“El viento y la fuerza del mar nos ubican en una zona privilegiada para la instalación de proyectos de generación eólica. Esto nos permitirá ser el primer país en Latinoamérica en producir este tipo de energía costa afuera”. Con esas palabras la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, anunció hace un par de semanas la subasta para los primeros proyectos de generación de energía eólica costa afuera del país. El área designada, ubicada en el departamento del Atlántico, sería -según indicó- la primera concedida en la región para este propósito.
Solo unos días después, el Gobierno de Gustavo Petro, que ha abanderado la transición energética y la lucha contra el cambio climático desde su campaña, puso en funcionamiento el primer portal informativo sobre el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia. Una muestra más del impulso que pretende dársele a esta tecnología para ampliar las fuentes de energía en el país en un futuro cercano. Pero, pese a los recientes anuncios, el país todavía no cuenta con los pliegos ni las bases de condiciones específicas para que despegue este proceso.
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Según el Ministerio de Minas y Energía (Minminas), los pliegos deberían estar listos en agosto. Quienes obtengan los permisos podrán adelantar estudios, tramitar licencias y realizar actividades para acceder a una concesión marítima con el fin de construir y operar parques eólicos offshore. Una meta importante, sobre todo, después de que las grandes apuestas de la transición energética nacional (es decir, los proyectos que buscan que Colombia, un país altamente dependiente de los hidrocarburos, transite a una economía sin carbón y sin petróleo) hayan sufrido varios tropiezos.
Un informe reciente de SER Colombia, la asociación que agrupa al gremio de las energías renovables del país, precisó que, de los 80 proyectos de energía renovable no convencional que hay en Colombia que tenían programado iniciar operación entre 2023 y 2024, solo el 35 % avanza sin problema.
El resto presenta retrasos por conflictos sociales, ambientales o jurídicos. Como el proyecto eólico Windipeshi, de la empresa ENEL, ubicado al extremo norte de Colombia, en el departamento de la Guajira. El pasado 24 de mayo se anunció la suspensión indefinida de su construcción, tras dificultades en los acuerdos con algunas comunidades indígenas wayuu, habitantes ancestrales del territorio.
No ha sido el único caso. Colectora, un proyecto que transportaría la energía de siete parques eólicos de la Guajira al resto del país, lleva tres años de atraso. Otros proyectos de energías renovables no han podido ingresar al Sistema Interconectado Nacional, o red eléctrica nacional, donde entregan la energía. Lo ocurrido es una muestra más de que, para impulsar la transición energética, no es suficiente contar con la disponibilidad del viento o sol. Pese a que el país ha avanzado identificando su potencial en estas energías no convencionales, pocos análisis integran las restricciones sociales y ambientales a las que pueden enfrentarse.
En busca del potencial de los océanos
Ante un panorama de incertidumbre, la energía eólica costa afuera (que se produce usando la energía del viento en el mar) se ha mostrado como una alternativa prometedora. En el océano, el viento alcanza mayores velocidades que en tierra y es menos inestable, porque no tiene tantos obstáculos, como edificios o montañas, que limiten su paso. Y el mundo ha empezado a notarlo. Solo en el 2021 la instalación de energía eólica offshore se triplicó en el planeta, alcanzando cifras récord. Se pasó de producir 6,8 gigavatios (GW) en 2020, a producir 21,1 GW el año siguiente.
Colombia está entre los lugares del planeta que resaltan por su potencial eólico. Se estima que podría generar casi tres veces la capacidad de energía que tiene actualmente el país. “Somos el único país de Suramérica que tiene dos océanos y una extensión enorme de mar territorial, equivalente a casi el 50 % del país”, asegura Andrea Davis-Morales, oceanóloga y PhD en oceanografía, con amplia experiencia en producción energética costa afuera.
Desde 2010, el Banco Mundial señalaba que la energía proveniente del viento en Colombia podría complementar a las hidroeléctricas, de donde proviene más del 60 % de nuestra energía. “En Colombia dependemos del agua para producir nuestra electricidad”, agrega la investigadora. En los periodos de sequía, o en eventos de variabilidad climática, como El Niño, los temores del racionamiento de la energía resuenan.
“Somos el único país de Suramérica que tiene dos océanos y una extensión enorme de mar territorial, equivalente a casi el 50 % del país”
“Nos empezamos a dar cuenta que no podíamos depender de una sola fuente, y que debíamos tener una diversificación de nuestra canasta”. Por eso, al regresar de su doctorado, Davis-Morales empezó a trabajar en la Universidad Nacional, sede Medellín, en un proyecto para determinar el potencial de los mares en Colombia en cuanto a energías renovables. No solo la proveniente del viento, sino también del oleaje, las corrientes, los cambios de temperatura y los cambios de salinidad.
En todas, señala, el país tiene algún tipo de potencial, ya sea en la costa Pacífica o Caribe. Pero hay otra cosa clave: la tecnología.
“Potenciales como el gradiente térmico o salino no cuentan todavía con una tecnología lo suficientemente avanzada. En cambio, la tecnología para extraer energía del viento ha avanzado mucho, así como la tecnología para mantener unas plataformas a flote en el océano a pesar del clima y las variaciones meteorológicas intensas”, explica la oceanógrafa.
Aspectos como la reducción de costos, el mejoramiento en las cadenas de suministro y las nuevas tecnologías han llevado a que esta sea una de las mejores opciones en el panorama.
Pese a que el Gobierno afirmó que busca ejecutar a corto plazo la primera ronda de asignación de permisos de ocupación temporal para la eólica costa afuera, las reglas del juego todavía no están tan claras. Solo desde el 2020 se empezó a construir en el país un marco regulatorio específico para esta energía. En mayo de 2022 se publicó la hoja de ruta con los potenciales y retos de la eólica offshore a mediano y largo plazo en Colombia, y, recientemente, con la resolución 40284 de agosto de 2022, se plantearon las condiciones para otorgar un permiso de ocupación temporal a las empresas como primer paso para el desarrollo de dichos proyectos.
“La meta es alcanzar 1 GW de capacidad instalada para el año 2030”, aseguran desde el Minminas. “Pero se han identificado desafíos en materia de adecuación de infraestructura, logística y portuaria, así como la articulación interinstitucional para la reglamentación del proceso de licencias ambientales y potenciales consultas previas para este tipo de proyectos”.
Vacíos pendientes por resolver
La costa Caribe colombiana, donde se presenta el mayor potencial para la energía eólica fuera de costa en el país, es también un lugar con zonas protegidas, áreas de importancia biológica y ecológica, hábitats críticos y clave para la conservación de especies y ecosistemas. Sus aguas son utilizadas por pesquerías artesanales y comerciales, y parte de la zona continental es territorio ancestral de comunidades indígenas.
Además, es una zona de alto tráfico marítimo, de turismo, de pesca o de carga, muy cercana al canal de Panamá, y con áreas ya asignadas para exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera. La Dimar, autoridad marítima encargada de controlar y autorizar las actividades marítimas y costeras en Colombia, se encargó de determinar las áreas con “bajos niveles de conflictividad”, como la establecida en el siguiente mapa, donde se permitiría el desarrollo de los proyectos eólicos offshore y su coexistencia con otras actividades marinas.
La costa Caribe colombiana presenta el mayor potencial para la energía eólica offshore. A su vez, es un lugar con zonas protegidas, áreas de importancia biológica y ecológica, y hábitats críticos que son claves para la conservación
Lo cierto es que, por su ubicación, labores de mantenimiento y operación, y condiciones del entorno, la energía eólica costa afuera resulta más costosa que la eólica en tierra y la solar. Reducir estos costos implicaría impulsar proyectos más grandes, de mayor capacidad, que también pueden traer otros desafíos asociados. Como lo señala la hoja de ruta, a mayor escala, aumentan los riesgos de impactos sociales y ambientales, por lo que “se requerirán datos, participación y una planificación espacial marina cuidadosa para minimizarlos”.
Eso mismo señala un informe reciente de CLEANaction, una plataforma que reunió a más de 10 organizaciones internacionales para determinar los posibles impactos de varias fuentes de energías renovables. “Sabemos que la energía renovable es nuestra mejor opción para alcanzar las necesidades de energía sin dañar irreparablemente nuestro clima o naturaleza, pero, incluso las renovables pueden ser disruptivas con el ambiente mientras son instaladas y durante su mantenimiento”, dice.
Según el investigador Juan Gabriel Rueda, PhD en ingeniería civil y experto en energía eólica marina, el país aún no cuenta con información suficiente. “Colombia es privilegiada con diferentes tipos de recursos naturales, pero no hay un contexto legal claro para regular la explotación sostenible y segura de la energía eólica no convencional”, señalaba en una investigación publicada en 2019. Y sus percepciones no han cambiado.
“La hoja de ruta, que es la que está guiando hoy las discusiones, no tuvo en cuenta la investigación que se había hecho aquí en Colombia sobre el tema. Se tomaron decisiones sin consultar la academia del país y al Estado le falta mucha información, justificando entonces la contratación de consultorías extranjeras que, si bien tienen experiencia, no tienen en sus países las condiciones y particularidades sociales, ambientales y culturales que tenemos nosotros”, explica.
Como señala un informe, “la energía renovable es nuestra mejor opción para alcanzar las necesidades de energía sin dañar irreparablemente nuestro clima o naturaleza, pero, incluso las renovables pueden ser disruptivas con el ambiente mientras son instaladas y durante su mantenimiento”
Entre los desafíos, ya diagnosticados en el mundo y Colombia con diferentes estudios, están, por ejemplo, los impactos en las aves migratorias. La documentación que tiene Colombia hasta ahora presenta las zonas costeras que son de importancia para estos animales, pero no presenta la rutas o trayectos de distintas especies que podrían coincidir con el área destinada para los proyectos eólicos offshore. “Los peligros que presentan la construcción de parques eólicos costa afuera para las aves, siguen siendo principalmente: la barrera que presentan al movimiento, la pérdida de hábitat y el riesgo de colisión”, se lee en la hoja de ruta.
Una preocupación similar se tiene con los mamíferos marinos, como delfines o manatíes. En el Caribe colombiano se han identificado 29 especies, es decir, el 83% de las especies registradas en Colombia, que pueden ser particularmente sensibles a actividades de construcción, al ruido submarino y al riesgo de colisión con embarcaciones. “Actualmente no hay un mapa de acústica marina, de los niveles de ruido actuales, y no sabemos cómo puede impactar el ruido de las máquinas a las especies marinas, su vida y su reproducción”, señala Rueda.
Un mecanismo que ha implementado Colombia para la disminución o compensación de esos impactos es la licencia ambiental. La legislación nacional establece que, quienes quieran adelantar este tipo de proyectos, deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que será el punto de partida para que se otorgue o no la licencia.
Aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) son los encargados de publicar los términos de referencia para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de los proyectos eólicos costa afuera, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta sobre los avances.
“Los términos de referencia fueron trabajados desde el año pasado con el MADS. Sin embargo, ellos son los encargados de publicarlos y, a la fecha, no tenemos conocimiento de cuándo será esa publicación”, aseguraron fuentes de la ANLA.
Más allá de las incertidumbres ambientales, estos proyectos también pueden verse limitados por el tráfico marítimo. Aunque no se ha publicado información sobre las rutas marítimas designadas y el área de desarrollo de los proyectos, el mapa de tráfico marino de la hoja de ruta muestra una alta densidad en la zona designada para el que busca ser el primer proyecto de energía eólica costa afuera de Latinoamérica.
El pasado 8 de junio, durante la conmemoración del día mundial de los océanos, se conoció que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzaron su máximo histórico: 54 gigatoneladas de CO2 equivalente en la última década. Si el mundo está dispuesto a trabajar para limitar el calentamiento global a 1,5° para final de siglo, es necesario que las energías renovables representen más del 90 % de la generación de electricidad para 2050.
El mar ofrece grandes oportunidades en materia energética. Sin embargo, tal y como lo ha demostrado la actual crisis climática, el avance de estos proyectos no puede ser a costa de las comunidades locales y la biodiversidad.
