Cada minuto desaparece el equivalente a 11 campos de fútbol de bosque tropical en el mundo. Es decir que, mientras los representantes de casi 200 países trataban de llegar a un consenso sobre la reducción o eliminación de los combustibles fósiles en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), alrededor de 206.000 campos de fútbol de bosque se perdieron. Entre las principales causas de esta pérdida justamente está la extracción de petróleo, gas y carbón.
Esta es una amenaza latente para la Amazonía. Un reciente estudio, presentado en la COP28 de Emiratos Árabes Unidos, calcula que 65 millones de hectáreas, o casi el 13% de los bosques húmedos tropicales inalterados en esta región, se solapan con bloques en fases de exploración y producción.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y la comunidad científica ya han demostrado que, si no se elimina el uso de combustibles fósiles, no se alcanzará la meta de limitar el aumento de temperatura a 1,5°C. Sin embargo, las actividades extractivas se siguen extendiendo en los bosques tropicales, el bioma más biodiverso del planeta. Incluso, han llegado a las áreas protegidas y afectan a más de 31 millones de hectáreas de territorios indígenas.
Si los países no implementan medidas para proteger estos bosques, no quedarán sitios que escapen a las actividades extractivas.
Por otro lado, el camino para dejar la dependencia en estos combustibles también implica retos y despierta nuevos temores. Si no hay una transición justa, el avance de la minería y las renovables puede desencadenar problemas para las áreas protegidas, los territorios indígenas y los países amazónicos en general.
Áreas sin protección
El debate en torno a la eliminación (‘phase out’, en inglés) y la reducción (‘phase down’) de gas, petróleo y carbono se extendió hasta el último minuto de la COP28. Después de la conmoción que causó el texto del Balance Mundial del penúltimo día, que no implicaba ninguna de las dos opciones, se incluyó en el texto un pedido para que los países hagan una transición “para alejarse” de los fósiles. Aunque hace un llamado a la transición energética, no menciona una eliminación total ni tampoco es clara en cuanto a plazos.
Para Tyson Miller, director de la organización Earth Insight, mientras las actividades extractivas no se detengan, los sitios más conservados e inexplorados cada vez serán más atractivos para nuevos proyectos. “Es impresionante ver la situación de las áreas protegidas”, dice. El estudio “Losing Ground: Fossil Fuel Extraction Threats to Protected Areas around the World”, de Earth Insight, contabiliza 2.337 propuestas o proyectos activos de extracción de petróleo, gas o carbón en 918 áreas legalmente protegidas en el planeta.
La explotación de estas zonas ocasionaría la liberación de al menos 50.8 gigatoneladas (Gt) de potenciales emisiones de CO asociadas al petróleo, el gas y el carbono. Esto es más de tres veces las emisiones anuales de Estados Unidos y China, los principales contaminantes del mundo.
Esta situación no está lejos de la realidad. De acuerdo al Informe sobre la Brecha de Producción 2023, los gobiernos planean producir un 110% más de combustibles fósiles al 2030 de lo que sería necesario para limitar la temperatura a 1,5 C y 69% de lo que se necesita para evitar los 2C.
“Alcanzar el ‘phase out’ es indispensable para una zona como la Amazonía”, dice Miller. Esta es una de las regiones más requeridas para la explotación de petróleo y una de las más afectadas por sus impactos. Alrededor de 40.000 km2, que pertenecen a 34 áreas protegidas, se superponen con bloques de petróleo y gas en la cuenca amazónica. El 98% de estos, se encuentra en Bolivia, Colombia y Ecuador. Esta parte de la selva amazónica es el punto más biodiverso del planeta.
Madhu Rao, presidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación (UICN), explica que la degradación por concesiones no solo es perjudicial para el área, sino para las comunidades indígenas que viven dentro o en los alrededores de estos lugares y dependen de sus recursos para sobrevivir. Por otro lado, las mismas comunidades son las menos beneficiadas por los ingresos económicos que deja la extracción de petróleo.
“Cada día se abren más pozos petroleros en nuestros territorios y solo nos han dejado enfermedades, contaminación y muchas muertes”, dice Nemo Guiquita, lideresa Waorani de la Amazonia ecuatoriana. Según datos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), en esta región del país se registran en promedio dos derrames de petróleo por día.
Por otro lado, los ingresos que obtuvo Ecuador por las exportaciones de petróleo solo durante el primer semestre del 2023 alcanzaron los USD 3.300 millones. La mayoría se extrae de la selva amazónica, pero allí se ubican las provincias con los niveles más altos de pobreza y con el acceso más bajo a servicios como la electricidad.
La Amazonía ecuatoriana bajo riesgo
Nemo Guiquita acudió a la COP28, junto a otros líderes indígenas, para contar la experiencia del Parque Nacional Yasuní. En agosto de este 2023, el 60% de los ecuatorianos votó en una Consulta Popular para dejar el petróleo bajo tierra en esta área protegida, que es la más extensa del país.
Sin embargo, el estudio de Earth Insight revela que el 45% del Yasuní todavía está en riesgo, ya que se solapa con bloques petroleros y lo mismo ocurre con el 19% de territorios indígenas en este lugar.
Guiquita explica que aún hay nueve bloques en territorio Waorani y seis están dentro del parque. Lo que ocurrió con el Yasuní fue una victoria, dice, pero la lucha recién empieza. Más aún cuando, a pesar de que 6 de cada 10 ecuatorianos votaron por dejar el petróleo bajo tierra, el gobierno de Guillermo Lasso se negó a reconocer esta decisión.
Petroecuador, la estatal encargada del bloque 43 del Yasuní, emitió un comunicado público anunciando que el 31 de agosto del 2024 terminará la extracción de crudo, pero no hay certezas sobre el proceso de remediación.
Lo que ocurre en el Yasuní se extiende a toda la Amazonía ecuatoriana. Datos de la fundación Ecociencia revelan que el 63% de esta región corresponde a territorios con concesiones petroleras. En provincias como Pastaza, estos bloques abarcan un 90% de su superficie.
Miller explica que la situación de Ecuador es riesgosa. Para este especialista, los países deberían comprometerse a mantener todo este petróleo de la Amazonía bajo tierra, no solo el que se encuentra en áreas protegidas.
Durante la COP28, Colombia sorprendió con su adherencia a la iniciativa Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) (una coalición internacional de gobiernos que trabajan para facilitar la eliminación de la producción de petróleo y gas). Sin embargo, Ecuador no hizo grandes anuncios sobre transición energética y, junto con Perú, fueron los únicos en América Latina que no firmaron el acuerdo para triplicar la capacidad de las energías renovables al 2030.
Una transición justa en la Amazonía
La promoción de las energías limpias fue uno de los puntos más importantes en la conferencia de Dubai. Aunque el último reporte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) destaca el potencial de América Latina para promover las renovables, esta transición también plantea nuevos desafíos para una región como la Amazonía.
Giovanni Pabón Restrepo, director de Energía del Centro de Pensamiento Transforma, con base en Bogotá, explica que lo primero que hay que entender es que el aumento de la capacidad de las renovables no es un reemplazo a la eliminación de los combustibles fósiles. Ambas medidas se complementan y son necesarias para cumplir con el Acuerdo de París.
Por otro lado, “no podemos pasar de un mineral a otro mineral o de un extractivismo a otro extractivismo”, resalta Pabón. Para potenciar las energías renovables es necesaria la extracción de minerales críticos, que pueden afectar nuevamente a áreas protegidas y territorios indígenas.
El Informe sobre las Amenazas a las Tres Cuencas: Evitar la Expansión Petrolera, Minera e Industrial revela que hasta el momento más de 170 millones de hectáreas (33%) de los bosques húmedos tropicales inalterados se solapan con concesiones mineras activas y potenciales. Estas últimas abarcan 99 millones de hectáreas.
Por otro lado, más de 60 millones de hectáreas de territorios indígenas se solapan con potenciales concesiones mineras. Pabón Restrepo recalca que es importante que la región fije sus salvaguardas ambientales y sociales para evitar daños en estos territorios e impulsar una verdadera transición energética.
