantener el equipo encendido durante algunas horas. “El ruido es constante y, cuando sopla el viento, uno siente el olor del humo del aceite”, relata Correia. Además, los profesores pagan cuotas mensuales de entre 17 y 20 dólares (R$ 85 y R$ 100) por el sistema solar.
La dependencia del diésel no es solo un problema ambiental: es una carga económica. Entre las fuentes fósiles utilizadas en los sistemas aislados (SISOL),el diésel tiene un costo de 398 dólares (R$ 2 mil) por MWh y el gas fósil de 188 dólares (R$ 944) por MWh, mientras que el costo medio de generación eléctrica en el SIN es de apenas 47 dólares (R$ 238) por MWh, según la Empresa de Pesquisa Energética (EPE). La brecha es de hasta ocho veces entre lo que paga el sistema interconectado y lo que cuesta abastecer a las comunidades aisladas.
A nivel macroeconómico, el MME estima que la región Norte de Brasil consume cerca de 2.4 millones dólares por año (R$ 12 mil millones) para atender al suministro de energía eléctrica de los sistemas aislados de la Amazonía, generando además aproximadamente 2.3 millones de toneladas de CO₂ anuales, según la generación de 2022.
En Chile, según un estudio del Centro de Soluciones Energéticas Descentralizadas Avanzada (SEDA), existen 109 de sistemas aislados que abastecen a más de 10 mil hogares y de ellos la mayoría aún utilizan diésel para su funcionamiento.
Para Pando eso pasa porque “el diésel es una tecnología barata en su inversión. Las renovables requieren una implementación con una obra de mayor envergadura», explica, resaltando que, en la operación, los costos del diésel son altos.
Pando destaca que, si bien el financiamiento público se orienta hoy mayoritariamente hacia las energías renovables, muchas municipalidades aún dependen de la generación diésel por ser la solución de más fácil implementación. Esta persistencia responde a la falta de capacidades técnicas locales para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Al respecto, la investigadora advierte que en las zonas más remotas se sigue recurriendo al “clásico generador diésel”, lo que evidencia la necesidad de un esfuerzo centralizado para transferir conocimientos y competencias técnicas a estos territorios.
Una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado
En La Mina de Oro, en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, República Dominicana, unas 300 personas aún dependen de conexiones improvisadas e ilegales debido a la ausencia de redes de transmisión y distribución.
La situación resulta paradójica: en el patio de sus viviendas se levantó Esperanza Renovable, el primer parque híbrido eólico-solar del país, una inversión de 200 millones de dólares con capacidad para inyectar 200 megavatios al sistema eléctrico nacional (SENI).
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, justificó este proyecto en la manera de diversificar geográficamente la generación renovable del país, una medida que consideró estratégica debido a la condición insular de la nación y su exposición a fenómenos climáticos. Explicó que parte de la oferta de generación se concentró en la región Este, por lo que las autoridades impulsan inversiones hacia el Noroeste y el Suroeste para fortalecer la “resiliencia” del sistema eléctrico.
Según indicó, este proceso está acompañado por importantes inversiones en el sistema nacional de transmisión. No obstante, la Empresa de Transmisión de Energía Dominicana (ETED) va más allá y señaló que la realidad que experimenta el aprovechamiento de las energías renovables no convencionales disponibles se caracteriza por un alto interés de desarrollar proyectos por parte del sector privado, además de una masiva emisión de concesiones provisionales por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y “lo que hasta cierto punto toma por sorpresa a la ETED”.
“Un proyecto de red necesita al menos cinco años para su puesta en servicio, que los proyectos de generación renovable pueden tardar entre un año y 18 meses para su construcción, esto no deja margen de tiempo ni siquiera para la planificación de red, pues cuando se avanza en la planificación para un grupo de proyectos aparecen 500 MW más de nueva generación, y los que ya están conectados a duplicar su capacidad”, especificó.
En el Plan de Expansión de la Transmisión 2021-2035 se especificó que el acelerado crecimiento demográfico y el desarrollo de habitaciones en el territorio nacional representa “hasta cierto punto una ligera limitación para la expansión de nuevas redes de transmisión e inclusive la permanencia de algunas existentes bajo la premisa de que crear valor al ciudadano incluye garantizar la seguridad” .
Casos como estos muestran que el desafío de cerrar la brecha de generación en la última milla es complejo y requiere la participación de diversos actores. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea una postura clara al señalar que alcanzar la meta del acceso universal no es una tarea que recae exclusivamente sobre los hombros del Estado, ya que el sector privado también juega un rol determinante a través del desarrollo de proyectos de energías renovables a gran escala conectados a la red o mediante soluciones descentralizadas.
Pero el capital tiende a concentrarse donde la rentabilidad es mayor. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), los desafíos para atraer inversión privada incluyen los altos costos de financiamiento, la inestabilidad política y regulatoria, y la limitada capacidad crediticia interna. En ese contexto, las zonas aisladas — donde los costos son más altos y los retornos más bajos — quedan sistemáticamente fuera del radar del sector privado.
En Chile, sólo el 36.7% de los sistemas aislados son administrados por privados. Con los costos recayendo sobre los municipios, muchas zonas no logran resolver problemas básicos, como el mantenimiento regular. Es lo que pasa en la Municipalidad de Camarones, en el norte del país. Esta comuna tiene una superficie aproximada de 3900 kilómetros cuadrados con una población de 861 habitantes según el censo 2024. El alcalde, Cristian Zavala, explica que las localidades de Timar y Cobija están en las etapas finales para desarrollar proyectos de energía fotovoltaica para tener electricidad las 24 horas del día. Sin embargo, un desafío importante es la falta de personal capacitado en la comuna. “Solo hay un ingeniero eléctrico, para esas plantas hay que realizar contrataciones directas con una empresa externa de la región para poder salir del problema rápidamente, con valores de 6 mil dólares”, comenta.
En República Dominicana, algunos ejemplos ya funcionan. En proyectos de electrificación rural fotovoltaica en la provincia Elías Piña, por ejemplo, 187 familias cuentan con energía en una colaboración con el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral y Guakia Ambiente, las cuales aportaron el acompañamiento y la asesoría técnica para los trabajos. El proyecto ubicado en Las Yamayas, La Peña y Rincón, contó con una inversión de 29 millones de pesos, unos 497,854 dólares, y permitió dotar a 56 viviendas de sistemas de paneles solares, con inversores, reguladores, almacenamiento y una micro red que alcanza una potencia total de 48.48 kilovatios.
La AIE recomienda que, para atraer inversiones privadas, se requieren políticas de apoyo y soluciones adaptadas, como instrumentos de cobertura de riesgo y financiamiento más concesional –es decir, préstamos o subsidios con condiciones más favorables que las del mercado, como tasas de interés más bajas y plazos más largos. Desde las cumbres de los Andes chilenos hasta la selva amazónica y los campos dominicanos, comunidades enteras en la ‘última milla’ siguen esperando una respuesta.
