Américo Juwag, comunero de Belén, una de las 125 localidades de la provincia de Condorcanqui (región de Amazonas), mantiene la esperanza en que se desarrollará el proyecto fotovoltaico que deberá llevar electricidad a más de 6.600 familias, entre ellas la suya, y a todas las de los distritos de Río Santiago, Imaza y El Cenepa. Sin embargo, desde el 2015 su sueño aún es promesa y hasta ahora no se han visto avances en la zona fronteriza donde vive.
“Hoy en día las comunidades no son como hace 20 o 30 años atrás”, comenta el comunero de Belén, refiriéndose a cómo ha cambiado la dinámica local. “Hay personas en las comunidades que de alguna manera están logrando sus estudios, se involucran en actividades de emprendimiento, que quieren poner negocios, dedicarse a vender algún producto y necesitan de la energía [eléctrica]”, agrega.
El proyecto fue denominado oficialmente como “Instalación del sistema de electrificación rural de las cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpatkay y Santiago, distritos fronterizos de El Cenepa, Imaza y Río Santiago”. Fue aprobado hace 9 años, en 2015, sin embargo, las comunidades de Río Santiago, Imaza y El Cenepa siguen esperando la prometida electrificación de sus hogares. El proyecto tuvo como objetivo revertir la pobreza energética, es decir, la falta de acceso a energía para satisfacer necesidades básicas como iluminación y refrigeración de alimentos.
Mientras tanto, las noches transcurren en esta zona fronteriza entre preguntas constantes, sobre todo: ¿cuándo llegará la energía? ¿Por qué es tan difícil avanzar en la electrificación de estas zonas de frontera? ¿Cuándo aquel proyecto de electrificación, del que se oye hablar a lo lejos, se hará realidad? ¿Por qué esta parte del Perú sigue privada del derecho a la luz que trae la energía eléctrica?
Este reportaje apunta hacia esas respuestas.
Energía limpia que no llega a Condorcanqui
La región Amazonas, ubicada en el norte de Perú, es hogar de más de 429 mil personas. Sin embargo, solo una parte de su población tiene acceso a la energía eléctrica. De acuerdo con el último Anuario Estadístico de Electricidad (2022), apenas 102.669 habitantes, es decir, el 23,91% de la población, cuentan con el servicio de electricidad como clientes regulados, es decir, aquellos que pagan por este servicio y tienen acceso garantizado. Este número no solo refleja la limitada cobertura en la región, sino también su posición a nivel nacional.
Según la Estadística Eléctrica por Región del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Amazonas representa apenas el 1,3% del total de usuarios de electricidad del país, que suman más de 8,3 millones en total. La baja cobertura eléctrica se evidencia aún más al comparar la cantidad de personas con acceso al servicio. Amazonas ocupa el quinto lugar entre las regiones con menor número de usuarios con electricidad, en cuarto lugar está Pasco (70,744 usuarios), y le sigue Moquegua (67,224 usuarios), Tumbes (58,715 usuarios) y Madre de Dios (46,799 usuarios), pese a superar en población a las regiones mencionadas.
Para abastecerse, la región cuenta con dos principales proveedores de electricidad: Electro Oriente S.A. y Petróleos del Perú (Petroperú) S.A. Electro Oriente opera centrales térmicas como Bagua Grande, Chachapoyas-Elor y Juan Velasco Alvarado, además de las centrales hidráulicas de Cáclic, El Muyo y La Pisuquia. Por su parte, Petroperú S.A. maneja las centrales térmicas conocidas como Estación 6 y Estación 7. Estas infraestructuras garantizan el suministro de electricidad en muchos distritos de la región.
Sin embargo, la realidad cambia cuando se observa de cerca la situación en los distritos más alejados, como Río Santiago y El Cenepa, donde la electrificación aún es una tarea pendiente frente a los miles de ciudadanos de las etnias indígenas Wampis y Awajún que viven en la zona.
Kefrén Graña, secretario general del Gobierno Autónomo de la Nación Wampis, organización política que reúne a las diferentes comunidades wampis, describe un panorama desalentador respecto a la electrificación en el Río Santiago. “No existe ninguna comunidad que cuente con ese servicio de energía”, afirma.
El líder wampis menciona que la excepción es la capital de la zona, Puerto Galilea, que cuenta con energía eléctrica, aunque de manera limitada. “La Municipalidad tiene implementada luz eléctrica que funciona a través de un motor generador”, precisa. Por tales motivos, y ante la necesidad urgente de electrificar distritos como El Cenepa y Río Santiago, la energía limpia y renovable se presenta como una gran alternativa.
En 2015, se aprobó el perfil del proyecto “Instalación del sistema de electrificación rural de las cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpatkay y Santiago, distritos fronterizos de El Cenepa, Imaza y Río Santiago”. A pesar de que su financiamiento comenzó en 2017, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución ha sido mínima. Cada año, el presupuesto asignado terminó siendo ejecutado entre un 0,3% y un 11,15%, a excepción de 2022, cuando se logró un 31,91%. En conjunto, entre 2017 y 2024, solo se ha ejecutado un 7,52% del presupuesto planificado inicialmente para cada año.
Este proyecto prometía llevar servicios a 125 localidades rurales y beneficiar a un total de 6.658 familias, es decir, a 28.275 habitantes, según el expediente técnico. La electrificación se realizaría mediante la implementación de Sistemas Fotovoltaicos Centralizados, que funcionan como plantas de energía que acumulan la electricidad generada por paneles solares, y sistemas fotovoltaicos domiciliarios, que permiten instalar paneles solares directamente en las viviendas de las comunidades seleccionadas. También se preveía asegurar el alumbrado público y las conexiones eléctricas en los hogares.
El presupuesto inicial de este proyecto fue de 142 millones 215 mil 113 soles, y el 13 de enero de 2022 se adjudicó al Consorcio Numpatkay, compuesto por las empresas China CAMC Engineering CO – Sucursal Perú e INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, con un plazo de 540 días para finalizar la obra.
Sin embargo, el 10 de noviembre de 2022, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) identificó una infracción de INIP Ingeniería, quien presentó información falsa y fue sancionada con 38 meses de inhabilitación para participar en proyectos estatales. Esto llevó a la Dirección General de Electrificación Rural a resolver el contrato el 3 de marzo de 2023, dejando el proyecto en un estado de incertidumbre.
Hasta la salida del consorcio, el proyecto había recibido una inversión de 44.914.454 soles. Según el reporte de seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, se registró un avance del 19% en la instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, 34% en la instalación de sistemas fotovoltaicos centralizados, 11% en la gestión del proyecto, 100% en el expediente técnico y 16% en la supervisión del mismo. Sin embargo, con el contrato rescindido, el progreso quedó detenido y las comunidades siguen esperando la llegada de la tan prometida energía.
Kefrén Graña también expresa la incertidumbre que sienten las comunidades frente al proyecto de electrificación prometido: “Hemos escuchado nosotros… que iba a haber ese proyecto para implementar en algunas comunidades a base de panel solar”. “Eso simplemente escuchamos y hasta ahora no se está haciendo esas acciones”, lamenta.
La luz negada a las comunidades Wampis y Awajún
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai, describe cómo algunas personas han encontrado soluciones temporales a la falta de energía en esta parte del país, apelando a los generadores y el combustible fósil: “Ahora la mayoría, bueno, como tienen algún trabajo, se compran un generador pequeño, pero igual necesitan de combustible, y pues eso está muy escaso también en el contexto”, sostiene la lideresa.
El testimonio de Pioc evidencia el panorama de pobreza energética en el que se encuentra la provincia de Condorcanqui, en la frontera de Perú y Ecuador. Allí, la energía que los mismos comuneros procuran con generadores, como ella narra, no alcanza para satisfacer plenamente sus necesidades energéticas básicas. Además, menciona estar enterada del proyecto de electrificación fotovoltaica, pero que “nunca culminaron ese proyecto, nunca funcionó”. La lideresa confirma que la mayoría de las comunidades de la frontera no tienen acceso a la electricidad, perpetuando su situación de aislamiento energético.
El reinicio del proyecto
Luego de la cancelación del proyecto, no obstante, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) aprobó el 10 de noviembre de 2023 el expediente de contratación para culminar finalmente las instalaciones, con un presupuesto de 138.750.485 soles. Tras varios meses, el 19 de abril de 2024, el proyecto salió nuevamente a licitación, y no fue hasta el 29 de agosto de 2024 que se otorgó la adjudicación del proyecto al Consorcio Alto Cenepa. Este grupo, integrado por Roca Fuerte SAC, CMR Consultores y Ejecutores EIRL, CMP Contratistas Generales SAC y C.Megía Contratistas Generales SAC, asumió la responsabilidad por un costo de 122.825.078 soles.
Pero, ¿toda esta odisea burocrática se justifica ante la urgencia de electrificar a las comunidades incluidas en este proyecto? Para la ingeniera ambiental Ximena Guardia, especializada en transición energética, el retraso de los proyectos de electrificación no se debe a cuestiones técnicas. Según explica, la instalación de paneles solares es un proceso sencillo que muchas empresas ya pueden realizar en el país, incluyendo la colocación de módulos, inversores y reguladores.
Factores como la accesibilidad, la planificación previa o la sensibilización de la población beneficiada ante el proyecto, también son variables a tomar en cuenta, de acuerdo con la especialista. Sin embargo, el obstáculo principal radica en la burocracia: “El problema es que este tipo de concesiones se ha dado a empresas distribuidoras y, además, estas se tienen que encargar de la obtención de permisos”, sostiene la ingeniera ambiental.
Augusto Durán, especialista en energías limpias y transición energética, señala también que la energía por medio de paneles solares no solo es una alternativa al petróleo, por ejemplo, sino también una oportunidad de electrificación justa. “Bajo un enfoque de transición energética justa y popular, que no busca hacer de la energía un negocio, la energía solar sí es una alternativa para lograr la electrificación de aquellas zonas más alejadas y que no pueden estar interconectadas a la red nacional [Sistema Eléctrico Interconectado Nacional]”, señala Durán.
Por otra parte, el retraso en la ejecución del proyecto de electrificación rural no solo representa una oportunidad perdida, sino que también contraviene compromisos legales fundamentales como, por ejemplo, el Decreto Legislativo 1002, que busca “promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente”.
Además, no se alinea con el Decreto Supremo 020-2023-EM que reglamenta la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables, y apunta a “mejorar la calidad de vida de la población ubicada en las Áreas No Conectadas a Red”. Y también el Plan de Acceso Universal a la Energía, el cual prioriza “proyectos que permitan ampliar el acceso universal al suministro energético, priorizando el uso de fuentes energéticas disponibles” para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables del país.
Respecto al cumplimiento de estas metas, Guardia señala que no se ha logrado lo que en su momento se trazó como objetivos. “No se ha avanzado como se debía. Para estas fechas, de acuerdo a los planes iniciales, ya deberíamos tener el 100% de la cobertura eléctrica a nivel nacional, pero lamentablemente todavía no la alcanzamos. Estamos muy lejos de alcanzar esa meta”, advierte la especialista.
Por su parte, Durán describe que sin electricidad en zonas de la Amazonía, los centros de salud no pueden realizar procedimientos básicos, como radiografías, y la educación se ve afectada por la ausencia de computadoras y la falta de iluminación para estudiar.
Para este reportaje nos comunicamos con Roca Fuerte SAC, principal empresa dentro del Consorcio Alto Cenepa, actual encargado de ejecutar el saldo del proyecto de electrificación por medio de paneles solares en los distritos fronterizos de Río Santiago, Imaza y El Cenepa. No obstante, hasta el momento no se ha obtenido respuesta todavía al pliego de preguntas que fue enviado. Se les preguntó acerca del estado de la obra, su posible fecha de fin y las acciones que están realizando para completarla.
Por otra parte, la oficina de Comunicaciones de la Dirección General de Electrificación Rural aún no presenta una respuesta al pliego de preguntas enviado acerca del estado actual del proyecto, sus políticas de electrificación rural y la respuesta institucional hacia la desconfianza que tienen las comunidades de Condorcanqui al cumplimiento de la electrificación por paneles solares que les fue prometida.
