A más de 3.000 metros de altura, bajo glaciares que funcionan como una importante reserva hídrica, un túnel minero de ocho kilómetros atraviesa el subsuelo del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, en la zona central de Chile. Construido entre 2008 y 2011 por Anglo American, el Túnel Los Sulfatos es un socavón de exploración minera diseñado para acceder y caracterizar un yacimiento de cobre ubicado bajo la alta cordillera. La obra, que no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), volvió a aparecer en la prensa en abril de 2025, cuando la justicia ordenó reabrir una investigación originada por una denuncia presentada en 2020 por el abogado ambiental Marcos Emilfork. La acción cuestiona que el túnel fuera construido sin evaluación ambiental pese a atravesar el subsuelo de un área protegida y busca esclarecer sus posibles efectos sobre glaciares y ecosistemas de alta montaña.
Durante los años más críticos de la megasequía que ha afectado a la zona central por más de una década, los glaciares desempeñaron un papel clave en el abastecimiento hídrico de la región. Cuando las precipitaciones disminuyeron y la nieve acumulada en invierno fue insuficiente para sostener los caudales, estas masas de hielo continuaron aportando agua a los ríos durante los meses más secos. Fabrice Lambert, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que los glaciares funcionan como «un embalse natural que crece durante el invierno cuando hay precipitación y que da agua durante el verano», cuando la demanda hídrica alcanza sus niveles más altos.
Sin embargo, las mismas montañas que almacenan parte importante de esa agua también concentran algunos de los mayores yacimientos de cobre del país. Si bien este mineral es utilizado en múltiples industrias, desde la construcción hasta la electrónica, la creciente demanda asociada a la electrificación y las energías renovables ha reforzado su carácter estratégico. En ese contexto, la expansión minera ha comenzado a tensionar ecosistemas cada vez más vulnerables al cambio climático y la escasez hídrica.
El conflicto que rodea al túnel Los Sulfatos, construido bajo el subsuelo de glaciares que alimentan la cuenca del río Mapocho, ilustra esa disputa. Macarena Martinic, abogada de la ONG FIMA, explica que, el hecho de que la obra no haya ingresado al SEIA, significa que “nunca se han evaluado los impactos ambientales y por ende no conocemos realmente su magnitud”. Entre las preocupaciones planteadas por especialistas se encuentran posibles alteraciones de aguas subterráneas, afectaciones a glaciares y riesgos para una de las principales reservas hídricas de la Región Metropolitana de Chile.
Anglo American sostuvo durante la tramitación del caso que las obras de construcción del túnel no configuraban ninguna de las causales de ingreso al SEIA contempladas en la Ley 19.300, por lo que no requerían evaluación ambiental. Esa interpretación fue cuestionada por los denunciantes, quienes argumentaron que la ubicación de la obra bajo el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca hacía exigible su evaluación.
La discusión adquiere especial relevancia en un país que, según el Atlas de Riesgo Hídrico Aqueduct del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), podría enfrentar condiciones de estrés hídrico extremo hacia 2040. Al mismo tiempo, Chile busca consolidar su posición como proveedor estratégico de cobre para la transición energética global. ¿Cómo compatibilizar la creciente demanda de minerales críticos con la protección de glaciares que cumplen un papel fundamental para la seguridad hídrica y climática del país? La controversia en Yerba Loca ofrece una ventana para examinar una tensión que se proyecta mucho más allá de la cordillera de Santiago.
¿Qué está en juego bajo el hielo?
Aunque suelen asociarse únicamente a grandes masas de hielo visibles desde la superficie, los ecosistemas glaciares incluyen también glaciares rocosos, sectores de permafrost y complejas redes de aguas subterráneas que cumplen funciones clave para la regulación hídrica de la cordillera.
Según Constanza Espinosa, directora de Fundación Glaciares Chilenos, estos ecosistemas han sido históricamente algunos de los más afectados por la actividad minera. «Los glaciares rocosos cumplen un rol fundamental como reservas estratégicas de agua para las comunidades y ecosistemas», señala.
La evidencia científica disponible muestra distintos mecanismos mediante los cuales la minería puede afectar estos ambientes. Fabrice Lambert, investigador del CR2, explica que las emisiones de polvo y carbono negro provenientes de las faenas pueden depositarse sobre la superficie de los glaciares, reduciendo su capacidad de reflejar la radiación solar y acelerando su derretimiento.
El investigador agrega que también existen numerosos casos de glaciares rocosos y sectores de permafrost alterados o destruidos por actividades mineras. Aunque menos visibles que los glaciares descubiertos, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de agua congelada y contribuyen al funcionamiento hidrológico de la alta montaña. «Se han perdido grandes cantidades de agua congelada donde había actividad minera», advierte.
Un estudio realizado en los Andes centrales de Chile entregó evidencia cuantitativa sobre estos efectos. La investigación, publicada en 2022 en la revista Environmental Research, comparó la evolución de glaciares expuestos a contaminación minera con otros menos influenciados por estas actividades y estimó que hasta un 82% del retroceso observado en el glaciar Olivares Alfa durante el período analizado podría estar asociado a los contaminantes provenientes de faenas cercanas, mientras que el porcentaje restante correspondería a la influencia del cambio climático.
En Yerba Loca, las principales preocupaciones apuntan precisamente a estos componentes menos visibles del ecosistema cordillerano. Según Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA, el túnel Los Sulfatos atraviesa el subsuelo de un área protegida que alberga glaciares críticos para el abastecimiento de agua de Santiago y afecta directamente a los glaciares Infiernillo Sur, Paloma y Altar Sur.
Entre las alertas planteadas por organizaciones ambientales se encuentran posibles alteraciones al sistema hidrogeológico de la zona. Martinic sostiene que durante la construcción del túnel se detectaron infiltraciones de aguas subterráneas que podrían haber afectado los flujos hídricos asociados a la subcuenca del río San Francisco y, en consecuencia, a la cuenca del río Mapocho.
«Si la construcción de un túnel subterráneo ya generó infiltraciones de aguas subterráneas, podría estar afectando parte de la base de los glaciares, generando inestabilidad en toda la estructura glaciar», advierte la abogada. A ello se sumarían las futuras tronaduras asociadas a la explotación minera subterránea proyectada bajo el extremo norte del santuario, configurando un escenario que, según sostiene, podría provocar daños irreversibles.
Para Espinosa, las implicancias de estas intervenciones trascienden el área directamente afectada. «Intervenir o degradar ecosistemas glaciares no solo implica un impacto ambiental localizado, sino también un riesgo directo para la seguridad hídrica presente y futura de millones de personas», afirma. La directora de Fundación Glaciares Chilenos agrega que muchos de estos ecosistemas suelen permanecer invisibilizados tanto en el debate público como en la evaluación ambiental de proyectos extractivos, pese a su relevancia para las cuencas de la zona central.
¿Minería verde? El cobre detrás de la transición
El auge de la transición energética ha convertido al cobre en uno de los minerales más codiciados del mundo. Considerado un insumo clave para tecnologías como vehículos eléctricos, paneles solares y redes de transmisión, se proyecta que su demanda crecerá de forma sostenida durante las próximas décadas. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda de cobre asociada a tecnologías de energía limpia podría pasar de 7,7 millones de toneladas en 2024 a más de 12 millones en 2040, mientras que su participación en la demanda global aumentaría de 29% a 36%, impulsada principalmente por la expansión de las redes eléctricas y el despliegue de tecnologías energéticas bajas en emisiones.
Chile, principal productor mundial de cobre, aparece como uno de los países llamados a abastecer esa demanda. Para la industria minera, este escenario representa una oportunidad estratégica asociada a la descarbonización de la economía global.
Anglo American ha vinculado públicamente sus operaciones con este proceso. En abril de 2026, al anunciar la recertificación de sus operaciones Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres bajo el estándar internacional The Copper Mark, la compañía señaló que este reconocimiento reafirma su compromiso con una minería responsable y con la producción de cobre, un mineral que considera clave para la transición energética.
Sin embargo, organizaciones ambientales cuestionan que este discurso sea suficiente para garantizar una minería compatible con la protección de ecosistemas estratégicos. Para Martinic, la narrativa de la minería verde puede ser legítima, siempre que no se transforme en “un cheque en blanco o un simple blanqueo de imagen”. La abogada de ONG FIMA advierte que “si la extracción de ese cobre implica comprometer los glaciares que regulan la temperatura y son la principal fuente de agua de Santiago en un contexto de megasequía, estamos hablando de una transición energética que resuelve un problema climático transfiriendo otro a la gente”.
Esa preocupación, señala Martinic, se materializa en proyectos como Los Bronces Integrado, una iniciativa de Anglo American aprobada para extender la vida útil de la mina Los Bronces mediante la construcción de túneles, obras subterráneas y nueva infraestructura minera en la cordillera. Aunque la iniciativa declara que no afectará glaciares ni el abastecimiento hídrico, organizaciones y comunidades han cuestionado sus evaluaciones ambientales. Según la abogada, el proyecto fue aprobado sin considerar glaciares relevantes como Olivares Alfa y Paloma Norte, además de los 61 glaciares presentes en la cuenca del estero Yerba Loca. Asimismo, sostiene que la operación cuenta con autorización para utilizar hasta 1.300 litros de agua por segundo, una cifra que, según la abogada de ONG FIMA, equivale al consumo promedio de cerca de 600 mil personas. “A pesar de ello, el proyecto ya comenzó a desarrollarse, generando una amenaza importante para los glaciares y el abastecimiento hídrico de las regiones Metropolitana y de Valparaíso”, afirma.
En este complejo escenario, el investigador del CR2, Lambert, advierte que la discusión no debe plantearse como una elección entre minería y acción climática. A su juicio, minerales como el cobre serán necesarios para avanzar en la electrificación y reducir las emisiones globales. Sin embargo, enfatiza que “necesitamos minería, sí, pero no en cualquier lugar y no en cualquier condición”.
Más que oponer minería y acción climática, Lambert plantea la necesidad de avanzar hacia una transición justa. “Podemos tener los dos, pero hay que manejarlo bien. Y ahí el Estado es clave”, afirma. A su juicio, el desafío consiste en evitar que este proceso beneficie a unos territorios a costa de otros, fortaleciendo la regulación estatal y los sistemas de monitoreo para que la actividad minera no transforme nuevas regiones en zonas de sacrificio.
Glaciares sin ley: los vacíos de la institucionalidad ambiental
El caso en Yerba Loca pone en evidencia un tema de discusión profundo, y es que la capacidad del Estado para proteger los glaciares en un contexto de expansión minera es muy limitada. Aunque Chile ha incorporado la crisis climática en distintos instrumentos de política pública, especialistas advierten que aún no existen medidas específicas que garanticen una protección integral de los glaciares.
La última Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) –que incorpora los compromisos climáticos asumidos por Chile en el marco del Acuerdo de París– reconoce la vulnerabilidad de los glaciares frente al cambio climático y menciona distintas iniciativas asociadas a su monitoreo. Sin embargo, no establece metas concretas para su protección. A nivel normativo, la Ley Marco de Cambio Climático mandató la elaboración de planes sectoriales de adaptación y mitigación, entre ellos el Plan Sectorial de Cambio Climático para la Minería, actualmente en desarrollo.
Para Constanza Espinosa, directora de Fundación Glaciares Chilenos, estos avances resultan insuficientes mientras el país siga careciendo de una legislación específica que proteja glaciares y ambientes periglaciares. «La falta de una ley de glaciares genera vacíos importantes en materia de protección, monitoreo y fiscalización», sostiene. En la práctica, agrega, esto deja expuestos ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica y climática del país frente a distintas presiones industriales.
Martinic coincide en que el caso Yerba Loca evidencia debilidades estructurales de la institucionalidad ambiental. A su juicio, resulta especialmente preocupante que la denuncia presentada en 2020 por la construcción del túnel Los Sulfatos fuera archivada inicialmente por la Superintendencia del Medio Ambiente sin una investigación de fondo. «Una denuncia ciudadana sobre una obra ilegal dentro de un área protegida no puede terminar archivada y no puede implicar años de judicialización (…) El resultado es que una infraestructura potencialmente dañina, construida sin autorización ambiental, quedó validada por la institucionalidad sin que jamás se midieran sus impactos reales», afirma.
En un escenario donde Chile está potenciando su papel como potencia minera, la protección de glaciares entra en un terreno incluso más complicado. En julio de 2026, los gobiernos de Chile y Argentina anunciaron la reactivación de la comisión binacional creada al amparo del Tratado de Integración y Complementación Minera de 1997, con el objetivo de impulsar proyectos transfronterizos entre ambos países.
Más allá de Yerba Loca: el desafío de proteger la alta montaña
Mientras la justicia ordenó reabrir la investigación sobre el túnel Los Sulfatos, las preguntas centrales siguen sin respuesta. A más de una década de su construcción, no existe una línea base que permita determinar con precisión qué impactos pudo haber generado sobre los glaciares, las aguas subterráneas y los ecosistemas de alta montaña de Yerba Loca.
Al cierre de este reportaje, Anglo American no respondió a las solicitudes de entrevista. No obstante, la compañía ha sostenido públicamente que sus operaciones buscan compatibilizar la actividad minera con la protección de los ecosistemas de montaña. En el caso de Los Bronces Integrado, la empresa ha señalado que el proyecto fue diseñado para desarrollarse principalmente mediante obras subterráneas y que los estudios presentados durante su evaluación concluyeron que no generaría impactos significativos sobre glaciares ni recursos hídricos.
Más allá de lo que determine la investigación, el caso ha reabierto una discusión más amplia sobre cómo proteger ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica del país en un contexto de crisis climática y expansión minera. Para Martinic, una de las prioridades es avanzar en una ley que otorgue protección integral de los glaciares y los reconozca como bienes nacionales de uso público, una discusión que lleva más de una década en el Congreso sin resultados concretos.
La abogada también plantea la necesidad de fortalecer las capacidades de fiscalización del Estado. A su juicio, el caso Los Sulfatos evidencia que no basta con contar con normas si las instituciones encargadas de supervisarlas carecen de recursos suficientes para investigar oportunamente denuncias complejas en territorios de alta montaña.
Desde la Fundación Glaciares Chilenos, Constanza Espinosa coincide en que el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental resulta clave frente al avance de proyectos mineros en la cordillera. “Chile concentra más de 26 mil glaciares que representan cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica y, sin embargo, aún no cuenta con una legislación específica que garantice su protección efectiva”, afirma. Entre las medidas urgentes, menciona mejorar el monitoreo glaciar, reforzar las capacidades técnicas del Estado y garantizar procesos de evaluación ambiental rigurosos que permitan anticipar impactos acumulativos sobre glaciares, aguas subterráneas y ecosistemas cordilleranos.
Mientras la investigación sigue su curso, Yerba Loca permanece como un símbolo de una tensión presente en Chile y que, con el paso de los años, probablemente no hará más que agudizarse. Aún no existe una hoja de ruta clara para compatibilizar la creciente demanda de minerales críticos con la protección de ecosistemas que almacenan agua, regulan el clima y sostienen la vida. En un escenario marcado por la crisis hídrica y el cambio climático, esa discusión se ha vuelto cada vez más urgente.
