En los dos años desde que se anunció la primera Asociación para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés), ya van más de 45.000 millones de dólares comprometidos por las grandes potencias mundiales para financiar la transición energética en cuatro países: Sudáfrica, Indonesia, Vietnam y Senegal.
Creados originalmente por el G7 —por fuera de las negociaciones climáticas en los foros de Naciones Unidas—, los JETP nacieron como un amplio paquete de financiación para acelerar la descarbonización del sector energético en países altamente dependientes de los combustibles fósiles, por sobre todo, del carbón. Así, estas alianzas buscan proveer apoyo, herramientas y acceso a fondeo internacional con el fin de acelerar la transición energética, aumentando la ambición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, en inglés) de los países foco a 2030 y reafirmando sus compromisos a ser carbono neutrales a 2050.
Cada uno de los cuatro acuerdos firmados hasta ahora tiene sus particularidades y desafíos. Para Indonesia, por ejemplo, supone alcanzar la carbono neutralidad para 2050, una década antes de lo planificado originalmente en su NDC, retirando una flota de carbón relativamente joven (promedio 12 años), al tiempo que avanzan las energías renovables. Sudáfrica, por su parte, tiene centrales carboneras más antiguas, pero altamente concentradas en la provincia de Mpumalanga, y las minas y centrales de carbón son fundamentales en el empleo de la zona.
¿Podrían ser los JETP una opción viable para América Latina? Esa es la pregunta. Y es en las lecciones dejadas por la implementación en Asia y África donde, quizá, se pueda empezar a esbozar una respuesta.
El componente de justicia
Los JETP llegaron en momentos de incertidumbre, en que los países de renta baja y media sólo reciben una quinta parte de la inversión energética mundial y suelen enfrentar desafíos para ampliar el acceso a la energía de sus poblaciones, sin tener el financiamiento necesario para hacer frente a los costos de la transición a fuentes renovables.
Ahora bien, la transición no sólo implica pasar de fuentes de generación energética contaminantes y que contribuyen fuertemente al cambio climático a limpias. Como indica un estudio del Centro para el Desarrollo Global (CGD, en inglés), los países deben balancear transiciones que sean costo-efectivas, rápidas, de amplio alcance y que incorporen una perspectiva de transición justa. Es decir, un componente de justicia. Esto es algo que los JETP —como su nombre dice— buscan.
“Lo que me preocupa es que se centran bastante en el lado de la oferta y que sólo tienen en cuenta el sector energético, cuando lo que necesitas son soluciones realmente integradas. Por lo menos Sudáfrica, Indonesia y Vietnam, sus JETP, el objetivo clave es eliminar el carbón”, afirma Annika Seiler, autora del análisis antes citado.
Para ella, que también trabaja de asesora para el Banco de Desarrollo Asiático, los países no pueden obviar la necesaria adecuación de sus políticas energéticas, como el establecimiento de tarifas, fijar precio al carbono y gobernanzas sectoriales eficaces que den pie a lo que la transición energética finalmente es: una transformación a largo plazo de sus economías.
¿Fuente innovadora de recursos?
En términos de financiamiento, los JETP se presentan como una fuente innovadora de movilización de recursos, al combinar dineros públicos con privados y contar con el involucramiento de bancos multilaterales. De acuerdo con un análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, en inglés), este tipo de mecanismos puede, eventualmente, acelerar las decisiones tomadas en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas, donde los países dependientes de los combustibles fósiles pueden vetar cualquier acuerdo.
Al día de hoy, de los cuatro países beneficiados por los JETP, sólo Sudáfrica ha presentado el plan de inversiones necesarias para su implementación. Según este, la nación africana, en realidad, se queda corta: requiere de 98.000 millones de dólares para financiar su transición energética, casi 10 veces más de lo anunciado inicialmente.
Esa diferencia refleja también la naturaleza de los acuerdos: puestos en marcha con una declaración política de los países donantes, estos deben ser llevados a planes realistas y concretos por parte de quienes los reciben. Esto mismo ya está generando problemas en Indonesia. Un reciente reportaje de Bloomberg da cuenta de la complejidad que está teniendo para definir su plan de inversión, el que se espera esté publicado para la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas (o COP28, del 30 de noviembre al 12 de diciembre próximos, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos).
El país asiático, quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en la actualidad, planea, de todos modos, agregar 13 gigawatts de generación eléctrica en base a carbón.
En su JETP se plantea que recién en 2030 dejará de construir nuevas centrales térmicas, algo que, según la Agencia Internacional de Energía, debería hacer en 2024 para mantenerse en línea con el compromiso global de limitar el calentamiento planetario a 1,5°C.
En este sentido, un análisis independiente muestra que, si Indonesia utiliza los fondos del JETP para cerrar anticipadamente alrededor de la mitad de sus centrales eléctricas a carbón existentes, no sólo ahorraría dinero y reduciría sus emisiones, sino que también podría mantener un suministro fiable de electricidad.
La letra chica
Uno de los puntos más críticos de estas alianzas tiene que ver justamente con el detalle de esos miles de millones de dólares prometidos. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, sólo un 3% son subvenciones directas. El resto es mayoritariamente deuda. Estados Unidos, país que lidera el acuerdo con Indonesia, es también su principal acreedor.
La naturaleza de deuda, sumado a su rechazo a comprometerse con dejar el carbón, se incluyen entre las razones que tuvo India para rechazar su propio JETP. Santosh Agarwal, del Ministerio del Carbón de dicho país, dijo hace unas semanas: “La transición para abandonar el carbón no se producirá en un futuro próximo”.
Senegal fue el último país en acordar su JETP, a mediados de este 2023, aunque con particulares diferencias del resto. Este no es un país con alta dependencia del carbón ni un gran emisor de gases de efecto invernadero —como sí lo son los otros tres—. Su huella de carbono es relativamente baja y tiene inmensas necesidades de acceso a la energía en su población.
Por otra parte, sus autoridades no han escondido sus intenciones de utilizar la alianza para ampliar su uso de gas. Aunque más “limpio” que el carbón, el gas es también un combustible fósil y su quema contribuye fuertemente al cambio climático.
Es importante notar, en este sentido, que el acuerdo —liderado por Francia y la Unión Europea del lado de los aportantes— se dio en medio del interés europeo por diversificar sus suministros de gas tras la invasión de Rusia a Ucrania.
¿Qué podrían implicar para América Latina?
En mayo, el G7 —conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— anunció su Plan de Acción de Economías de Energía Limpia, en el que establece prioridades y compromisos para apoyar financieramente a países de ingresos medios para que alcancen la carbono neutralidad.
A su vez, el grupo ya había manifestado su intención de trabajar en este camino con los países del G20, entre los que se encuentran Argentina, México y Brasil. Es más, en un comunicado de 2022, el G7 estableció entre sus prioridades los próximos JETPs con Indonesia, India, Senegal y Vietnam. También anunció “el compromiso de trabajar con Argentina para alcanzar la carbono neutralidad para 2050”.
Para Leonardo Beltrán, exsubsecretario de Energía de México, este tipo de mecanismos puede ser funcional para América Latina. “México es la segunda economía de la región, tiene acuerdos comerciales con todas las regiones, su economía es compleja, tiene accesos a mercados de capital. Pero, a pesar de eso, la huella de carbono es relevante. Si el país, con todas esas ventajas, no puede mostrar un avance en línea con el Acuerdo de París, este tipo de mecanismo lo podría lograr”, afirma.
Eso sí, el país no debe aceptar condiciones que no sean apropiadas, advierte, sino que debe haber un diálogo y encontrarse puntos de coincidencia entre las naciones latinoamericanas y el G7. “La región tiene la mayor capacidad instalada de generación limpia y, si quiere mostrar avance rápido y a bajo costo, podríamos mostrar un avance y ser un ejemplo de liderazgo de un mecanismo como este”, concluye.
Para el consultor de política climática Enrique Maurtua Konstantinidis, los JETP “tienen que ser planes que se puedan concretar, no sólo promesas, y además deben tener el respaldo adecuado político e institucional al interior del país y una conexión con los actores implicados, sindicatos, sociedad civil, comunidades e industria”.
“Los países de América Latina se pueden beneficiar porque tienen muy buenas condiciones, pero, lamentablemente, ninguno se ha aventurado a proponerlo. Países como Colombia se podrían beneficiar bastante. Pero, hay que tener cuidado con las condiciones de deuda, eso es lo más difícil”, agrega.
“Lo bueno de estas asociaciones es que también concentran los esfuerzos en el desarrollo de capacidades”, destaca, por su parte, Seiler. “Creo que no se trata sólo de la financiación, sino también de la asociación en términos de conocimiento y capacidad. La cantidad de estudios realizados en Sudáfrica e Indonesia han puesto realmente de manifiesto los problemas de la transición energética. Y creo que a muchos países les vendría bien este tipo de ayuda.”
Y es que, finalmente, la transición energética es un desafío global y la respuesta al financiamiento no llegará únicamente a través de este tipo de mecanismos.
Gabriel Blanco, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y autor de informes de evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés), lideró un trabajo que estimó los costos de la transición energética a 2050 en Argentina bajo un escenario “business as usual” (todo sigue como está) y bajo uno de transición a cero emisiones. Considerando los costos de la energía y de infraestructura, los resultados muestran que la segunda alternativa tiene un costo menor acumulado. Y se puede lograr redireccionando recursos —como los subsidios destinados a combustibles fósiles en el país—, sin necesidad de “nuevo” dinero.
“El costo del escenario basado en electrificación de la demanda y en energías renovables para la oferta es un 21% menor que el costo del escenario tendencial (US$508.000 millones)”, dice el estudio, que también destaca que la transición también permitiría la creación de 120.000 más empleos que el escenario tendencial para 2050. Así, al transicionar hacia una matriz energética más limpia, Argentina podría no sólo cumplir con sus compromisos climáticos, sino también ahorrar dinero y generar puestos de trabajo.
“Lo que vimos es que hay un costo inicial para transformar el sistema, pero los costos finalmente se estabilizan y quedan por debajo del escenario tendencial”, cierra Blanco.
