A fines del 2022, en un rincón de la Amazonía boliviana, el gobierno de Luis Arce inauguraba el mayor sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías del país. Se trataba de un banco de baterías de ion litio de 806,4 kilowatts por hora (kWh), una minucia comparada con los gigantescos sistemas que se han desarrollado en otros países donde la capacidad se cuenta por encima de los 3.000 megavatios (MW).
Sin embargo, significó un cambio trascendental para una comunidad de 160 familias en el municipio de Baures, casi en la frontera con Brasil, que de pronto tuvo energía eléctrica las 24 horas del día, buena parte de ésta de fuentes renovables.
El sistema de baterías se conectó a paneles solares de 181 kilovatio pico (KWP). Hoy en día la planta fotovoltaica no sólo alimenta a equipos eléctricos durante las horas de sol, sino que también mantiene sus operaciones en los ratos nublados gracias a estas baterías. Y cuando la radiación y el almacenamiento de energía ya no son suficientes, se recurre al viejo y confiable, aunque contaminante y poco sostenible, diésel.
“De un 100%, un 10% se ocupará el combustible”, dice el subalcalde de la comunidad Cerro San Simón, Freddy Óscar Ibañez. “Las plantas solares y las baterías le dieron un cambio rotundo a la comunidad. Antes vivíamos en tinieblas”.
La comunidad surgió como un centro minero para la extracción de oro. Las casas se levantaron alrededor de calles de tierra colorada. El lugar tiene pocos árboles y una alta radiación solar. Ibañez cuenta que antes del arranque del sistema de energía renovable la mayoría de las personas alumbraban sus noches con velas o mecheros. Los menos lo hacían con motores a diésel por tres horas en la noche y dos horas por la mañana. “Ahora todos gozamos de energía. Las casas ya tienen heladeras, televisores”.
Este es uno de los pocos casos en los que se utilizaron baterías para guardar energía eléctrica. De hecho, la mayoría de los expertos y conocedores de la materia señalan que en Bolivia no existen sistemas de almacenamiento de este tipo con capacidades considerables, y afirman que el país está lejos de desarrollarlos. Aunque en el mundo y en la región la industria de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (Battery Energy Storage System o BESS) avanza a un ritmo acelerado como una forma de impulsar las fuentes de energía renovable y asegurar la provisión de electricidad sin cortes, en Bolivia se carece de un marco regulatorio y de proyectos a gran escala.
Los especialistas sostienen que en Bolivia, hoy en día, no existe necesidad de contar con estos sistemas por dos razones principales: primero, porque son muy costosos, pese a que su precio cayó en 40% sólo entre 2023 y 2024, llegando a un promedio de $US 165 por kWh, según un artículo de Energy Storage News citando datos de Bloomberg NEF. Segundo, Bolivia tiene una sobreoferta de electricidad, produciendo más de 3.500 MW y consumiendo 1.600 MW. Casi un 70% se genera a partir de termoeléctricas que funcionan con gas natural.
No obstante, los expertos coinciden en que es una contradicción que el país más rico en litio del mundo no pueda desarrollar baterías, y advierten que -aunque esta tecnología aún no es urgente- un día no muy lejano se la puede necesitar. Si el gas se acaba o los precios (ahora subvencionados) se elevan, las fuentes renovables, que hoy en día no representan más del 8% de la capacidad instalada (entre solar y eólica), pueden ser una gran alternativa para Bolivia. Pero para garantizar un flujo constante de energía se debe considerar los BESS.
Los BESS podrían ser particularmente útiles en paneles solares aislados, no conectados a la red nacional. Es precisamente para este tipo de paneles que el Gobierno inauguró, en 2022, el banco de baterías del Cerro San Simón.
Sin marco normativo, pero con el nicho de los sistemas aislados
Uno de los primeros pasos que Bolivia debe dar para impulsar los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica es desarrollar una normativa específica. “El regulador, que es el Ministerio de Energías, debería sacar una normativa al respecto, y para eso se puede tomar la experiencia de otros países. Esto es clave porque nadie va a poder ni va a querer invertir mientras no haya reglas claras”, dice el vicepresidente de la Cámara Boliviana de Electricidad (CBE), Jorge Choque.
Para este reportaje se intentó conocer la posición del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE); pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
Las leyes y planes en materia energética del país no consideran los sistemas BESS, y en lo que a almacenamiento se refiere se enfocan en el sector de hidrocarburos.
En Bolivia se cuenta con tres plantas fotovoltaicas conectadas directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN) que suman una potencia instalada de 165 MW. Hasta donde se conoce, ninguna de estas cuentan con sistemas de baterías, por lo que no pueden almacenar la energía que reciben durante las máximas horas de radiación en el altiplano boliviano. Las plantas solares aisladas, como la del Cerro San Simón, o la de Cobija, en Pando, sí tienen baterías que las mantienen activas incluso cuando los rayos del sol disminuyen.
“Estos son proyectos muy aislados que no son parte de una estrategia o política pública mayor. Hasta donde conocemos las plantas fotovoltaicas de mayor tamaño que están conectadas al SIN no tienen sistemas de baterías”, dice el consultor internacional en Energía, Osvaldo Irusta. “El almacenamiento va a ser una herramienta muy importante. Deberíamos tener una estrategia para cuando sinceremos los precios de los hidrocarburos que ahora están subvencionados”.
Para Choque, el sector de las plantas aisladas es un nicho en el que se puede avanzar con los sistemas de almacenamiento para que el consumo de energía sea más sostenible y seguro. Así no se tendría que recurrir al diésel -que es altamente contaminante y escasea en el país debido a la crisis económica- en días nublados o incluso durante las noches, en función a la capacidad de las baterías. Aunque para considerar ello se tendrían que realizar estudios de factibilidad económica.
Ibañez, el subalcalde de Cerro San Simón, era uno de los pocos del pueblo que tenían un motor a diésel antes de la instalación del sistema de paneles con baterías. Recuerda que entonces gastaba hasta 400 litros por mes sólo para hacer funcionar el aparato por cinco horas al día (tres de noche y dos en la mañana). Ya para entonces, en esta remota zona próxima a Brasil, el litro de diésel costaba al menos BOB 10 (alrededor de $US 1,4), cuando en las ciudades principales de Bolivia se aplicaba el precio subvencionado de 50 centavos de dólar estadounidense. Ahora que el combustible escasea por las dificultades económicas del país sudamericano, el litro se encuentra entre BOB 15 y 25 ($US 2 y $US 3,5), dice Ibañez, lo cual eleva los costos de los motores a diésel a niveles exorbitantes e inclina la balanza de la factibilidad económica hacia los paneles solares y las baterías de litio.
La abundancia del litio
En septiembre del 2019, bajo un sol radiante en el departamento de Oruro, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera inauguraba la mayor planta fotovoltaica de Bolivia, con 50 MW de potencia en una primera fase, que después se expandiría a un total de 100 MW: la planta de Ancotanga. Esta región del altiplano boliviano, bendecida con uno de los niveles de radiación solar más altos del mundo, también posee litio, aunque en menor cantidad que su vecino Potosí, donde se encuentra el Salar de Uyuni.
“En Oruro no solamente vamos a producir mineral, no solamente vamos a producir ahora energía eléctrica, sino que también vamos a producir litio, baterías de litio para el mundo. Para poner en marcha esa nueva industria de automóviles, que ya no van a usar ni gasolina ni diésel, sino energía eléctrica, con litio de Oruro y Potosí, con baterías de Oruro y Potosí, con energía de Oruro y Potosí moviendo al mundo”, decía la autoridad con tono de esperanza y floridas guirnaldas colgadas en el cuello.
El anuncio no era nuevo, venía repetido en los discursos políticos al menos desde 2008, y aún hoy continúa vigente. Lo cierto es que hasta la fecha, después de 17 años y más de $US 1.000 millones invertidos, Bolivia no logra producir litio en grado batería, y mucho menos baterías de litio. Esto pese a que el país sudamericano posee los mayores recursos de este mineral en el mundo, con 23 millones de toneladas.
Los nuevos intentos para extraer el litio no darán resultados visibles antes de 2028. Pero aún si el tan anhelado “oro blanco” comienza a producirse en Bolivia a escala industrial, el país no estaría en condiciones de producir sus propios sistemas de almacenamiento de energías con baterías de litio.
“Si llegamos a producir litio será para que estos sistemas de almacenamiento se fabriquen en otros países, no aquí, ya que se requieren otros elementos y tecnología que no se disponen en el país”, dice Fernando Gemio, experto en materia energética.
Países como China y Estados Unidos están a la vanguardia en la producción de estos sistemas. De acuerdo a datos del Energy Institute, hasta el 2023 había una capacidad instalada de 55,7 GW en BESS en todo el mundo, el 49% en China y el 28% en Estados Unidos. Esta industria sólo irá en aumento hasta casi alcanzar los 150 GW para el 2030 en todo el planeta.
Los subsidios que distorsionan
“Ningún proyecto se justifica con el subsidio a los hidrocarburos”, dice rotundamente Gemio.
En el mercado doméstico, el millón de BTU del gas natural está en $US 1,1, mientras que el mismo volumen en el extranjero fácilmente puede costar más de $US 10. Las consecuencias de depender de un combustible subvencionado a tal nivel es el desequilibrio de precios que ya ha provocado una caída en la producción de gas boliviano. “Eso es muy riesgoso, porque si el gas se acaba estamos fregados”, dice Gemio.
El asesor de Energía y Descarbonización en Immersive SRL Consulting Group, Miguel Fernández, considera que los sistemas de almacenamiento han encontrado espacio en países con mejores economías y condiciones distintas en términos energéticos.
En Bolivia es probable que estos equipos comiencen a instalarse cuando sean rentables. Sin embargo, aún cuando ésta no es la realidad actual, se debería avanzar en la normativa, en investigaciones y en proyectos piloto. “Una cosa es que no tengamos la necesidad, otra cosa muy distinta es que no manejemos la tecnología, se debería avanzar en ello”, dice Fernández.
En el Cerro San Simón ya no hay 160 familias, como cuando se inauguró el sistema de baterías en 2022, sino más de 300. Los paneles solares ya no dan abasto para una población que se multiplica. Desde que las condiciones energéticas mejoraron en el pueblo, personas de comunidades vecinas se mudaron allí. Las autoridades piensan que ya es tiempo de ampliar la capacidad del sistema fotovoltaico, y esperan que ENDE garantice el financiamiento para ello.
El proyecto cambió por completo la matriz energética del cerro, dice Ibañez. “Botamos las velas y los mecheros. Ahora dependemos menos del diésel. Era un sueño inalcanzable que se volvió realidad”.
